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sábado, 11 de abril de 2020

El final de la COVID-19 lo dictará la economía


El final de la versión dura del confinamiento no lo va a marcar la salud de los ciudadanos: lo dictará la economía. Realmente lo viene marcando desde el principio, aunque no forme oficialmente parte del Comité Técnico-Policial-Militar de la COVID-19, que vemos aparecer cada día en las ruedas de prensa.

Una muestra significativa de quién marca el paso es el final del "período de hibernación", después de la Semana Santa. La vuelta al 'tajo' en actividades "no esenciales", según los criterios gubernamentales. 

Falta que a las cifras de contagios, fallecimientos y altas hospitalarias, y las de detenciones y sanciones por 'escapar' del confinamiento/encarcelamiento, se añada el correspondiente decrecimiento diario del PIB.

Ana Botín se lo ha dicho claramente al Gobierno: "Los jóvenes e inmunizados deben volver cuanto antes al trabajo" -amén-. Le ha faltado añadir: los que conserven su puesto de trabajo, o consigan que les contraten. Y, ¿a qué sistema económico y de relaciones laborales se van a reincorporar? Exactamente al mismo que había antes de la pandemia por coronavirus. 

El mismo sistema capitalista neoliberal. Pero con las arcas públicas vacías; la desigualdad socioeconómica y la pobreza multiplicadas al mismo ritmo que la expansión de la infección vírica. Vuelta a las mismas reglas del juego financiero, pero en un país devastado.

Las consecuencias del caos normativo dictado bajo la etiqueta de rescate social, y los instrumentos para "que nadie se quede atrás", poco -o nada- van a aliviar el sufrimiento y las necesidades de las clases desfavorecidas. Sin mencionar la escasa colaboración de los organismos administrativos implicados: Seguridad Social, SEPE, y autoridades laborales autonómicas. En lugar de adaptarse a las necesidades de los afectados, son éstos -y sus asesores legales, quien pueda permitírselo- los que tienen que adaptarse a los requisitos burocráticos; con un continuo cambio de criterios, descoordinación entre áreas y organismos, y problemas telemáticos e informáticos.

Millones de trabajadores están afectados por ertes de fuerza mayor por la covid-19, a pagar con fondos públicos. De la exoneración de la cotización a la Seguridad Social (100% en las empresas de menos de 50 trabajadores) se van a beneficiar las grandes empresas y corporaciones, teniendo que abonar solo un 25% de las cuotas.

No hablemos del "prohibido despedir por el coronavirus", de los mismos autores del prohibido despedir "por estar enfermo". En ambos casos se puede seguir despidiendo, pero pagando una indemnización de 33 días por año -en lugar de 20 días por año-; suponiendo que el trabajador o trabajadora impugne el despido y se sentencie como improcedente.

Con la caja pública en números rojos, y la reducción de ingresos fiscales y de cotizaciones sociales, 'su' economía no va a necesitar un 'rebote', sino más bien un cohete propulsado a la velocidad de la luz.

Y no olvidemos que nos encontramos en Estado de Alarma, por segunda vez en 'democracia' (o "régimen del 78", que diría la furibunda portavoz del PP en el Congreso) -aunque al presidente Sánchez se le olvidó el Estado de Alarma decretado por la huelga de los controladores aéreos, en el año 2010-. Una cuasidictadura constitucional, con plenos poderes del ejecutivo, en la que se ha asumido con total normalidad la pérdida de libertades y la generosa presencia coercitiva, junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las fuerzas armadas en las calles desalojadas. Esta concentración por decreto de poderes institucionales queda a un corto paso de sistemas totalitarios.

Nos consolaremos con la certeza de que las derechas y ultraderechas terminarían de rematar el más mínimo vestigio de lo público. Y, si nos descuidamos, los militares no volverían a los cuarteles.

jueves, 20 de noviembre de 2014

Caja Madrid / Bankia: negros estómagos agradecidos a Blesa y Rato

Miguel Blesa y Rodrigo Rato
Miguel Blesa y Rodrigo Rato.
​Frecuentemente se utiliza la expresión "meter la mano en la caja", para referirse a quien se ha apropiado del dinero ajeno. En la empresa privada es un claro, comprensible y legalmente procedente motivo de despido (disciplinario). La jurisdicción social dictaminará si la causa defendida y pruebas aportadas por la parte patronal son merecedoras del máximo castigo; o bien sentenciará la improcedencia del despido y la consiguiente indemnización del trabajador. En cualquier caso, salvo retorno al puesto de trabajo por causas de nulidad u opción de readmisión, el trabajador o trabajadora ya llevarán tiempo en la calle.

En la banca dicha máxima adquiere dimensión de mandamiento. Se supone que quienes se dedican a comprar y vender dinero (y especular con él) deben de cuidar al máximo el dinero físico y virtual de sus cajas fuertes. En las extintas cajas de ahorro (actuales bancos "nacionalizados"), podríamos decir que existía (o debería haber existido) un peldaño más de exigencia y ética; al tratarse de entidades dotadas de obra social y un estatus especial carente de acciones bursátiles.

Recuerdo los discursos de la dirección de relaciones laborales de Caja Madrid/Bankia, cuando trabajaba en la Caja (lo hice durante casi treinta años), y actuaba en calidad de representante unitario de los trabajadores y representante sindical​.​ ​E​xpresa​ba​ su pesar, ​cuando tenía que sancionar y despedir a padres de familia. Ya saben, "por meter la mano en la caja". Lástima que no pudieran experimentar tales sensaciones con los ladrones y saqueadores que gobernaban la centenaria institución.

Mucho se ha hablado del asunto de las tarjetas negras/'blacks'/opacas. Como ya se ha dicho, su existencia en sí misma y su opacidad fiscal son reprobables y repugnantes "per se". Pero el origen no resta importancia a la aplicación y uso.

Mientras a los trabajadores de Caja Madrid, en sus desplazamientos profesionales y de formación, se les daba el clásico 'ticket restaurant' para comer un menú, y tenían que liquidar y documentar (como debe ser) cualquier kilómetro gastado en gasolina, metro, autobús, o taxi; sus directivos, ejecutivos y consejeros, se pegaban la vida padre. Ya conocen los millones de euros públicos empleados en comilonas y viajes de placer con la familia (o sin ella), clubs de alterne, discotecas, safaris, joyas, arte sacro, etc., etc.

Al tiempo que en las mesas de negociación se regateaba (y negaba) cada euro de mejora retributiva y social de los empleados, tanto en la Entidad como en el sector de Ahorro; sus mandamases se fijaban retribuciones millonarias. Emolumentos que debían parecerles escasos, al "complementarse" con tarjetas de empresa. Ni Miguel Blesa ni Rodrigo Rato se enteraban de lo que llevaban en la cartera. Ildefonso Sánchez Barcoj (otro de los grandes agraciados de las tarjetas)​ –que sólo era el director financiero–​, ha dicho que las tarjetas de empresa dependían de la secretaría de Presidencia.

Y qué decir de Auditoría (la interna de Caja Madrid, sin olvidamos de la ausente del Banco de España). La misma auditoría que escrutaba informáticamente hasta el último euro de movimiento en las tarjetas y cuentas de los empleados​ –y, si presumía cualquier movimiento "anómalo", daba parte a Relaciones Laborales, que podía incoar expediente disciplinario–​, resulta que no se enteró de los millones anotados en cuentas contables de fraudes de tarjetas y gastos de representación.

Tampoco pasan desapercibidos los regalos por la asistencia a las asambleas generales (habitualmente se celebraban varias al año). De estos "presentes" no se libra nadie: políticos, empresarios, sindicalistas, prohombres... Teléfonos móviles, agendas electrónicas, ultraportátiles ('netbooks'), etc. Muchas decenas de miles de euros por cumplir con la obligación de asistir a las asambleas​. Así se contentaba, como a los niños, a los consejeros que no estaban dentro del círculo 'vip' de las 'black'.​

El sindicato al que pertenecía (federado a la anarcosindicalista CGT) consiguió un representante en la Asamblea General​.​ ​E​l cual aceptaba también (generalmente en silencio) los obsequios de asistencia. Este mismo representante (sin tarjeta de empresa​; no pertenecíamos al grupo de sindicatos "oficiales" e "institucionales"​) ingresaba a la sección sindical los emolumentos por la asistencia a las asambleas​.​ ​E​so sí, a su manera: restaba a la cantidad percibida el tipo máximo de retención del IRPF. No hubo forma de hacerle entrar en la cabeza que, anualmente y coincidiendo con la declaración de la renta, tenía que ajustar cuentas y ver el impacto real en su declaración (bien a favor, bien en contra).

La alegría, por el hito de que un sindicato alternativo ("minoritario", utilizando la terminología oficial) consiguiera un representante en la Asamblea, pronto se olvidó. Es cierto que éramos la única organización sindical que hacía un discurso crítico y de denuncia; que votaba en contra (o se abstenía) ante el obscurantismo en la gestión (incluidas las cuentas anuales). Pero no es menos cierto que sudaba tinta cada vez que había que consensuar, en el secretariado permanente y la sección sindical, y con "nuestro" consejero general, las intervenciones y el sentido del voto. Hay que recordar que estos puestos de representación (en este caso por la parte social) son personales e intransferibles; y que no puede evitarse que los consejeros hagan lo que ​les plazca.

No hablamos del clásico Lazarillo de Tormes, que distrae alimentos a su amo ciego, para no morir de hambre. Se trata de ​"​si al de al lado se lo dan, yo no voy a ser menos​"​. El puesto está a mi servicio, yo no estoy al servicio del puesto. La poltrona es mía y, si nadie me lo impide, por el mayor número posible de años; y, si el tiempo apremia, a aprovechar intensamente mientras dure. La avaricia y falta de escrúpulos explican el viaje desde el menudeo de los trajes regalados, ​de las comidas y bebidas espirituosas, ​hasta el dinero público dilapidado en faraónicas e inútiles obras. De la financiación ilegal de partidos, obras de reforma en ​sus ​sedes y campañas electorales (PP), a las cuentas multimillonarias en Suiza​;​ con dinero negro a raudales. La corrupción existe porque hay corruptores y corruptos dispuestos a corromperse.

Estaría bien que los que defienden la extinción de las cajas de ahorro, entidades politizadas donde las haya, y también, alaban el sistema bancario español y europeo, nos explicaran varias cosas. Por qué nos gastamos decenas de millones de euros públicos en nacionalizar entidades para privatizarlas después, sin recuperar los millones utilizados en el rescate –una mentira más del Gobierno–. Por qué no consideran rescate a la banca "sociedad anónima", los millones que recibieron del BCE, con los cuales especulaban impúdica e impunemente. Si las cajas de ahorro (y sus obras sociales) eran tan ineficientes y despilfarradoras, cómo es posible que Kutxabank (fusión "fría" de las tres cajas vascas: BBK, Kutxa y Caja Vital, y la andaluza CajaSur), según las pruebas de "estrés" del Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea, es el más solvente del sistema financiero español.

No es de extrañar que Blesa aguantara tres lustros haciendo lo que le daba la real gana. Llegó con un pacto político-sindical, PP​ ​-​ ​CC OO. Arruinó Caja Madrid, y estafó a miles de preferentistas. Y Rato firmó la sentencia de muerte de la tricentenaria Caja, y expulsó a cientos de empleados, en forma de Bankia. Los estómagos agradecidos que les pusieron, apoyaron y mantuvieron​ (a ellos y a toda su tropa)​, deben de estar tan negros como las famosas tarjetas.

lunes, 23 de diciembre de 2013

Mirar con los ojos cerrados

“Nacemos solos, vivimos solos, morimos solos. Solo a través del amor y la amistad podemos crearnos la ilusión por un momento, de que no estamos solos” (Orson Welles​). Entre ambas íntimas soledades biológicas, y también físicas, del nacimiento y de la muerte, nos queda el camino (más o menos largo) de la vida.

He estado convaleciente —aún lo estoy, reincorporándome paulatinamente al mundo de los videntes— durante varias semanas, debido a una intervención quirúrgica ocular de vítreo-retina. Son varias las reflexiones de la experiencia. El aprecio de la salud resalta cuando careces de ella; el recuerdo de la falta de visión, en sus últimos años de vida, de mi madre; la mayor comprensión, y solidaridad, con los invidentes y personas con problemas visuales. Y el privilegio de haber sido intervenido en pocos días; y el apoyo y cuidados de mi familia más cercana.

También he comprobado lo efímero y etéreo de la vida digital. Si en las redes sociales no tuiteas y retuiteas, publicas en el muro, pulsas un "me gusta" o un "más"; entras en un estado de coma vegetativo virtual. La amistad digital queda absorbida por la impersonalidad electrónica de Internet.

La dificultad para leer, y el deslumbramiento y molestias originadas por la luz y las pantallas, me conducían a descansar cerrando los ojos intermitentemente. A ratos escuchaba música, a ratos escuchaba la radio; y también escuchaba la televisión. En esta oscuridad terapéutica y sonora, he ido observando y apuntando retazos sobre las reflexiones de los acontecimientos, sociales y políticos, de estas últimas semanas.

Hace años que distintos juristas, atrevidos en su momento, advirtieron de la dudosa legalidad de la llamada "doctrina Parot". Se hizo ingeniería jurídica para sortear el principio de irretroactividad penal. El retraso de más de dos décadas en modificar el Código Penal de 1973 (franquista), se pretendió suplir actuando sobre los beneficios penitenciarios en el cumplimiento de las penas: aplicando la reducción de pena sobre la totalidad de la condena (y no sobre la pena máxima de prisión); elemento modificado en la reforma de 1995 (que entró en vigor en 1996). Y la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dado la razón a esos juristas, sentenciando que dicha doctrina viola dos artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos. De los diecisiete jueces (de reconocido prestigio) de la Gran Sala del TEDH, ha sido el "socialista" juez español el que ha "engañado" a otros quince; siendo "culpable" de la anulación de la doctrina y de la consiguiente puesta en libertad de asesinos en serie, terroristas y violadores.

Continuando con los razonamientos jurídicos, sin abandonarnos en los instintos y sentimientos viscerales, algo más desapercibida ha pasado una sentencia del Tribunal Constitucional (TC). Con una sala de lo social muy dividida, el alto tribunal considera que la extinción del contrato de trabajo en el período de prueba (desistimiento empresarial) de una embarazada (cuyo estado de gestación era, parece ser, desconocido por la empresa), no es despido nulo. El TC deniega el amparo ante un supuesto que, de haberse producido en un contrato con el período de prueba superado, se hubiese sentenciado como despido nulo. No hay lesión de derechos fundamentales; no hay vulneración de la tutela judicial efectiva, en relación con el derecho a la no discriminación por razón de sexo. Un coladero, para que los empresarios se deshagan de las trabajadoras embarazadas en los (cada vez más dilatados) períodos de prueba. Lo votos particulares de los magistrados que se negaron a apoyar semejante tesis, difícilmente van a sonrojar a los que firman la sentencia; ni a lavar los malos presagios con los que empieza la nueva etapa de mayoría conservadora en el tribunal. El reparto político de sillones, judiciales o no, impregna todo de una desagradable pestilencia.

Eurovegas. Por una vez Bruselas sirve para algo. A Al Capone no le encarcelaron por mafioso; le condenaron por fraude fiscal. El lupanar del Eurovegas-Alcorcón de Sheldon Adelson no se queda en Madrid. Y no por la negativa de los gobiernos estatal, autonómico y local, a disminuir (todavía más) los derechos laborales; o por la negativa a permitir que los camareros contraigan cáncer de pulmón por autorizar fumar (quebrando la ley antitabaco); o por regalarle una fiscalidad de saldo —y otra interminable lista de vergonzosas prebendas—. No se instala porque la Unión Europea considera que "atenta contra la libre competencia del juego". El decrépito Adelson se lleva su decrépito modelo de negocio a Asia. Probablemente les ha estado vacilando durante meses a Aguirre, González, Mato, Báñez, Rajoy...; mientras el Partido Popular se arrastraba y entonaba a coro un patético "Bienvenido Mister Adelson". Y posiblemente ha utilizado a España como moneda de cambio y regateo con otros destinos preferidos. No deja de ser paradójico: el Gobierno de España presume de que cada vez nos parecemos más a Asia —la Asia de Europa—, con las bajadas de salarios y pérdida de derechos sociolaborales; a la par que Asia se europeíza tímidamente, incrementando salarios y derechos.

Endurecimiento (más aún) del Código Penal, a golpe de titular de prensa. Y de la Ley de Seguridad Ciudadana, para infundir un carísimo miedo a las protestas; acallando el descontento a golpe de multas administrativas, ejerciendo el Estado gubernativo de juez y parte —ya que no les agradan las sentencias judiciales que no condenan a los manifestantes—; y refuerzo e incremento de materiales antidisturbios. Como muy bien dice Javier Marías: leyes neofranquistas. Para reforzar este incremento represivo el ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón, va a custodiar, mediante vigilancia policial, cada gestación y a cada gestante; sirviéndose de la nueva Ley de interrupción del embarazo. Añora don Alberto los tiempos pasados de la peligrosa clandestinidad, en los que los padres pudientes enviaban a sus hijas a abortar a Londres; esos mismos padres declarados antiabortistas, que acuden a las manifestaciones convocadas por la jerarquía católica. No digamos nada de la vileza de excluir en la ley el supuesto de graves malformaciones fetales. Entendemos porqué su padre dijo: "mi hijo Alberto, ese sí que es de derechas". El ministro del Interior, Jorge Fernández, ilustre miembro del Opus, sale en defensa de las concertinas de la frontera africana; esas cuchillas que pasivamente desgarran la piel. El ministro Fernández demuestra lo gran católico que es, y lo poco cristiano. Líbrenos Dios de semejantes gobernantes.

Eliminación del pago a cargo del FOGASA del 40% de la indemnización del despido objetivo, en empresas de menos de 25 trabajadores. A la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se le ha aparecido la Vírgen del Rocío —a la que tanto inboca—, para que se entere de una vez que el abaratamiento del despido produce su incremento. Los ciudadanos vamos a dejar de subvencionar nuestros propios despidos. Y para celebrarlo, los empresarios están despidiendo a mansalva, antes de la entrada en vigor en enero de la "contrarreforma".

Del gobierno del PP, que también sufrimos en las Illes Balears, podríamos emplear varias columnas. Sólo citaré una de las últimas ruindades de nuestro farmacéutico 'president', José Ramón Bauzá. Ningún representante del Ejecutivo autonómico asistió al acto de ingreso en la Real Academia Española de la Lengua (RAE), el pasado noviembre, de la escritora mallorquina Carme Riera. Sin embargo Bauzá, por las mismas fechas, sí hizo hueco en su agenda para asistir a la fiesta del diario "La Razón". ¿Es porque Riera escribe en catalán? También escribe en castellano; además de ser, a mayor abundamiento, catedrática de literatura castellana. Las disculpas posteriores del 'president', con la boca pequeña, de poco nos sirven. Es más, estamos hartos de falsas disculpas, y escasos de dimisiones; especialmente de políticos de tan poca talla, y grande desvergüenza. Nos quedamos con las sabias palabras de Carme: "No me hacían falta los políticos, pero lamento su ausencia por los mallorquines". "Los amigos compensaron otros vacíos, aunque no me hacía ninguna especial ilusión que acudieran los gobernantes isleños".

En las televisiones continúan las legiones retribuidas de contertulios. Las mismas caras en diferentes cadenas, y en distintos programas del mismo medio o grupo de comunicación. Grandes opinadores, sabios y expertos en cualquier área y disciplina; pero con un denominador común, en los grandes medios de comunicación: el casi nulo cuestionamiento, directo o indirecto, del poder mercantil y del sistema capitalista.

Entre los programas con cierto calambre en las conciencias, está el "Salvados", de Jordi Évole. Y el humor ácido de "El Intermedio", de El Gran Wyoming —José Miguel Monzón gana cuando se pone serio en artículos de prensa, libros, y entrevistas (como la que le hicieron en "La Sexta Noche")—. A continuación destaco lo que considero más relevante de los últimos programas de "Salvados" (participaciones preferentes; entrevista a Pérez-Reverte; precariedad laboral; lavado de dinero negro).

Participaciones preferentes. Producto híbrido, complejo y perpetuo donde los haya, ruina de miles de familias humildes estafadas. Un presidente de la CNMV (Manuel Conthe) prohíbe su comercialización (sin denuncias de los bancos ni consecuencias legales); el siguiente (Julio Segura) la reactiva, porque caso contrario "hubiera sido prevaricación". Habla un exdirector de Caja Madrid (Bankia), que suponemos abandonó el banco de cajas con el ERE de 2012 (no sabemos si por voluntad propia, o por "invitación"): vendió un millón de euros de preferentes en su oficina, porque el resumen del producto y las cuentas (falseadas) de la Entidad no le hacían dudar. ¿Y eso justifica el vender el producto como un plazo fijo, o con el preceptivo test de conocimientos financieros del inversor rellenado previamente por la sucursal? Ocultar algunas de las características de un producto es una forma de mentir. El exdirector dice que ahora intenta recuperar el dinero que le colocó a familiares y amigos; lo que no cuenta es la retribución variable y demás beneficios que le reportaron, a él y a su oficina (y a la Entidad, que dirían Blesa y sus directivos), el cumplimiento de los objetivos marcados.

Al hilo del rey de las preferentes. Salen a la luz algunos de los miles de correos del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, el meritorio recomendado de José María Aznar. Estos correos se encuentran en el limbo judicial, porque son del ámbito privado; extraña interpretación, cuando corresponden a la cuenta de correo corporativo del expresidente. Están repletos de tratos de favor, a amiguetes y políticos, pagados a precio de oro con el dinero de la Caja. Irónicamente le contesta al hijo de Aznar que Caja Madrid no es su cortijo; quién lo diría, con el contenido de lo poco que hemos leído, habiendo actuado y vivido como un señorito (con la asistencia de capataces políticos y sindicalistas), o como mandado del señorito Aznar. El pobre Blesa está preocupado por conseguir un juez imparcial; y porque le hayan arruinado su reputación y vida profesional. No le preocupa nada haber arruinado (con la ayuda de Rato) a la Caja madrileña. Tampoco se le veía muy preocupado años atrás, en su suntuoso nivel de vida; o rodeado de las cabezas de sus piezas de caza.

Pérez-Reverte. En la tormentosa relación de lector, atracción/repulsión, que mantengo con el académico de la lengua don Arturo; coincido con él en dos afirmaciones vertidas en la entrevista de Jordi Évole. La primera, que la gente está deseando y esperando a que termine la crisis, para hacer exactamente lo mismo que antes de que estallara. La segunda, que en España nos ha faltado una guillotina —léase una revolución a la francesa, cortando y rodando determinadas cabezas—.

Precariedad laboral. Vemos a sindicalistas y trabajadores veteranos de la industria del automóvil, defender las dobles escalas salariales: salarios sensiblemente inferiores del personal de nueva entrada; y menos beneficios sociales para este grupo de menor antigüedad. A cambio de qué: teóricamente del mantenimiento del empleo (y de los beneficios de los más antiguos, claro). Pero los patronos son insaciables, siempre hay salarios, derechos y puestos de trabajo por recortar. También escuchamos a un sindicalista francés —sí, la misma Francia republicana y revolucionaria que citábamos arriba—, y la lucha por evitar el cierre de la fábrica metalúrgica de su localidad. Le oímos relatar cómo unos cincuenta trabajadores luchaban por los puestos de trabajo de dos mil; encontrándose con el juego sucio del multimillonario empresario y la indiferencia e incomprensión del resto de compañeros —los mismos compañeros que les daban palmaditas en la espalda, cuando consiguieron que la fábrica no se cerrara—. Malos tiempos para la solidaridad y la lucha obreras.

También nos instruimos en lo fácil que es, para el poder económico y financiero, lavar el dinero negro. Tan solo hacen falta dos cosas: falta de escrúpulos, y mucho dinero.

Los españoles somos expertos en perder la fuerza por la boca. En Navidad compartimos mesa con los compañeros de trabajo, jefes, u otras personas que nos han hecho la vida imposible el resto del año. Sin embargo, el librarnos de estos gobernantes tiene una solución más sencilla, que se podrá ejercitar dentro de dos años. Se llama elecciones, a través de unas papeletas que se depositan en urnas. No sería necesario recordarlo, ahora que es difícil encontrar ciudadanos (trabajadores, pensionistas, desempleados...) que reconozcan haber votado al PP.

"Vivir es fácil con los ojos cerrados", se titula la última y reciente película del director David Trueba. "Malinterpretando todo lo que ves", añade John Lennon en la canción de 'The Beatles' "Strawberry Fields Forever".

Mirar es fácil con los ojos cerrados. Interpretando críticamente lo que vemos.

martes, 22 de octubre de 2013

El despido gratis total de la CEOE y el tinglado del poder

Hace poco, en una entrevista televisiva sobre el nuevo repago de las medicinas hospitalarias, una enfermera relataba cuánto le impresionó una paciente que le confesó la base alimentaria en su hogar: caldo de huesos de pollo. A la ministra de Sanidad no le debe de preocupar esto lo más mínimo. Para quien se gasta miles de euros en globos para fiestas de cumpleaños, qué son unos míseros euros de copago en medicinas; "para garantizar la incorporación de fármacos innovadores", como argumenta desde su ministerio. Quien no tiene para comer no puede pagar fármacos, innovadores o no.

Esto pasa en la España del banquero Emilio Botín, "a la que está llegando dinero por todas partes"; en la España del presidente del Gobierno Mariano Rajoy, en la que "hoy se habla de cuán grande será la recuperación".

​A los grandes patronos españoles no les es suficiente con que los desempleados subsistan con caldo de huesos de pollo; ni que los afortunados trabajadores se alimenten con pan y agua. Como Santo Tomás necesitan ver para creer, tienen que tocar las carnes famélicas y palpar el esqueleto, asegurándose que no comemos chocolatinas a escondidas.

La reforma laboral que corredactaron, junto al Partido Popular y su FAES, con alguna ayuda —como la del ilustre exafiliado del partido y actual presidente del Tribunal Constitucional, doctor y catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Francisco Pérez de los Cobos—, les resultaba insuficiente desde el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Necesitaban más armas con las que administrar disciplina y miedo.

La legislación laboral, para las huestes de la CEOE, nunca es lo suficientemente "flexible". ¿Y cuál es para ellos la flexibilidad óptima?: el hacer lo que les dé la real gana; con el contrato de trabajo, con los salarios, con la jornada y el horario, con los trabajadores. Tan solo así los Joan Rosell, Arturo Fernández y compañía (incluido su siniestro directivo José Luis Feito), continuadores de la labor de su encarcelado anterior presidente, Gerardo Díaz Ferrán, saciarían sus deseos por algún tiempo. Ejercen, con precisión subvencionada con dinero público, su papel de satélite del poder económico y financiero. Esa flexibilidad tiene una traducción muy sencilla en las relaciones laborales: más individualización, precarización, miedo e indefensión; menos autonomía colectiva, sindicación y protección.

De esa flexibilidad forma parte, por ejemplo, la eliminación de la ultraactividad (prórroga automática) de los convenios colectivos. Las teorías doctrinales científicas más favorables a los asalariados, apuntan a que el cuerpo normativo del convenio colectivo caducado (en más de un año) forma parte del contrato de trabajo. O que el convenio colectivo mantiene su vigencia hasta la aprobación del siguiente, siempre y cuando así lo hayan pactado ambas partes (patronal y social); tesis recogida en la sentencia de la Audiencia Nacional 128/2013, de 19 de junio, (recurrible en casación), en el conflicto colectivo interpuesto por el sindicato SEPLA contra Air Nostrum. Tendremos que esperar, pacientemente, a que el Tribunal Supremo sentencie. Hasta entonces: cientos de convenios colectivos y cientos de miles de trabajadores afectados, que perderán los beneficios sociolaborales de sus convenios, quedando bajo los mínimos del Estatuto de los Trabajadores (ET) y el Salario Mínimo Interprofesional.

También es muy flexible el contrato de trabajo "indefinido de apoyo a los emprendedores" (para empresas de menos de cincuenta trabajadores). Contrato por el cual pueden darle la patada en el trasero al trabajador (léase despedirlo) durante el primer año de vigencia del contrato, que coincide con el período de prueba. Pero ya sabemos que esto de los autónomos, microempresas y pymes no va con la gran patronal española. Quieren más, siempre más.

Quieren este despido libre y totalmente gratuito durante el primer año para todas las empresas —libre, pero no gratuito, ya lo tenemos desde la entrada en vigor del ET en 1980—. Qué es eso de que las grandes corporaciones y multinacionales, la banca y entidades financieras, las aseguradoras, no puedan patear (más) a gusto y también gratis a su plantilla. Es más práctico tener la ley de su parte que incumplirla, sabiendo que muchos de los trabajadores explotados y engañados no te van a denunciar. Aunque también es mucho más barato y lucrativo (para determinadas pequeñas empresas) conseguir la connivencia de la plantilla —metiendo miedo—, plantear un ERE fraudulento de reducción de jornada (con abono de prestaciones por desempleo parcial), y pagar parte del sueldo en dinero negro. Y con la tranquilidad que da saber que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cada vez tiene menos medios, humanos y técnicos, y más órdenes políticas interesadas.

Es muy ingenuo pensar que estos recortes en derechos jurídico-laborales y jurídico-sindicales no forman parte de una estrategia de poder, de un plan vasto e integral. Se incardinan en el conjunto de recortes, perfectamente diseñados y ejecutados, entre los que se encuentran los sanitarios, farmacéuticos, asistenciales, educativos, culturales, científicos; de dependencia, de desempleo, de pensiones y de Seguridad Social. Nos quieren alienados y devaluados, monetaria, salarial y normativamente. Y lo están consiguiendo, con una precisión casi de cirujano. Un diario balear publicaba hace pocos días: "El miedo a la reforma de la jubilación dispara en Mallorca las ventas de planes de pensión", donde la demanda crece un 15% de media. Estos son los beneficios privados, para la banca y las aseguradoras, de décadas de infundir miedo (interesadamente) con la quiebra del sistema público de pensiones y de la Seguridad Social.

Asistimos a una desnaturalización del contrato de trabajo, y del Derecho del Trabajo español. A un retroceso (prediseñado y premeditado) de derechos conseguidos durante décadas de dura lucha y sacrificios. El juez de lo Social Antonio Seoane lo definió muy concisa, clara y precisamente en una cadena de televisión: "Previamente al Derecho del Trabajo había servidumbre y esclavitud". Nos resignamos a convertirnos en siervos y esclavos.

domingo, 29 de septiembre de 2013

Adelson, señor feudal de Eurovegas-Alcorcón

Se ​asemeja frecuentemente el complejo "turístico y de ocio" que el magnate estadounidense Sheldon Adelson ​pretende construir en Alcorcón (Madrid), conocido como Eurovegas, con el guión de la película "Bienvenido, Mister Marshall" (España, 1953, Luis García Berlanga). En la ácida comedia de Berlanga los habitantes de un pequeño pueblo español esperan ansiosos la visita de los estadounidenses ("los americanos"), con la ilusión de la inclusión del país en la ayuda al desarrollo del llamado "Plan Marshall" (1948-1951), para reconstruir los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero, tras engalanar el pueblo y vestir la ropa de los domingos para un gran y festivo recibimiento, los americanos y su plan pasan de largo en sus flamantes automóviles.

Eurovegas está más cerca de un argumento cinematográfico de invasiones coloniales, en este caso mercantil, que de una comedia ​en la España franquista; atemorizada, oscura, reprimida y profunda, de los años cincuenta. Se sostiene en la industria de juego, mafias, corrupción y soborno, prostitución, blanqueo de capitales...; y no guarda paralelismos con el trayecto que va de la leche en polvo americana para los escolares de la posguerra, al desarrollismo económico tecnócrata-franquista de los sesenta.

Ahora que tenemos tan cercana la clásica disputa veraniega por Gibraltar (y el Tratado de Utrecht), resulta contradictoriamente paradigmático el cuasisecreto tratado de Eurovegas por el que se cede la soberanía de parte del territorio español a "Las Vegas Sands Corporation". La ventaja es que aquí no habrá problemas interpretativos sobre la jurisdicción marítima. Nos escandalizamos por el hormigón lanzado al mar, los casinos en Internet, el contrabando y el blanqueo de capitales de Gibraltar, colonia bajo la soberanía del Reino Unido, y aplaudimos prácticamente lo mismo —sustituyan hormigón sumergido por cáncer de pulmón— en el Eurovegas bajo soberanía mercantil norteamericana.

Los mismos que defendieron la burbuja inmobiliaria, los mismos que la negaban insistente e interesadamente y durante años, hasta que la hicieron explotar en los bolsillos de todos los ciudadanos; esos mismos sujetos son los que defienden desde el poder político y económico la burbuja del juego, al ritmo del "¡Viva El Eurovegas!". Están capitaneados por la alcaldesa no electa de Madrid, Ana Botella; la expresidenta de Madrid (en retirada política interminable) Esperanza Aguirre, y su sustituto y delfín presidente no electo, Ignacio González. Esgrimen los miles de puestos de trabajo que se van a crear. Puestos de trabajo también prometidos por Adelson en su megacasino de Macao (China), y que menguaron escandalosa y misteriosamente. También aseguran que posee la financiación necesaria (miles de millones de dólares, de lo que duda hasta el propio Gobierno de Rajoy), cuando hay muchos interrogantes al respecto —es difícil creer a alguien que se ha hecho multimillonario con el juego sucio—.

La lista de poderes plenipotenciarios exigidos por Adelson (que han trascendido) es interminable. Antes de meter una excavadora y poner un ladrillo, exige: aval del Estado de 25 millones de euros (a pagar por todos los españoles, si el proyecto no sale adelante); estación de metro, cercanías, tren AVE, pista para 'jets' privados en el aeropuerto de Barajas (1.600 millones de euros en infraestructuras); cambio de la legislación de prevención de blanqueo de capitales, "flexibilizándola" para dejar sin control por Hacienda de la entrada y salida de capitales; autorizar la entrada en el casino a ludópatas y menores de edad; modificación de la ley de extranjería, para contratar a trabajadores bajo las condiciones socio-laborales del país de origen (sean las que fueren) —no parece que esta condición vaya a favorecer mucho la contratación de trabajadores españoles, aunque cada vez tengamos menores salarios y menos derechos—.

Y vamos con la exigencia legislativa más comentada: la modificación de la ley antitabaco, para que se pueda fumar en los casinos. Llevamos años con los ambientes libres de humos en los espacios públicos cerrados; con una aceptación social y consolidación razonables. Pero la ministra de Sanidad, Ana Mato, en vez de velar por la salud de los ciudadanos, antepone unos hipotéticos puestos de trabajo basados en un modelo obsoleto de juego y corrupción. Mejor sería para todos que dimitiera (o la cesaran) y fichara por Adelson.

A Adelson se le está construyendo un reino de taifa en el Reino de España, con un estatus propio social, laboral, fiscal, económico y legal. No se contenta con eso, exige que ese marco legal ad hoc no se modifique en el futuro, como consecuencia de cambios políticos en el gobierno y en el parlamento. No hemos escuchado decir a ninguno de los gobernantes y políticos del Partido Popular —y otros—, que sustenta los respectivos gobiernos de Madrid y de España, no ya que tal pretensión es ilegal e inconstitucional, sino un claro y alto "no" a semejante barbaridad propia de un feudo medieval. Lo que pase en el Eurovegas, no se quedará solo en el Eurovegas.

El poder económico y político quiere vendernos por unos cuantos puestos de trabajo a cambio de renunciar a la soberanía y el imperio de la ley. En "El Mercader de Venecia", ante el impago de los 3.000 ducados prestados por el judío usurero Shylock, Antonio se libra de pagar la libra de carne más próxima a su corazón por la imposibilidad de ejecutar la cláusula legal sin derramar una sola gota de sangre. En el Eurovegas los gobernantes le dan a Adelson nuestros dólares, carne y sangre. Al pueblo le sobran dux, reyes y reinos, y financieros usureros, y le faltan repúblicas (y Porcias, Nerissas, Jessicas, Bassanios, Gracianos, Lorenzos). Espectadores y víctimas de la función: hagan juego, la banca nunca pierde.

domingo, 4 de agosto de 2013

Rajoy, el falso Berlusconi

Tras la comparecencia ante el Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy Brey, el vacacional uno de agosto, se nos ha vuelto a quedar a los ciudadanos cara de tontos (una vez más; ya casi la llevamos a diario).

Lo más novedoso que el presidente aportó fue el cambio de la calificación personal respecto del imputado Luis Bárcenas: le sustituyó la etiqueta de "presunto inocente" por la de "falso inocente; presunto culpable". Frase quizá efectista en un discurso parlamentario, literalmente leído (fin de la cita), pero pobre para un licenciado en Derecho y, como nos recuerda constantemente, registrador de la propiedad en excedencia potencialmente muy bien remunerado.

Rajoy admite que se equivocó —estilo Juan Carlos I, pero sin escenificar arrepentimiento—, confiando en Bárcenas. Hasta ahí toda su responsabilidad. Según lo previsto: ni perdón, ni dimisión, ni convocatoria de elecciones legislativas. Fiel al modelo ideológico de su partido y de su gobierno, mentira tras mentira, silencio tras silencio; con gran soberbia y escasa vergüenza. Seguimos gobernados por su primer gran engaño y fraude electoral: el programa con el que el Partido Popular concurrió a las pasadas elecciones generales, incumplido sistemáticamente; las que le otorgaron el férreo y mayoritario respaldo al que, por el brote verde turístico estival, por el bien de la nación y de los mercados, no pueden ni deben renunciar.

En el 'collage' ideológico-político al que el gobierno del PP nos tiene sometidos, cabe de todo. Nos imponen un modelo socio-jurídico-laboral anglosajón; con mucha flexibilidad laboral para los patronos, despido fácil y barato, debilitamiento de la negociación y representación colectiva y sindical. Pero, eso sí, salarios asiáticos; aún elevados para el FMI, que "recomienda" reducirlos un 10%. Recortan en cultura, investigación y educación, sanidad y servicios sociales; y regalan la "gestión" de los servicios públicos al lucro privado. En otra de sus grandes mentiras, el rescate bancario —ya saben, aquél que era un gran negocio para la hacienda pública, ayudas que se recuperarían con grandes réditos—, ya da por perdido la mayoría del dinero público inyectado en las cajas nacionalizadas: 36.000 millones de euros de un total de 52.000 millones de euros. Mal que le pese al "bankero" Goirigolzarri, rescate de los grandes bancos ("sistémicos") y sus banqueros.

Pero en este lienzo no cabe el concepto de responsabilidad política. Como bien recordaban algunos de los oradores parlamentarios, en cualquiera de esos "flexibles" países anglosajones en los que un cargo político o público (no digamos un presidente de gobierno) hubiese enviado mensajes de ánimo a un defraudador tributario y delincuente económico, dicho cargo hubiera dimitido al trascender los hechos —hora arriba, hora abajo; día arriba, día abajo—.

Por muy fuertes y altas que sean las ovaciones y largos los aplausos de la hueste "popular" de Rajoy; por mucho que grite el fiel escudero-portavoz Alfonso Alonso; el volumen no consigue acallar las mentiras, silencios y medias verdades. Por mucha euforia gubernamental agostera —con las 'trolley' vacacionales esperando a las puertas del Senado, como premio merecido al trabajo bien hecho—, el perfume y el sudor no consiguen disimular la pestilencia de las cloacas (financieras y políticas) de la calle Génova 13. Tufo que gana intensidad por el fortísimo calor del mes de agosto; combatido por los poderes político, económico y mediático afines con máscaras de oxígeno en forma de inverosímiles justificaciones —elocuente presencia, en la tribuna de invitados, del presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, junto a María Dolores de Cospedal—.

Dejando aparte las fiestas "bunga-bunga" y a "Ruby Rompecorazones", ya se habla de la "berlusconización" de Rajoy —Rubalcaba no ha sido el primero en utilizar el término—. En honor al recto primer ministro español, hay que reconocer que el sello de don Mariano es genuino; impronta que bebe de las clásicas picaresca y desvergüenza hispanas; de los sobre-sueldos (en "a" y en "b"). La mezcla de hedor y calor se tornan insoportables.

miércoles, 29 de mayo de 2013

Goirigolzarri y Aznar, los grandes salvadores

En España tenemos una gran tradición de salvapatrias: "Dios, Patria, Rey". Sin remontarnos muy lejos históricamente, los tuvimos en 1936; y nos hundieron durante cuarenta años de dictadura franquista en la oscuridad social y cultural, en la represión y el miedo. Entonces se vistieron con uniformes militares, tras los que se parapetaban los poderes económico, financiero, y eclesiástico —nacionalcatolicismo—.

Los seguimos teniendo en el siglo XXI. Otrora utilizaban la fuerza de las armas militares y policiales, con la bendición de la jerarquía católica —represión policial a la que hemos vuelto en los últimos tiempos; sotanas que nunca se fueron—. Actualmente sus armas son las teclas de una computadora o robots (financieros) programados, a las órdenes de los grandes fondos de inversión y especuladores; que mueven millones de dólares en minutos; que hunden las bolsas y las economías de cualquier país y las vidas de sus ciudadanos, tan rápido como los grandes ladrones de guante blanco se enriquecen más y más, y en el tiempo que tardan en tomarse un carísimo coñac y fumarse un exclusivo puro.

Recientemente el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha concedido una entrevista al periódico El País. Ha sido un ejercicio de mercadotecnia, en el que no ha parado de repetir que en un plazo corto va a devolver (casi todo) el dinero público de las ayudas del Estado, y a repartir jugosos dividendos a sus accionistas. El mensaje es claro: Bankia es solvente (con la inyección multimillonaria de dinero público) y será altamente rentable. Tienen prisa en entregar totalmente al capital privado las antiguas cajas de ahorro "nacionalizadas"; la gran banca no quiere una banca pública: mejor conseguir barato un banco de cajas saneado con miles de millones de euros públicos.

En el análisis de lo que Goirigolzarri no ha dicho, hay medios que subrayan que no ha pedido perdón públicamente. No es exactamente así. Con comicidad y gran cinismo el presidente de Bankia afirma que "Hicimos una campaña de publicidad admitiendo errores [por las participaciones preferentes]. Lo que teníamos que decir ya lo hemos dicho". Debe ser algo así como un perdón subliminal.

Pero vayamos al titular, que no tiene desperdicio: "No se ha rescatado a los banqueros [ni a los bancos], sino a los depositantes”. Una afirmación muy arriesgada y tramposa, teniendo en cuenta que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) cubre 100.000 euros por depositante y entidad —ya sabemos que no abarca todos los depósitos bancarios, del mismo modo que ningún banco podría reintegrar simultáneamente todos sus depósitos—. Cabe preguntarse a continuación: ¿a quién o a quiénes se ha rescatado en Bankia? Sabemos a quién no: a los miles de preferentistas engañados y estafados; a los empleados con los salarios reducidos (según nos dice el propio presidente de la entidad); a la obra social (sustituida, dice el presidente, por "la responsabilidad corporativa").

Los silencios del exejecutivo del BBVA también encierran el juego sucio empleado para esos 6.000 despidos que menciona en la extensa entrevista. Nada dice de las presiones para acogerse "voluntariamente" al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) —"tú verás, después será mucho más barato"—; o los cientos de denegaciones a solicitudes de acogimiento voluntario, para sustituirlas después por despidos forzosos.

Me producen repugnancia, desconfianza e inquietud ciertos salvadores. Sean banqueros que acuden al rescate de bancos, desde sus retiros dorados y a cambio de suculentas retribuciones. Sean (sagrados) expresidentes de Gobierno —como Aznar, corresponsable de hinchar la burbuja inmobiliaria— que acuden a la llamada de su partido político y de "los españoles", desde sus múltiples puestos en los consejos de administración de multinacionales. Sean presidentes de Gobierno, gobernantes y políticos, a las órdenes de organismos y poderes externos. Salvémonos de estos poderosos salvadores de sí mismos.

lunes, 20 de mayo de 2013

Breve historia de la indecencia bancaria: de Conde a Blesa

Del banquero expresidente de Banesto, Mario Conde, se decía que no caía bien a los grandes banqueros de los clanes familiares "de toda la vida" (entre ellos Botín y su imperio del Banco Santander, que más tarde pasaría a controlar Banesto). Nunca aceptaron como "de los suyos" al joven y brillante abogado del Estado que jugaba a banquero. Conde pasó de imagen de hombre de éxito en las finanzas y ejemplo en las elitistas escuelas de negocios en los años ochenta, a ser condenado a veinte años de prisión (de los que cumplió apenas cinco) en los noventa, por los delitos de estafa y apropiación indebida.

No sabíamos de ningún otro banquero dando con sus huesos en la cárcel, hasta el jueves pasado, cuando conocíamos la noticia del ingreso en la prisión de Soto del Real del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. Una noticia sin duda excepcional en España, el hecho de que un (ex)poderoso duerma en la cárcel. Blesa ha pasado una sola noche en prisión, de la cual ha salido tras depositar los 2,5 millones de euros de fianza. Cantidad no excesiva, teniendo en cuenta que cobró 12,4 millones de euros entre los años 2007 y 2010 (año éste en que fue sustituido, en enero, por Rodrigo de Rato, acabando sus dos mandatos por un total de doce años); y considerando que percibió esa misma cantidad (2,5 millones de euros) de indemnización. El auto de prisión provisional dictado por el juez habla de delito societario, falsedad en documento público y apropiación indebida; en relación a la compra en 2008 —habiendo ya estallado la bomba de las hipotecas basura norteamericanas, 'subprime'— del City National Bank de Florida (CNBF). Banco adquirido por más de un millón de dólares, siendo su valor real de la mitad.

Por lo que se ve el inspector tributario colocado de banquero era muy proclive a las aventuras americanas, poniendo en riesgo el dinero de los depositantes de la caja de ahorros madrileña. Además del banco californiano, compró el banco mexicano Hipotecaria Su Casita (HSC, por una cantidad total de 332 millones de euros); en quiebra y proceso de liquidación. Y no se olvidó de Cuba, con sus correspondientes apartamentos para retiros y alojamientos, con la Corporación Financiera Habana (CFH).

Blesa también está imputado por un crédito fraudulento que Caja Madrid concedió a las empresas del expresidente de la CEOE, exconsejero de Caja Madrid, y vecino de prisión (por una noche), Gerardo Díaz Ferrán —el de "hay que trabajar más y ganar menos"— y el fallecido Gonzalo Pascual. Crédito renovado en la calamitosa era de De Rato. Y también se denuncian créditos importantes a consejeros, incluido el propio expresidente de Caja Madrid, saltándose la normativa vigente.

Blesa, como Conde, también tuvo sus gloriosos y muy bien pagados años; en su caso los noventa. José María Aznar, el que fuera flamante presidente de Gobierno "popular", colocó a dos de sus compañeros de clase. Uno era Blesa (compañero inspector de Hacienda), destinado a la caja de ahorros madrileña. Y el otro Juan Villalonga (compañero de colegio), al que le tocó la dirección ejecutiva de Telefónica. Ambos han resultado ser dos joyas.

¿Qué hacían los órganos de gobierno de Caja Madrid? ¿Qué hacía el Banco de España? ¿Qué hacía la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid? —con Beteta a la cabeza, el de "se acabaron los cafelitos"—. ¿Qué hacía la CNMV? ¿Qué hacían los órganos ejecutivos de quienes auparon al cargo al presidente: PP, IU, CCOO? ¿Y el resto de políticos y sindicalistas que le respaldaron después, para mantener la poltrona? Debe ser que la vaca financiera estaba muy gorda, y no les importaba lo más mínimo que la ordeñaran más de la cuenta. Al fin y al cabo, las multimillonarias pérdidas las hemos terminado pagando, con miles de millones de euros públicos, todos los ciudadanos.

Ya que aún esperamos las auditorías internas y externas del Partido Popular, estaría bien que algunos actores de las liquidadas cajas de ahorros se dejaran auditar. Así todos podríamos comprobar cómo ingresaban los emolumentos percibidos por la pertenencia y asistencia a los órganos de gobierno (comisiones, consejos, asambleas...), incluidas las empresas del grupo, a los partidos o sindicatos que les daban soporte, o a una ONG o colectivo necesitado (por ejemplo). Y cómo donaban también los caros regalos tecnológicos (y de otro tipo) que recibían por la asistencia a las asambleas (o firmar e irse sin asistir). O cómo, en la campaña anual de la renta (IRPF), comprobaban que lo entregado era correcto en términos netos; es decir: no les había originado ningún ingreso (en cuyo caso abonaban la diferencia), ni ningún gasto adicional. O renunciaban a las vacaciones "de trabajo" en el Caribe.

¿Qué tienen que decir todos estos sujetos, con cargos de más o menos responsabilidad, que le reían las gracias a Blesa? Que apoyaban unánimemente sus megalómanos caprichos. Que posaban orgullosos en las concentraciones y reuniones en la sierra madrileña —de trabajo, no sean mal pensados— con el presidente que les mantenía e incrementaba el poder y las prebendas. No sorprende, por tanto, escuchar las voces de simpatía que se han hecho públicas, provenientes de la federación financiera del sindicato más representativo de la entidad.

El Banco de España, con MAFO como gobernador, toleró una alta concentración de sinvergüenzas en Bankia —y en otras cajas y bancos de cajas—, sin importarle nada cabar la tumba de Caja Madrid. No hay más que leer las pensiones millonarias blindadas por los directivos de Caja Segovia (exdirectores generales Manuel Escribano y Miguel Ángel Sánchez). O los inmensos agujeros levantinos rellenos de hormigón del expresidente de Bancaja y del Banco de Valencia, y exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas; a unir a los dispendios madrileños del oso verde.

Con la "desimputación" de la infanta Cristina de Borbón los españoles hemos comprobado que la frase del Rey "la Justicia es igual para todos" iba dirigida a todos los ajenos a su familia Real y la Corona. El uso de uno de los "padres" de la Constitución española, Miquel Roca, unido al equipo del fiscal y del abogado del Estado (actuando como abogados defensores de la Infanta) ha creado escuela. Ahora los jueces instructores preguntan a los fiscales si deben seguir investigando. De hecho, el fiscal del caso "Blesa" quiere archivar la causa (desde el principio de la misma).

En este caso también podemos decir que el Banco de España tampoco es "igual para todos". Al ex consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, la entidad gobernada por Luis Linde le chivó que iba a destituirle, para que así dimitiera "dignamente", con su pensión de 88 millones de euros. Qué asco de país.

viernes, 12 de abril de 2013

Escraches, desahucios y expropiaciones

No se asusten si en la primera acepción de la palabra escrachar (coloquialismo argentino y uruguayo) del diccionario de la RAE leen: "romper, destruir, aplastar". Según el Diccionario de americanismos (Academias de la Lengua), escrache es una "manifestación popular de denuncia contra una persona pública a la que se acusa de haber cometido delitos graves o actos de corrupción y que, en general, se realiza frente a su domicilio o en algún otro lugar público al que deba concurrir la persona denunciada". El contexto actual no afecta solo a delitos graves o actos de corrupción, también es un acto de reprobación de determinados comportamientos políticos o sociales.

Hemos oído calificar los escraches como actos "fascistas". Protestar en concentraciones, esgrimiendo como armas megáfonos y carteles y pegatinas, no parece tener muchas similitudes con el totalitarismo y autoritarismo, asesinos, del nazismo o el fascismo italiano. Y, como la hemeroteca es muy terca, también hemos releído una noticia de 2003, cuando María San Gil (PP), Rosa Díez (entonces PSOE, actualmente UPyD) y Gotzone Mora (expulsada del PSE-EE en 2008, por pedir el voto para el PP), se unieron a un grupo de alborotadores que increpaba duramente al peneuvista Josu Jon Imaz gritándole insultos como “asesino”, “cobarde” o “chivato”. ¿Acaso no es también un escrache? —algo más violento que los de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), y de los afectados por las participaciones preferentes y las obligaciones subordinadas, diría yo—.

Con descalificaciones más sutiles algunos políticos, más aficionados a los titulares de prensa, parafrasean el famoso poema ("Cuando los nazis vinieron por los comunistas") de Martin Niemöller (atribuido a Bertolt Brecht). El ministro del Interior, Jorge Fernández: "ahora somos nosotros, jueces y periodistas podrían ser los siguientes". Muy literario, si no fuera porque las protestas no tienen como fin aniquilar a la clase política, sino denunciar un comportamiento político concreto, de unos políticos concretos, y ante unos problemas concretos.

Los representantes políticos de los ciudadanos gozan de una especial protección jurídica, en virtud de su cargo. Pero también están obligados por el mandato que emana del pueblo, y que no les otorga un cheque en blanco por cuatro años. Son responsables de legislar, y de las consecuencias que las leyes y reglamentos que aprueban (o no modifican) tienen sobre los ciudadanos. Puestos a soportar a los ciudadanos pesados que protestan, mejor que lo hagan en una plaza; o cerca del Congreso si no hay más remedio; o incluso cerca de la sede del partido. Es más cómodo en áreas que ofrezcan un cordón policial, y verlo retransmitido por televisión y en las redes sociales.

El problema surge cuando las protestas alcanzan a la zona cómoda de los políticos. No gusta que los vecinos, o los empleados y clientes de un establecimiento público, se enteren de que se desprecia una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), firmada por un millón y medio de ciudadanos; que trata de parar el sufrimiento originado por el drama (que incluye la pérdida de vidas humanas) de los desahucios. Con 115 familias desahuciadas al día el año pasado (30.034 ejecuciones hipotecarias de primeras viviendas en 2012, frente a 11.441 daciones en pago; según el Colegio de Registradores de la Propiedad).

Los niños nunca deben ser afectados por los problemas de los adultos: ningún niño. Debe ser más sencillo razonar con los infantes, familiares y vecinos, los argumentos políticos y sociales para evitar que prospere una ILP contra los desahucios; que explicar a los hijos pequeños porqué revientan la puerta de su casa, para echarles a la calle.

Para los actos violentos existe el Código Penal. También existen las multas coercitivas, que tan entusiastamente imponen las Delegaciones del Gobierno en las concentraciones de protesta. Pero, paradójicamente, el acto más violento registrado hasta el momento lo protagoniza un político canario del Partido Popular, el partido "víctima" de los escraches. Se llama Sigfrid Soria, que amenaza con defenderse a "ostias" (sic) y "arrancando cabezas" de los "perroflautas".

La Junta de Andalucía plantea unas medidas legislativas, moderadas, para proteger a las familias sin recursos desahuciadas. Van dirigidas al parque de viviendas de la banca. Sí, la misma banca a la que hemos rescatado con decenas de millones de euros de dinero público. Con garantías de justiprecio y evaluación de la situación socio-económica real de los afectados. Con multas para las viviendas deshabitadas, como ya sucede en Francia, Dinamarca, Holanda (que permite ocupar las viviendas vacías más de un año), o Suecia (que las derriba). Antes de conocer el texto del decreto ley, surgen las voces de la derecha política y mediática descalificándolo: es populista, es de demagogia oportunista, es comunista (y estalinista y chavista), atenta contra la propiedad privada. El ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón, duda de su constitucionalidad.

Hay juristas que ven similitudes entre el Decreto de Medidas para asegurar el cumplimiento de la función de la vivienda, y la Ley de Reforma Agraria andaluza, avalada por el Tribunal Constitucional en 1987. Aquél, expropiando viviendas desahuciadas para usufructo temporal de sus moradores (amparando la Administración andaluza su alto riesgo de exclusión social); ésta, expropiando las propiedades agrarias que incumplan su función social. En el caso de la vivienda, sucede que se ha pinchado el hueso del poder de la gran banca; una cosa es que ella expropie (lo llaman desahucios o lanzamientos), y otra muy diferente que un Gobierno expropie a la banca.

Los poderes del Estado ponen un gran ímpetu, recursos y celeridad en defender determinados asuntos: instrucciones del Ministerio del Interior, y circulares de la Fiscalía General del Estado, para actuar contra los escraches; multas de las Delegaciones del Gobierno a los participantes en protestas; poner la fiscalía —actuando de abogado defensor de la infanta Cristina de Borbón— y la abogacía del Estado —uniéndose a la fiscalía, en la defensa de la Infanta; cuando su papel en el caso Nóos es representar a la Hacienda pública— al servicio de la Casa Real.

Si todos esos recursos se utilizaran en la misma cantidad y calidad para defender los derechos de los ciudadanos: como el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada; o cumplir la sentencia del TJUE contra la ley hipotecaria española; o solucionar la estafa bancaria de las preferentes; quizás, otro gallo cantaría.

martes, 26 de marzo de 2013

Muérase antes de cobrar la pensión

El ministro japonés de finanzas (y viceprimer ministro), llamado Taro Aso, ha pedido a sus compatriotas ancianos que se den prisa en morir. Él mismo debería haberse hecho el haraquiri inmediatamente después, pues el mozuelo cuenta con setenta y dos años a sus espaldas. Protector de las cuentas del Estado, Aso ha encontrado un sistema rápido y efectivo para ahorrar dinero en la atención médica a mayores.

En España somos más sutiles y celosos de la legalidad, por lo que los ahorros y recortes los sufrimos en sádicas dosis, no siempre en silencio; siendo torturados con inyecciones intravenosas de reales decretos leyes, con efectos secundarios nocivos a corto y a muy largo plazo. Modificaciones legislativas en los últimos meses que se aproximan a la treintena, en las áreas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La ministra de Empleo Fátima Báñez, se encomienda a la Vírgen del Rocío y propone, el Gobierno de Rajoy dispone; los ciudadanos pagamos.

Supongamos un trabajador que quiera jubilarse el 1 de enero de 2027, con la pensión contributiva íntegra (régimen general de la Seguridad Social), a la edad de 67 años. No alcanza los 38 años y seis meses de cotización. Debe haber cotizado, ininterrumpidamente, a partir de los 29 años de edad, desde 1989.

Supongamos otra cotizante que comenzó a trabajar a los 16 años de edad —hoy en día casi ciencia ficción—, edad mínima establecida en el Estatuto de los Trabajadores (con autorización de los padres o tutores). Se jubila, con la pensión íntegra, a los 65 años. Habrá cotizado 49 años. Un servidor, que empezó a trabajar a los 17 años de edad (allá por 1982); suponiendo una cotización igualmente continuada (que es mucho suponer, tal y como están las cosas); me jubilaría en el año 2030, con 65 años, después de haber cotizado 48 años a la Seguridad Social.

El mensaje engañoso que nos transmiten es que es inviable mantener un sistema de pensiones públicas con menos de dos cotizantes activos por cada pasivo. Hace décadas que nos anuncian la quiebra de la Seguridad Social. Décadas de incentivar los sistemas privados de capitalización de pensiones, y de tirar por tierra el sistema público y solidario de reparto. El negocio bancario y parabancario manda. Y qué mejor momento que éste de crisis económica, para pisar el acelerador y alejarse lo más posible de un sistema público de pensiones dignas.

También nos recuerdan que cada vez vivimos más tiempo. Ya hemos importado el invento alemán del "envejecimiento activo". Concepto que esconde las miserias de ancianos que se ven obligados a seguir trabajando (frecuentemente en dinero negro) para complementar su paupérrima pensión. Morir trabajando; porque lo que no cuentan es que vivir más años no significa llegar al final de nuestros días en óptimas condiciones psicofísicas; es más, en las cuatro últimas décadas las estadísticas dicen que la esperanza de vida se concentra en las rentas más altas.

Este mensaje "ortodoxo" es apoyado por los economistas neo/ultra/liberales y sus correspondientes medios de comunicación y persuasión. Algunos de ellos con relaciones de interés con centros educativos y de negocios de la misma ideología económica; o instituciones respaldadas por intereses bancarios y financieros.

No nos cuentan el efecto compensatorio futuro del gasto sobre el Producto Interior Bruto (PIB), generado por el incremento de la productividad —algunos de los citados sujetos lo minimizan y relativizan—. Ni la falta de acciones para reforzar la participación de la mujer en el mercado laboral; participación que depende y está relacionada con otro pilar importante: el incremento de la función pública y de los servicios públicos y sociales —se hace todo lo contrario, recortar y reducir—. Parámetros en los que estamos muy por debajo de los países de la UE-15, y cuya mejora aumentaría de forma considerable la recaudación de la caja social. Sin olvidar la necesaria corrección de las desigualdades de financiación del sistema y de esperanza de vida entre las rentas superiores y las inferiores. —Entre otros, léase el artículo del profesor Vicenç Navarro "Las pensiones no están en peligro", en www.vnavarro.org—.

La receta de la "troika" nos la meten con aceite de ricino. Menos prestaciones sociales; de menor cantidad; más caras; más difíciles de conseguir y, de acceder a ellas, mucho más tarde. Si su esperanza de vida se lo permite, hágale un favor al Estado: muérase antes de cobrar la pensión. Gracias.

martes, 19 de marzo de 2013

Bankia acerca a sus clientes menorquines... a nado

Dentro del plan de reestructuración de Bankia, que comporta el cierre de 1.100 oficinas y la extinción de 4.500 puestos de trabajo, el banco-caja ha anunciado el cierre de la totalidad de sus tres oficinas de Menorca (dos en Maó y una en Ciutadella). Ha enviado una carta a los clientes indicando que "el traslado de sus cuentas y de los productos asociados a las mismas es automático" y que "no tiene que realizar ningún trámite, ni acudir a su oficina".

El traslado de las cuentas y productos es a una oficina de Mallorca, ubicada en la localidad de Port de Pollença. A tan solo 33 millas náuticas (61,116 kms.) de Menorca. Si el cliente no desea desplazarse a tan próxima oficina (nadando, en barco, o en avión), siempre podrá operar por internet "las 24 horas del día". No, no se trata de una broma —aunque estén tomando el pelo a los clientes—, ni es el día de los Santos Inocentes; es cierto y real. A la invitación a los clientes a "visitar la oficina" le ha faltado, para aumentar el sainete, un párrafo que expresara lo saludable que sería cardiovascularmente el desplazamiento en canoa, piragua o kayak.

No sabemos si esta carta "automatizada", redactada por "el ordenador" o por alguna mente preclara de la Torre Bankia en Madrid, ha sido supervisada por otros responsables (en Valencia o en Palma) con algún conocimiento elemental y primario de la realidad y de la geografía balear. Quizá hubieran caído en que 'Les Illes', pese a tratarse de una Comunidad Autónoma uniprovincial, están separadas por el mar Mediterráneo.

Como es lógico, los clientes se han sentido insultados. Ya están cancelando sus "cuentas y productos asociados", y transfiriéndolos a otras entidades financieras en tierra firme menorquina. Sin embargo, para los que conocemos algo más de la realidad balear, y la historia de Caja Madrid (unida a Bancaja en la era Bankia) en las Illes Balears en los últimos lustros, la noticia no nos sorprende.

Ha sido una entidad que, en las décadas de presencia en Balears, nunca ha terminado de integrarse (probablemente tampoco lo ha querido). Con una escasa sensibilidad a la cultura y la lengua propias, y una más que discreta presencia mediante la Obra Social y la Fundación, demostrando su cicatería para revertir en la sociedad balear algo del suculento beneficio territorial obtenido. Son las consecuencias de una gestión exclusivamente mercantilista, con centros de decisión y gestión (política y bancaria) centralizados: en Madrid, en Barcelona, en Valencia. Cuando se implantaron centros territoriales propios (comerciales y de riesgos), sus directivos estaban/están más preocupados en ascender y medrar que en integrarse. Los inconvenientes de la insularidad (geográficos y socioeconómicos) han sido siempre un caballo de batalla en las relaciones laborales, comprendidos en Madrid con la boca pequeña; y con este corte de mangas a los menorquines, podemos decir que los clientes no tienen un trato privilegiado respecto a los empleados.

De los catorce empleados de Bankia en Menorca, parece ser que trece ya han recibido la carta de despido. Tan solo un empleado ha recibido la oferta de traslado a la oficina de Port de Pollença. Muestra brutal del arma de la retrógrada e inútil reforma laboral del Gobierno del Partido Popular (reforma para despedir, no para crear empleo), cargada con las balas del ERE firmado por los sindicatos más representativos de Bankia. Sólidos son los principios por los que empieza el banquero Goirigolzarri.

Bankia apropa als seus clients menorquins... nadant

Dins del pla de reestructuració de Bankia, que comporta el tancament de 1.100 oficines i l'extinció de 4.500 llocs de feina, el banc-caixa ha anunciat el tancament de la totalitat de les seves tres oficines de Menorca (dues a Maó i una a Ciutadella). Ha enviat una carta als clients indicant que "el trasllat dels seus comptes i dels productes associats a les mateixes és automàtic" i que "no ha de realitzar cap tràmit, ni acudir a la seva oficina".

El trasllat dels comptes i productes és a una oficina de Mallorca, situada en la localitat de Port de Pollença. A tan sol 33 milles nàutiques (61,116 kms.) de Menorca. Si el client no desitja desplaçar-se a tan propera oficina (nedant, amb vaixell, o amb avió), sempre podrà operar per internet "les 24 hores del dia". No, no es tracta d'una broma —encara que estiguin prenent el pèl als clients—, ni és el dia dels Sants Innocents; és cert i real. A la invitació als clients a "visitar l'oficina" li ha faltat, per augmentar el sainet, un paràgraf que expressés el saludable que seria cardiovascularment el desplaçament en canoa, piragua o caiac.

No sabem si aquesta carta "automatitzada", redactada per "l'ordinador" o per alguna ment preclara de la Torre Bankia a Madrid, ha estat supervisada per altres responsables (a València o a Palma) amb algun coneixement elemental i primari de la realitat i de la geografia balear. Potser haguessin caigut en que Les Illes, malgrat tractar-se d'una Comunitat Autònoma uniprovincial, estan separades pel mar Mediterrani.

Com és lògic, els clients s'han sentit insultats. Ja estan cancel·lant els seus "comptes i productes associats", i transferint-los a altres entitats financeres en terra ferma menorquina. No obstant això, pels quals coneixem una mica més de la realitat balear, i la història de Caja Madrid (unida a Bancaixa en l'era Bankia) en les Illes Balears en els darrers lustres, la notícia no ens sorprèn.

Ha estat una entitat que, en les dècades de presència en Balears, mai ha acabat d'integrar-se (probablement tampoc ho ha volgut). Amb una escassa sensibilitat a la cultura i la llengua pròpies, i una més que discreta presència mitjançant l'Obra Social i la Fundació, demostrant la seva mesquinesa per revertir en la societat balear alguna cosa del suculent benefici territorial obtingut. Són les conseqüències d'una gestió exclusivament mercantilista, amb centres de decisió i gestió (política i bancària) centralitzats: a Madrid, a Barcelona, a València. Quan es van implantar centres territorials propis (comercials i de riscos), els seus directius estaven/estan més preocupats a pujar i surar que a integrar-se. Els inconvenients de la insularitat (geogràfics i socioeconòmics) han estat sempre un cavall de batalla en les relacions laborals, compresos a Madrid només de boca; i amb aquest fer botifarra als menorquins, podem dir que els clients no tenen un tracte privilegiat respecte als empleats.

Dels catorze empleats de Bankia a Menorca, sembla ser que tretze ja han rebut la carta d'acomiadament. Tan sol un empleat ha rebut l'oferta de trasllat a l'oficina de Port de Pollença. Mostra brutal de l'arma de la retrògrada i inútil reforma laboral del Govern del Partit Popular (reforma per acomiadar, no per crear ocupació), carregada amb les bales del ERO signat pels sindicats més representatius de Bankia. Sòlids són els principis pels quals comença el banquer Goirigolzarri.

viernes, 15 de marzo de 2013

"Habemus sententiam" de desahucios. "Habemus Papam"

En estos casos se demuestra la utilidad del latín para los que, en los años ochenta, estudiamos el bachillerato "mixto" (Latín y Matemáticas). Pese a lo arduo de aprender de memoria las declinaciones, queda la recompensa de que el latín no nos suene a arameo; y la ayuda de las raíces léxicas en las lenguas romances.

Tenemos/tienen Papa. Algo no muy trascendente si se considera que entre los mayores problemas del catolicismo están la alta jerarquía eclesiástica, en general, y las intrigas del poder vaticano, en particular. El cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio ha elegido el nombre de Francisco I. Pese a quedar detrás de Ratzinger (Benedicto XVI, "Papa emérito") en el anterior Cónclave, no estaba en la lista de nombres papables.

Entre las características que se nos ofrecen del nuevo Papa (algunas de ellas contradictorias entre sí) está la de tratarse de un hombre culto; algo obvio e inherente a la formación jesuítica. También la de un cierto progresismo (aunque no apoya las corrientes progresistas), que en la Iglesia (Católica Apostólica Romana) oficial siempre es un valor relativo —al nuevo Papa se le atribuye la frase "movida del Diablo", calificando la ley argentina de matrimonio homosexual—. Y alguna acusación de condescendencia con la dictadura militar argentina (extremo éste desmentido por el Nobel de la Paz argentino Pérez Esquivel). También se añaden rasgos obligados para cualquier católico y/o cristiano, como su lucha contra la pobreza, la desigualdad y la corrupción; geopolíticos, al ser el primer Papa sudamericano; y otros campechano-anecdóticos, como que se mueve en metro, cocina, no hace uso del coche oficial o paga personalmente las cuentas pendientes. Lo cierto es que el nuevo Papa no estaba (que sepamos) entre los candidatos de los movimientos ultracatólicos; lo cual no es garantía de no ser santo de su devoción, ni de no comulgar con ellos. El tiempo de su pontificado despejará las incógnitas.

El primer día de la nueva era papal coincide con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el proceso de desahucios español por impago hipotecario. Nada sorpresiva, pues contiene los elementos de la legislación española contrarios a la normativa comunitaria, sobre los que ya concluyó la Abogada General del TJUE hace meses. A saber: el régimen procesal español impide que el juez competente paralice cautelarmente el proceso de ejecución hipotecaria, si encuentra abusiva alguna de las cláusulas del contrato; con carácter previo a que el juez declare abusiva la cláusula contractual hipotecaria y, consecuentemente, la nulidad del procedimiento de ejecución.

Esta sentencia no ha sacado los colores a nuestros gobernantes y políticos. Están inmunizados y hace tiempo que perdieron la vergüenza. El ministro de Justicia y el presidente del Gobierno anuncian que cumplirán la sentencia y trasladarán su contenido a la legislación hipotecaria. Gracias. ¡Faltaría más! Preocupante es que la Asociación Española de Banca (AEB) encuentre "razonable" la sentencia; la explicación puede estar en que no ven peligrar sus privilegios hipotecarios: Rajoy ha anunciado que, despreciando al 1.402.854 ciudadanos firmantes de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra los desahucios, no va a generalizar la dación en pago (entrega de la vivienda a cambio de la deuda hipotecaria).

Cuando en otros países europeos dimiten altos cargos y ministros por comportamientos inapropiados tales como plagiar tesis doctorales (hace lustros). Y dan con sus huesos en la cárcel por cargar el muerto de una infracción de tráfico a la excónyuge. Aquí ningún político asume su responsabilidad: política, no jurídica ni judicial. Aquí se indulta a políticos corruptos, empresarios homicidas de tráfico, policías torturadores, y grandes delincuentes económicos y financieros.

Como guinda, el PSOE autoriza una moción de censura en Ponferrada apoyada por el voto de un condenado por acoso sexual. No dimite nadie. El PP, haciendo gala de la falta de vergüenza comentada, le echa en cara semejante cagada, "olvidando" que ese acosador sexual pertenecía al PP cuando cometió el delito, y que nadie del partido le recriminó ni desautorizó (todo lo contrario).

Para acercar la realidad española al Vaticano, deberían decirle al nuevo Papa Francisco I que, en este Reino de este mundo, no dimite ni Dios. También debería dar gracias a Dios porque la sentencia del TJUE alivie el drama infame de los miles de desahucios pendientes (desgraciadamente no de los ya ejecutados) y pueda evitar nuevas muertes. Es de Justicia, divina y humana.

jueves, 7 de marzo de 2013

Bankia, Goirigolzarri y los desahucios

José Ignacio Goirigolzarri, el exejecutivo del BBVA de plan de pensiones multimillonario, preside BFA-Bankia desde mayo de 2012. Coincide con el paso, de la noche a la mañana, de los 309 millones de euros de beneficio reconocidos en febrero, por el hasta entonces presidente Rodrigo de Rato, a los 3.030 millones de euros de pérdidas en 2011 del banco de cajas.

Tras unos cuantos meses, un ERE de extinción de 4.500 puestos de trabajo y 22.424 millones de euros de ayudas públicas después, Goirigolzarri nos presenta los resultados de 2012. Sufrimos (el "Estado"), todos los ciudadanos que pagamos impuestos y no tenemos fortunas en paraísos fiscales, unas pérdidas de 19.056 millones de euros —los que no somos pequeños accionistas, bonistas ni preferentistas—. Pero el presidente de Bankia es optimista y, por la misma lógica que tuvimos que creernos a sus predecesores Miguel Blesa —"no hay burbuja inmobiliaria ni la habrá"—, y De Rato —"la salida a bolsa ha sido un éxito"; "obtuvimos beneficios en 2011"—, debemos creer a pies juntillas al primer ejecutivo del ave Fénix de las cenizas bankarias.

Goirigolzarri "espera" ganar 800 millones de euros este año. Después de que hemos rescatado y saneado la entidad, "en 2014 ó 2015 el Estado podrá vender acciones para recuperar la inversión". El presidente "cree" que el Estado ganará dinero con las ayudas a Bankia. Como no somos hombres de poca fe, el color rojo sangre de los números nos convence, y no necesitamos meter la mano en la herida como el apóstol Santo Tomás —no parece que lo tenga tan claro Bruselas—.

El caritativo presidente de Bankia informa de la adecuación de 18.000 hipotecas en 2012; de 3.000 daciones en pago; y la contribución con 1.000 pisos al fondo de alquiler social. Debemos darle mil gracias a este gran benefactor social. Con estos donativos, hechos con las ayudas de todos los ciudadanos, se da por satisfecho.

Pero una cosa es la caridad del dinero ajeno, y otra muy distinta tocar el bolsillo de los banqueros. De cambiar la ley hipotecaria para combatir los desahucios, nada de nada. No ve la necesidad de tocar la legislación y el sistema hipotecario "por un problema que afecta a un segmento acotado". Ese segmento acotado que echan a la calle a puntapiés. Ese segmento acotado de ciudadanos desesperados que se lanzan por la ventana ante un proceso que, irónica y trágicamente, se denomina "lanzamiento".

Goirigolzarri prefiere seguir administrando la compasión farisaica banquera, con absoluta discrecionalidad, que hacer las modificaciones legislativas necesarias para amparar a los desamparados hipotecados. La seguridad bancaria de la poltrona y la espada de Herodes, a la seguridad jurídica del pueblo humilde y de los ciudadanos empobrecidos por la propia especulación bancaria, inmobiliaria y financiera.

A Goirigolzarri le avala el dirigir un banco récord en pérdidas y en ayudas públicas, el cual le retribuye (le retribuimos) con 500.000 euros anuales de sueldo fijo. Y le ampara la ética de la beneficiencia, y la impunidad del poder económico y financiero que nos condena a ella. Seguro que el presidente de la CEOE Juan Rosell suscribe todas y cada una de sus palabras. Ambos son hombres de principios. Empecemos por los principios.

miércoles, 13 de febrero de 2013

Tortura de desahucio frente a tortura animal

El Partido Popular había anunciado que no iba a aprobar, una vez más, la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra los desahucios, y a favor de la dación en pago con efectos retroactivos. ILP avalada por 1.402.854 firmas de ciudadanos.

Y llegó la noticia de dos nuevos suicidios, a unir a la larga e ignominiosa lista —al día siguiente trasciende el suicidio en Alicante de un hombre—; en esta ocasión en Calvià (Mallorca, Illes Balears). Un matrimonio de jubilados, que se quitaron la vida tras recibir la notificación de desahucio. Se llamaban Pedro y Julia, y tenían sesenta y ocho y sesenta y siete años, respectivamente. Parece ser que los vecinos les perdonaban que llevasen tres años sin pagar la comunidad. No gozaron de la misma comprensión, humanidad y benevolencia por parte del banco que instó la ejecución hipotecaria.

Finalmente el PP votó a favor de la admisión a trámite de la ILP. No podemos ser muy optimistas en que el Gobierno acepte modificar la legislación de desahucios, a no ser (o ante la amenaza de) que finalmente le obligue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Recordemos que la propia abogada general del TJUE dictaminó que la ley de desahucios española viola la normativa comunitaria.

Tampoco podemos rebosar confianza en que finalmente se legisle la dación en pago (al menos con efectos retroactivos). La banca manda, y dice que crearía inseguridad jurídica, y se darían menos créditos (ya bastante escasos). Son los mismos bancos que hemos rescatado con ingentes cantidades de dinero público, con el cual hacen rédito invirtiendo en la deuda pública que también pagamos todos. Esos mismos bancos, repito, que continúan desahuciando inmisericordemente, amenazan con cerrar del todo el grifo. Son conscientes de que no les van a tocar sus privilegios.

Después de rendir pleitesía —salvo la digna intervención, a puerta cerrada, de La Izquierda Plural— por la mañana al presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi (escoltado en todo momento por el presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada), la tarde parlamentaria dio para lo anterior, y más.

También se admitió a trámite la ILP (con un tercio de firmas respecto a la primera) que propone declarar las corridas de toros Bien de Interés Cultural (BIC). Digamos bien alto, para los defensores de los animales, que votaron a favor el PP, UPyD, UPN y Foro Asturias, y que se abstuvo el PSOE. El diputado de UPyD Toni Cantó nos dejó en la tribuna de oradores esta joya: "los animales no tienen derecho a la vida ni a la libertad". Es tranquilizador saber que Cantó se encuentra investido del poder de decidir sobre el cautiverio y la muerte de los animales no pertenecientes a la especie (superior) humana.

No les basta con mantener el espectáculo de tortura y sangre y arena, con millonarias subvenciones públicas, sin las cuales la llamada "fiesta nacional" desaparecería paulatina e irremediablemente. Necesitan declarar BIC la barbarie "artística" de la agonía de un animal, a manos del valiente artista torero y sus herramientas artísticas: la puya; las banderillas; el estoque de matar; el estoque de descabellar. Instrumentos de tortura artística y cultural para ejecutar las diferentes "suertes" y "castigos" del infortunado astado.

No sabemos si el PP cambió de criterio, admitiendo la ILP contra los desahucios, debido al matrimonio de jubilados que se suicidó. O a la imagen que iban a transmitir de la gloriosa "marca España" rechazando medidas contra la tortura hipotecaria a los ciudadanos, y admitiendo la defensa y protección cultural de la tortura y muerte a los animales. Nunca lo sabremos, porque no tendrán las agallas de decírnoslo.

jueves, 31 de enero de 2013

Mal lavado de cara para las participaciones preferentes

Las participaciones preferentes son un producto bancario que inicialmente se comercializaba a grandes inversores, no a particulares. Pero las entidades financieras tenían que hacer caja, y vendieron a diestro y siniestro, sin ninguna ética ni pudor, un producto que ha estrangulado la ya maltrecha economía de muchas familias. Cuando menos, con la vista gorda de la administración y los organismos supervisores.

Los dos principales partidos políticos del arco parlamentario español (PP y PSOE) nos anuncian, a bombo y platillo, un acuerdo para "solucionar el problema" de las participaciones preferentes. Ese producto de riesgo que se vendía como un ahorro a plazo fijo, y que ha saqueado los ahorros de miles de familias; pensionistas, jubilados, trabajadores, desempleados; principalmente pequeños ahorradores. La mayoría, sin ningún tipo de conocimiento financiero. Muchos, confiados en los directores (y subordinados) de la oficina bancaria del barrio. Algunos, analfabetos.

Estamos acostumbrados a este tipo de anuncios, provenientes de la partidocracia bipartidista española. Desprecian al resto de partidos con representación parlamentaria, siempre amparándose en la mayoría que representan, y en la urgencia. Desprecian, en consecuencia, a todos los ciudadanos que no les han votado o han votado otras opciones políticas; eso sí, con absoluta legitimidad democrática. Patético fue el reproche del portavoz de CIU al del PP, echándole en cara haberlos dejado fuera del acuerdo; a ellos que fueron "los promotores".

Otras veces la mencionada urgencia lleva al habitual real decreto ley de partido único. Como el parche antidesahucios. Sin tocar la ley hipotecaria ni, por supuesto, la seguridad jurídica (tradúzcase por privilegios y liquidez) de la gran banca.

Si tan ejemplar fue la comercialización de las preferentes, como alegan algunas voces banqueras (y bancarias obedientes), y que hablamos de un sector minoritario engañado y estafado; plantéense la siguiente reflexión. ¿Por qué no hay concentraciones, manifestaciones y protestas de engañados por acciones de bolsa? La respuesta es obvia, por la comercialización indiscriminada, agresiva y con atajos ejecutada con las preferentes.

Por lo que ha transcendido del "histórico" acuerdo, por el que no paran de apuntarse tantos el gobierno (PP) y el principal partido de la oposición (PSOE), la solución pasa por un arbitraje (ya utilizado en los bancos de cajas gallegos, con muchas controversias); tutelado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los agraciados que pasen la criba recuperarán el capital y los intereses, descontando el exceso de interés (respecto a la remuneración media de un depósito bancario). En el proceso, los afectados tendrán que acreditar que fueron engañados (que hubo "mala praxis"); lo cual no deja de ser un método perverso. Deberían ser las entidades financieras colocadoras las que demostraran que vendieron ética y legalmente el producto. Y con una garantía absoluta de que el juez-árbitro nunca sea parte (ni directa ni indirectamente). Sólo así no habrá dudas razonables de que se haga justicia.

Concluyendo. Un mal lavado de cara para la vergüenza de las preferentes. Aunque la suciedad no se note en la cara (ni se les caiga por ello) de los Botín, González, Goirigolzarri (y Blesa y Rato), y el resto de sus colegas banqueros.

jueves, 10 de enero de 2013

La puerta giratoria de Rodrigo Rato

Si nos pidieran aparcar mentalmente la enorme desafección política que vivimos y sentimos, y nos preguntaran por la retribución de los políticos que nos representan y nos gobiernan, probablemente contestaríamos que debería ser digna, suficiente, y proporcional a las capacidades, méritos, funciones y responsabilidades. Más allá, claro está, de haber sido incluido en una determinada lista electoral.

Lo que no parece razonable es que el político ostente una serie de prebendas y privilegios, que perviven indefinidamente (o casi) en el tiempo. Ni que tenga que tener garantizado, de por vida, vivir a cuerpo de rey. Nada que objetar a los que son funcionarios públicos; que han ganado su plaza opositando, y que se reincorporan a su puesto.

También tenemos el extremo opuesto. Como el método Cospedal (presidenta de Castilla-La Mancha): diputados autonómicos a tiempo parcial. Este sistema favorece que se dediquen a la política y nos gobiernen personas de elevada capacidad económica (como la propia presidenta, y secretaria general del PP). Y no garantiza (más bien todo lo contrario) evitar la confusión entre la esfera profesional privada y la pública de representación política. Ahora entro en el bufete y me pongo el sombrero de abogado, economista, asesor; después me lo quito, me voy al Parlamento, y me pongo el de diputado.

Es un insultante error el justificar los privilegios y hacer la vista gorda cuando se utiliza la política para los negocios privados, apelando el evitar un cuerpo de políticos mediocres. La mediocridad no sólo está relacionada con los emolumentos, sino también con el sistema y organización de los partidos políticos, el sistema electoral, la ética y los valores, el clientelismo, el enchufismo, la cultura y la formación y la educación, el poder. No es excusa el ampararse en la legalidad, cuando así sea; y, si es legal, entonces habrá que revisar y cambiar la legislación. Todo se tuerce cuando la gran democracia en la que dicen que vivimos realmente es un sucedáneo de "gobierno del pueblo".

Rodrigo de Rato y Figaredo fue ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente del Gobierno en la era Aznar (1996-2004). Los gloriosos años económicos de cebar al puerco del cemento y el ladrillo y las finanzas; y de privatizar a grandes empresas públicas, como Telefónica.

En 2004 De Rato se encaprichó de un puesto, poderoso y muy bien retribuido: la dirección gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Movilizó a su Partido Popular y al Gobierno socialista de Zapatero; poniendo a su servicio a la diplomacia española y europea, y consiguiendo tan suculento y apetecible cargo. Pero la añoranza de España le hace abandonar el organismo antes de tiempo (2007), dejando a todos con un palmo de narices. No hizo grandes amigos, y su gran gestión incluye el no haberse enterado de la crisis económica y financiera; como reconoce la propia Oficina de Evaluación Independiente del FMI.

Sin solución de continuidad don Rodrigo se incorpora a la división internacional del Banco de inversión Lazard (2007), y como consejero del Banco de Santander (2008). No vamos a ser mal pensados, y estamos seguros de que el exministro de Economía y Hacienda no favoreció en nada a estas dos entidades bancarias, en su etapa ministerial.

Y hete aquí que el Sr. De Rato aterriza primero en la presidencia de Caja Madrid y después en la del BFA-Bankia (2010). Hasta que en 2012 le cayeron encima todos los ladrillos de su antecesor Blesa. Según nos cuenta el propio interesado, y los colegas de partido, el pobrecito no tuvo ninguna responsabilidad en el hundimiento definitivo de Caja Madrid/Bankia. Toda la culpa fue de la auditora, del Banco de España, y de la mala suerte. ¡Ah!, y también de su desagradecido pupilo De Guindos y sus colegas de Bruselas.

Como premio a su impresionante trayectoria y gestión económica y financiera, el imputado —caso Bankia— Rodrigo de Rato ha sido nombrado consejero asesor de Telefónica —recuerdan, una de las grandes compañías públicas que privatizó—, para Latinoamérica y Europa. Una de las grandes empresas que hacen de aparcamiento dorado de ex altos cargos, exministros y expresidentes de Gobierno.

Es lo que tienen las puertas giratorias ("revolving door" para los anglosajones), altos cargos políticos/empresas privadas, que confunden y mezclan la parcela del servicio público, con la de los negocios privados y el poder económico y financiero. Sería conveniente y sano buscar la manera de que dejen de girar.

viernes, 21 de diciembre de 2012

Banca Ética S.A.

Andaba yo hace unos (pocos) meses planteándome abandonar Bankia, tras treinta años de trabajo en Caja Madrid. Después de que Blesa dejara Caja Madrid como unos zorros, entró Rato tocando la campana (junto con Olivas y compañía) y terminó de destrozar el gallinero.

Por aquello de no cambiar de sector, la experiencia y demás argumentación ortodoxa e inmovilista, opté por aproximarme a la denominada banca ética y social. Siendo consciente de las limitaciones apriorísticas: edad (47 años en España significa la tercera edad laboral); personal no directivo; sindicalista. Decidí enviar mi 'curriculum vitae' a una de estas entidades bancarias. Anunciado como banco ético y sostenible y que, además, inauguraba su presencia en mi comunidad autónoma y localidad. Banco con nombre multilingüe de esencias griegas; color verde y creación holandesa.

Las áreas de acción del banco son: medio ambiente (energías renovables, agricultura ecológica, bioconstrucción, turismo sostenible); iniciativas sociales y cooperación al desarrollo (comercio justo, microcréditos); y cultura y ocio. No participa en todo lo relacionado con la fabricación y distribución de armas. Publica los segmentos de retribución de su plantilla según categorías.

Lo primero que me mosqueó (llámenme susceptible), cuando buceé un poco en la red social profesional de Linkedin, fue la existencia de directivos provenientes de la banca "tradicional", de grandes y medianos bancos. Sí, creo en la evolución personal y profesional, y en la redención de los "pecados" de los jefes; particularmente en los jefes bancarios de "vende, vende, vende" (para engrosar su retribución variable). Pero tres decenios de trabajo en banca me dicen mucho de una entidad que ficha a directivos de zona y territoriales de bancos con políticas comerciales y de venta muy agresivas (con los clientes y con los empleados).

Después de mi acción (simbólica, mas que acto de fe) de envío del currículo, como pueden adivinar, recibí la típica notificación de acuse de recibo, e inclusión en su base de datos de recursos humanos. Finalmente decidí abandonar el sector bancario, acogiéndome a la "remesa Rato" de los casi 4.000 despedidos del primer ERE. Decisión que, pese a las decepciones y deserciones sufridas (a nivel profesional y sindical), y aun con las envidias (humanas e hispanas) percibidas, sigo considerando acertada; máxime con los 5.000 nuevos despidos que se anuncian, ya con Goirigolzarri y con las rebajas de la reforma laboral Rajoy.

Vale. Lo que ofrece el banco de "los tres caminos" es muchísimo más, socialmente hablando (y si lo cumplen a rajatabla), que lo que da la banca tradicional. Cierto que es lo menos malo (o lo mejor de lo peor, según se mire). Eso sí, recuerden que donde pongan su dinero esté bajo el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), considerando que garantiza hasta 100.000 euros por depositante y entidad de crédito. Recuerden también que los ahorradores naranja de otro muy famoso grupo de seguros y financiero (también) holandés vieron peligrar sus depósitos; hasta que el Gobierno de Holanda inyectó liquidez. Ya saben: nadie da duros a cuatro pesetas (si lo prefieren, euros a noventa céntimos).

Ya me hubiera gustado que con las decenas de miles de millones de euros públicos de ayuda y financiación a la banca, en concreto a las (casi totalmente liquidadas) cajas de ahorros, se hubiera creado una auténtica banca pública y social. En lugar de haber regalado las cajas de ahorros y los bancos de cajas a los grandes banqueros.

Esa hipotética banca pública sería la que haría llegar el crédito a los autónomos, microempresas y pymes. Debería de actuar bajo los principios de banca ética y social. Apoyaría a las personas y familias en dificultades. Ya nos conocemos la consigna de que la banca está para ganar dinero; pero que no lo haga gracias al de los contribuyentes. Los mismos contribuyentes y ciudadanos a los que echan a la calle porque no pueden pagar su hipoteca.

Demasiado bonito para que el poder político y económico lo tolere. Imposible que la gran banca y sus banqueros lo permitan. Lo llaman democracia pero, desgraciadamente, vivimos en una bancocracia. Banca mas que asocial, antisocial; mas que deshonesta, indecente.