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viernes, 1 de mayo de 2020

El teletrabajo como instrumento de explotación laboral


De un día para otro, y a causa del coronavirus, descubrimos el teletrabajo ("trabajo a distancia", como recoge el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores). El trabajo a distancia no solo es el efectuado en el domicilio, aunque, debido al confinamiento decretado, es el lugar preponderante donde se realiza la prestación laboral. Se calcula que solo un 7,9% de las personas ocupadas trabajó en 'remoto' (aunque fuera ocasionalmente) en el cuarto trimestre de 2019.

Los medios de comunicación, además de enunciar las innumerables ventajas de trabajar desde casa -entre las que incluyen el poder trabajar en pijama-, nos recordaron la 'brecha' en teletrabajo que nos separa de otros países de Europa. Como es habitual, se olvidaron de informar sobre las diferencias que nos alejan en otros parámetros sociolaborales, como: contratos desechables; salarios paupérrimos; jornadas y horarios desbocados; libertad sindical vigilada.

El foco, como siempre, se dirige a reducir la distancia en un punto concreto; obviando el resto de elementos laborales y del contrato de trabajo, que puedan redundar en una mejora significativa de los derechos y condiciones de trabajo de los asalariados.

Es obvio que ante la disyuntiva entre perder ingresos o el puesto de trabajo y teletrabajar, ésta última será la opción mayoritaria. En el caso del coronavirus covid-19 -y bajo motivos de salud pública-, hay interpretaciones jurídicas que apuntan a que el teletrabajo, cuando sea posible, no es una opción sino una obligación.

Y nos encontramos a los (tele)trabajadores y (tele)trabajadoras montando la oficina en casa. En el salón, en la cocina, en la habitación -los metros cuadrados de una vivienda modesta no dan para más-. En el mejor de los casos, se produce un traslado de los costes de producción empresariales al propio asalariado: ocupación de espacio físico doméstico; consumo de electricidad, iluminación, conexión a internet (fagocitada de la contratada para el hogar). En no pocas ocasiones será el empleado el que aporte sus propios recursos: su ordenador, su teléfono móvil.

Cuando terminen las semanas o meses de teletrabajo por coronavirus, sería interesante conocer la opinión de los fervientes admiradores y admiradoras del trabajo a distancia. Si continúan con el mismo punto de vista inicial, o han visto modificada su postura. Y en esta hipotética encuesta, no estaría de más preguntar también por su espalda, cervicales, lumbares, ojos, muñecas; su estado psicofísico -a la dureza del confinamiento hay que sumar el confinamiento laboral-.

La norma (ET) dispone que "los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud". Las condiciones ambientales domiciliarias, difícilmente van a reunir los requisitos ergonómicos mínimos; lumínicos, posturales y físicos, para la prestación laboral en la jornada de trabajo. El puesto de trabajo, en la silla y la mesa del salón, no va a ser evaluado por el servicio de prevención. Con lo que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de aplicación también en el trabajo a distancia, será un papel mojado más.

"Los trabajadores a distancia podrán ejercer los derechos de representación colectiva conforme a lo previsto en esta ley [ET]". Otra bonita declaración de intenciones. Si a la pérdida de la conciencia de clase trabajadora sumamos la acción de los sindicatos burócratas, pactistas y posibilistas: ¿qué derechos se van a ejercer desde casa, cuando ni siquiera se ejercen en el centro de trabajo?; ¿qué actuaciones va a acometer al respecto la Inspección de Trabajo y Seguridad Social?, ¿cómo va a controlar el fraude de los teletrabajadores incluidos en ertes o eres?

Las herramientas de trabajo estarán cerca y disponibles las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. Un maquinismo tecnológico que facilitará la prolongación de la jornada de trabajo -frecuentemente sin retribuir ni compensar-. Se incumplirán los horarios y los descansos (diarios y semanales). Ante estas situaciones, el sistema de fichaje y control de presencia tendrá poco efecto paliativo: sabemos que es alterable y manipulable.

El teletrabajo desplaza al trabajador o trabajadora de la interrelación en el centro de trabajo al aislamiento teleasistido. Acentúa la individualización de la fuerza de trabajo, en detrimento de la fuerza colectiva de los trabajadores. La falta de modulación, control y limitación del trabajo a distancia, aliena y puede derivar en explotación laboral. Y en la continuación de la (constante) pérdida de derechos laborales, acentuada por el impacto de la pandemia. Formará parte de esa inquietante "nueva normalidad" que el sistema quiere imponernos.

lunes, 20 de abril de 2020

Más justicia social y tributaria, menos mercadotecnia de covid-19


Abundan en los ​medios de comunicación​ las noticias relacionadas con gestos, en forma de acciones, donaciones y ayudas, por parte de grandes empresas y corporaciones, motivadas por el coronavirus SARS-CoV-2. Una reacción habitual es la de pensar que "a caballo regalado no le mires el diente".

Cabría hacerse, al respecto y en relación a estas empresas y empresarios, varias preguntas. 

En primer lugar, cómo son sus medios de producción y venta; su impacto en el planeta; las condiciones laborales que los proveedores aplican (o imponen) a su mano de obra. 

En segundo lugar, cómo son las condiciones laborales de sus trabajador​e​s: salario, horario, tiempo de trabajo y descanso, conciliación, igualdad, salud laboral, convenio colectivo (si lo hubiere). 

En tercer lugar, cuál es su nivel de contribución fiscal a la sociedad: ​qué​ impuestos​ presentan​ y cuánto pagan; si aplican o no ingeniería tributaria para la elusión fiscal; si operan, de forma directa o indirecta, a través de paraísos fiscales. 

En cuarto lugar, cómo se comportan con su personal, tanto en el Estado de Alarma por el coronavirus, como antes (y después): han presentado eres o ertes; han despedido; modifican sustancialmente las condiciones de trabajo; respetan o por el contrario presionan para evitar el ejercicio del derecho de huelga; facilitan o entorpecen la libre sindicación y la acción sindical; pagan puntualmente el salario real y legal, y sus cotizaciones; pagan o compensan las horas extraordinarias; cumplen en el trabajo con las condiciones adecuadas y preceptivas de prevención de riesgos laborales. 

No nos olvidemos de las eléctricas y gasísticas. Son muy activas en 'solidaridad', pero, que sepamos, no han bajado el precio desproporcionado que nos facturan a los consumidores. Y la prohibición de cortar los suministros de energía​ a los hogares​, durante el confinamiento, se debe a un decreto gubernamental, no a su iniciativa. 

Antes de aceptar regalos envenenados (y con importantes deducciones fiscales incluidas), exíjase, primero, el pago realmente proporcional de impuestos; un trato justo a los trabajadores y a los recursos naturales del planeta; y respeto por el resto de seres vivos. Después, toda la ayuda y donaciones que quieran. Esto sí sería una buena mercadotecnia; aunque la mejor, por inexistente, es la de quienes donan y ayudan de forma anónima.

También sería un detalle, de los contribuyentes altruistas -incluidos los particulares y personajes más o menos famosos-, que excusaran escenificaciones próximas a la caridad y beneficiencia, evitaran el postureo en redes sociales, y se acercaran más a la dignidad de la persona.

sábado, 11 de abril de 2020

El final de la COVID-19 lo dictará la economía


El final de la versión dura del confinamiento no lo va a marcar la salud de los ciudadanos: lo dictará la economía. Realmente lo viene marcando desde el principio, aunque no forme oficialmente parte del Comité Técnico-Policial-Militar de la COVID-19, que vemos aparecer cada día en las ruedas de prensa.

Una muestra significativa de quién marca el paso es el final del "período de hibernación", después de la Semana Santa. La vuelta al 'tajo' en actividades "no esenciales", según los criterios gubernamentales. 

Falta que a las cifras de contagios, fallecimientos y altas hospitalarias, y las de detenciones y sanciones por 'escapar' del confinamiento/encarcelamiento, se añada el correspondiente decrecimiento diario del PIB.

Ana Botín se lo ha dicho claramente al Gobierno: "Los jóvenes e inmunizados deben volver cuanto antes al trabajo" -amén-. Le ha faltado añadir: los que conserven su puesto de trabajo, o consigan que les contraten. Y, ¿a qué sistema económico y de relaciones laborales se van a reincorporar? Exactamente al mismo que había antes de la pandemia por coronavirus. 

El mismo sistema capitalista neoliberal. Pero con las arcas públicas vacías; la desigualdad socioeconómica y la pobreza multiplicadas al mismo ritmo que la expansión de la infección vírica. Vuelta a las mismas reglas del juego financiero, pero en un país devastado.

Las consecuencias del caos normativo dictado bajo la etiqueta de rescate social, y los instrumentos para "que nadie se quede atrás", poco -o nada- van a aliviar el sufrimiento y las necesidades de las clases desfavorecidas. Sin mencionar la escasa colaboración de los organismos administrativos implicados: Seguridad Social, SEPE, y autoridades laborales autonómicas. En lugar de adaptarse a las necesidades de los afectados, son éstos -y sus asesores legales, quien pueda permitírselo- los que tienen que adaptarse a los requisitos burocráticos; con un continuo cambio de criterios, descoordinación entre áreas y organismos, y problemas telemáticos e informáticos.

Millones de trabajadores están afectados por ertes de fuerza mayor por la covid-19, a pagar con fondos públicos. De la exoneración de la cotización a la Seguridad Social (100% en las empresas de menos de 50 trabajadores) se van a beneficiar las grandes empresas y corporaciones, teniendo que abonar solo un 25% de las cuotas.

No hablemos del "prohibido despedir por el coronavirus", de los mismos autores del prohibido despedir "por estar enfermo". En ambos casos se puede seguir despidiendo, pero pagando una indemnización de 33 días por año -en lugar de 20 días por año-; suponiendo que el trabajador o trabajadora impugne el despido y se sentencie como improcedente.

Con la caja pública en números rojos, y la reducción de ingresos fiscales y de cotizaciones sociales, 'su' economía no va a necesitar un 'rebote', sino más bien un cohete propulsado a la velocidad de la luz.

Y no olvidemos que nos encontramos en Estado de Alarma, por segunda vez en 'democracia' (o "régimen del 78", que diría la furibunda portavoz del PP en el Congreso) -aunque al presidente Sánchez se le olvidó el Estado de Alarma decretado por la huelga de los controladores aéreos, en el año 2010-. Una cuasidictadura constitucional, con plenos poderes del ejecutivo, en la que se ha asumido con total normalidad la pérdida de libertades y la generosa presencia coercitiva, junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las fuerzas armadas en las calles desalojadas. Esta concentración por decreto de poderes institucionales queda a un corto paso de sistemas totalitarios.

Nos consolaremos con la certeza de que las derechas y ultraderechas terminarían de rematar el más mínimo vestigio de lo público. Y, si nos descuidamos, los militares no volverían a los cuarteles.

viernes, 17 de febrero de 2017

Ahora van a por los estibadores portuarios


Parece ser que, en España, todavía quedan trabajadores privilegiados. Esta especie en extinción se distingue por unas determinadas características, a cual más escandalosa e intolerable.

Su contrato es indefinido ("fijo"), y a jornada completa. Tienen por costumbre recibir el abono de sus nóminas, íntegro, una vez al mes. Su salario, sin llegar a alcanzar para muchos dispendios, puede calificarse como digno.

No realizan horas extraordinarias ilegales. Se respeta su horario, descanso entre jornadas y descanso semanal. Disfrutan íntegramente de sus vacaciones y permisos reglamentarios.

Estos trabajadores insolidarios alimentan uno de los cánceres del mercado de trabajo: la dualidad laboral. Gozan de ventajas de las que están excluidos el resto de trabajadores; convertidos, por imperativo legal, en parias.

Con el actual marco jurídico de relaciones laborales, adecuado convenientemente para fulminar derechos, solo queda identificar, estigmatizar y neutralizar a los colectivos privilegiados.

Y, en esta lucha sin cuartel, las fuerzas dominantes han encontrado un nuevo objetivo: los estibadores portuarios. "Los estibadores no pueden tener estos privilegios en el siglo XXI", dice la patronal. Se atreven a defender sus derechos, trabajados y sudados durante muchos años. Osan movilizarse, protestar, convocar una huelga y, además, provocando incomodidades y problemas de abastecimiento de mercancías. ¡Habrase visto!

La Unión Europea ordena liberalizar el sector de la estiba y desestiba de buques. Tenemos experiencia de lo bien que nos va con otros sectores estratégicos liberalizados: energía (electricidad y gas), comunicaciones, transporte. Teórica competencia, oligopolios de facto; con los que unos pocos privilegiados se hacen millonarios, en detrimento de los servicios públicos.

Los representantes de los trabajadores de la estiba denuncian que el decreto del Gobierno de Madrid va más allá del mandato de Bruselas. El colectivo de insolentes proletarios estibadores, con su afiliación sindical voluntaria, no tiene tanto poder como otros colectivos corporativistas, de colegiación obligatoria. Para estos colegiados la liberalización no ha ido tan lejos; pese a afectar, igualmente, a la libre competencia y a los consumidores y usuarios.

Toca, pues, la estiba. Un trabajo duro, penoso y peligroso. Un colectivo de trabajadores con conciencia de clase obrera y, para más inri, con un sindicato dispuesto a defender sus derechos.

Uno de los problemas es la dualidad laboral. La solución que nos dan es eliminarla. ¿Cómo?: pasando todos al colectivo mayoritario de parias laborales. Y manteniendo la dualidad social: una élite privilegiada, cada vez más rica; frente a una inmensa mayoría de pobres, con trabajo o sin él.

Vamos. Llegó la hora de los estibadores.

jueves, 20 de noviembre de 2014

Caja Madrid / Bankia: negros estómagos agradecidos a Blesa y Rato

Miguel Blesa y Rodrigo Rato
Miguel Blesa y Rodrigo Rato.
​Frecuentemente se utiliza la expresión "meter la mano en la caja", para referirse a quien se ha apropiado del dinero ajeno. En la empresa privada es un claro, comprensible y legalmente procedente motivo de despido (disciplinario). La jurisdicción social dictaminará si la causa defendida y pruebas aportadas por la parte patronal son merecedoras del máximo castigo; o bien sentenciará la improcedencia del despido y la consiguiente indemnización del trabajador. En cualquier caso, salvo retorno al puesto de trabajo por causas de nulidad u opción de readmisión, el trabajador o trabajadora ya llevarán tiempo en la calle.

En la banca dicha máxima adquiere dimensión de mandamiento. Se supone que quienes se dedican a comprar y vender dinero (y especular con él) deben de cuidar al máximo el dinero físico y virtual de sus cajas fuertes. En las extintas cajas de ahorro (actuales bancos "nacionalizados"), podríamos decir que existía (o debería haber existido) un peldaño más de exigencia y ética; al tratarse de entidades dotadas de obra social y un estatus especial carente de acciones bursátiles.

Recuerdo los discursos de la dirección de relaciones laborales de Caja Madrid/Bankia, cuando trabajaba en la Caja (lo hice durante casi treinta años), y actuaba en calidad de representante unitario de los trabajadores y representante sindical​.​ ​E​xpresa​ba​ su pesar, ​cuando tenía que sancionar y despedir a padres de familia. Ya saben, "por meter la mano en la caja". Lástima que no pudieran experimentar tales sensaciones con los ladrones y saqueadores que gobernaban la centenaria institución.

Mucho se ha hablado del asunto de las tarjetas negras/'blacks'/opacas. Como ya se ha dicho, su existencia en sí misma y su opacidad fiscal son reprobables y repugnantes "per se". Pero el origen no resta importancia a la aplicación y uso.

Mientras a los trabajadores de Caja Madrid, en sus desplazamientos profesionales y de formación, se les daba el clásico 'ticket restaurant' para comer un menú, y tenían que liquidar y documentar (como debe ser) cualquier kilómetro gastado en gasolina, metro, autobús, o taxi; sus directivos, ejecutivos y consejeros, se pegaban la vida padre. Ya conocen los millones de euros públicos empleados en comilonas y viajes de placer con la familia (o sin ella), clubs de alterne, discotecas, safaris, joyas, arte sacro, etc., etc.

Al tiempo que en las mesas de negociación se regateaba (y negaba) cada euro de mejora retributiva y social de los empleados, tanto en la Entidad como en el sector de Ahorro; sus mandamases se fijaban retribuciones millonarias. Emolumentos que debían parecerles escasos, al "complementarse" con tarjetas de empresa. Ni Miguel Blesa ni Rodrigo Rato se enteraban de lo que llevaban en la cartera. Ildefonso Sánchez Barcoj (otro de los grandes agraciados de las tarjetas)​ –que sólo era el director financiero–​, ha dicho que las tarjetas de empresa dependían de la secretaría de Presidencia.

Y qué decir de Auditoría (la interna de Caja Madrid, sin olvidamos de la ausente del Banco de España). La misma auditoría que escrutaba informáticamente hasta el último euro de movimiento en las tarjetas y cuentas de los empleados​ –y, si presumía cualquier movimiento "anómalo", daba parte a Relaciones Laborales, que podía incoar expediente disciplinario–​, resulta que no se enteró de los millones anotados en cuentas contables de fraudes de tarjetas y gastos de representación.

Tampoco pasan desapercibidos los regalos por la asistencia a las asambleas generales (habitualmente se celebraban varias al año). De estos "presentes" no se libra nadie: políticos, empresarios, sindicalistas, prohombres... Teléfonos móviles, agendas electrónicas, ultraportátiles ('netbooks'), etc. Muchas decenas de miles de euros por cumplir con la obligación de asistir a las asambleas​. Así se contentaba, como a los niños, a los consejeros que no estaban dentro del círculo 'vip' de las 'black'.​

El sindicato al que pertenecía (federado a la anarcosindicalista CGT) consiguió un representante en la Asamblea General​.​ ​E​l cual aceptaba también (generalmente en silencio) los obsequios de asistencia. Este mismo representante (sin tarjeta de empresa​; no pertenecíamos al grupo de sindicatos "oficiales" e "institucionales"​) ingresaba a la sección sindical los emolumentos por la asistencia a las asambleas​.​ ​E​so sí, a su manera: restaba a la cantidad percibida el tipo máximo de retención del IRPF. No hubo forma de hacerle entrar en la cabeza que, anualmente y coincidiendo con la declaración de la renta, tenía que ajustar cuentas y ver el impacto real en su declaración (bien a favor, bien en contra).

La alegría, por el hito de que un sindicato alternativo ("minoritario", utilizando la terminología oficial) consiguiera un representante en la Asamblea, pronto se olvidó. Es cierto que éramos la única organización sindical que hacía un discurso crítico y de denuncia; que votaba en contra (o se abstenía) ante el obscurantismo en la gestión (incluidas las cuentas anuales). Pero no es menos cierto que sudaba tinta cada vez que había que consensuar, en el secretariado permanente y la sección sindical, y con "nuestro" consejero general, las intervenciones y el sentido del voto. Hay que recordar que estos puestos de representación (en este caso por la parte social) son personales e intransferibles; y que no puede evitarse que los consejeros hagan lo que ​les plazca.

No hablamos del clásico Lazarillo de Tormes, que distrae alimentos a su amo ciego, para no morir de hambre. Se trata de ​"​si al de al lado se lo dan, yo no voy a ser menos​"​. El puesto está a mi servicio, yo no estoy al servicio del puesto. La poltrona es mía y, si nadie me lo impide, por el mayor número posible de años; y, si el tiempo apremia, a aprovechar intensamente mientras dure. La avaricia y falta de escrúpulos explican el viaje desde el menudeo de los trajes regalados, ​de las comidas y bebidas espirituosas, ​hasta el dinero público dilapidado en faraónicas e inútiles obras. De la financiación ilegal de partidos, obras de reforma en ​sus ​sedes y campañas electorales (PP), a las cuentas multimillonarias en Suiza​;​ con dinero negro a raudales. La corrupción existe porque hay corruptores y corruptos dispuestos a corromperse.

Estaría bien que los que defienden la extinción de las cajas de ahorro, entidades politizadas donde las haya, y también, alaban el sistema bancario español y europeo, nos explicaran varias cosas. Por qué nos gastamos decenas de millones de euros públicos en nacionalizar entidades para privatizarlas después, sin recuperar los millones utilizados en el rescate –una mentira más del Gobierno–. Por qué no consideran rescate a la banca "sociedad anónima", los millones que recibieron del BCE, con los cuales especulaban impúdica e impunemente. Si las cajas de ahorro (y sus obras sociales) eran tan ineficientes y despilfarradoras, cómo es posible que Kutxabank (fusión "fría" de las tres cajas vascas: BBK, Kutxa y Caja Vital, y la andaluza CajaSur), según las pruebas de "estrés" del Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea, es el más solvente del sistema financiero español.

No es de extrañar que Blesa aguantara tres lustros haciendo lo que le daba la real gana. Llegó con un pacto político-sindical, PP​ ​-​ ​CC OO. Arruinó Caja Madrid, y estafó a miles de preferentistas. Y Rato firmó la sentencia de muerte de la tricentenaria Caja, y expulsó a cientos de empleados, en forma de Bankia. Los estómagos agradecidos que les pusieron, apoyaron y mantuvieron​ (a ellos y a toda su tropa)​, deben de estar tan negros como las famosas tarjetas.

lunes, 23 de diciembre de 2013

Mirar con los ojos cerrados

“Nacemos solos, vivimos solos, morimos solos. Solo a través del amor y la amistad podemos crearnos la ilusión por un momento, de que no estamos solos” (Orson Welles​). Entre ambas íntimas soledades biológicas, y también físicas, del nacimiento y de la muerte, nos queda el camino (más o menos largo) de la vida.

He estado convaleciente —aún lo estoy, reincorporándome paulatinamente al mundo de los videntes— durante varias semanas, debido a una intervención quirúrgica ocular de vítreo-retina. Son varias las reflexiones de la experiencia. El aprecio de la salud resalta cuando careces de ella; el recuerdo de la falta de visión, en sus últimos años de vida, de mi madre; la mayor comprensión, y solidaridad, con los invidentes y personas con problemas visuales. Y el privilegio de haber sido intervenido en pocos días; y el apoyo y cuidados de mi familia más cercana.

También he comprobado lo efímero y etéreo de la vida digital. Si en las redes sociales no tuiteas y retuiteas, publicas en el muro, pulsas un "me gusta" o un "más"; entras en un estado de coma vegetativo virtual. La amistad digital queda absorbida por la impersonalidad electrónica de Internet.

La dificultad para leer, y el deslumbramiento y molestias originadas por la luz y las pantallas, me conducían a descansar cerrando los ojos intermitentemente. A ratos escuchaba música, a ratos escuchaba la radio; y también escuchaba la televisión. En esta oscuridad terapéutica y sonora, he ido observando y apuntando retazos sobre las reflexiones de los acontecimientos, sociales y políticos, de estas últimas semanas.

Hace años que distintos juristas, atrevidos en su momento, advirtieron de la dudosa legalidad de la llamada "doctrina Parot". Se hizo ingeniería jurídica para sortear el principio de irretroactividad penal. El retraso de más de dos décadas en modificar el Código Penal de 1973 (franquista), se pretendió suplir actuando sobre los beneficios penitenciarios en el cumplimiento de las penas: aplicando la reducción de pena sobre la totalidad de la condena (y no sobre la pena máxima de prisión); elemento modificado en la reforma de 1995 (que entró en vigor en 1996). Y la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dado la razón a esos juristas, sentenciando que dicha doctrina viola dos artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos. De los diecisiete jueces (de reconocido prestigio) de la Gran Sala del TEDH, ha sido el "socialista" juez español el que ha "engañado" a otros quince; siendo "culpable" de la anulación de la doctrina y de la consiguiente puesta en libertad de asesinos en serie, terroristas y violadores.

Continuando con los razonamientos jurídicos, sin abandonarnos en los instintos y sentimientos viscerales, algo más desapercibida ha pasado una sentencia del Tribunal Constitucional (TC). Con una sala de lo social muy dividida, el alto tribunal considera que la extinción del contrato de trabajo en el período de prueba (desistimiento empresarial) de una embarazada (cuyo estado de gestación era, parece ser, desconocido por la empresa), no es despido nulo. El TC deniega el amparo ante un supuesto que, de haberse producido en un contrato con el período de prueba superado, se hubiese sentenciado como despido nulo. No hay lesión de derechos fundamentales; no hay vulneración de la tutela judicial efectiva, en relación con el derecho a la no discriminación por razón de sexo. Un coladero, para que los empresarios se deshagan de las trabajadoras embarazadas en los (cada vez más dilatados) períodos de prueba. Lo votos particulares de los magistrados que se negaron a apoyar semejante tesis, difícilmente van a sonrojar a los que firman la sentencia; ni a lavar los malos presagios con los que empieza la nueva etapa de mayoría conservadora en el tribunal. El reparto político de sillones, judiciales o no, impregna todo de una desagradable pestilencia.

Eurovegas. Por una vez Bruselas sirve para algo. A Al Capone no le encarcelaron por mafioso; le condenaron por fraude fiscal. El lupanar del Eurovegas-Alcorcón de Sheldon Adelson no se queda en Madrid. Y no por la negativa de los gobiernos estatal, autonómico y local, a disminuir (todavía más) los derechos laborales; o por la negativa a permitir que los camareros contraigan cáncer de pulmón por autorizar fumar (quebrando la ley antitabaco); o por regalarle una fiscalidad de saldo —y otra interminable lista de vergonzosas prebendas—. No se instala porque la Unión Europea considera que "atenta contra la libre competencia del juego". El decrépito Adelson se lleva su decrépito modelo de negocio a Asia. Probablemente les ha estado vacilando durante meses a Aguirre, González, Mato, Báñez, Rajoy...; mientras el Partido Popular se arrastraba y entonaba a coro un patético "Bienvenido Mister Adelson". Y posiblemente ha utilizado a España como moneda de cambio y regateo con otros destinos preferidos. No deja de ser paradójico: el Gobierno de España presume de que cada vez nos parecemos más a Asia —la Asia de Europa—, con las bajadas de salarios y pérdida de derechos sociolaborales; a la par que Asia se europeíza tímidamente, incrementando salarios y derechos.

Endurecimiento (más aún) del Código Penal, a golpe de titular de prensa. Y de la Ley de Seguridad Ciudadana, para infundir un carísimo miedo a las protestas; acallando el descontento a golpe de multas administrativas, ejerciendo el Estado gubernativo de juez y parte —ya que no les agradan las sentencias judiciales que no condenan a los manifestantes—; y refuerzo e incremento de materiales antidisturbios. Como muy bien dice Javier Marías: leyes neofranquistas. Para reforzar este incremento represivo el ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón, va a custodiar, mediante vigilancia policial, cada gestación y a cada gestante; sirviéndose de la nueva Ley de interrupción del embarazo. Añora don Alberto los tiempos pasados de la peligrosa clandestinidad, en los que los padres pudientes enviaban a sus hijas a abortar a Londres; esos mismos padres declarados antiabortistas, que acuden a las manifestaciones convocadas por la jerarquía católica. No digamos nada de la vileza de excluir en la ley el supuesto de graves malformaciones fetales. Entendemos porqué su padre dijo: "mi hijo Alberto, ese sí que es de derechas". El ministro del Interior, Jorge Fernández, ilustre miembro del Opus, sale en defensa de las concertinas de la frontera africana; esas cuchillas que pasivamente desgarran la piel. El ministro Fernández demuestra lo gran católico que es, y lo poco cristiano. Líbrenos Dios de semejantes gobernantes.

Eliminación del pago a cargo del FOGASA del 40% de la indemnización del despido objetivo, en empresas de menos de 25 trabajadores. A la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se le ha aparecido la Vírgen del Rocío —a la que tanto inboca—, para que se entere de una vez que el abaratamiento del despido produce su incremento. Los ciudadanos vamos a dejar de subvencionar nuestros propios despidos. Y para celebrarlo, los empresarios están despidiendo a mansalva, antes de la entrada en vigor en enero de la "contrarreforma".

Del gobierno del PP, que también sufrimos en las Illes Balears, podríamos emplear varias columnas. Sólo citaré una de las últimas ruindades de nuestro farmacéutico 'president', José Ramón Bauzá. Ningún representante del Ejecutivo autonómico asistió al acto de ingreso en la Real Academia Española de la Lengua (RAE), el pasado noviembre, de la escritora mallorquina Carme Riera. Sin embargo Bauzá, por las mismas fechas, sí hizo hueco en su agenda para asistir a la fiesta del diario "La Razón". ¿Es porque Riera escribe en catalán? También escribe en castellano; además de ser, a mayor abundamiento, catedrática de literatura castellana. Las disculpas posteriores del 'president', con la boca pequeña, de poco nos sirven. Es más, estamos hartos de falsas disculpas, y escasos de dimisiones; especialmente de políticos de tan poca talla, y grande desvergüenza. Nos quedamos con las sabias palabras de Carme: "No me hacían falta los políticos, pero lamento su ausencia por los mallorquines". "Los amigos compensaron otros vacíos, aunque no me hacía ninguna especial ilusión que acudieran los gobernantes isleños".

En las televisiones continúan las legiones retribuidas de contertulios. Las mismas caras en diferentes cadenas, y en distintos programas del mismo medio o grupo de comunicación. Grandes opinadores, sabios y expertos en cualquier área y disciplina; pero con un denominador común, en los grandes medios de comunicación: el casi nulo cuestionamiento, directo o indirecto, del poder mercantil y del sistema capitalista.

Entre los programas con cierto calambre en las conciencias, está el "Salvados", de Jordi Évole. Y el humor ácido de "El Intermedio", de El Gran Wyoming —José Miguel Monzón gana cuando se pone serio en artículos de prensa, libros, y entrevistas (como la que le hicieron en "La Sexta Noche")—. A continuación destaco lo que considero más relevante de los últimos programas de "Salvados" (participaciones preferentes; entrevista a Pérez-Reverte; precariedad laboral; lavado de dinero negro).

Participaciones preferentes. Producto híbrido, complejo y perpetuo donde los haya, ruina de miles de familias humildes estafadas. Un presidente de la CNMV (Manuel Conthe) prohíbe su comercialización (sin denuncias de los bancos ni consecuencias legales); el siguiente (Julio Segura) la reactiva, porque caso contrario "hubiera sido prevaricación". Habla un exdirector de Caja Madrid (Bankia), que suponemos abandonó el banco de cajas con el ERE de 2012 (no sabemos si por voluntad propia, o por "invitación"): vendió un millón de euros de preferentes en su oficina, porque el resumen del producto y las cuentas (falseadas) de la Entidad no le hacían dudar. ¿Y eso justifica el vender el producto como un plazo fijo, o con el preceptivo test de conocimientos financieros del inversor rellenado previamente por la sucursal? Ocultar algunas de las características de un producto es una forma de mentir. El exdirector dice que ahora intenta recuperar el dinero que le colocó a familiares y amigos; lo que no cuenta es la retribución variable y demás beneficios que le reportaron, a él y a su oficina (y a la Entidad, que dirían Blesa y sus directivos), el cumplimiento de los objetivos marcados.

Al hilo del rey de las preferentes. Salen a la luz algunos de los miles de correos del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, el meritorio recomendado de José María Aznar. Estos correos se encuentran en el limbo judicial, porque son del ámbito privado; extraña interpretación, cuando corresponden a la cuenta de correo corporativo del expresidente. Están repletos de tratos de favor, a amiguetes y políticos, pagados a precio de oro con el dinero de la Caja. Irónicamente le contesta al hijo de Aznar que Caja Madrid no es su cortijo; quién lo diría, con el contenido de lo poco que hemos leído, habiendo actuado y vivido como un señorito (con la asistencia de capataces políticos y sindicalistas), o como mandado del señorito Aznar. El pobre Blesa está preocupado por conseguir un juez imparcial; y porque le hayan arruinado su reputación y vida profesional. No le preocupa nada haber arruinado (con la ayuda de Rato) a la Caja madrileña. Tampoco se le veía muy preocupado años atrás, en su suntuoso nivel de vida; o rodeado de las cabezas de sus piezas de caza.

Pérez-Reverte. En la tormentosa relación de lector, atracción/repulsión, que mantengo con el académico de la lengua don Arturo; coincido con él en dos afirmaciones vertidas en la entrevista de Jordi Évole. La primera, que la gente está deseando y esperando a que termine la crisis, para hacer exactamente lo mismo que antes de que estallara. La segunda, que en España nos ha faltado una guillotina —léase una revolución a la francesa, cortando y rodando determinadas cabezas—.

Precariedad laboral. Vemos a sindicalistas y trabajadores veteranos de la industria del automóvil, defender las dobles escalas salariales: salarios sensiblemente inferiores del personal de nueva entrada; y menos beneficios sociales para este grupo de menor antigüedad. A cambio de qué: teóricamente del mantenimiento del empleo (y de los beneficios de los más antiguos, claro). Pero los patronos son insaciables, siempre hay salarios, derechos y puestos de trabajo por recortar. También escuchamos a un sindicalista francés —sí, la misma Francia republicana y revolucionaria que citábamos arriba—, y la lucha por evitar el cierre de la fábrica metalúrgica de su localidad. Le oímos relatar cómo unos cincuenta trabajadores luchaban por los puestos de trabajo de dos mil; encontrándose con el juego sucio del multimillonario empresario y la indiferencia e incomprensión del resto de compañeros —los mismos compañeros que les daban palmaditas en la espalda, cuando consiguieron que la fábrica no se cerrara—. Malos tiempos para la solidaridad y la lucha obreras.

También nos instruimos en lo fácil que es, para el poder económico y financiero, lavar el dinero negro. Tan solo hacen falta dos cosas: falta de escrúpulos, y mucho dinero.

Los españoles somos expertos en perder la fuerza por la boca. En Navidad compartimos mesa con los compañeros de trabajo, jefes, u otras personas que nos han hecho la vida imposible el resto del año. Sin embargo, el librarnos de estos gobernantes tiene una solución más sencilla, que se podrá ejercitar dentro de dos años. Se llama elecciones, a través de unas papeletas que se depositan en urnas. No sería necesario recordarlo, ahora que es difícil encontrar ciudadanos (trabajadores, pensionistas, desempleados...) que reconozcan haber votado al PP.

"Vivir es fácil con los ojos cerrados", se titula la última y reciente película del director David Trueba. "Malinterpretando todo lo que ves", añade John Lennon en la canción de 'The Beatles' "Strawberry Fields Forever".

Mirar es fácil con los ojos cerrados. Interpretando críticamente lo que vemos.

martes, 22 de octubre de 2013

El despido gratis total de la CEOE y el tinglado del poder

Hace poco, en una entrevista televisiva sobre el nuevo repago de las medicinas hospitalarias, una enfermera relataba cuánto le impresionó una paciente que le confesó la base alimentaria en su hogar: caldo de huesos de pollo. A la ministra de Sanidad no le debe de preocupar esto lo más mínimo. Para quien se gasta miles de euros en globos para fiestas de cumpleaños, qué son unos míseros euros de copago en medicinas; "para garantizar la incorporación de fármacos innovadores", como argumenta desde su ministerio. Quien no tiene para comer no puede pagar fármacos, innovadores o no.

Esto pasa en la España del banquero Emilio Botín, "a la que está llegando dinero por todas partes"; en la España del presidente del Gobierno Mariano Rajoy, en la que "hoy se habla de cuán grande será la recuperación".

​A los grandes patronos españoles no les es suficiente con que los desempleados subsistan con caldo de huesos de pollo; ni que los afortunados trabajadores se alimenten con pan y agua. Como Santo Tomás necesitan ver para creer, tienen que tocar las carnes famélicas y palpar el esqueleto, asegurándose que no comemos chocolatinas a escondidas.

La reforma laboral que corredactaron, junto al Partido Popular y su FAES, con alguna ayuda —como la del ilustre exafiliado del partido y actual presidente del Tribunal Constitucional, doctor y catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Francisco Pérez de los Cobos—, les resultaba insuficiente desde el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Necesitaban más armas con las que administrar disciplina y miedo.

La legislación laboral, para las huestes de la CEOE, nunca es lo suficientemente "flexible". ¿Y cuál es para ellos la flexibilidad óptima?: el hacer lo que les dé la real gana; con el contrato de trabajo, con los salarios, con la jornada y el horario, con los trabajadores. Tan solo así los Joan Rosell, Arturo Fernández y compañía (incluido su siniestro directivo José Luis Feito), continuadores de la labor de su encarcelado anterior presidente, Gerardo Díaz Ferrán, saciarían sus deseos por algún tiempo. Ejercen, con precisión subvencionada con dinero público, su papel de satélite del poder económico y financiero. Esa flexibilidad tiene una traducción muy sencilla en las relaciones laborales: más individualización, precarización, miedo e indefensión; menos autonomía colectiva, sindicación y protección.

De esa flexibilidad forma parte, por ejemplo, la eliminación de la ultraactividad (prórroga automática) de los convenios colectivos. Las teorías doctrinales científicas más favorables a los asalariados, apuntan a que el cuerpo normativo del convenio colectivo caducado (en más de un año) forma parte del contrato de trabajo. O que el convenio colectivo mantiene su vigencia hasta la aprobación del siguiente, siempre y cuando así lo hayan pactado ambas partes (patronal y social); tesis recogida en la sentencia de la Audiencia Nacional 128/2013, de 19 de junio, (recurrible en casación), en el conflicto colectivo interpuesto por el sindicato SEPLA contra Air Nostrum. Tendremos que esperar, pacientemente, a que el Tribunal Supremo sentencie. Hasta entonces: cientos de convenios colectivos y cientos de miles de trabajadores afectados, que perderán los beneficios sociolaborales de sus convenios, quedando bajo los mínimos del Estatuto de los Trabajadores (ET) y el Salario Mínimo Interprofesional.

También es muy flexible el contrato de trabajo "indefinido de apoyo a los emprendedores" (para empresas de menos de cincuenta trabajadores). Contrato por el cual pueden darle la patada en el trasero al trabajador (léase despedirlo) durante el primer año de vigencia del contrato, que coincide con el período de prueba. Pero ya sabemos que esto de los autónomos, microempresas y pymes no va con la gran patronal española. Quieren más, siempre más.

Quieren este despido libre y totalmente gratuito durante el primer año para todas las empresas —libre, pero no gratuito, ya lo tenemos desde la entrada en vigor del ET en 1980—. Qué es eso de que las grandes corporaciones y multinacionales, la banca y entidades financieras, las aseguradoras, no puedan patear (más) a gusto y también gratis a su plantilla. Es más práctico tener la ley de su parte que incumplirla, sabiendo que muchos de los trabajadores explotados y engañados no te van a denunciar. Aunque también es mucho más barato y lucrativo (para determinadas pequeñas empresas) conseguir la connivencia de la plantilla —metiendo miedo—, plantear un ERE fraudulento de reducción de jornada (con abono de prestaciones por desempleo parcial), y pagar parte del sueldo en dinero negro. Y con la tranquilidad que da saber que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cada vez tiene menos medios, humanos y técnicos, y más órdenes políticas interesadas.

Es muy ingenuo pensar que estos recortes en derechos jurídico-laborales y jurídico-sindicales no forman parte de una estrategia de poder, de un plan vasto e integral. Se incardinan en el conjunto de recortes, perfectamente diseñados y ejecutados, entre los que se encuentran los sanitarios, farmacéuticos, asistenciales, educativos, culturales, científicos; de dependencia, de desempleo, de pensiones y de Seguridad Social. Nos quieren alienados y devaluados, monetaria, salarial y normativamente. Y lo están consiguiendo, con una precisión casi de cirujano. Un diario balear publicaba hace pocos días: "El miedo a la reforma de la jubilación dispara en Mallorca las ventas de planes de pensión", donde la demanda crece un 15% de media. Estos son los beneficios privados, para la banca y las aseguradoras, de décadas de infundir miedo (interesadamente) con la quiebra del sistema público de pensiones y de la Seguridad Social.

Asistimos a una desnaturalización del contrato de trabajo, y del Derecho del Trabajo español. A un retroceso (prediseñado y premeditado) de derechos conseguidos durante décadas de dura lucha y sacrificios. El juez de lo Social Antonio Seoane lo definió muy concisa, clara y precisamente en una cadena de televisión: "Previamente al Derecho del Trabajo había servidumbre y esclavitud". Nos resignamos a convertirnos en siervos y esclavos.

lunes, 9 de septiembre de 2013

El Govern balear de Bauzá se burla de la justicia

El 'president' balear José Ramón Bauzá nunca ha dejado de ser un fiel, aventajado y obediente alumno de su presidente de partido y del gobierno central, Mariano Rajoy. Una de sus especialidades, en las que se atreve incluso a competir con su admirado y barbudo jefe, son los decretos leyes: los dictan a decenas. Incondicional transponedor de las políticas nacionales de su partido, no podía ser menos en el área educativa. Baste como ejemplo de su servilista modo de actuar la Ley de Costas; tras movilizar al Consell Consultiu (Consejo Consultivo) en la confección contrarreloj de un dictamen, preceptivo para recurrir ante el Tribunal Constitucional la precitada ley, comunica por carta (la misma mañana que el Consultiu se reúne para votar el dictamen) su desistimiento al recurso.

Bauzá ha hecho suya la cruzada religiosa, clasista, ideológica y lingüística, abanderada por el verborrágico ministro de Educación José Ignacio Wert. Con la excusa del trilingüismo (catalán/castellano/inglés) —que, en el fondo, no es mas que la resta de horas lectivas en catalán—, ha puesto patas arriba el sistema educativo balear. Emulando al compañero Wert, en contra de las comunidades docente y científica, resto de partidos políticos, sindicatos y padres de alumnos; despreciando el diálogo y consenso.

El anterior 'conseller' de Educación, Rafel Bosch (exprofesor de Bauzá), no hizo el trabajo sucio al gusto de su exalumno, y del "ala dura" del Partido Popular balear. Así que Bauzá buscó un nuevo brazo ejecutor del Decreto de Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL). Eligió para tal menester a la menorquina agente de la propiedad inmobiliaria Joana Maria Camps, cuyo conocimiento del mundo educativo y docente se limita a su época de estudiante de derecho.

El pasado viernes la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB), atendiendo la demanda contra el TIL de los sindicatos CCOO, UGT y STEI, suspendía cautelarmente el TIL. En el tiempo récord de dos horas el Consell de Govern aprobaba un decreto ley (publicado en el BOIB del sábado), para blindar la entrada del TIL al comienzo del curso escolar el próximo viernes. Y blindar en dos sentidos: entrada en vigor (ya vigente desde el sábado), y recursos judiciales (recurrible únicamente ante el Constitucional con aval de cincuenta parlamentarios nacionales).

Es lógico pensar que el Govern tenía el texto del decreto ley preparado, y "adaptado" a la argumentación jurídica de la suspensión cautelar dictada por el tribunal superior balear. ¿Quién filtró anticipadamente la resolución judicial? No es descabellado opinar que la filtración provino de fuentes del propio TSJ o satélites.

Camps dice que lo hacen "por nuestros niños". Mis niñas —mis hijas—, que cursan respectivamente Primaria y ESO, son bilingües (catalán y castellano) y estudian, con unos resultados óptimos, inglés y alemán. Como padres incluidos en la comunidad educativa de los 36.000 alumnos baleares afectados, no entendemos a qué viene esta cacicada (una más) del gobierno del Partido Popular en Balears. De momento, y entre otros muchos aspectos, es probable que se encuentren afectados libros de texto (a unos días del comienzo del año lectivo).

El Govern asegura que lo que han hecho es legal. Habrá que ver qué opinan juristas independientes, especialmente en lo que respecta al incumplimiento de las resoluciones judiciales y la desobediencia a la autoridad (judicial). Legal o ilegal, lo que está claro es la burla absoluta a la justicia, de una acción política rastrera y de una inexistente ética de gobierno.

El Govern balear de Bauzá es burla de la justícia

El president balear José Ramón Bauzá mai ha deixat de ser un fidel, avantatjat i obedient alumne del seu president de partit i del govern central, Mariano Rajoy. Una de les seves especialitats, en les quals s'atreveix fins i tot a competir amb el seu admirat i barbut cap, són els decrets lleis: els dicten a desenes. Incondicional transponedor de les polítiques nacionals del seu partit, no podia ser menys a l'àrea educativa. Basti com a exemple del seu servilisme la Llei de Costes; després de mobilitzar al Consell Consultiu en la confecció contrarellotge d'un dictamen, preceptiu per recórrer davant el Tribunal Constitucional la precitada llei, comunica per carta (el mateix matí que el Consultiu es reuneix per votar el dictamen) el seu desistiment al recurs.

Bauzá ha fet seva la croada religiosa, classista, ideològica i lingüística, abanderada per la verborrea del ministre d'Educació José Ignacio Wert. Amb l'excusa del trilingüisme (català/castellà/anglès) —que, en el fons, no és mes que restar hores lectives en català—, ha posat potes enlaire el sistema educatiu balear. Emulant al company Wert, en contra de les comunitats docent i científica, resta de partits polítics, sindicats i pares d'alumnes; menyspreant el diàleg i consens.

L'anterior conseller d'Educació, Rafel Bosch (exprofessor de Bauzá), no va fer el treball brut al gust del seu exalumne, i del "ala dura" del Partit Popular balear. Així que Bauzá va buscar un nou braç executor del Decret de Tractament Integrat de Llengües (TIL). Va triar per a tal menester a la menorquina agent de la propietat immobiliària Joana Maria Camps, el coneixement de la qual del món educatiu i docent es limita a la seva època d'estudiant de dret.

Divendres passat la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB), atenent la demanda contra el TIL dels sindicats CCOO, UGT i STEI, suspenia cautelarment el TIL. En el temps rècord de dues hores el Consell de Govern aprovava un decret llei (publicat en el BOIB del dissabte), per blindar l'entrada del TIL al començament del curs escolar divendres que ve. I blindar en un doble sentit: entrada en vigor (ja vigent des del dissabte), i recursos judicials (recurrible únicament davant el Constitucional amb aval de cinquanta parlamentaris nacionals).

És lògic pensar que el Govern tenia el text del decret llei preparat, i "adaptat" a l'argumentació jurídica de la suspensió cautelar dictada pel tribunal superior balear. Qui va filtrar anticipadament la resolució judicial? No és desgavellat opinar que la filtració va provenir de fonts del propi TSJ o satèl·lits.

Camps diu que ho fan "pels nostres nens". Les meves nenes —les meves filles—, que cursen respectivament Primària i ESO, són bilingües (català i castellà) i estudien, amb uns resultats òptims, anglès i alemany. Com a pares inclosos en la comunitat educativa dels 36.000 alumnes balears afectats, no entenem a què ve aquesta cacicada (una més) del govern del Partit Popular en Balears. De moment, i entre molts altres aspectes, és probable que es trobin afectats llibres de text (a uns dies del començament de l'any lectiu).

El Govern assegura que el que han fet és legal. Caldrà veure què opinen juristes independents, especialment pel que fa a l'incompliment de les resolucions judicials i la desobediència a l'autoritat (judicial). Legal o il·legal, la qual cosa és clar la burla absoluta a la justícia, d'una acció política mesquina i d'una inexistent ètica de govern.

lunes, 26 de agosto de 2013

Rosell y la cúpula de la CEOE no renuncian a sus privilegios

La CEOE está aprovechando las vacaciones de verano —ese privilegio laboral caduco y desproporcionado, que diría su director de relaciones laborales, De La Cavada— ​para continuar, con toda virulencia, sus ya clásicos ataques a los derechos de la clase trabajadora. Ahora le ha tocado el turno a su presidente, y ministro de Empleo adjunto, Joan Rosell —con el eco posterior del vicepresidente, Arturo Fernández—; que renombra esos derechos laborales como "privilegios".

​Puede ser el sofocante calor. Puede ser el morbo de ver cuánta gente les escucha (además del obediente Gobierno ​de Rajoy). Quizá ambas cosas. El caso es que los lenguaraces superpatronos españoles no se callan, ni con la boca seca y llena de mentiras.

Dice Rosell que hay que combatir la dualidad del mercado laboral "retirando a los contratos indefinidos algunos de sus privilegios e incrementándolos para los temporales". No sabemos con qué graduación de gafas logra ver el patrón de patronos esos privilegios. Si los traduce en términos económicos, y habla de retribución, compensación y beneficios sociales; de vacaciones, descansos y permisos retribuidos; de jornadas y horarios; de indemnizaciones por despido; denota que no se ha enterado de las dos últimas reformas laborales sufridas por los trabajadores (y por los desempleados) españoles. Una con el PSOE, en el 2010; otra con el PP, en el 2012 —esta última aplaudida y corredactada por su organización—.

A los trabajadores que no han bajado el salario los han reducido la jornada laboral, o ambas cosas. El despido —libre pero indemnizado, desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980— se ha abaratado sustancialmente con la reforma laboral de 2012, para los contratos "fetén". Y esta misma reforma ha liquidado —a la espera de la interpretación jurisprudencial— la ultraactividad de los convenios colectivos, dejando a miles de trabajadores casi "a pelo" —bajo el Estatuto de los Trabajadores—, perjudicando la negociación y representación colectiva, y limitando las tutelas administrativas y judiciales; lo cual hunde todos y cada uno de los términos enunciados en el párrafo anterior. Son medidas que cada vez dejan más desnuda a la parte débil del contrato laboral, la trabajadora.

Toda esta dialéctica retórica denota lo que añoran los grandes patronos: el famoso "contrato único". Un contrato-baratija, en todos los sentidos. En costes salariales y de Seguridad Social. En costes de despido. En condiciones socio-laborales. El 'minijob' alemán tan amado por Rosell, pero con el rancio aroma autóctono. Les sabe a poco el contrato "indefinido para emprendedores", con el despido absolutamente libre y gratuito durante el primer año (duración aberrante del período de prueba).

Como siempre que se producen declaraciones de la cúpula de la CEOE tenemos la guinda, algo de postre. Rosell apostilla que los desempleados deben recibir "la ayuda mínima y necesaria" para seguir sobreviviendo. Hay varias preguntas obligadas al respecto. ¿Qué es para don Joan lo "mínimo necesario"?; ¿lo justo para no alcanzar la desnutrición?; ¿lo necesario para no dormir debajo de un puente?

Esto lo dice el presidente de una organización patronal que recibe anualmente más de seis millones de euros de los contribuyentes españoles. Que maneja un presupuesto de 19,6 millones de euros. De la que no conocemos los sueldos de sus dirigentes, información que se niega a facilitar.

Ya que es complicado, en términos de hecho y de derecho, el experimento que propone Rosell: que los trabajadores fijos cedan sus privilegios a los nuevos contratos temporales —se supone que para aumentar los contratos indefinidos, no se líen—; vamos a proponerle otro experimento, menos "Alicia en el país de las maravillas". Le proponemos que él y todos los dirigentes de su organización, CEOE, renuncien a sus privilegios. Empezando por el salario; que cobren el salario mínimo interprofesional. Continuando por las indemnizaciones y los seguros de pensión millonarios. Que reinviertan los beneficios de sus empresas en la creación de empleo. Que repartan el trabajo y la riqueza, y no la acumulen ilimitadamente en forma de capital. ¿Lo aceptarán? Es muy fácil hablar y mentir sobre los privilegios de las clases populares oprimidas, cuando se pertenece a una casta privilegiada dominante.

lunes, 19 de agosto de 2013

Consejo Empresarial para la Competitividad, el otro Consejo de Ministros de España

​L​os hemos visto reunirse en varias ocasiones. Se trata de los encuentros (oficiales) del presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, con el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), presidido por César Alierta (presidente ejecutivo de Telefónica SA). Empezando por la denominación del consejo; la mezcla de "empresarial" y de "competitividad" es ya para ponerse a temblar. Intuimos que estas reuniones son una escenificación pública (periódica), y que ​los poderosos miembros del CEC tienen línea directa (diaria) con los gobernantes y cargos públicos y políticos. Como con otros atropellos y burlas cotidianas a la ciudadanía, vemos absolutamente normal estos gestos de demostración obscena de poder.

Se percibe desde el minuto uno la comodidad y complacencia del presidente del Gobierno. Relajado entre tantos grandes empresarios y patronos y altos ejecutivos; con la complicidad de los gestos que van algo más allá del apretón de manos, y llegan hasta las palmaditas en la espalda y la agarrada de hombro. Su rostro destila una alegría ausente en los rictus constreñidos de sus encuentros con los líderes sindicales; o en las ruedas de prensa tras el plasma televisivo; o en las comparecencias en el Parlamento para dar explicaciones por el "caso Bárcenas".

En la última reunión celebrada en julio en el Palacio de la Moncloa (formato almuerzo), Rajoy ya anticipó a los grandes empresarios que "va a seguir, que no va a ceder 'al chantaje'". Actitud jaleada por los consejeros que, por supuesto, le brindaron su "apoyo unánime".

Sin poner mucha imaginación podemos intentar aproximarnos al contenido (secreto) de sus conversaciones.
—CEC: Sí, Mariano, es verdad que la reforma laboral fue "extremadamente agresiva". Pero es que los sindicalistas son unos 'tocapelotas', y los jueces no nos dan la razón siempre.
—Mariano: Tiempo al tiempo. No vamos a borrar a los sindicatos de la Constitución, donde también estáis vosotros. Fátima (Báñez) ya tiene preparado otro real decreto ley, para el próximo mes, con el que se impedirá que os anulen los ERE estos aguafiestas del poder judicial.
—Vale, no podemos acelerar hasta velocidad supersónica. Sabemos que cumples puntualmente las indicaciones de nuestra sucursal patronal (CEOE). Pero considera que la velocidad lenta no nos gusta; ni a nosotros ni al FMI, ni al BCE, ni a la Comisión Europea, ni a Merkel, ni a "los mercados", ni a los capitales... No nos agrada encontrarnos con trabas para imponer nuestro modelo de relaciones laborales; nuestra (santa) voluntad.
—Tranquilos; ya sabéis que siempre soy muy solícito con vosotros. Tomo nota y le transmito vuestros deseos (que son órdenes) a Fátima. Como conocéis, la ministra tiene mucha fe en la Vírgen del Rocío, en el BOE y en los reales decretos ley.

​Deben ser cosas mías, fruto de mi gran imaginación. Quizá influyan las altas temperaturas veraniegas, que me provoquen fiebre. Si no fuera porque las leyes dicen que vivimos en un Estado social de Derecho; porque existe la separación de poderes; porque nos gobiernan los políticos y las instituciones que emanan de la voluntad popular; si no fuera por todo ello, quiero decir, me atrevería a pensar y a escribir que el CEC es un Consejo de Ministros postizo. Pero no, debo ser yo, que veo gobiernos en la sombra donde no los hay, y ministros donde hay consejeros.​ Confieso que, en estos monstruos oníricos de la razón, me dan tanto miedo o más las deliberaciones del Consejo de Ministros de la competitividad empresarial como las del Consejo de Ministros oficial.

lunes, 12 de agosto de 2013

La CEOE propone, el Gobierno impone

Aguardábamos impacientes un comunicado de la CEOE, que nos aclarara la decisión tomada respecto a la continuidad de su director de relaciones laborales, José de la Cavada. Recuerden que a De La Cavada, allá por el mes de junio, le molestaba sobremanera la desproporcionada duración del permiso por fallecimiento de parientes (con desplazamiento) de cuatro días naturales. Su presidente, Joan Rosell, llegó a declarar que entraban en un período de reflexión sobre la permanencia de dicho personaje en el cargo. Como el que calla otorga, parece que tras su sesudo y largo análisis, han decidido mantener a su vocero.

En lugar de anunciarnos la destitución —extinción (seguro que generosamente indemnizada) de la relación laboral de su directivo, si lo prefieren—, la gran patronal española nos ha regalado otro de sus catálogos ultraliberales de relaciones laborales. Estudio en el que, sin duda, De La Cavada ha debido de estar muy ocupado, entre análisis y análisis de los permisos retribuidos de los pérfidos trabajadores absentistas.

Primero jugaron al despiste paternalista, rechazando la propuesta de reducción de los salarios un 10%; planteada por el FMI, el comisario europeo de Economía Olli Rehn y la Comisión Europea. (El cariacontecido Rehn, a quien el solícito y servil De Guindos susurró al oído aquello de: "la reforma laboral será extremadamente agresiva".) Ignoramos si en la reducción del 10% han incluido el incremento del 7,6% (2012) en las remuneraciones de los consejeros del Ibex-35 —confiemos que sí, no sea que con el 10% no lleguemos—; en el que la mayoría de sus empresas, por cierto, sufrió pérdidas o caída de beneficios. No se enteran (o se hacen los locos) de que uno de cada cuatro asalariados españoles tiene la nómina congelada; y les importa una mierda el aumentar el sufrimiento de los ciudadanos y hundir más y más el país. Les trae al pairo porque ellos defienden y forman parte de esa casta poderosa del 1% de la población mundial que acapara el 99% de la riqueza.

Después nos lanzan su propuesta estrella: imposición empresarial de la conversión de los contratos de jornada completa a tiempo parcial. En esta frase se encuentra la clave de lo que anhelan los grandes patronos: "imponer". Es muy largo y tedioso el negociar con la representación legal de los trabajadores; siempre velando por los, cada vez más escasos, derechos de sus representados. Es mucho más rápido hacer de juez y parte; máxime teniendo la fuerza del capital (mucho más importante que la del trabajo), del miedo y la disciplina, y de la parte dominante del contrato de trabajo: la empresarial.

Los miembros de la patronal CEOE saben perfectamente que su gran propuesta, para evitar despidos, se ejecuta a diario en cientos de casos. Modificaciones sustanciales del contrato de trabajo, vía individual o colectiva (ERE), que pasan por la reducción del tiempo de trabajo y la correspondiente disminución proporcional del salario; mantenimiento o aumento de la jornada por el mismo salario (congelado); o misma o mayor jornada por menor salario.

Muchos trabajadores y muchos empresarios conocen los métodos utilizados para la reducción de jornada y/o salarios; con frecuencia en infracción de ley. "Tendríamos que abaratar las cargas de la Seguridad Social; ¿reducimos la jornada y te pago la diferencia en "b/negro"?"; o, si no, "siempre te quedará el despido y el desempleo". O se reduce la jornada y el salario, haciendo realmente la jornada completa y laborando el exceso "gratis". ¿Que también hay casos escrupulosamente legales, en forma y en fondo?; de todo hay en la viña del Señor. Que hay empresarios honrados y austeros y reinversores de los beneficios en la empresa, sí; que los hay que presentan un ERE para ajustar costes y a continuación se marchan de vacaciones al Caribe, también. Que hay patronos que se aprietan tanto el cinturón como sus empleados, seguro; que los hay que no se aprietan ni un agujero el cinto y asfixian a su plantilla, evidentemente.

La CEOE lee en voz alta, para "crear ambiente", lo que ya hace tiempo que está en las lecturas de cabecera de la ministra de Empleo, Fátima Báñez. El Gobierno ya obedeció a los grandes empresarios con el real decreto ley de la reforma laboral —que al día siguiente se les había quedado corto—. Y sigue transcribiendo al BOE los textos de la CEOE. Hace pocos días, en otro real decreto ley (cómo no; en 2012 se dictaron: 8 leyes orgánicas y 17 leyes, frente a 29 reales decretos ley), en lo que denominan "ajustes menores" de la reforma laboral; limitando las causas de nulidad de los ERE, y minimizando el control judicial (entre otras medidas).

Los medios de comunicación y persuasión neoliberales con frecuencia nos informan que los grandes sindicatos perciben ayudas públicas, y que sus cúpulas se sientan en poltronas de lo que vienen a ser macro-gestorías. Y conviene recordar que las asociaciones de empresarios (con igual protección constitucional que los sindicatos) también perciben millonarias partidas de fondos públicos, fondos que también pagan con sus impuestos los trabajadores a los que los empresarios tanto les gusta "imponer" su santa voluntad. No obstante hay pequeños matices diferenciadores: el anterior presidente de la CEOE está en la cárcel; y el actual vicepresidente (y presidente de la patronal madrileña) está acusado de pagar sobresueldos en dinero negro. A veces, los matices marcan las grandes diferencias.

domingo, 4 de agosto de 2013

Rajoy, el falso Berlusconi

Tras la comparecencia ante el Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy Brey, el vacacional uno de agosto, se nos ha vuelto a quedar a los ciudadanos cara de tontos (una vez más; ya casi la llevamos a diario).

Lo más novedoso que el presidente aportó fue el cambio de la calificación personal respecto del imputado Luis Bárcenas: le sustituyó la etiqueta de "presunto inocente" por la de "falso inocente; presunto culpable". Frase quizá efectista en un discurso parlamentario, literalmente leído (fin de la cita), pero pobre para un licenciado en Derecho y, como nos recuerda constantemente, registrador de la propiedad en excedencia potencialmente muy bien remunerado.

Rajoy admite que se equivocó —estilo Juan Carlos I, pero sin escenificar arrepentimiento—, confiando en Bárcenas. Hasta ahí toda su responsabilidad. Según lo previsto: ni perdón, ni dimisión, ni convocatoria de elecciones legislativas. Fiel al modelo ideológico de su partido y de su gobierno, mentira tras mentira, silencio tras silencio; con gran soberbia y escasa vergüenza. Seguimos gobernados por su primer gran engaño y fraude electoral: el programa con el que el Partido Popular concurrió a las pasadas elecciones generales, incumplido sistemáticamente; las que le otorgaron el férreo y mayoritario respaldo al que, por el brote verde turístico estival, por el bien de la nación y de los mercados, no pueden ni deben renunciar.

En el 'collage' ideológico-político al que el gobierno del PP nos tiene sometidos, cabe de todo. Nos imponen un modelo socio-jurídico-laboral anglosajón; con mucha flexibilidad laboral para los patronos, despido fácil y barato, debilitamiento de la negociación y representación colectiva y sindical. Pero, eso sí, salarios asiáticos; aún elevados para el FMI, que "recomienda" reducirlos un 10%. Recortan en cultura, investigación y educación, sanidad y servicios sociales; y regalan la "gestión" de los servicios públicos al lucro privado. En otra de sus grandes mentiras, el rescate bancario —ya saben, aquél que era un gran negocio para la hacienda pública, ayudas que se recuperarían con grandes réditos—, ya da por perdido la mayoría del dinero público inyectado en las cajas nacionalizadas: 36.000 millones de euros de un total de 52.000 millones de euros. Mal que le pese al "bankero" Goirigolzarri, rescate de los grandes bancos ("sistémicos") y sus banqueros.

Pero en este lienzo no cabe el concepto de responsabilidad política. Como bien recordaban algunos de los oradores parlamentarios, en cualquiera de esos "flexibles" países anglosajones en los que un cargo político o público (no digamos un presidente de gobierno) hubiese enviado mensajes de ánimo a un defraudador tributario y delincuente económico, dicho cargo hubiera dimitido al trascender los hechos —hora arriba, hora abajo; día arriba, día abajo—.

Por muy fuertes y altas que sean las ovaciones y largos los aplausos de la hueste "popular" de Rajoy; por mucho que grite el fiel escudero-portavoz Alfonso Alonso; el volumen no consigue acallar las mentiras, silencios y medias verdades. Por mucha euforia gubernamental agostera —con las 'trolley' vacacionales esperando a las puertas del Senado, como premio merecido al trabajo bien hecho—, el perfume y el sudor no consiguen disimular la pestilencia de las cloacas (financieras y políticas) de la calle Génova 13. Tufo que gana intensidad por el fortísimo calor del mes de agosto; combatido por los poderes político, económico y mediático afines con máscaras de oxígeno en forma de inverosímiles justificaciones —elocuente presencia, en la tribuna de invitados, del presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, junto a María Dolores de Cospedal—.

Dejando aparte las fiestas "bunga-bunga" y a "Ruby Rompecorazones", ya se habla de la "berlusconización" de Rajoy —Rubalcaba no ha sido el primero en utilizar el término—. En honor al recto primer ministro español, hay que reconocer que el sello de don Mariano es genuino; impronta que bebe de las clásicas picaresca y desvergüenza hispanas; de los sobre-sueldos (en "a" y en "b"). La mezcla de hedor y calor se tornan insoportables.

jueves, 20 de junio de 2013

La CEOE de Cavada nos conduce a la época de la diligencia

Al responsable de relaciones laborales de la gran patronal española CEOE, José de la Cavada, le parecen excesivos los cuatro días (dos días si el trabajador no necesita realizar un desplazamiento) de permiso retribuido, otorgados por el Estatuto de los Trabajadores (ET) en los casos de fallecimiento de un pariente (de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad). Argumenta tan siniestro y vil personaje su estúpida afirmación de la siguiente manera: "Se hizo pensando que los viajes se hacen en diligencia, pues se dan cuatro días para un permiso por defunción que, evidentemente con los vehículos que hay ahora, se trata de horas de desplazamiento, o a veces de una hora".

De La Cavada es de los que piensan que los trabajadores tienen que ir al trabajo llorados de casa. Es más que suficiente un día para el velatorio, y otro para el entierro de los seres queridos más cercanos. Si el pariente fallecido vive en otro continente, o abandona este mundo en fin de semana —los días no laborables cuentan como permiso—, el trabajador siempre puede fletar un vuelo privado supersónico, que probablemente costeará la empresa. Al directivo de la CEOE le preocupa el peso en el absentismo laboral de los fallecimientos; sospecha que a los asalariados se les mueren los padres más de una vez. Y esto es imperdonable para la necesaria y elástica flexibilidad de las relaciones laborales; máxime cuando a quien se estira continuamente es a la parte social, al empleado: un poco más, que todavía da mucho de sí antes de romperse.

El jefe de Cavada, Joan Rosell, no comparte las afirmaciones de aquél. Y el susodicho ha matizado sus declaraciones con una supuesta disculpa que es más de lo mismo. En cualquier caso, no deben estar en la CEOE muy descontentos con su director de relaciones laborales, cuando lo mantienen en el cargo. Y algo del pensamiento de los grandes patronos deben de contener las palabras de quien, tanto en esta ocasión como en otras anteriores, actúa de "polémico" vocero más o menos oficial. Tienen experiencia con su anterior presidente, encarcelado y condenado, Gerardo Díaz Ferrán: "Hay que trabajar más y ganar menos para salir de la crisis". Y el señor Rosell tampoco se queda atrás en sus declaraciones. Sin olvidarnos, cómo no, del vicepresidente de los patronos españoles (y presidente de los madrileños), denunciado por pagar sueldos en sobres con dinero b; el gran Arturo Fernández.

Estas chulescas y amenazantes salidas de tono también me recuerdan mucho el famoso "se acabó tomar el cafelito" —a los funcionarios— del actual secretario de estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. En su caso no parece que le sirviera de mucho su dedicación exclusiva —con o sin cafeína— como consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, en cuanto a su inexistente eficiencia y nula eficacia en su obligación legal de control de la Caja Madrid presidida por Miguel Blesa.

El fondo del asunto denota la mentalidad de los patronos españoles. Hay que atar corto a los trabajadores. La mejor motivación sería como la de los talleres textiles asiáticos o los (¿clandestinos?) occidentales: un camastro al lado de la mesa de trabajo, en un sótano oscuro. Nada de vacaciones, ni permisos, ni fines de semana; nada de conciliación personal y familiar; nada de limitar la jornada de trabajo y las horas extraordinarias; un contrato de trabajo y un sueldo míseros; y denos las gracias, que así no se morirá de hambre.

Lo he escrito muchas veces. Los grandes patronos españoles son insaciables. Al día siguiente de que el BOE, por gentileza del Partido Popular, publicara "su" retrógrada reforma laboral —una máquina de despidos, desempleo y trabajo precario—, ya se les había quedado corta. Nunca son suficientes los retrocesos en derechos socio-laborales y salariales; en negociación colectiva; en la individualización de las relaciones laborales; en el abaratamiento y facilitación del despido; en el aprovechamiento de la crisis económica para infundir miedo; etc. En esta labor no les faltan aliados, además del Gobierno del PP, como el Fondo Monetario Internacional (FMI); y sus recetas —nunca aplicadas a sus propias élites ejecutivas— de reducir salarios y abaratar despidos (más aún). Recetas mercantiles adecuadas para hundir todavía más la economía y conseguir controlar una sociedad de esclavos.

Cavada, la CEOE y secuaces nos sitúan en la era del automóvil, pero sus planteamientos, deseos y órdenes, decimonónicos, sí que nos acercan a la época de la diligencia; la que justificaría (según su sabio criterio) los cuatro días de permiso por fallecimiento. Que no se preocupen, lo están consiguiendo, por el camino que ellos quieren y con muchos caballos de potencia.

lunes, 20 de mayo de 2013

Breve historia de la indecencia bancaria: de Conde a Blesa

Del banquero expresidente de Banesto, Mario Conde, se decía que no caía bien a los grandes banqueros de los clanes familiares "de toda la vida" (entre ellos Botín y su imperio del Banco Santander, que más tarde pasaría a controlar Banesto). Nunca aceptaron como "de los suyos" al joven y brillante abogado del Estado que jugaba a banquero. Conde pasó de imagen de hombre de éxito en las finanzas y ejemplo en las elitistas escuelas de negocios en los años ochenta, a ser condenado a veinte años de prisión (de los que cumplió apenas cinco) en los noventa, por los delitos de estafa y apropiación indebida.

No sabíamos de ningún otro banquero dando con sus huesos en la cárcel, hasta el jueves pasado, cuando conocíamos la noticia del ingreso en la prisión de Soto del Real del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. Una noticia sin duda excepcional en España, el hecho de que un (ex)poderoso duerma en la cárcel. Blesa ha pasado una sola noche en prisión, de la cual ha salido tras depositar los 2,5 millones de euros de fianza. Cantidad no excesiva, teniendo en cuenta que cobró 12,4 millones de euros entre los años 2007 y 2010 (año éste en que fue sustituido, en enero, por Rodrigo de Rato, acabando sus dos mandatos por un total de doce años); y considerando que percibió esa misma cantidad (2,5 millones de euros) de indemnización. El auto de prisión provisional dictado por el juez habla de delito societario, falsedad en documento público y apropiación indebida; en relación a la compra en 2008 —habiendo ya estallado la bomba de las hipotecas basura norteamericanas, 'subprime'— del City National Bank de Florida (CNBF). Banco adquirido por más de un millón de dólares, siendo su valor real de la mitad.

Por lo que se ve el inspector tributario colocado de banquero era muy proclive a las aventuras americanas, poniendo en riesgo el dinero de los depositantes de la caja de ahorros madrileña. Además del banco californiano, compró el banco mexicano Hipotecaria Su Casita (HSC, por una cantidad total de 332 millones de euros); en quiebra y proceso de liquidación. Y no se olvidó de Cuba, con sus correspondientes apartamentos para retiros y alojamientos, con la Corporación Financiera Habana (CFH).

Blesa también está imputado por un crédito fraudulento que Caja Madrid concedió a las empresas del expresidente de la CEOE, exconsejero de Caja Madrid, y vecino de prisión (por una noche), Gerardo Díaz Ferrán —el de "hay que trabajar más y ganar menos"— y el fallecido Gonzalo Pascual. Crédito renovado en la calamitosa era de De Rato. Y también se denuncian créditos importantes a consejeros, incluido el propio expresidente de Caja Madrid, saltándose la normativa vigente.

Blesa, como Conde, también tuvo sus gloriosos y muy bien pagados años; en su caso los noventa. José María Aznar, el que fuera flamante presidente de Gobierno "popular", colocó a dos de sus compañeros de clase. Uno era Blesa (compañero inspector de Hacienda), destinado a la caja de ahorros madrileña. Y el otro Juan Villalonga (compañero de colegio), al que le tocó la dirección ejecutiva de Telefónica. Ambos han resultado ser dos joyas.

¿Qué hacían los órganos de gobierno de Caja Madrid? ¿Qué hacía el Banco de España? ¿Qué hacía la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid? —con Beteta a la cabeza, el de "se acabaron los cafelitos"—. ¿Qué hacía la CNMV? ¿Qué hacían los órganos ejecutivos de quienes auparon al cargo al presidente: PP, IU, CCOO? ¿Y el resto de políticos y sindicalistas que le respaldaron después, para mantener la poltrona? Debe ser que la vaca financiera estaba muy gorda, y no les importaba lo más mínimo que la ordeñaran más de la cuenta. Al fin y al cabo, las multimillonarias pérdidas las hemos terminado pagando, con miles de millones de euros públicos, todos los ciudadanos.

Ya que aún esperamos las auditorías internas y externas del Partido Popular, estaría bien que algunos actores de las liquidadas cajas de ahorros se dejaran auditar. Así todos podríamos comprobar cómo ingresaban los emolumentos percibidos por la pertenencia y asistencia a los órganos de gobierno (comisiones, consejos, asambleas...), incluidas las empresas del grupo, a los partidos o sindicatos que les daban soporte, o a una ONG o colectivo necesitado (por ejemplo). Y cómo donaban también los caros regalos tecnológicos (y de otro tipo) que recibían por la asistencia a las asambleas (o firmar e irse sin asistir). O cómo, en la campaña anual de la renta (IRPF), comprobaban que lo entregado era correcto en términos netos; es decir: no les había originado ningún ingreso (en cuyo caso abonaban la diferencia), ni ningún gasto adicional. O renunciaban a las vacaciones "de trabajo" en el Caribe.

¿Qué tienen que decir todos estos sujetos, con cargos de más o menos responsabilidad, que le reían las gracias a Blesa? Que apoyaban unánimemente sus megalómanos caprichos. Que posaban orgullosos en las concentraciones y reuniones en la sierra madrileña —de trabajo, no sean mal pensados— con el presidente que les mantenía e incrementaba el poder y las prebendas. No sorprende, por tanto, escuchar las voces de simpatía que se han hecho públicas, provenientes de la federación financiera del sindicato más representativo de la entidad.

El Banco de España, con MAFO como gobernador, toleró una alta concentración de sinvergüenzas en Bankia —y en otras cajas y bancos de cajas—, sin importarle nada cabar la tumba de Caja Madrid. No hay más que leer las pensiones millonarias blindadas por los directivos de Caja Segovia (exdirectores generales Manuel Escribano y Miguel Ángel Sánchez). O los inmensos agujeros levantinos rellenos de hormigón del expresidente de Bancaja y del Banco de Valencia, y exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas; a unir a los dispendios madrileños del oso verde.

Con la "desimputación" de la infanta Cristina de Borbón los españoles hemos comprobado que la frase del Rey "la Justicia es igual para todos" iba dirigida a todos los ajenos a su familia Real y la Corona. El uso de uno de los "padres" de la Constitución española, Miquel Roca, unido al equipo del fiscal y del abogado del Estado (actuando como abogados defensores de la Infanta) ha creado escuela. Ahora los jueces instructores preguntan a los fiscales si deben seguir investigando. De hecho, el fiscal del caso "Blesa" quiere archivar la causa (desde el principio de la misma).

En este caso también podemos decir que el Banco de España tampoco es "igual para todos". Al ex consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, la entidad gobernada por Luis Linde le chivó que iba a destituirle, para que así dimitiera "dignamente", con su pensión de 88 millones de euros. Qué asco de país.

domingo, 28 de abril de 2013

Infames cifras de desempleo para un Gobierno infame

No hace falta un profundo análisis de las cifras de desempleo español, que recientemente conocimos (EPA primer trimestre de 2013), para sentir escalofríos. Se superan en más de doscientas mil personas los seis millones de parados. En el primer trimestre del año se han destruido 322.300 empleos (decremento de 235.300 personas activas en el último año). La tasa de desempleo (27,16% de la población activa), alcanza en los jóvenes (hasta 25 años de edad) el 57,2% (960.400 jóvenes); entre los 55 y los 59 años de edad hay 393.700 parados (20,84%); y 175.500 (19,26%) de más de 60 años. Un millón novecientos mil hogares tienen a todos los miembros de la familia en paro. Más de dos millones de desempleados lo son desde hace más de dos años (superado el plazo actual de duración máxima de dos años de la prestación por desempleo).

Cada vez que las cifras de desempleados nos golpean, y les pongo rostro, me vienen a la memoria las palabras del vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, pronunciadas en septiembre de 2011: "Aspiramos a crear 3,5 millones de empleos" (en esta legislatura); "somos especialistas en crear puestos de trabajo". Dueños y carceleros de sus propias mentiras, con las que nos apresan a los ciudadanos; estos especialistas reconocen que en la legislatura se destruirán un millón trescientos mil empleos.

También me vienen a la cabeza las sonrisas de la ministra de Empleo (?), Fátima Báñez, agradeciendo a la Vírgen del Rocío su ayuda para salir de la crisis: “De la Virgen del Rocío un capote siempre llega”. Ya sabemos que la culpa del aumento del desempleo no es de la ministra del ramo; ni de la Vírgen; ni del Gobierno del PP presidido por Rajoy. Es de Zapatero.

Los gobernantes y políticos conservadores nos piden que tengamos paciencia, que la reforma laboral ultraliberal dará sus frutos más pronto que tarde. La reforma laboral facilita y abarata el despido. En aras de la famosa flexibilidad de las relaciones laborales (flexibilidad para el patrono) y la eliminación del "miedo" a contratar del empresario español, se instaura y legitima el miedo en la parte más débil del contrato de trabajo: el asalariado. Se reducen y eliminan derechos, que costó décadas conseguir. Se individualizan y abaratan las relaciones laborales, porque eso de los derechos sindicales y laborales es de otra época, poco moderno y de rojos bolcheviques.

Cuando la economía genere empleo, dentro de no sabemos cuándo —seguramente en un tiempo lejano con estas políticas de estrangulamiento y recortes sociales y económicos—, el sistema garantista del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social español ya llevará años desmantelado. Es ingenuo pensar que todos los derechos arrancados volverán; y optimista creer que se repondrán algunos de ellos. Nos inyectan, con oportunista rapidez, el modelo de relaciones laborales anglosajón; pero con una economía en gran depresión. Ante este alucinógeno cancerígeno debemos pensar que nos administran una medicina que nos curará y vacunará y nos hará menos pobres y más felices.

La Encuesta de Población Activa (EPA) nos vuelve a decir que cada vez hay menos trabajo, y el que hay es peor en cantidad y en calidad. Como muestra, el dato de que aumentan el número de trabajadores "obligados" a hacer horas extraordinarias sin cobrar. Recuerden: el miedo. El miedo es un mal consejero cuando, si además del vaciamiento de derechos laborales y sociales, toleramos y no denunciamos las prácticas abusivas e ilegales. El miedo es libre; y el hambre y la intemperie, impuestas como disciplina y castigo. Mano de obra bajo la disciplina del miedo.

Ante una cifras infames de desempleo, cabe concluir que tenemos unos gobernantes infames. Infames por mentir para conseguir el poder; infames por las políticas que ejecutan, propias o dictadas desde los poderes económicos y financieros. Unas políticas que responden a un claro objetivo ideológico: el aniquilamiento de los derechos sociales y laborales para imponer un Estado mercantil de derecho.

martes, 19 de marzo de 2013

Bankia acerca a sus clientes menorquines... a nado

Dentro del plan de reestructuración de Bankia, que comporta el cierre de 1.100 oficinas y la extinción de 4.500 puestos de trabajo, el banco-caja ha anunciado el cierre de la totalidad de sus tres oficinas de Menorca (dos en Maó y una en Ciutadella). Ha enviado una carta a los clientes indicando que "el traslado de sus cuentas y de los productos asociados a las mismas es automático" y que "no tiene que realizar ningún trámite, ni acudir a su oficina".

El traslado de las cuentas y productos es a una oficina de Mallorca, ubicada en la localidad de Port de Pollença. A tan solo 33 millas náuticas (61,116 kms.) de Menorca. Si el cliente no desea desplazarse a tan próxima oficina (nadando, en barco, o en avión), siempre podrá operar por internet "las 24 horas del día". No, no se trata de una broma —aunque estén tomando el pelo a los clientes—, ni es el día de los Santos Inocentes; es cierto y real. A la invitación a los clientes a "visitar la oficina" le ha faltado, para aumentar el sainete, un párrafo que expresara lo saludable que sería cardiovascularmente el desplazamiento en canoa, piragua o kayak.

No sabemos si esta carta "automatizada", redactada por "el ordenador" o por alguna mente preclara de la Torre Bankia en Madrid, ha sido supervisada por otros responsables (en Valencia o en Palma) con algún conocimiento elemental y primario de la realidad y de la geografía balear. Quizá hubieran caído en que 'Les Illes', pese a tratarse de una Comunidad Autónoma uniprovincial, están separadas por el mar Mediterráneo.

Como es lógico, los clientes se han sentido insultados. Ya están cancelando sus "cuentas y productos asociados", y transfiriéndolos a otras entidades financieras en tierra firme menorquina. Sin embargo, para los que conocemos algo más de la realidad balear, y la historia de Caja Madrid (unida a Bancaja en la era Bankia) en las Illes Balears en los últimos lustros, la noticia no nos sorprende.

Ha sido una entidad que, en las décadas de presencia en Balears, nunca ha terminado de integrarse (probablemente tampoco lo ha querido). Con una escasa sensibilidad a la cultura y la lengua propias, y una más que discreta presencia mediante la Obra Social y la Fundación, demostrando su cicatería para revertir en la sociedad balear algo del suculento beneficio territorial obtenido. Son las consecuencias de una gestión exclusivamente mercantilista, con centros de decisión y gestión (política y bancaria) centralizados: en Madrid, en Barcelona, en Valencia. Cuando se implantaron centros territoriales propios (comerciales y de riesgos), sus directivos estaban/están más preocupados en ascender y medrar que en integrarse. Los inconvenientes de la insularidad (geográficos y socioeconómicos) han sido siempre un caballo de batalla en las relaciones laborales, comprendidos en Madrid con la boca pequeña; y con este corte de mangas a los menorquines, podemos decir que los clientes no tienen un trato privilegiado respecto a los empleados.

De los catorce empleados de Bankia en Menorca, parece ser que trece ya han recibido la carta de despido. Tan solo un empleado ha recibido la oferta de traslado a la oficina de Port de Pollença. Muestra brutal del arma de la retrógrada e inútil reforma laboral del Gobierno del Partido Popular (reforma para despedir, no para crear empleo), cargada con las balas del ERE firmado por los sindicatos más representativos de Bankia. Sólidos son los principios por los que empieza el banquero Goirigolzarri.