Más justicia social y tributaria, menos mercadotecnia de covid-19

Abundan en los ​medios de comunicación​ las noticias relacionadas con gestos, en forma de acciones, donaciones y ayudas, por parte de grandes empresas y corporaciones, motivadas por el coronavirus SARS-CoV-2. Una reacción habitual es la de pensar que "a caballo regalado no le mires el diente".

Cabría hacerse, al respecto y en relación a estas empresas y empresarios, varias preguntas. 

En primer lugar, cómo son sus medios de producción y venta; su impacto en el planeta; las condiciones laborales que los proveedores aplican (o imponen) a su mano de obra. 

En segundo lugar, cómo son las condiciones laborales de sus trabajador​e​s: salario, horario, tiempo de trabajo y descanso, conciliación, igualdad, salud laboral, convenio colectivo (si lo hubiere). 

En tercer lugar, cuál es su nivel de contribución fiscal a la sociedad: ​qué​ impuestos​ presentan​ y cuánto pagan; si aplican o no ingeniería tributaria para la elusión fiscal; si operan, de forma directa o indirecta, a través de paraísos fiscales. 

En cuarto lugar, cómo se comportan con su personal, tanto en el Estado de Alarma por el coronavirus, como antes (y después): han presentado eres o ertes; han despedido; modifican sustancialmente las condiciones de trabajo; respetan o por el contrario presionan para evitar el ejercicio del derecho de huelga; facilitan o entorpecen la libre sindicación y la acción sindical; pagan puntualmente el salario real y legal, y sus cotizaciones; pagan o compensan las horas extraordinarias; cumplen en el trabajo con las condiciones adecuadas y preceptivas de prevención de riesgos laborales. 

No nos olvidemos de las eléctricas y gasísticas. Son muy activas en 'solidaridad', pero, que sepamos, no han bajado el precio desproporcionado que nos facturan a los consumidores. Y la prohibición de cortar los suministros de energía​ a los hogares​, durante el confinamiento, se debe a un decreto gubernamental, no a su iniciativa. 

Antes de aceptar regalos envenenados (y con importantes deducciones fiscales incluidas), exíjase, primero, el pago realmente proporcional de impuestos; un trato justo a los trabajadores y a los recursos naturales del planeta; y respeto por el resto de seres vivos. Después, toda la ayuda y donaciones que quieran. Esto sí sería una buena mercadotecnia; aunque la mejor, por inexistente, es la de quienes donan y ayudan de forma anónima.

También sería un detalle, de los contribuyentes altruistas -incluidos los particulares y personajes más o menos famosos-, que excusaran escenificaciones próximas a la caridad y beneficiencia, evitaran el postureo en redes sociales, y se acercaran más a la dignidad de la persona.

El final de la COVID-19 lo dictará la economía

El final de la versión dura del confinamiento no lo va a marcar la salud de los ciudadanos: lo dictará la economía. Realmente lo viene marcando desde el principio, aunque no forme oficialmente parte del Comité Técnico-Policial-Militar de la COVID-19, que vemos aparecer cada día en las ruedas de prensa.

Una muestra significativa de quién marca el paso es el final del "período de hibernación", después de la Semana Santa. La vuelta al 'tajo' en actividades "no esenciales", según los criterios gubernamentales. 

Falta que a las cifras de contagios, fallecimientos y altas hospitalarias, y las de detenciones y sanciones por 'escapar' del confinamiento/encarcelamiento, se añada el correspondiente decrecimiento diario del PIB.

Ana Botín se lo ha dicho claramente al Gobierno: "Los jóvenes e inmunizados deben volver cuanto antes al trabajo" -amén-. Le ha faltado añadir: los que conserven su puesto de trabajo, o consigan que les contraten. Y, ¿a qué sistema económico y de relaciones laborales se van a reincorporar? Exactamente al mismo que había antes de la pandemia por coronavirus. 

El mismo sistema capitalista neoliberal. Pero con las arcas públicas vacías; la desigualdad socioeconómica y la pobreza multiplicadas al mismo ritmo que la expansión de la infección vírica. Vuelta a las mismas reglas del juego financiero, pero en un país devastado.

Las consecuencias del caos normativo dictado bajo la etiqueta de rescate social, y los instrumentos para "que nadie se quede atrás", poco -o nada- van a aliviar el sufrimiento y las necesidades de las clases desfavorecidas. Sin mencionar la escasa colaboración de los organismos administrativos implicados: Seguridad Social, SEPE, y autoridades laborales autonómicas. En lugar de adaptarse a las necesidades de los afectados, son éstos -y sus asesores legales, quien pueda permitírselo- los que tienen que adaptarse a los requisitos burocráticos; con un continuo cambio de criterios, descoordinación entre áreas y organismos, y problemas telemáticos e informáticos.

Millones de trabajadores están afectados por ertes de fuerza mayor por la covid-19, a pagar con fondos públicos. De la exoneración de la cotización a la Seguridad Social (100% en las empresas de menos de 50 trabajadores) se van a beneficiar las grandes empresas y corporaciones, teniendo que abonar solo un 25% de las cuotas.

No hablemos del "prohibido despedir por el coronavirus", de los mismos autores del prohibido despedir "por estar enfermo". En ambos casos se puede seguir despidiendo, pero pagando una indemnización de 33 días por año -en lugar de 20 días por año-; suponiendo que el trabajador o trabajadora impugne el despido y se sentencie como improcedente.

Con la caja pública en números rojos, y la reducción de ingresos fiscales y de cotizaciones sociales, 'su' economía no va a necesitar un 'rebote', sino más bien un cohete propulsado a la velocidad de la luz.

Y no olvidemos que nos encontramos en Estado de Alarma, por segunda vez en 'democracia' (o "régimen del 78", que diría la furibunda portavoz del PP en el Congreso) -aunque al presidente Sánchez se le olvidó el Estado de Alarma decretado por la huelga de los controladores aéreos, en el año 2010-. Una cuasidictadura constitucional, con plenos poderes del ejecutivo, en la que se ha asumido con total normalidad la pérdida de libertades y la generosa presencia coercitiva, junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las fuerzas armadas en las calles desalojadas. Esta concentración por decreto de poderes institucionales queda a un corto paso de sistemas totalitarios.

Nos consolaremos con la certeza de que las derechas y ultraderechas terminarían de rematar el más mínimo vestigio de lo público. Y, si nos descuidamos, los militares no volverían a los cuarteles.

COVID-19: Los despidos en la pandemia del coronavirus

Tras la expectación creada por el anuncio de​l viernes​, por parte de la ministra de trabajo, de la prohibición de despedir, v​ino​ el texto del BOE, publicado ​al día siguiente​.

Es oportuno comenzar indicando que contiene elementos positivos para los trabajadores. Pero vayamos al asunto de la prohibición de despedir. 

Tal y como se anunció, la interpretación jurídico-laboral lógica es que los despidos "por coronavirus" serían considerados nulos. Es decir, la empresa tendría que readmitir obligatoriamente al trabajador. Y, si no lo hiciera, o readmitiera irregularmente, el asalariado seguiría cobrando su sueldo y cotizando a la Seguridad Social -todo ello tras instar, judicialmente, lo que se denomina 'incidente de no readmisión'-.

Pero los despidos de la pandemia no van a ser nulos. Serán improcedentes, con su correspondiente indemnización. Y ello, contando con que el/la trabajador/a lo impugne ante la jurisdicción social, claro. 

Significa que los patronos no podrán aplicar despidos objetivos, de indemnización sensiblemente más baja. 

Lo anterior nos lleva a recordar que el despido, en España, es libre, indemnizado y barato -con las últimas reformas laborales, mucho más barato-. 

Haciendo un poco de historia, y a propósito de la reciente conmemoración de los cuarenta años de la aprobación del Estatuto de los Trabajadores (1980). El ET instauró la piedra filosofal de la legislación laboral española; claramente flexible y favorable a los empresarios -cuyo anhelo es un despido libre y gratuito-. Desde la aprobación de la norma, y en lo que respecta a los despidos sentenciados como improcedentes, la opción entre la readmisión o la indemnización le corresponde a la empresa, no al trabajador. 

No sabemos si habrá un primero de mayo sin confinamiento. A lo mejor sería una oportunidad para que los trabajadores recobraran la conciencia de clase. Y recapacitaran de a dónde les han conducido los gestores burócratas de los grandes sindicatos. Nunca es tarde si la reacción es buena. 

----

"El Gobierno impedirá el despido justificado por causas relacionadas con el Covid - 19"

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3759

COVID-19: El Estado debe intervenir y ocupar los establecimientos sanitarios privados

​

Vivimos tiempos de desinformación. El COVID-19 ha agravado, en una proporción considerable, el oscurantismo e intoxicación habituales provenientes de los grandes medios de comunicación. Otro peligroso virus, informativo.

Los platós de televisión siguen contando con las mismas caras y voces. Han debido de estudiar un curso acelerado por correspondencia, para reconvertirse en científicos, virólogos, epidemiólogos, neumólogos...

No hemos visto, oído o leído, ninguna información que indique la intervención y ocupación de camas hospitalarias privadas. Tal y como autoriza el artículo 13.b) del decreto (lamentablemente "Real" decreto) 463/2020, por el que se declara el estado de alarma. (*)

Norma que también autoriza la intervención de los establecimientos del sector farmacéutico. Nos gustaría saber la justificación de esta inacción, en las circunstancias de alerta sanitaria actual, y con el déficit de camas y recursos sanitarios públicos -humanos y materiales-.

Al fin y al cabo sería una reversión, temporal, que no haría justicia al saqueo neoliberal ejercido en la sanidad pública en las últimas décadas. Es indignante escuchar a las extremas derechas en sus exigencias de dotar de medios a la misma sanidad que ellos han ninguneado y desmantelado. Tan indignante como sus genuflexiones lacayas ante los corruptos reyes borbones.

En la bonanza económica todas estas legiones de bucaneros capitalistas neoliberales preconizan el libre mercado, la libre empresa, y el enriquecimiento sin fin. La fuerza del capital a costa de la fuerza del trabajo -la espalda de la clase trabajadora- y el sufrimiento de la pobreza. En tiempos de crisis, tocan a la puerta del papá Estado, para que les ayuden; y dejan en la cuneta, como siempre, a las clases populares. ¿Dónde están -recuerden- los 60.000 millones de euros del rescate bancario? ¿Cuántos, de los 200.000 millones de euros de "rescate del coronavirus", van a llegar a la población realmente necesitada?

----
(*) Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(...)
Artículo 13. Medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública.
El Ministro de Sanidad podrá:
(...)
b) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el sector farmacéutico.
(...)

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692

El despido gratis total de la CEOE y el tinglado del poder

Hace poco, en una entrevista televisiva sobre el nuevo repago de las medicinas hospitalarias, una enfermera relataba cuánto le impresionó una paciente que le confesó la base alimentaria en su hogar: caldo de huesos de pollo. A la ministra de Sanidad no le debe de preocupar esto lo más mínimo. Para quien se gasta miles de euros en globos para fiestas de cumpleaños, qué son unos míseros euros de copago en medicinas; "para garantizar la incorporación de fármacos innovadores", como argumenta desde su ministerio. Quien no tiene para comer no puede pagar fármacos, innovadores o no.

Esto pasa en la España del banquero Emilio Botín, "a la que está llegando dinero por todas partes"; en la España del presidente del Gobierno Mariano Rajoy, en la que "hoy se habla de cuán grande será la recuperación".

​A los grandes patronos españoles no les es suficiente con que los desempleados subsistan con caldo de huesos de pollo; ni que los afortunados trabajadores se alimenten con pan y agua. Como Santo Tomás necesitan ver para creer, tienen que tocar las carnes famélicas y palpar el esqueleto, asegurándose que no comemos chocolatinas a escondidas.

La reforma laboral que corredactaron, junto al Partido Popular y su FAES, con alguna ayuda —como la del ilustre exafiliado del partido y actual presidente del Tribunal Constitucional, doctor y catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Francisco Pérez de los Cobos—, les resultaba insuficiente desde el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Necesitaban más armas con las que administrar disciplina y miedo.

La legislación laboral, para las huestes de la CEOE, nunca es lo suficientemente "flexible". ¿Y cuál es para ellos la flexibilidad óptima?: el hacer lo que les dé la real gana; con el contrato de trabajo, con los salarios, con la jornada y el horario, con los trabajadores. Tan solo así los Joan Rosell, Arturo Fernández y compañía (incluido su siniestro directivo José Luis Feito), continuadores de la labor de su encarcelado anterior presidente, Gerardo Díaz Ferrán, saciarían sus deseos por algún tiempo. Ejercen, con precisión subvencionada con dinero público, su papel de satélite del poder económico y financiero. Esa flexibilidad tiene una traducción muy sencilla en las relaciones laborales: más individualización, precarización, miedo e indefensión; menos autonomía colectiva, sindicación y protección.

De esa flexibilidad forma parte, por ejemplo, la eliminación de la ultraactividad (prórroga automática) de los convenios colectivos. Las teorías doctrinales científicas más favorables a los asalariados, apuntan a que el cuerpo normativo del convenio colectivo caducado (en más de un año) forma parte del contrato de trabajo. O que el convenio colectivo mantiene su vigencia hasta la aprobación del siguiente, siempre y cuando así lo hayan pactado ambas partes (patronal y social); tesis recogida en la sentencia de la Audiencia Nacional 128/2013, de 19 de junio, (recurrible en casación), en el conflicto colectivo interpuesto por el sindicato SEPLA contra Air Nostrum. Tendremos que esperar, pacientemente, a que el Tribunal Supremo sentencie. Hasta entonces: cientos de convenios colectivos y cientos de miles de trabajadores afectados, que perderán los beneficios sociolaborales de sus convenios, quedando bajo los mínimos del Estatuto de los Trabajadores (ET) y el Salario Mínimo Interprofesional.

También es muy flexible el contrato de trabajo "indefinido de apoyo a los emprendedores" (para empresas de menos de cincuenta trabajadores). Contrato por el cual pueden darle la patada en el trasero al trabajador (léase despedirlo) durante el primer año de vigencia del contrato, que coincide con el período de prueba. Pero ya sabemos que esto de los autónomos, microempresas y pymes no va con la gran patronal española. Quieren más, siempre más.

Quieren este despido libre y totalmente gratuito durante el primer año para todas las empresas —libre, pero no gratuito, ya lo tenemos desde la entrada en vigor del ET en 1980—. Qué es eso de que las grandes corporaciones y multinacionales, la banca y entidades financieras, las aseguradoras, no puedan patear (más) a gusto y también gratis a su plantilla. Es más práctico tener la ley de su parte que incumplirla, sabiendo que muchos de los trabajadores explotados y engañados no te van a denunciar. Aunque también es mucho más barato y lucrativo (para determinadas pequeñas empresas) conseguir la connivencia de la plantilla —metiendo miedo—, plantear un ERE fraudulento de reducción de jornada (con abono de prestaciones por desempleo parcial), y pagar parte del sueldo en dinero negro. Y con la tranquilidad que da saber que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cada vez tiene menos medios, humanos y técnicos, y más órdenes políticas interesadas.

Es muy ingenuo pensar que estos recortes en derechos jurídico-laborales y jurídico-sindicales no forman parte de una estrategia de poder, de un plan vasto e integral. Se incardinan en el conjunto de recortes, perfectamente diseñados y ejecutados, entre los que se encuentran los sanitarios, farmacéuticos, asistenciales, educativos, culturales, científicos; de dependencia, de desempleo, de pensiones y de Seguridad Social. Nos quieren alienados y devaluados, monetaria, salarial y normativamente. Y lo están consiguiendo, con una precisión casi de cirujano. Un diario balear publicaba hace pocos días: "El miedo a la reforma de la jubilación dispara en Mallorca las ventas de planes de pensión", donde la demanda crece un 15% de media. Estos son los beneficios privados, para la banca y las aseguradoras, de décadas de infundir miedo (interesadamente) con la quiebra del sistema público de pensiones y de la Seguridad Social.

Asistimos a una desnaturalización del contrato de trabajo, y del Derecho del Trabajo español. A un retroceso (prediseñado y premeditado) de derechos conseguidos durante décadas de dura lucha y sacrificios. El juez de lo Social Antonio Seoane lo definió muy concisa, clara y precisamente en una cadena de televisión: "Previamente al Derecho del Trabajo había servidumbre y esclavitud". Nos resignamos a convertirnos en siervos y esclavos.

Rajoy, el falso Berlusconi

Tras la comparecencia ante el Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy Brey, el vacacional uno de agosto, se nos ha vuelto a quedar a los ciudadanos cara de tontos (una vez más; ya casi la llevamos a diario).

Lo más novedoso que el presidente aportó fue el cambio de la calificación personal respecto del imputado Luis Bárcenas: le sustituyó la etiqueta de "presunto inocente" por la de "falso inocente; presunto culpable". Frase quizá efectista en un discurso parlamentario, literalmente leído (fin de la cita), pero pobre para un licenciado en Derecho y, como nos recuerda constantemente, registrador de la propiedad en excedencia potencialmente muy bien remunerado.

Rajoy admite que se equivocó —estilo Juan Carlos I, pero sin escenificar arrepentimiento—, confiando en Bárcenas. Hasta ahí toda su responsabilidad. Según lo previsto: ni perdón, ni dimisión, ni convocatoria de elecciones legislativas. Fiel al modelo ideológico de su partido y de su gobierno, mentira tras mentira, silencio tras silencio; con gran soberbia y escasa vergüenza. Seguimos gobernados por su primer gran engaño y fraude electoral: el programa con el que el Partido Popular concurrió a las pasadas elecciones generales, incumplido sistemáticamente; las que le otorgaron el férreo y mayoritario respaldo al que, por el brote verde turístico estival, por el bien de la nación y de los mercados, no pueden ni deben renunciar.

En el 'collage' ideológico-político al que el gobierno del PP nos tiene sometidos, cabe de todo. Nos imponen un modelo socio-jurídico-laboral anglosajón; con mucha flexibilidad laboral para los patronos, despido fácil y barato, debilitamiento de la negociación y representación colectiva y sindical. Pero, eso sí, salarios asiáticos; aún elevados para el FMI, que "recomienda" reducirlos un 10%. Recortan en cultura, investigación y educación, sanidad y servicios sociales; y regalan la "gestión" de los servicios públicos al lucro privado. En otra de sus grandes mentiras, el rescate bancario —ya saben, aquél que era un gran negocio para la hacienda pública, ayudas que se recuperarían con grandes réditos—, ya da por perdido la mayoría del dinero público inyectado en las cajas nacionalizadas: 36.000 millones de euros de un total de 52.000 millones de euros. Mal que le pese al "bankero" Goirigolzarri, rescate de los grandes bancos ("sistémicos") y sus banqueros.

Pero en este lienzo no cabe el concepto de responsabilidad política. Como bien recordaban algunos de los oradores parlamentarios, en cualquiera de esos "flexibles" países anglosajones en los que un cargo político o público (no digamos un presidente de gobierno) hubiese enviado mensajes de ánimo a un defraudador tributario y delincuente económico, dicho cargo hubiera dimitido al trascender los hechos —hora arriba, hora abajo; día arriba, día abajo—.

Por muy fuertes y altas que sean las ovaciones y largos los aplausos de la hueste "popular" de Rajoy; por mucho que grite el fiel escudero-portavoz Alfonso Alonso; el volumen no consigue acallar las mentiras, silencios y medias verdades. Por mucha euforia gubernamental agostera —con las 'trolley' vacacionales esperando a las puertas del Senado, como premio merecido al trabajo bien hecho—, el perfume y el sudor no consiguen disimular la pestilencia de las cloacas (financieras y políticas) de la calle Génova 13. Tufo que gana intensidad por el fortísimo calor del mes de agosto; combatido por los poderes político, económico y mediático afines con máscaras de oxígeno en forma de inverosímiles justificaciones —elocuente presencia, en la tribuna de invitados, del presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, junto a María Dolores de Cospedal—.

Dejando aparte las fiestas "bunga-bunga" y a "Ruby Rompecorazones", ya se habla de la "berlusconización" de Rajoy —Rubalcaba no ha sido el primero en utilizar el término—. En honor al recto primer ministro español, hay que reconocer que el sello de don Mariano es genuino; impronta que bebe de las clásicas picaresca y desvergüenza hispanas; de los sobre-sueldos (en "a" y en "b"). La mezcla de hedor y calor se tornan insoportables.

Debatir del estado de la nación de los ERE

Probablemente a la gran mayoría de los españoles no les ha importado lo más mínimo, tanto el debate del estado de la nación como los análisis sociopolíticos y periodísticos del mismo. Por el contrario, a los ciudadanos sí que les preocupa el estado real de donde viven y malviven; que no tiene nada que ver con el Rajoy en el País de las Maravillas dibujado por el presidente del Gobierno en sus altaneras intervenciones parlamentarias. La encuesta posterior del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) corrobora esa indiferencia. El 72% no cree que se trataran los problemas verdaderamente importantes.

La aparente sorpresa de la intervención "seria, segura y estructurada" de Rajoy —según los analistas fans— tiene su lógica. Con el principal partido de la oposición sin un rumbo y liderazgo claros; descompuesto por luchas internas; y sin poder levantar excesivamente la voz sobre la corrupción política —el que esté libre de pecado que tire la primera piedra—. Y con la consigna lanzada por Rajoy a los suyos: no os empantanéis con el asunto de los sobres de Bárcenas —que autoincrementa su fortuna en Suiza, mofándose del PP, de la justicia, y de todos nosotros—, que se va a quedar en nada judicialmente y, con el tiempo, se olvidará y ni se hablará de ello. Con un poco de suerte, pasarán por la puerta antes los brotes verdes que ninguna sentencia condenatoria.

El colmo del cinismo es enorgullecerse de los propios incumplimientos. "No cumplo el programa electoral; pero sí mi deber", dijo Rajoy. Vender como éxito unos indicadores económicos peores que los que prometieron anteayer. Y el ridículo de que el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios Olli Rehn, uno de los torturadores de la Europa de segunda división ("del Sur"), tire por tierra su infundado optimismo.

La España real es la del concurso de acreedores de la inmobiliaria Reyal Urbis (el segundo mayor de la historia, después de Martinsa-Fadesa), con una deuda de 4.400 millones de euros. Nos siguen cayendo encima a los españoles los escombros de la burbuja inmobiliaria y financiera. En este caso el descalabro a golpe de ladrillo nos cuesta a los ciudadanos 1.300 millones de euros.

La España real es la de los cientos de miles de afectados por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), de la reforma laboral de la devota y sonriente ministra de "Empleo" Fátima Báñez. Sus plegarias a la Vírgen del Rocío no han conseguido obrar el milagro de convertir la reforma de los despidos fáciles, rápidos y muy baratos, en la reforma de la creación de empleo. Todo lo contrario, los ERE se multiplican, con despidos en múltiplos de mil. En 2012: 33.075 ERE (56,3% más que el año anterior), afectando a 451.893 asalariados (31,5% más); de los cuales 75.644 trabajadores fueron despedidos en expedientes de extinción (11,3% más que en 2011). Resaltar que los expedientes para "prevenir posibles pérdidas" económicas alcanzaron la cifra de 15.807 (163% más que en 2011), lo que supuso que 42.109 trabajadores se quedaran en la calle. Y que se extinguieron 16.561 contratos de trabajo por expedientes no pactados (un 116% más que el año anterior).

La España real es la de los recortes sociales y económicos; la de la asfixia y sufrimiento del pueblo estafado y arruinado por el poder financiero y mercantil. La del rescate a la banca y el puntapié al desahuciado. La del negocio privado de la educación y la sanidad, el aumento de tasas y matrículas; y la rebaja pública en becas, en investigación, en enseñantes y sanitarios, en asistencia sanitaria y farmacéutica. La de la amnistía fiscal a los defraudadores y delincuentes económicos.

Es obvio que nuestros gobernantes no viven en esa España real. Que inoculan sufrimiento a los ciudadanos desde sus cómodas poltronas. Desde sus vidas cómodas, que les permiten pagar por todo aquello que niegan al pueblo a través de los servicios públicos y la asistencia social.

El Gobierno y el Partido Popular que lo sustenta no se dejará intimidar por aquellos que pretenden dar "un golpe de estado". Así lo ve el eterno candidato a presidente de Andalucía, Javier Arenas. Y el "moderado" González Pons; con su teoría cinematográfica de "La noche más oscura": sospecha de la autoría de Al Qaeda en los atentados del 11-M en Madrid, porque "no salen" en la película de Hollywood —no debió enterarse mucho de la película, ya que sí son mencionados, aunque no recreados—.

Es patético observar y escuchar a los líderes del PP dando pseudoexplicaciones sobre el caso Bárcenas. Ejemplos como el doctor en Derecho Floriano, o la abogada del Estado De Cospedal; balbuceando trabalenguas. Estos doctos y eminentes miembros de la abogacía del Estado —tan del agrado del "razonable" Marhuenda— se debieron saltar las clases de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Volviendo al principio. La aparente seguridad de Rajoy no debe ser tanta. Qué mal tienen que estar para ver y contarnos películas sobre el incruento golpe de Estado del 23-F, y los sangrientos atentados del 11-M. Y qué falta de respeto a las víctimas y familiares, y a su memoria.

Petrificar la Constitución Española

El día 6 de diciembre se conmemoró el trigésimo cuarto aniversario de la Constitución Española (CE, 1978). Carta Magna por cuyo regalo debemos estar eternamente agradecidos a sus padres político-jurídicos. Próceres coetáneos responsables de la Sacrosanta Transición española.

Vimos, como cada año, a los grandes estadistas que nos gobiernan; orgullosos de la (casi) intocable Ley de leyes. Encantados y seguros de tratarse de la herramienta justa, necesaria e inmutable para marcar la convivencia pública y jurídico-administrativa presente y futura. En sus corrillos con los periodistas. Con sus discursos, de pobre oratoria; barrocos y huecos, cada vez más alejados de la realidad y las necesidades y deseos del pueblo.

Como no había otra posibilidad, debemos de besarles los pies por decidir en nuestro nombre y habernos colado una monarquía (parlamentaria y democrática); con un campechano Rey cazador, y una amplia Familia Real. Aunque se trate de un régimen de jefatura del Estado sanguínea y decimonónica no tenemos derecho a quejarnos, pues hay otras monarquías en otros países de nuestro entorno. El hecho de que no se deshiciera el nudo que el sanguinario dictador Franco dejó tan bien atado es una cuestión nimia, son daños colaterales de una "paz duradera".

Pero la inmutabilidad de la Constitución es relativa. En diez minutos del año 2011 el PSOE y el PP acuerdan una reforma "exprés" para introducir (en el título VII, Economía y Hacienda, artículo 135) un límite de déficit público. La primera reforma en treinta años; por vía de urgencia y sin referéndum –ya saben, no somos lo suficientemente maduros como para decidir democráticamente este tipo de cuestiones–, que esto de consultar al pueblo es un lío inútil.

Como no tienen arrestos para consultar a la ciudadanía sobre la instauración (más bien restauración) de una República –por el miedo al sí–, ni siquiera tienen la decencia de reformar el artículo 57, que otorga preferencia (en el mismo grado) al varón sobre la mujer. Herencia de la Ley Sálica (Lex Salica), "Ley de Sucesión Fundamental" de Felipe V (1713). Norma por la cual las mujeres pueden heredar el trono caso de no existir herederos varones. Gran modernidad, del siglo XVIII. De la "Una, Grande, Libre", a un actualizado "Dios, Patria, Rey".

Tampoco nos debe extrañar mucho, dada la facilidad que nos caracteriza para petrificar leyes; especialmente las que protegen a los poderosos. Así, tenemos una legislación hipotecaria (del año 1909) que desampara al deudor desahuciado y privilegia al banco de la hipoteca. No es que lo diga yo; lo dice la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Recientemente el Gobierno, según él "sensibilizado" por el drama de las familias echadas a la calle y las desgracias de los suicidios que "alarman" a la opinión pública, ha parcheado la aberrante normativa con una muy limitada e insuficiente moratoria de dos años, que no soluciona el problema –lo aplaza y agrava– y que, por supuesto, no se atreve con la gran banca: sigue sin instaurar la dación en pago obligatoria en la ley hipotecaria. Es por nuestro bien, por el sagrado principio (de mercado) de "seguridad jurídica" (de los bancos rescatados y/o financiados con dinero público).

También tenemos una legislación de indultos que data de la segunda mitad del siglo XIX: la vigente Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto. Una ley por la que se indultan a delincuentes de "guante blanco": banqueros, ejecutivos, políticos; a policías torturadores. Y se ingresa en prisión, por ejemplo, a extoxicómanos rehabilitados y reinsertados hace años.

Desde el año 2000, ejerciendo esta potestad discrecional, han sido indultados (total o parcialmente) 226 reos por delitos contra la Administración Pública: prevaricadores; malversadores; cohechadores. El 55% de las penas de inhabilitación para empleo o cargo público son indultadas (total o parcialmente).

Pero volvamos a la Constitución. En estos tiempos de recortes (ideológicos) despiadados, económicos y sociales, qué nos pueden decir nuestros gobernantes sobre algunos de los derechos que, sobre el papel, contiene.

Derecho a la educación (artículo 27). Recortes al sistema educativo. Menos docentes; menos medios; menos aulas; muchos más alumnos por aula; menos apoyo a los alumnos con necesidades de refuerzo. Subida espectacular de tasas; disminución de becas. Enseñanza para las élites; más sesgada; más católica; menos plurilingüe.

Derecho al trabajo (artículo 35). 900.000 parados más en el último año. Reforma laboral que facilita y abarata el despido; otorgando al patrono un poder casi absoluto y una flexibilidad amplísima.

Derecho a la protección de la salud (artículo 43). Menos hospitales y centros de salud; menos camas hospitalarias; menos facultativos; privatización de los centros y mercantilización de la salud.

Acceso a la cultura (artículo 44). Cultura más cara: cine, música, teatro, literatura, ...; al tiempo que se mantienen los privilegios de determinados espectáculos deportivos, como el fútbol; o de tortura animal, como las corridas de toros.

Derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (artículo 47). Miles de familias desahuciadas, echadas a la calle. Por los mismos bancos que reciben y/o se financian con decenas de miles de millones de euros públicos. La banca sí que es ayudada y/o rescatada; los ciudadanos todo lo contrario, son continuamente pateados.

Atención a los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales (artículo 49). Disminución importante de las ayudas a los dependientes y de sus cuidadores (muchos de los cuales dejaron sus puestos de trabajo para atender a familiares). Asfixia por el retraso en el abono de las ayudas y de los fondos a los centros, muchos de los cuales se ven abocados a cerrar y/o dejar de prestar sus servicios.

Leyendo estos artículos del Título I de la CE, "De los derechos y deberes fundamentales", de esta Constitución Española (casi) inmutable, los ciudadanos podemos concluir que los políticos y gobernantes nos toman el pelo. Con más valentía que ellos y sin poderosos que proteger, decimos que primero se debe cumplir y hacer cumplir y, después, reformarla (que falta hace).

España lleva dos años intervenida

No paran de acribillarnos cada día con la artillería del miedo. Desayunamos, comemos, cenamos, nos acostamos con miedo.

El ministro De Guindos y sus colegas de gabinete se emplean a fondo para paralizar a la ciudadanía ante sus medidas antisociales y reformas ultraliberales.

El titular de la cartera de Economía nos amenaza con que el recorte de 27.300 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), más los 10.000 millones de euros de penitencia "extra" en educación y sanidad, no es nada en comparación a si nos vienen "otros" a hacerlos (los presupuestos y los recortes: "Como vengan otros a hacer los presupuestos va a ver usted lo que es un ajuste de cuentas").

Nos amenazan con una intervención y un rescate. Como si no estuviéramos intervenidos, de hecho, desde mayo de 2010. Desde los recortes de 15.000 millones de euros, ejecutados por Zapatero, "ordenados" por el Banco Central Europeo –recuérdese la famosa carta "secreta" que el presidente de dicho banco remitió a su homólogo del gobierno español–, y que nos "salvó" del terrible rescate.

Nos amenazan con una intervención y un rescate. Como si la gran banca privada no hubiera sido rescatada en varias ocasiones, con miles de millones de euros de dinero público, con la excusa de recuperar el crédito para las pymes, autónomos y familias. Como si la gran banca no estuviera especulando con esas cantidades ingentes de dinero, "prestadas" al 1%, comprando deuda pública del Estado –cosa que debiera hacer su prestamista, el BCE– a un 4 ó 5% de interés.

La reforma laboral de acompañamiento a esos recortes del gobierno de Zapatero parece un juego de niños, comparada con la perpetrada por el gabinete de Rajoy en su infernal primer trimestre de gobierno.

Nos cuentan que no hay vida sin el euro y fuera de la Unión (económica) Europea. Y como el banco de bancos europeo, el BCE, no cumple con el papel de un banco central prestamista de último recurso; como el euro no puede devaluarse; devalúan los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores y, por ende, hunden cada vez más el consumo y la reactivación económica, precipitándonos a la Gran Depresión.

Si el pueblo griego hubiera podido decidir –lo intentó Papandreu– entre las condiciones de los rescates y salirse del euro y de la UE, no es nada seguro que hubiera triunfado la primera opción. Pero ya sabemos que la "democrática" Unión Europea no es muy partidaria de las consultas populares; y menos aún de cumplir los resultados cuando no son los deseados por el "establishment".

Permanecemos a la espera de nuestra dosis de miedo de mañana.

El Govern Balear del PP renuncia a recaudar 23 millones de euros del Impuesto sobre el Patrimonio

María Dolores de Cospedal, dirigiéndose a los castellano-manchegos (pero con el altavoz puesto a todo el Estado español), pronuncia solemne y poéticamente la siguiente frase: «El sudor de hoy aleja las lágrimas del mañana». Dan ganas de llorar, pero con lágrimas de rabia e impotencia.

Recortes a la función pública, a la educación (salvo la concertada, claro está), a la universidad, a la sanidad, a los servicios sociales. A los servicios públicos, en fin.

Su colega presidente del Govern Balear, José Ramón Bauzá, después de ocultar los presupuestos de 2012 hasta después de las Elecciones legislativas del pasado 20 de noviembre (para no restar votos, como dijeron públicamente), tiene sus tijeras muy bien afiladas, listas para meter los oportunos tajos.

Ya tuvimos el aperitivo de recortes en servicios sociales, incluyendo la subvención de los pañales de los discapacitados. O los 10 euros de tasa por tarjeta sanitaria. Ahora ya hay denuncias de cierre de camas hospitalarias.

Las recetas baleares no van a diferir mucho de las que aplican las otras comunidades gobernadas por el PP, ni de las que está horneando su jefe Mariano Rajoy en su retiro de la calle Génova. Ahora recrudecidas con la victoria electoral del 20-N —recordemos, con un 30,27% de votos sobre censo electoral—. Ni muy diferentes de las que aplican sus amigos de la derecha nacionalista catalana (CIU) de Artur Mas.

Y con este panorama el Govern Balear renuncia a recaudar (en 2012) nada menos que 23 millones de euros de Impuesto sobre el Patrimonio, a las humildes rentas superiores a los 700.000 euros. La vía utilizada es un Decreto-ley de medidas tributarias urgentes para incentivar la economía (¿incentivar?), mediante la bonificación del 100% de la cuota del impuesto. Medidas que no han sido debatidas ni aprobadas en el Parlamento balear.

Los argumentos principales esgrimidos son dos:

• Se produciría una "fuga" de capitales a otras comunidades que no van a recaudar el impuesto, como el cercano País Valencià (gobernado, por cierto, también por el PP). Clásico y manido argumento neoliberal, no sólo adoptado por la derecha del PP, sino defendido en su día por el gobierno del PSOE.
• No se contemplaba esta partida de ingresos en los presupuestos de 2012, por lo tanto no tiene impacto real. Gran razonamiento; es como si le decimos al hambriento que no le vamos a dar de comer, ya que de todas formas tenía previsto morirse de hambre.

Y después de esto, tendrán la caradura de continuar y aumentar los recortes económicos, laborales y sociales.

Ya llevamos mucho tiempo sudando, y a este paso, pese al frío invierno que ha llegado, terminaremos por sudar sangre.