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viernes, 1 de mayo de 2020

El teletrabajo como instrumento de explotación laboral


De un día para otro, y a causa del coronavirus, descubrimos el teletrabajo ("trabajo a distancia", como recoge el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores). El trabajo a distancia no solo es el efectuado en el domicilio, aunque, debido al confinamiento decretado, es el lugar preponderante donde se realiza la prestación laboral. Se calcula que solo un 7,9% de las personas ocupadas trabajó en 'remoto' (aunque fuera ocasionalmente) en el cuarto trimestre de 2019.

Los medios de comunicación, además de enunciar las innumerables ventajas de trabajar desde casa -entre las que incluyen el poder trabajar en pijama-, nos recordaron la 'brecha' en teletrabajo que nos separa de otros países de Europa. Como es habitual, se olvidaron de informar sobre las diferencias que nos alejan en otros parámetros sociolaborales, como: contratos desechables; salarios paupérrimos; jornadas y horarios desbocados; libertad sindical vigilada.

El foco, como siempre, se dirige a reducir la distancia en un punto concreto; obviando el resto de elementos laborales y del contrato de trabajo, que puedan redundar en una mejora significativa de los derechos y condiciones de trabajo de los asalariados.

Es obvio que ante la disyuntiva entre perder ingresos o el puesto de trabajo y teletrabajar, ésta última será la opción mayoritaria. En el caso del coronavirus covid-19 -y bajo motivos de salud pública-, hay interpretaciones jurídicas que apuntan a que el teletrabajo, cuando sea posible, no es una opción sino una obligación.

Y nos encontramos a los (tele)trabajadores y (tele)trabajadoras montando la oficina en casa. En el salón, en la cocina, en la habitación -los metros cuadrados de una vivienda modesta no dan para más-. En el mejor de los casos, se produce un traslado de los costes de producción empresariales al propio asalariado: ocupación de espacio físico doméstico; consumo de electricidad, iluminación, conexión a internet (fagocitada de la contratada para el hogar). En no pocas ocasiones será el empleado el que aporte sus propios recursos: su ordenador, su teléfono móvil.

Cuando terminen las semanas o meses de teletrabajo por coronavirus, sería interesante conocer la opinión de los fervientes admiradores y admiradoras del trabajo a distancia. Si continúan con el mismo punto de vista inicial, o han visto modificada su postura. Y en esta hipotética encuesta, no estaría de más preguntar también por su espalda, cervicales, lumbares, ojos, muñecas; su estado psicofísico -a la dureza del confinamiento hay que sumar el confinamiento laboral-.

La norma (ET) dispone que "los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud". Las condiciones ambientales domiciliarias, difícilmente van a reunir los requisitos ergonómicos mínimos; lumínicos, posturales y físicos, para la prestación laboral en la jornada de trabajo. El puesto de trabajo, en la silla y la mesa del salón, no va a ser evaluado por el servicio de prevención. Con lo que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de aplicación también en el trabajo a distancia, será un papel mojado más.

"Los trabajadores a distancia podrán ejercer los derechos de representación colectiva conforme a lo previsto en esta ley [ET]". Otra bonita declaración de intenciones. Si a la pérdida de la conciencia de clase trabajadora sumamos la acción de los sindicatos burócratas, pactistas y posibilistas: ¿qué derechos se van a ejercer desde casa, cuando ni siquiera se ejercen en el centro de trabajo?; ¿qué actuaciones va a acometer al respecto la Inspección de Trabajo y Seguridad Social?, ¿cómo va a controlar el fraude de los teletrabajadores incluidos en ertes o eres?

Las herramientas de trabajo estarán cerca y disponibles las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. Un maquinismo tecnológico que facilitará la prolongación de la jornada de trabajo -frecuentemente sin retribuir ni compensar-. Se incumplirán los horarios y los descansos (diarios y semanales). Ante estas situaciones, el sistema de fichaje y control de presencia tendrá poco efecto paliativo: sabemos que es alterable y manipulable.

El teletrabajo desplaza al trabajador o trabajadora de la interrelación en el centro de trabajo al aislamiento teleasistido. Acentúa la individualización de la fuerza de trabajo, en detrimento de la fuerza colectiva de los trabajadores. La falta de modulación, control y limitación del trabajo a distancia, aliena y puede derivar en explotación laboral. Y en la continuación de la (constante) pérdida de derechos laborales, acentuada por el impacto de la pandemia. Formará parte de esa inquietante "nueva normalidad" que el sistema quiere imponernos.



lunes, 20 de abril de 2020

Más justicia social y tributaria, menos mercadotecnia de covid-19


Abundan en los ​medios de comunicación​ las noticias relacionadas con gestos, en forma de acciones, donaciones y ayudas, por parte de grandes empresas y corporaciones, motivadas por el coronavirus SARS-CoV-2. Una reacción habitual es la de pensar que "a caballo regalado no le mires el diente".

Cabría hacerse, al respecto y en relación a estas empresas y empresarios, varias preguntas. 

En primer lugar, cómo son sus medios de producción y venta; su impacto en el planeta; las condiciones laborales que los proveedores aplican (o imponen) a su mano de obra. 

En segundo lugar, cómo son las condiciones laborales de sus trabajador​e​s: salario, horario, tiempo de trabajo y descanso, conciliación, igualdad, salud laboral, convenio colectivo (si lo hubiere). 

En tercer lugar, cuál es su nivel de contribución fiscal a la sociedad: ​qué​ impuestos​ presentan​ y cuánto pagan; si aplican o no ingeniería tributaria para la elusión fiscal; si operan, de forma directa o indirecta, a través de paraísos fiscales. 

En cuarto lugar, cómo se comportan con su personal, tanto en el Estado de Alarma por el coronavirus, como antes (y después): han presentado eres o ertes; han despedido; modifican sustancialmente las condiciones de trabajo; respetan o por el contrario presionan para evitar el ejercicio del derecho de huelga; facilitan o entorpecen la libre sindicación y la acción sindical; pagan puntualmente el salario real y legal, y sus cotizaciones; pagan o compensan las horas extraordinarias; cumplen en el trabajo con las condiciones adecuadas y preceptivas de prevención de riesgos laborales. 

No nos olvidemos de las eléctricas y gasísticas. Son muy activas en 'solidaridad', pero, que sepamos, no han bajado el precio desproporcionado que nos facturan a los consumidores. Y la prohibición de cortar los suministros de energía​ a los hogares​, durante el confinamiento, se debe a un decreto gubernamental, no a su iniciativa. 

Antes de aceptar regalos envenenados (y con importantes deducciones fiscales incluidas), exíjase, primero, el pago realmente proporcional de impuestos; un trato justo a los trabajadores y a los recursos naturales del planeta; y respeto por el resto de seres vivos. Después, toda la ayuda y donaciones que quieran. Esto sí sería una buena mercadotecnia; aunque la mejor, por inexistente, es la de quienes donan y ayudan de forma anónima.

También sería un detalle, de los contribuyentes altruistas -incluidos los particulares y personajes más o menos famosos-, que excusaran escenificaciones próximas a la caridad y beneficiencia, evitaran el postureo en redes sociales, y se acercaran más a la dignidad de la persona.

sábado, 11 de abril de 2020

El final de la COVID-19 lo dictará la economía


El final de la versión dura del confinamiento no lo va a marcar la salud de los ciudadanos: lo dictará la economía. Realmente lo viene marcando desde el principio, aunque no forme oficialmente parte del Comité Técnico-Policial-Militar de la COVID-19, que vemos aparecer cada día en las ruedas de prensa.

Una muestra significativa de quién marca el paso es el final del "período de hibernación", después de la Semana Santa. La vuelta al 'tajo' en actividades "no esenciales", según los criterios gubernamentales. 

Falta que a las cifras de contagios, fallecimientos y altas hospitalarias, y las de detenciones y sanciones por 'escapar' del confinamiento/encarcelamiento, se añada el correspondiente decrecimiento diario del PIB.

Ana Botín se lo ha dicho claramente al Gobierno: "Los jóvenes e inmunizados deben volver cuanto antes al trabajo" -amén-. Le ha faltado añadir: los que conserven su puesto de trabajo, o consigan que les contraten. Y, ¿a qué sistema económico y de relaciones laborales se van a reincorporar? Exactamente al mismo que había antes de la pandemia por coronavirus. 

El mismo sistema capitalista neoliberal. Pero con las arcas públicas vacías; la desigualdad socioeconómica y la pobreza multiplicadas al mismo ritmo que la expansión de la infección vírica. Vuelta a las mismas reglas del juego financiero, pero en un país devastado.

Las consecuencias del caos normativo dictado bajo la etiqueta de rescate social, y los instrumentos para "que nadie se quede atrás", poco -o nada- van a aliviar el sufrimiento y las necesidades de las clases desfavorecidas. Sin mencionar la escasa colaboración de los organismos administrativos implicados: Seguridad Social, SEPE, y autoridades laborales autonómicas. En lugar de adaptarse a las necesidades de los afectados, son éstos -y sus asesores legales, quien pueda permitírselo- los que tienen que adaptarse a los requisitos burocráticos; con un continuo cambio de criterios, descoordinación entre áreas y organismos, y problemas telemáticos e informáticos.

Millones de trabajadores están afectados por ertes de fuerza mayor por la covid-19, a pagar con fondos públicos. De la exoneración de la cotización a la Seguridad Social (100% en las empresas de menos de 50 trabajadores) se van a beneficiar las grandes empresas y corporaciones, teniendo que abonar solo un 25% de las cuotas.

No hablemos del "prohibido despedir por el coronavirus", de los mismos autores del prohibido despedir "por estar enfermo". En ambos casos se puede seguir despidiendo, pero pagando una indemnización de 33 días por año -en lugar de 20 días por año-; suponiendo que el trabajador o trabajadora impugne el despido y se sentencie como improcedente.

Con la caja pública en números rojos, y la reducción de ingresos fiscales y de cotizaciones sociales, 'su' economía no va a necesitar un 'rebote', sino más bien un cohete propulsado a la velocidad de la luz.

Y no olvidemos que nos encontramos en Estado de Alarma, por segunda vez en 'democracia' (o "régimen del 78", que diría la furibunda portavoz del PP en el Congreso) -aunque al presidente Sánchez se le olvidó el Estado de Alarma decretado por la huelga de los controladores aéreos, en el año 2010-. Una cuasidictadura constitucional, con plenos poderes del ejecutivo, en la que se ha asumido con total normalidad la pérdida de libertades y la generosa presencia coercitiva, junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las fuerzas armadas en las calles desalojadas. Esta concentración por decreto de poderes institucionales queda a un corto paso de sistemas totalitarios.

Nos consolaremos con la certeza de que las derechas y ultraderechas terminarían de rematar el más mínimo vestigio de lo público. Y, si nos descuidamos, los militares no volverían a los cuarteles.

lunes, 30 de marzo de 2020

COVID-19: Los despidos en la pandemia del coronavirus


Tras la expectación creada por el anuncio de​l viernes​, por parte de la ministra de trabajo, de la prohibición de despedir, v​ino​ el texto del BOE, publicado ​al día siguiente​.

Es oportuno comenzar indicando que contiene elementos positivos para los trabajadores. Pero vayamos al asunto de la prohibición de despedir. 

Tal y como se anunció, la interpretación jurídico-laboral lógica es que los despidos "por coronavirus" serían considerados nulos. Es decir, la empresa tendría que readmitir obligatoriamente al trabajador. Y, si no lo hiciera, o readmitiera irregularmente, el asalariado seguiría cobrando su sueldo y cotizando a la Seguridad Social -todo ello tras instar, judicialmente, lo que se denomina 'incidente de no readmisión'-.

Pero los despidos de la pandemia no van a ser nulos. Serán improcedentes, con su correspondiente indemnización. Y ello, contando con que el/la trabajador/a lo impugne ante la jurisdicción social, claro. 

Significa que los patronos no podrán aplicar despidos objetivos, de indemnización sensiblemente más baja. 

Lo anterior nos lleva a recordar que el despido, en España, es libre, indemnizado y barato -con las últimas reformas laborales, mucho más barato-. 

Haciendo un poco de historia, y a propósito de la reciente conmemoración de los cuarenta años de la aprobación del Estatuto de los Trabajadores (1980). El ET instauró la piedra filosofal de la legislación laboral española; claramente flexible y favorable a los empresarios -cuyo anhelo es un despido libre y gratuito-. Desde la aprobación de la norma, y en lo que respecta a los despidos sentenciados como improcedentes, la opción entre la readmisión o la indemnización le corresponde a la empresa, no al trabajador. 

No sabemos si habrá un primero de mayo sin confinamiento. A lo mejor sería una oportunidad para que los trabajadores recobraran la conciencia de clase. Y recapacitaran de a dónde les han conducido los gestores burócratas de los grandes sindicatos. Nunca es tarde si la reacción es buena. 

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"El Gobierno impedirá el despido justificado por causas relacionadas con el Covid - 19"

jueves, 19 de marzo de 2020

COVID-19: El Estado debe intervenir y ocupar los establecimientos sanitarios privados

Vivimos tiempos de desinformación. El COVID-19 ha agravado, en una proporción considerable, el oscurantismo e intoxicación habituales provenientes de los grandes medios de comunicación. Otro peligroso virus, informativo.

Los platós de televisión siguen contando con las mismas caras y voces. Han debido de estudiar un curso acelerado por correspondencia, para reconvertirse en científicos, virólogos, epidemiólogos, neumólogos...

No hemos visto, oído o leído, ninguna información que indique la intervención y ocupación de camas hospitalarias privadas. Tal y como autoriza el artículo 13.b) del decreto (lamentablemente "Real" decreto) 463/2020, por el que se declara el estado de alarma. (*)

Norma que también autoriza la intervención de los establecimientos del sector farmacéutico. Nos gustaría saber la justificación de esta inacción, en las circunstancias de alerta sanitaria actual, y con el déficit de camas y recursos sanitarios públicos -humanos y materiales-.

Al fin y al cabo sería una reversión, temporal, que no haría justicia al saqueo neoliberal ejercido en la sanidad pública en las últimas décadas. Es indignante escuchar a las extremas derechas en sus exigencias de dotar de medios a la misma sanidad que ellos han ninguneado y desmantelado. Tan indignante como sus genuflexiones lacayas ante los corruptos reyes borbones.

En la bonanza económica todas estas legiones de bucaneros capitalistas neoliberales preconizan el libre mercado, la libre empresa, y el enriquecimiento sin fin. La fuerza del capital a costa de la fuerza del trabajo -la espalda de la clase trabajadora- y el sufrimiento de la pobreza. En tiempos de crisis, tocan a la puerta del papá Estado, para que les ayuden; y dejan en la cuneta, como siempre, a las clases populares. ¿Dónde están -recuerden- los 60.000 millones de euros del rescate bancario? ¿Cuántos, de los 200.000 millones de euros de "rescate del coronavirus", van a llegar a la población realmente necesitada?

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(*) Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(...)
Artículo 13. Medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública.
El Ministro de Sanidad podrá:
(...)
b) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el sector farmacéutico.
(...)

viernes, 17 de febrero de 2017

Ahora van a por los estibadores portuarios


Parece ser que, en España, todavía quedan trabajadores privilegiados. Esta especie en extinción se distingue por unas determinadas características, a cual más escandalosa e intolerable.

Su contrato es indefinido ("fijo"), y a jornada completa. Tienen por costumbre recibir el abono de sus nóminas, íntegro, una vez al mes. Su salario, sin llegar a alcanzar para muchos dispendios, puede calificarse como digno.

No realizan horas extraordinarias ilegales. Se respeta su horario, descanso entre jornadas y descanso semanal. Disfrutan íntegramente de sus vacaciones y permisos reglamentarios.

Estos trabajadores insolidarios alimentan uno de los cánceres del mercado de trabajo: la dualidad laboral. Gozan de ventajas de las que están excluidos el resto de trabajadores; convertidos, por imperativo legal, en parias.

Con el actual marco jurídico de relaciones laborales, adecuado convenientemente para fulminar derechos, solo queda identificar, estigmatizar y neutralizar a los colectivos privilegiados.

Y, en esta lucha sin cuartel, las fuerzas dominantes han encontrado un nuevo objetivo: los estibadores portuarios. "Los estibadores no pueden tener estos privilegios en el siglo XXI", dice la patronal. Se atreven a defender sus derechos, trabajados y sudados durante muchos años. Osan movilizarse, protestar, convocar una huelga y, además, provocando incomodidades y problemas de abastecimiento de mercancías. ¡Habrase visto!

La Unión Europea ordena liberalizar el sector de la estiba y desestiba de buques. Tenemos experiencia de lo bien que nos va con otros sectores estratégicos liberalizados: energía (electricidad y gas), comunicaciones, transporte. Teórica competencia, oligopolios de facto; con los que unos pocos privilegiados se hacen millonarios, en detrimento de los servicios públicos.

Los representantes de los trabajadores de la estiba denuncian que el decreto del Gobierno de Madrid va más allá del mandato de Bruselas. El colectivo de insolentes proletarios estibadores, con su afiliación sindical voluntaria, no tiene tanto poder como otros colectivos corporativistas, de colegiación obligatoria. Para estos colegiados la liberalización no ha ido tan lejos; pese a afectar, igualmente, a la libre competencia y a los consumidores y usuarios.

Toca, pues, la estiba. Un trabajo duro, penoso y peligroso. Un colectivo de trabajadores con conciencia de clase obrera y, para más inri, con un sindicato dispuesto a defender sus derechos.

Uno de los problemas es la dualidad laboral. La solución que nos dan es eliminarla. ¿Cómo?: pasando todos al colectivo mayoritario de parias laborales. Y manteniendo la dualidad social: una élite privilegiada, cada vez más rica; frente a una inmensa mayoría de pobres, con trabajo o sin él.

Vamos. Llegó la hora de los estibadores.

miércoles, 5 de febrero de 2014

Salarios míseros y cotizaciones sociales

A escondidas, con premeditación navideña y alevosía, el Partido Popular nos ha vuelto a colar otra reforma laboral (Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores). Para conocer todas las tropelías a las que nos somete la mayoría absoluta y absolutista gubernamental, hay que leerse diariamente, con la ayuda de una lupa de gran aumento, el Boletín Oficial del Estado. No se fíen del rimbombante nombre del decreto ley, continuista del lenguaje perverso a que nos tiene acostumbrados el Gobierno: acciones y efectos antagónicos al enunciado.

Ha levantado mucha polémica la eliminación, casi absoluta, de la exención de cotización en las retribuciones en especie (con efectos en diciembre). Pagos en especie, como los vales/cheques de comida (antes exentos de cotizar hasta los 9 euros por día); la previsión social complementaria (como los planes de pensiones), salvo la incapacidad temporal; beneficios sociales, como las ayudas de guardería; 'stock options' (retribución en acciones), antes exenta hasta 12.000 euros anuales; compensación por transporte y distancia, como el plus de transporte (antes no integrado en la base de cotización si no superaba el 20% del IPREM, cifrado para 2014 en 532,51 euros/mes). Y no nos olvidemos de los coches de empresa, habitualmente empleados para uso particular y no (o no sólo) profesional.

Lo primero que cabe decir al respecto, es que ya era hora de cotizar por unas retribuciones que, habitualmente, constituyen realmente un salario encubierto. Lo segundo, que el relativo impacto negativo en los bolsillos de los trabajadores (menor salario neto, cuantificado en un tipo de cotización mensual general del 6,35%, sobre la base de cotización incrementada) se transvasa a futuro; mejorando la base de cotización (para quien no la tenga topada, la inmensa mayoría) de cara a prestaciones sociales por incapacidad, desempleo y pensiones.

Pero no se piensen que esta es una medida "revolucionaria" del "Partido (Popular) de los Trabajadores" —como autodenominaba al PP su secretaria general, María Dolores de Cospedal—. Un 4% de los 16,3 millones de asalariados ya están cotizando por el máximo (tienen su base de cotización topada). Base de cotización máxima que este año se sitúa en los 3.597 euros mensuales (bastante más de un sueldo "mileurista"). Quiere decirse que esta disposición se centra en el 96% restante de los trabajadores, incluidos aquellos con salarios míseros o de subsistencia.

La gran patronal CEOE, como era de esperar, ha puesto el grito en el cielo. La cotización empresarial general es de un 29,90%. Evidentemente el impacto no será éste, ya que estamos hablando de una parte de las retribuciones. Pero han tomado esta "provocación" como casus belli. Una excusa más para amenazar con despidos, debido al incremento de los costes laborales, y con menores contrataciones. Despidos, por otra parte, muy baratos y fáciles de ejecutar para los empresarios, gracias a las potentes herramientas legales que les ha regalado el Gobierno "rojo" del PP.

A los patronos no les basta con tener un despido fácil, rápido y barato. También necesitan unas cotizaciones sociales de saldo, o nulas. Hay que pagarles (bonificaciones y subvenciones) por crear empleo, aunque sean puestos de trabajo de usar y tirar, y en fraude de ley; con tiempo de trabajo sin retribuir (horas extraordinarias, contratos a tiempo parcial con jornadas reales a tiempo completo), o pagado en dinero "b". Se acompañan de algunas voces, expertas económicas, que piden cotización "cero" a cambio de crear empleo. La menor recaudación social dicen que se compensaría con el ahorro en prestaciones por desempleo —prestaciones que, por cierto, también cotizan—.

El resultado de la ecuación no está tan claro. Por cada empleo estable —privilegiado lo llaman— destruido, se generan varios precarios: eliminando un empleo indefinido a tiempo completo, a cambio de crear dos temporales a tiempo parcial, estadísticamente se ha creado un puesto de trabajo. Ergo, en este ejemplo, tendríamos un perceptor de la prestación de desempleo, a cambio de dos contratos que no cotizan a la seguridad social —en términos netos no hemos reducido en dos personas las listas del paro y de perceptores de desempleo, sino en una—. El asunto se puede complicar aún más, ya que el contrato a tiempo parcial es compatible con una prestación parcial de desempleo. Y luego, para continuar con la rueda del miedo, nos vendrán otra vez con las amenazas de quiebra de la Seguridad Social y el sistema de pensiones, para justificar mayores recortes.

Esta nueva regulación casi "comunista" de las cotización de la retribución en especie, ha venido compensada por otra medida, menos roja y más azul. Otro regalo a las grandes empresas y corporaciones. Y en el mismo real decreto ley. Modifican la Ley 27/2011 (que contenía la denominada "enmienda Telefónica", que compensaba el coste público del macro-ERE de esta compañía), introduciendo la siguiente previsión: las multinacionales que empleen a 100 o más trabajadores en España y planteen un ERE o prejubilen trabajadores, invocando pérdidas en nuestro país aunque hayan obtenido beneficios a nivel global, ya no estarán obligadas a realizar la aportación equivalente a la prestación por desempleo de los trabajadores mayores de 50 años afectados por dichas medidas.

Desde el 23 de diciembre, fecha en la que entró en vigor, las multinacionales con filiales en España tienen mucho más barato despedir objetivamente y prejubilar a un colectivo abocado a quedar fuera del mercado de trabajo. Nos vienen a la cabeza varias de estas multinacionales que, además de declarar pérdidas o pagar cantidades irrisorias a la hacienda pública española (con beneficios globales de cientos o miles de millones de dólares), también podrán despedir mucho más barato en nuestro país. Y que, en este caso, no nos vengan con el cuento de la complejidad de atacar y atajar la ingeniería fiscal internacional: es evidente que se trata de voluntad política, nula en ambos casos.

Estas son las políticas del partido que vela por los trabajadores, por los autónomos y las microempresas y pymes. Del Gobierno que renuncia a recaudar más de quien más tiene. Que amnistía a los grandes defraudadores. Que, con una mano, tolera la ingeniería fiscal de las grandes empresas, de los banqueros y financieros, de los poderosos y miembros de la familia real. Y, con la otra, golpea fuertemente al pequeño contribuyente. De un Gobierno-decreto-ley al que nunca le urge corregir que la tributación efectiva por sociedades (IS) pueda ser hasta cuatro veces inferior que la de las personas físicas (IRPF). ¿Cómo nos va a extrañar que la economía sumergida, según Gestha, alcance el 24,6% del PIB (2012), con toneladas de billetes de 500 euros en forma de ladrillo; hasta alcanzar los 253.000 millones de euros? ¿Cómo pretenden que el ciudadano de a pie, ante tanta corrupción y latrocinio de guante blanco, deje de preguntar "con IVA o sin IVA"?

lunes, 23 de diciembre de 2013

Mirar con los ojos cerrados

“Nacemos solos, vivimos solos, morimos solos. Solo a través del amor y la amistad podemos crearnos la ilusión por un momento, de que no estamos solos” (Orson Welles​). Entre ambas íntimas soledades biológicas, y también físicas, del nacimiento y de la muerte, nos queda el camino (más o menos largo) de la vida.

He estado convaleciente —aún lo estoy, reincorporándome paulatinamente al mundo de los videntes— durante varias semanas, debido a una intervención quirúrgica ocular de vítreo-retina. Son varias las reflexiones de la experiencia. El aprecio de la salud resalta cuando careces de ella; el recuerdo de la falta de visión, en sus últimos años de vida, de mi madre; la mayor comprensión, y solidaridad, con los invidentes y personas con problemas visuales. Y el privilegio de haber sido intervenido en pocos días; y el apoyo y cuidados de mi familia más cercana.

También he comprobado lo efímero y etéreo de la vida digital. Si en las redes sociales no tuiteas y retuiteas, publicas en el muro, pulsas un "me gusta" o un "más"; entras en un estado de coma vegetativo virtual. La amistad digital queda absorbida por la impersonalidad electrónica de Internet.

La dificultad para leer, y el deslumbramiento y molestias originadas por la luz y las pantallas, me conducían a descansar cerrando los ojos intermitentemente. A ratos escuchaba música, a ratos escuchaba la radio; y también escuchaba la televisión. En esta oscuridad terapéutica y sonora, he ido observando y apuntando retazos sobre las reflexiones de los acontecimientos, sociales y políticos, de estas últimas semanas.

Hace años que distintos juristas, atrevidos en su momento, advirtieron de la dudosa legalidad de la llamada "doctrina Parot". Se hizo ingeniería jurídica para sortear el principio de irretroactividad penal. El retraso de más de dos décadas en modificar el Código Penal de 1973 (franquista), se pretendió suplir actuando sobre los beneficios penitenciarios en el cumplimiento de las penas: aplicando la reducción de pena sobre la totalidad de la condena (y no sobre la pena máxima de prisión); elemento modificado en la reforma de 1995 (que entró en vigor en 1996). Y la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dado la razón a esos juristas, sentenciando que dicha doctrina viola dos artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos. De los diecisiete jueces (de reconocido prestigio) de la Gran Sala del TEDH, ha sido el "socialista" juez español el que ha "engañado" a otros quince; siendo "culpable" de la anulación de la doctrina y de la consiguiente puesta en libertad de asesinos en serie, terroristas y violadores.

Continuando con los razonamientos jurídicos, sin abandonarnos en los instintos y sentimientos viscerales, algo más desapercibida ha pasado una sentencia del Tribunal Constitucional (TC). Con una sala de lo social muy dividida, el alto tribunal considera que la extinción del contrato de trabajo en el período de prueba (desistimiento empresarial) de una embarazada (cuyo estado de gestación era, parece ser, desconocido por la empresa), no es despido nulo. El TC deniega el amparo ante un supuesto que, de haberse producido en un contrato con el período de prueba superado, se hubiese sentenciado como despido nulo. No hay lesión de derechos fundamentales; no hay vulneración de la tutela judicial efectiva, en relación con el derecho a la no discriminación por razón de sexo. Un coladero, para que los empresarios se deshagan de las trabajadoras embarazadas en los (cada vez más dilatados) períodos de prueba. Lo votos particulares de los magistrados que se negaron a apoyar semejante tesis, difícilmente van a sonrojar a los que firman la sentencia; ni a lavar los malos presagios con los que empieza la nueva etapa de mayoría conservadora en el tribunal. El reparto político de sillones, judiciales o no, impregna todo de una desagradable pestilencia.

Eurovegas. Por una vez Bruselas sirve para algo. A Al Capone no le encarcelaron por mafioso; le condenaron por fraude fiscal. El lupanar del Eurovegas-Alcorcón de Sheldon Adelson no se queda en Madrid. Y no por la negativa de los gobiernos estatal, autonómico y local, a disminuir (todavía más) los derechos laborales; o por la negativa a permitir que los camareros contraigan cáncer de pulmón por autorizar fumar (quebrando la ley antitabaco); o por regalarle una fiscalidad de saldo —y otra interminable lista de vergonzosas prebendas—. No se instala porque la Unión Europea considera que "atenta contra la libre competencia del juego". El decrépito Adelson se lleva su decrépito modelo de negocio a Asia. Probablemente les ha estado vacilando durante meses a Aguirre, González, Mato, Báñez, Rajoy...; mientras el Partido Popular se arrastraba y entonaba a coro un patético "Bienvenido Mister Adelson". Y posiblemente ha utilizado a España como moneda de cambio y regateo con otros destinos preferidos. No deja de ser paradójico: el Gobierno de España presume de que cada vez nos parecemos más a Asia —la Asia de Europa—, con las bajadas de salarios y pérdida de derechos sociolaborales; a la par que Asia se europeíza tímidamente, incrementando salarios y derechos.

Endurecimiento (más aún) del Código Penal, a golpe de titular de prensa. Y de la Ley de Seguridad Ciudadana, para infundir un carísimo miedo a las protestas; acallando el descontento a golpe de multas administrativas, ejerciendo el Estado gubernativo de juez y parte —ya que no les agradan las sentencias judiciales que no condenan a los manifestantes—; y refuerzo e incremento de materiales antidisturbios. Como muy bien dice Javier Marías: leyes neofranquistas. Para reforzar este incremento represivo el ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón, va a custodiar, mediante vigilancia policial, cada gestación y a cada gestante; sirviéndose de la nueva Ley de interrupción del embarazo. Añora don Alberto los tiempos pasados de la peligrosa clandestinidad, en los que los padres pudientes enviaban a sus hijas a abortar a Londres; esos mismos padres declarados antiabortistas, que acuden a las manifestaciones convocadas por la jerarquía católica. No digamos nada de la vileza de excluir en la ley el supuesto de graves malformaciones fetales. Entendemos porqué su padre dijo: "mi hijo Alberto, ese sí que es de derechas". El ministro del Interior, Jorge Fernández, ilustre miembro del Opus, sale en defensa de las concertinas de la frontera africana; esas cuchillas que pasivamente desgarran la piel. El ministro Fernández demuestra lo gran católico que es, y lo poco cristiano. Líbrenos Dios de semejantes gobernantes.

Eliminación del pago a cargo del FOGASA del 40% de la indemnización del despido objetivo, en empresas de menos de 25 trabajadores. A la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se le ha aparecido la Vírgen del Rocío —a la que tanto inboca—, para que se entere de una vez que el abaratamiento del despido produce su incremento. Los ciudadanos vamos a dejar de subvencionar nuestros propios despidos. Y para celebrarlo, los empresarios están despidiendo a mansalva, antes de la entrada en vigor en enero de la "contrarreforma".

Del gobierno del PP, que también sufrimos en las Illes Balears, podríamos emplear varias columnas. Sólo citaré una de las últimas ruindades de nuestro farmacéutico 'president', José Ramón Bauzá. Ningún representante del Ejecutivo autonómico asistió al acto de ingreso en la Real Academia Española de la Lengua (RAE), el pasado noviembre, de la escritora mallorquina Carme Riera. Sin embargo Bauzá, por las mismas fechas, sí hizo hueco en su agenda para asistir a la fiesta del diario "La Razón". ¿Es porque Riera escribe en catalán? También escribe en castellano; además de ser, a mayor abundamiento, catedrática de literatura castellana. Las disculpas posteriores del 'president', con la boca pequeña, de poco nos sirven. Es más, estamos hartos de falsas disculpas, y escasos de dimisiones; especialmente de políticos de tan poca talla, y grande desvergüenza. Nos quedamos con las sabias palabras de Carme: "No me hacían falta los políticos, pero lamento su ausencia por los mallorquines". "Los amigos compensaron otros vacíos, aunque no me hacía ninguna especial ilusión que acudieran los gobernantes isleños".

En las televisiones continúan las legiones retribuidas de contertulios. Las mismas caras en diferentes cadenas, y en distintos programas del mismo medio o grupo de comunicación. Grandes opinadores, sabios y expertos en cualquier área y disciplina; pero con un denominador común, en los grandes medios de comunicación: el casi nulo cuestionamiento, directo o indirecto, del poder mercantil y del sistema capitalista.

Entre los programas con cierto calambre en las conciencias, está el "Salvados", de Jordi Évole. Y el humor ácido de "El Intermedio", de El Gran Wyoming —José Miguel Monzón gana cuando se pone serio en artículos de prensa, libros, y entrevistas (como la que le hicieron en "La Sexta Noche")—. A continuación destaco lo que considero más relevante de los últimos programas de "Salvados" (participaciones preferentes; entrevista a Pérez-Reverte; precariedad laboral; lavado de dinero negro).

Participaciones preferentes. Producto híbrido, complejo y perpetuo donde los haya, ruina de miles de familias humildes estafadas. Un presidente de la CNMV (Manuel Conthe) prohíbe su comercialización (sin denuncias de los bancos ni consecuencias legales); el siguiente (Julio Segura) la reactiva, porque caso contrario "hubiera sido prevaricación". Habla un exdirector de Caja Madrid (Bankia), que suponemos abandonó el banco de cajas con el ERE de 2012 (no sabemos si por voluntad propia, o por "invitación"): vendió un millón de euros de preferentes en su oficina, porque el resumen del producto y las cuentas (falseadas) de la Entidad no le hacían dudar. ¿Y eso justifica el vender el producto como un plazo fijo, o con el preceptivo test de conocimientos financieros del inversor rellenado previamente por la sucursal? Ocultar algunas de las características de un producto es una forma de mentir. El exdirector dice que ahora intenta recuperar el dinero que le colocó a familiares y amigos; lo que no cuenta es la retribución variable y demás beneficios que le reportaron, a él y a su oficina (y a la Entidad, que dirían Blesa y sus directivos), el cumplimiento de los objetivos marcados.

Al hilo del rey de las preferentes. Salen a la luz algunos de los miles de correos del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, el meritorio recomendado de José María Aznar. Estos correos se encuentran en el limbo judicial, porque son del ámbito privado; extraña interpretación, cuando corresponden a la cuenta de correo corporativo del expresidente. Están repletos de tratos de favor, a amiguetes y políticos, pagados a precio de oro con el dinero de la Caja. Irónicamente le contesta al hijo de Aznar que Caja Madrid no es su cortijo; quién lo diría, con el contenido de lo poco que hemos leído, habiendo actuado y vivido como un señorito (con la asistencia de capataces políticos y sindicalistas), o como mandado del señorito Aznar. El pobre Blesa está preocupado por conseguir un juez imparcial; y porque le hayan arruinado su reputación y vida profesional. No le preocupa nada haber arruinado (con la ayuda de Rato) a la Caja madrileña. Tampoco se le veía muy preocupado años atrás, en su suntuoso nivel de vida; o rodeado de las cabezas de sus piezas de caza.

Pérez-Reverte. En la tormentosa relación de lector, atracción/repulsión, que mantengo con el académico de la lengua don Arturo; coincido con él en dos afirmaciones vertidas en la entrevista de Jordi Évole. La primera, que la gente está deseando y esperando a que termine la crisis, para hacer exactamente lo mismo que antes de que estallara. La segunda, que en España nos ha faltado una guillotina —léase una revolución a la francesa, cortando y rodando determinadas cabezas—.

Precariedad laboral. Vemos a sindicalistas y trabajadores veteranos de la industria del automóvil, defender las dobles escalas salariales: salarios sensiblemente inferiores del personal de nueva entrada; y menos beneficios sociales para este grupo de menor antigüedad. A cambio de qué: teóricamente del mantenimiento del empleo (y de los beneficios de los más antiguos, claro). Pero los patronos son insaciables, siempre hay salarios, derechos y puestos de trabajo por recortar. También escuchamos a un sindicalista francés —sí, la misma Francia republicana y revolucionaria que citábamos arriba—, y la lucha por evitar el cierre de la fábrica metalúrgica de su localidad. Le oímos relatar cómo unos cincuenta trabajadores luchaban por los puestos de trabajo de dos mil; encontrándose con el juego sucio del multimillonario empresario y la indiferencia e incomprensión del resto de compañeros —los mismos compañeros que les daban palmaditas en la espalda, cuando consiguieron que la fábrica no se cerrara—. Malos tiempos para la solidaridad y la lucha obreras.

También nos instruimos en lo fácil que es, para el poder económico y financiero, lavar el dinero negro. Tan solo hacen falta dos cosas: falta de escrúpulos, y mucho dinero.

Los españoles somos expertos en perder la fuerza por la boca. En Navidad compartimos mesa con los compañeros de trabajo, jefes, u otras personas que nos han hecho la vida imposible el resto del año. Sin embargo, el librarnos de estos gobernantes tiene una solución más sencilla, que se podrá ejercitar dentro de dos años. Se llama elecciones, a través de unas papeletas que se depositan en urnas. No sería necesario recordarlo, ahora que es difícil encontrar ciudadanos (trabajadores, pensionistas, desempleados...) que reconozcan haber votado al PP.

"Vivir es fácil con los ojos cerrados", se titula la última y reciente película del director David Trueba. "Malinterpretando todo lo que ves", añade John Lennon en la canción de 'The Beatles' "Strawberry Fields Forever".

Mirar es fácil con los ojos cerrados. Interpretando críticamente lo que vemos.

martes, 22 de octubre de 2013

El despido gratis total de la CEOE y el tinglado del poder

Hace poco, en una entrevista televisiva sobre el nuevo repago de las medicinas hospitalarias, una enfermera relataba cuánto le impresionó una paciente que le confesó la base alimentaria en su hogar: caldo de huesos de pollo. A la ministra de Sanidad no le debe de preocupar esto lo más mínimo. Para quien se gasta miles de euros en globos para fiestas de cumpleaños, qué son unos míseros euros de copago en medicinas; "para garantizar la incorporación de fármacos innovadores", como argumenta desde su ministerio. Quien no tiene para comer no puede pagar fármacos, innovadores o no.

Esto pasa en la España del banquero Emilio Botín, "a la que está llegando dinero por todas partes"; en la España del presidente del Gobierno Mariano Rajoy, en la que "hoy se habla de cuán grande será la recuperación".

​A los grandes patronos españoles no les es suficiente con que los desempleados subsistan con caldo de huesos de pollo; ni que los afortunados trabajadores se alimenten con pan y agua. Como Santo Tomás necesitan ver para creer, tienen que tocar las carnes famélicas y palpar el esqueleto, asegurándose que no comemos chocolatinas a escondidas.

La reforma laboral que corredactaron, junto al Partido Popular y su FAES, con alguna ayuda —como la del ilustre exafiliado del partido y actual presidente del Tribunal Constitucional, doctor y catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Francisco Pérez de los Cobos—, les resultaba insuficiente desde el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Necesitaban más armas con las que administrar disciplina y miedo.

La legislación laboral, para las huestes de la CEOE, nunca es lo suficientemente "flexible". ¿Y cuál es para ellos la flexibilidad óptima?: el hacer lo que les dé la real gana; con el contrato de trabajo, con los salarios, con la jornada y el horario, con los trabajadores. Tan solo así los Joan Rosell, Arturo Fernández y compañía (incluido su siniestro directivo José Luis Feito), continuadores de la labor de su encarcelado anterior presidente, Gerardo Díaz Ferrán, saciarían sus deseos por algún tiempo. Ejercen, con precisión subvencionada con dinero público, su papel de satélite del poder económico y financiero. Esa flexibilidad tiene una traducción muy sencilla en las relaciones laborales: más individualización, precarización, miedo e indefensión; menos autonomía colectiva, sindicación y protección.

De esa flexibilidad forma parte, por ejemplo, la eliminación de la ultraactividad (prórroga automática) de los convenios colectivos. Las teorías doctrinales científicas más favorables a los asalariados, apuntan a que el cuerpo normativo del convenio colectivo caducado (en más de un año) forma parte del contrato de trabajo. O que el convenio colectivo mantiene su vigencia hasta la aprobación del siguiente, siempre y cuando así lo hayan pactado ambas partes (patronal y social); tesis recogida en la sentencia de la Audiencia Nacional 128/2013, de 19 de junio, (recurrible en casación), en el conflicto colectivo interpuesto por el sindicato SEPLA contra Air Nostrum. Tendremos que esperar, pacientemente, a que el Tribunal Supremo sentencie. Hasta entonces: cientos de convenios colectivos y cientos de miles de trabajadores afectados, que perderán los beneficios sociolaborales de sus convenios, quedando bajo los mínimos del Estatuto de los Trabajadores (ET) y el Salario Mínimo Interprofesional.

También es muy flexible el contrato de trabajo "indefinido de apoyo a los emprendedores" (para empresas de menos de cincuenta trabajadores). Contrato por el cual pueden darle la patada en el trasero al trabajador (léase despedirlo) durante el primer año de vigencia del contrato, que coincide con el período de prueba. Pero ya sabemos que esto de los autónomos, microempresas y pymes no va con la gran patronal española. Quieren más, siempre más.

Quieren este despido libre y totalmente gratuito durante el primer año para todas las empresas —libre, pero no gratuito, ya lo tenemos desde la entrada en vigor del ET en 1980—. Qué es eso de que las grandes corporaciones y multinacionales, la banca y entidades financieras, las aseguradoras, no puedan patear (más) a gusto y también gratis a su plantilla. Es más práctico tener la ley de su parte que incumplirla, sabiendo que muchos de los trabajadores explotados y engañados no te van a denunciar. Aunque también es mucho más barato y lucrativo (para determinadas pequeñas empresas) conseguir la connivencia de la plantilla —metiendo miedo—, plantear un ERE fraudulento de reducción de jornada (con abono de prestaciones por desempleo parcial), y pagar parte del sueldo en dinero negro. Y con la tranquilidad que da saber que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cada vez tiene menos medios, humanos y técnicos, y más órdenes políticas interesadas.

Es muy ingenuo pensar que estos recortes en derechos jurídico-laborales y jurídico-sindicales no forman parte de una estrategia de poder, de un plan vasto e integral. Se incardinan en el conjunto de recortes, perfectamente diseñados y ejecutados, entre los que se encuentran los sanitarios, farmacéuticos, asistenciales, educativos, culturales, científicos; de dependencia, de desempleo, de pensiones y de Seguridad Social. Nos quieren alienados y devaluados, monetaria, salarial y normativamente. Y lo están consiguiendo, con una precisión casi de cirujano. Un diario balear publicaba hace pocos días: "El miedo a la reforma de la jubilación dispara en Mallorca las ventas de planes de pensión", donde la demanda crece un 15% de media. Estos son los beneficios privados, para la banca y las aseguradoras, de décadas de infundir miedo (interesadamente) con la quiebra del sistema público de pensiones y de la Seguridad Social.

Asistimos a una desnaturalización del contrato de trabajo, y del Derecho del Trabajo español. A un retroceso (prediseñado y premeditado) de derechos conseguidos durante décadas de dura lucha y sacrificios. El juez de lo Social Antonio Seoane lo definió muy concisa, clara y precisamente en una cadena de televisión: "Previamente al Derecho del Trabajo había servidumbre y esclavitud". Nos resignamos a convertirnos en siervos y esclavos.

lunes, 14 de octubre de 2013

Ley 'Wert': la reforma educativa que nos hará menos tontos y más ignorantes

La nueva ley de educación, conocida como "ley Wert" —la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa)—, ya ha cubierto su primer trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados. Y lo ha superado con los votos únicos de la dialogante mayoría absoluta del Partido Popular. Partido del consenso mediante una legislación récord en decretos leyes. El consenso de esta ley es tan amplio que choca con una parte importante de la comunidad educativa: centros educativos y universidades, docentes, alumnos, padres de alumnos. El espíritu dialogante de José Ignacio Wert pasa por hacer oídos sordos a los cuestionamientos del dictamen del Consejo de Estado, presidido por su colega de partido el Excmo. Sr. D. José Manuel Romay Beccaría (exministro y extesorero del PP).

El reciente informe "PISA para adultos" —PIAAC (Programa Internacional para la Evaluación de la Competencia de los Adultos, en su traducción del inglés)—, le ha venido al Gobierno como anillo al dedo para justificar la urgente necesidad de reformar el sistema educativo. Demuestra, según los populares, lo rematadamente malas que fueron las dos leyes socialistas: la LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema Educativo, 1990) y la LOE (Ley Orgánica de Educación, 2006). Para que nos hagamos una idea de lo tontos (o medio tontos) que somos se nos ponen unos ejemplos ilustrativos; algo así como un barómetro del escaso entendimiento medio español.

Así, en nuestra gran ignorancia muy próxima a la estulticia, nos ejemplifican que no sabemos calcular —comprensión matemática— el precio unitario en una oferta "tres por dos" del supermercado; no entendemos el recibo de la luz; o no comprendemos textos como "El Quijote" —comprensión lectora—. Que les pregunten a los abuelos, padres y amas y amos de casa que hacen encaje de bolillos para estirar el sueldo, el subsidio o la pensión, míseros, si no saben calcular el precio de las ofertas del supermercado. Que le pregunten al expresidente José María Aznar, inventor del multimillonario déficit tarifario eléctrico, que seguimos y seguiremos pagando durante años, si entiende por qué tenemos una de las facturas eléctricas más caras de Europa. Que pregunten, finalmente, a titulados universitarios superiores y nos digan después cuántos de ellos se han leído la obra cumbre de Miguel de Cervantes —yo lo empecé a leer, por curiosidad, siendo adolescente; y lo terminé de leer, por grata obligación, en bachillerato—.

Lo primero que resulta sospechoso es que entre los primeros preocupados por la ignorancia española —además del ministerio del ramo, gobierno y PP—, puesta de manifiesto por los informes del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) se encuentre la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Organización claramente neoliberal, cuyo concepto educativo es meramente mercantil; y su nivel de conocimiento óptimo es el de la eficiencia productiva y económica de la mano de obra (titulada o no). No creemos que la OCDE esté más preocupada por la comprensión literaria y filosófica, y la base matemática, que por el uso del Excel y la interpretación de las cotizaciones bursátiles.

Lo segundo que hay que resaltar del informe PISA es la amplia horquilla de edades (entre 16 y 65 años) y procedencia (14% de inmigrantes) en los 6.055 españoles participantes. En las personas de más edad nos encontramos con ciudadanos (estudiantes o no) de la posguerra franquista. Yo (1965) pertenezco a la generación de la LGE (Ley General de Educación, 1970). De la EGB (Enseñanza General Básica); el BUP (Bachillerato Unificado Polivalente); el COU (Curso de Orientación Universitaria); y la Selectividad. De centros públicos (de colegio "nacional", donde todavía se rezaba el padrenuestro por megafonía), y bachillerato mixto (matemáticas y latín); titulado universitario en centros también públicos. Y quizá, como se desprende del informe, saldría mal parado compitiendo con los bachilleres japoneses.

Tanto que nos gusta compararnos con los países desarrollados de nuestro entorno, incluyendo el excelente sistema educativo finlandés (no modificado en décadas, sea cual sea el signo político-ideológico del gobierno; con una exigencia y un respeto muy elevados para el acceso al magisterio, por cierto); busquemos algunos de los elementos sobre los que gira la reforma educativa española en esos países, a ver si los encontramos configurados como aquí.

Religión. No terminamos de sacar la religión de las aulas públicas. Ahora puntúa en la media académica. Se paga al profesorado confesional con los fondos públicos educativos. Todo ello en un Estado constitucionalmente aconfesional. La religión se debe enseñar en los templos (iglesias, sinagogas, mezquitas, ...).

Enseñanza concertada. Se mantiene el sistema de sostener con fondos públicos los centros privados (en su mayoría religiosos católicos). El Estado sustituye los centros y profesorado públicos por centros privados. Ahora legalizan también el sostenimiento de centros de enseñanza que segregan por sexos; generalmente pertenecientes a opciones ideológico-religiosas ultracatólicas, como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo.

Reválidas. Como no se fían de la competencia del profesorado, reinstauran las reválidas (al final de los diferentes ciclos). Supongamos que los evaluadores son funcionarios públicos docentes; ergo tienen dudas del nivel educativo de los centros privados y concertados, en los que los profesores no sufren una oposición pública para ejercer de enseñantes. Los niños y jóvenes, de deberes, exámenes y controles permanentes, añadirán en su agenda escolar las dudosamente efectivas reválidas; que vendrán a ser un elemento más de criba excluyente y expulsión del sistema educativo.

Lenguas. El castellano está en peligro. Las lenguas cooficiales "minoritarias" quedan supeditadas a la lengua del imperio, fulminando las políticas "totalitarias" de normalización lingüística. En Balears, por ejemplo, el PP lo llama trilingüismo; consistente en aumentar las horas de castellano e inglés a costa de reducir (en ocasiones hasta la mínima expresión) las horas y asignaturas en catalán.

Ya vemos cómo el ministro Wert y su jefe Rajoy van a mejorar las competencias en comprensión lectora y matemática. Dificultando el acceso a las becas y expulsando a miles de estudiantes de las aulas; reduciendo profesorado y centros de enseñanza públicos; aumentando los alumnos por aula; enseñando religión (fundamentalmente católica), y eliminando Educación para la ciudadanía; segregando por sexos; marginando las lenguas cooficiales. Al Gobierno de España y al partido que lo sustenta parece que les agrada retrotraernos a épocas pretéritas, con una enseñanza universitaria para las élites y pudientes; y una formación profesional de miniempleos ('minijobs') con sueldos míseros para el resto. Entre medias: la ignorancia, la esclavitud; el pensamiento anestesiado, plano, dirigido y controlado. Una reforma de estrangulamiento ideológico y económico-financiero.

lunes, 7 de octubre de 2013

Lampedusa: nadie hablará de vosotros cuando hayáis muerto

En las épocas de vacas gordas, esas que llaman los expertos "de expansión económica" y que otros denominamos "de burbuja capitalista", se miran las cosas de otro modo. Se mira hasta el color de la piel de otra forma. Cuando los nacionales no cualificados copaban los puestos de trabajo a destajo en la burbuja de la construcción, y aún así era necesario contratar a jóvenes que abandonaban sus estudios (atraídos por los altos salarios del ladrillo) y, con todo, también necesitábamos contratar a inmigrantes.

Cuando, además de en la construcción, se contrataba a inmigrantes para las duras labores agrícolas y ganaderas en el campo. Cuando se contrataba mano de obra foránea (americana, del este de Europa, africana, asiática) para cubrir los puestos de trabajo de limpieza, del hogar, del cuidado de niños y de mayores y dependientes. En todos esos casos dejábamos en un segundo plano el país de origen y el color de la piel de esa mano de obra barata. Pero el ciclo de la divina y pesada rueda económica capitalista cambió, y continuó rodando encima de nuestros pechos y estómagos.

Ante las imágenes de las hambrunas africanas, de los millones de refugiados por guerras y conflictos armados (muchas veces azuzados por intereses económicos occidentales), en los tiempos felices se reaccionaba con una cierta conmiseración, con alguna donación y apadrinamiento, cambiando de canal o apagando la televisión. Hoy en día ni siquiera es necesario cambiar de canal o apagar la tele; podemos verlo mientras comemos o cenamos, como una catástrofe natural más e inevitable

Las vacas están ahora famélicas —no todas ellas, solo las de las clases no pudientes—. La miseria impuesta se ceba también con los claros de piel. Nos preocupa más la seguridad de nuestras fronteras, la altura de las alambradas y la eficacia de los pinchos que coronan las vallas defensivas. Los catalanes (nacionalistas o no) son unos catetos porque quieren votar si se independizan del Estado español; son unos palurdos con barretina, no se enteran que viven en un mundo global sin fronteras, que se van a quedar fuera de una Unión Europea de los ciudadanos. Qué ignorantes estos catalanes.

Pero lo sucedido recientemente en Lampedusa (Italia, Europa) le da la razón a Catalunya. Muchos ciudadanos catalanes —menos la mayoría silenciosa del PP, claro— quieren una nueva frontera geopolítica, que no física. Y Europa y España construyen muros cada vez más altos, y alimentan mareas cada vez más fuertes. La Europa de los ciudadanos sí tiene fronteras; mientras que la de los capitales no. El cambio de nombre (UE) no se corresponde con el cambio de realidad y de políticas: sigue siendo la CEE (Comunidad Económica Europea).

Es la selección natural de la especie, dicen los fascistas. Como los que promovieron y aprobaron la legislación italiana que prohíbe socorrer a los inmigrantes. Esa norma probablemente influyó en los dos barcos pesqueros italianos que pasaron de largo ante las llamadas de socorro de los inmigrantes en el barco en llamas. Pero no impidió que otros pescadores sí los socorrieran. Para las conciencias responsables de aprobar y mantener esa legislación fascista, en la denominada Europa de los pueblos, probablemente las más de trescientas muertes de hombres, mujeres (algunas embarazadas) y niños, forman parte de esa selección natural, no darwiniana sino mercantil y patriótica. No es suficiente otorgar la nacionalidad italiana a los inmigrantes muertos en la tragedia; y una burla insultante y cruel multar con miles de euros a los supervivientes.

En España somos muy rápidos ilegalizando partidos abertzales. Pero muy permisivos con los matones de los partidos de extrema derecha que pegan empujones en actos públicos, que hace no muchos años daban palizas con bates de béisbol (¿consecuencia también de la desmemoriada santa Transición española?). En Grecia permitieron también dar empujones a los matones de "Amanecer Dorado", para abrir paso a su líder Nikolaos Michaloliakos, y parece que ahora intentan pararles los pies (quizá demasiado tarde) tras haber asesinado a un ciudadano. En España matones de su mismo signo ideológico torturaron y asesinaron a sus anchas con la supuesta democracia ya vigente.

Los occidentales (europeos, norteamericanos) hemos sido muy buenos (¿en pasado?) exprimiendo colonialmente las riquezas ultramarinas (o cercanas) y esclavizando a los negritos del África tropical (y a americanos, y a asiáticos...). Muy desmemoriados (especialmente los españoles) con la emigración de los años cincuenta y sesenta; repetida ahora en forma de jóvenes titulados universitarios y científicos, de cualificados y no cualificados, también a otros países europeos y americanos.

Eritreos y somalíes; deherederados del mundo. Aquí en España, en menor número, compatriotas subsaharianos vuestros también mueren, intentando alcanzar lo que ellos consideran un mundo y una vida mejores. Aquí, en esta gran Europa, se expulsan y cierran las fronteras a sus propios ciudadanos (por su etnia y/o por su origen), y se multa y encarcela a los mendigos. Pasados estos días de rabia, ignominia y vergüenza —acertó el Papa Francisco—, los telediarios y noticieros, la vida occidental, volverá a la normalidad. Fallecidos en Lampedusa, muertos y enterrados vuestros cuerpos recuperados y desaparecidos, en la tierra y en las conciencias, haciendo paráfrasis del título de la magnífica película de Agustín Díaz Llanes, nadie hablará de vosotros. Salvo, quizá, una mayoría de hombres y de mujeres de buena voluntad, de corazón blanco o de color.

domingo, 29 de septiembre de 2013

Adelson, señor feudal de Eurovegas-Alcorcón

Se ​asemeja frecuentemente el complejo "turístico y de ocio" que el magnate estadounidense Sheldon Adelson ​pretende construir en Alcorcón (Madrid), conocido como Eurovegas, con el guión de la película "Bienvenido, Mister Marshall" (España, 1953, Luis García Berlanga). En la ácida comedia de Berlanga los habitantes de un pequeño pueblo español esperan ansiosos la visita de los estadounidenses ("los americanos"), con la ilusión de la inclusión del país en la ayuda al desarrollo del llamado "Plan Marshall" (1948-1951), para reconstruir los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero, tras engalanar el pueblo y vestir la ropa de los domingos para un gran y festivo recibimiento, los americanos y su plan pasan de largo en sus flamantes automóviles.

Eurovegas está más cerca de un argumento cinematográfico de invasiones coloniales, en este caso mercantil, que de una comedia ​en la España franquista; atemorizada, oscura, reprimida y profunda, de los años cincuenta. Se sostiene en la industria de juego, mafias, corrupción y soborno, prostitución, blanqueo de capitales...; y no guarda paralelismos con el trayecto que va de la leche en polvo americana para los escolares de la posguerra, al desarrollismo económico tecnócrata-franquista de los sesenta.

Ahora que tenemos tan cercana la clásica disputa veraniega por Gibraltar (y el Tratado de Utrecht), resulta contradictoriamente paradigmático el cuasisecreto tratado de Eurovegas por el que se cede la soberanía de parte del territorio español a "Las Vegas Sands Corporation". La ventaja es que aquí no habrá problemas interpretativos sobre la jurisdicción marítima. Nos escandalizamos por el hormigón lanzado al mar, los casinos en Internet, el contrabando y el blanqueo de capitales de Gibraltar, colonia bajo la soberanía del Reino Unido, y aplaudimos prácticamente lo mismo —sustituyan hormigón sumergido por cáncer de pulmón— en el Eurovegas bajo soberanía mercantil norteamericana.

Los mismos que defendieron la burbuja inmobiliaria, los mismos que la negaban insistente e interesadamente y durante años, hasta que la hicieron explotar en los bolsillos de todos los ciudadanos; esos mismos sujetos son los que defienden desde el poder político y económico la burbuja del juego, al ritmo del "¡Viva El Eurovegas!". Están capitaneados por la alcaldesa no electa de Madrid, Ana Botella; la expresidenta de Madrid (en retirada política interminable) Esperanza Aguirre, y su sustituto y delfín presidente no electo, Ignacio González. Esgrimen los miles de puestos de trabajo que se van a crear. Puestos de trabajo también prometidos por Adelson en su megacasino de Macao (China), y que menguaron escandalosa y misteriosamente. También aseguran que posee la financiación necesaria (miles de millones de dólares, de lo que duda hasta el propio Gobierno de Rajoy), cuando hay muchos interrogantes al respecto —es difícil creer a alguien que se ha hecho multimillonario con el juego sucio—.

La lista de poderes plenipotenciarios exigidos por Adelson (que han trascendido) es interminable. Antes de meter una excavadora y poner un ladrillo, exige: aval del Estado de 25 millones de euros (a pagar por todos los españoles, si el proyecto no sale adelante); estación de metro, cercanías, tren AVE, pista para 'jets' privados en el aeropuerto de Barajas (1.600 millones de euros en infraestructuras); cambio de la legislación de prevención de blanqueo de capitales, "flexibilizándola" para dejar sin control por Hacienda de la entrada y salida de capitales; autorizar la entrada en el casino a ludópatas y menores de edad; modificación de la ley de extranjería, para contratar a trabajadores bajo las condiciones socio-laborales del país de origen (sean las que fueren) —no parece que esta condición vaya a favorecer mucho la contratación de trabajadores españoles, aunque cada vez tengamos menores salarios y menos derechos—.

Y vamos con la exigencia legislativa más comentada: la modificación de la ley antitabaco, para que se pueda fumar en los casinos. Llevamos años con los ambientes libres de humos en los espacios públicos cerrados; con una aceptación social y consolidación razonables. Pero la ministra de Sanidad, Ana Mato, en vez de velar por la salud de los ciudadanos, antepone unos hipotéticos puestos de trabajo basados en un modelo obsoleto de juego y corrupción. Mejor sería para todos que dimitiera (o la cesaran) y fichara por Adelson.

A Adelson se le está construyendo un reino de taifa en el Reino de España, con un estatus propio social, laboral, fiscal, económico y legal. No se contenta con eso, exige que ese marco legal ad hoc no se modifique en el futuro, como consecuencia de cambios políticos en el gobierno y en el parlamento. No hemos escuchado decir a ninguno de los gobernantes y políticos del Partido Popular —y otros—, que sustenta los respectivos gobiernos de Madrid y de España, no ya que tal pretensión es ilegal e inconstitucional, sino un claro y alto "no" a semejante barbaridad propia de un feudo medieval. Lo que pase en el Eurovegas, no se quedará solo en el Eurovegas.

El poder económico y político quiere vendernos por unos cuantos puestos de trabajo a cambio de renunciar a la soberanía y el imperio de la ley. En "El Mercader de Venecia", ante el impago de los 3.000 ducados prestados por el judío usurero Shylock, Antonio se libra de pagar la libra de carne más próxima a su corazón por la imposibilidad de ejecutar la cláusula legal sin derramar una sola gota de sangre. En el Eurovegas los gobernantes le dan a Adelson nuestros dólares, carne y sangre. Al pueblo le sobran dux, reyes y reinos, y financieros usureros, y le faltan repúblicas (y Porcias, Nerissas, Jessicas, Bassanios, Gracianos, Lorenzos). Espectadores y víctimas de la función: hagan juego, la banca nunca pierde.

lunes, 26 de agosto de 2013

Rosell y la cúpula de la CEOE no renuncian a sus privilegios

La CEOE está aprovechando las vacaciones de verano —ese privilegio laboral caduco y desproporcionado, que diría su director de relaciones laborales, De La Cavada— ​para continuar, con toda virulencia, sus ya clásicos ataques a los derechos de la clase trabajadora. Ahora le ha tocado el turno a su presidente, y ministro de Empleo adjunto, Joan Rosell —con el eco posterior del vicepresidente, Arturo Fernández—; que renombra esos derechos laborales como "privilegios".

​Puede ser el sofocante calor. Puede ser el morbo de ver cuánta gente les escucha (además del obediente Gobierno ​de Rajoy). Quizá ambas cosas. El caso es que los lenguaraces superpatronos españoles no se callan, ni con la boca seca y llena de mentiras.

Dice Rosell que hay que combatir la dualidad del mercado laboral "retirando a los contratos indefinidos algunos de sus privilegios e incrementándolos para los temporales". No sabemos con qué graduación de gafas logra ver el patrón de patronos esos privilegios. Si los traduce en términos económicos, y habla de retribución, compensación y beneficios sociales; de vacaciones, descansos y permisos retribuidos; de jornadas y horarios; de indemnizaciones por despido; denota que no se ha enterado de las dos últimas reformas laborales sufridas por los trabajadores (y por los desempleados) españoles. Una con el PSOE, en el 2010; otra con el PP, en el 2012 —esta última aplaudida y corredactada por su organización—.

A los trabajadores que no han bajado el salario los han reducido la jornada laboral, o ambas cosas. El despido —libre pero indemnizado, desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980— se ha abaratado sustancialmente con la reforma laboral de 2012, para los contratos "fetén". Y esta misma reforma ha liquidado —a la espera de la interpretación jurisprudencial— la ultraactividad de los convenios colectivos, dejando a miles de trabajadores casi "a pelo" —bajo el Estatuto de los Trabajadores—, perjudicando la negociación y representación colectiva, y limitando las tutelas administrativas y judiciales; lo cual hunde todos y cada uno de los términos enunciados en el párrafo anterior. Son medidas que cada vez dejan más desnuda a la parte débil del contrato laboral, la trabajadora.

Toda esta dialéctica retórica denota lo que añoran los grandes patronos: el famoso "contrato único". Un contrato-baratija, en todos los sentidos. En costes salariales y de Seguridad Social. En costes de despido. En condiciones socio-laborales. El 'minijob' alemán tan amado por Rosell, pero con el rancio aroma autóctono. Les sabe a poco el contrato "indefinido para emprendedores", con el despido absolutamente libre y gratuito durante el primer año (duración aberrante del período de prueba).

Como siempre que se producen declaraciones de la cúpula de la CEOE tenemos la guinda, algo de postre. Rosell apostilla que los desempleados deben recibir "la ayuda mínima y necesaria" para seguir sobreviviendo. Hay varias preguntas obligadas al respecto. ¿Qué es para don Joan lo "mínimo necesario"?; ¿lo justo para no alcanzar la desnutrición?; ¿lo necesario para no dormir debajo de un puente?

Esto lo dice el presidente de una organización patronal que recibe anualmente más de seis millones de euros de los contribuyentes españoles. Que maneja un presupuesto de 19,6 millones de euros. De la que no conocemos los sueldos de sus dirigentes, información que se niega a facilitar.

Ya que es complicado, en términos de hecho y de derecho, el experimento que propone Rosell: que los trabajadores fijos cedan sus privilegios a los nuevos contratos temporales —se supone que para aumentar los contratos indefinidos, no se líen—; vamos a proponerle otro experimento, menos "Alicia en el país de las maravillas". Le proponemos que él y todos los dirigentes de su organización, CEOE, renuncien a sus privilegios. Empezando por el salario; que cobren el salario mínimo interprofesional. Continuando por las indemnizaciones y los seguros de pensión millonarios. Que reinviertan los beneficios de sus empresas en la creación de empleo. Que repartan el trabajo y la riqueza, y no la acumulen ilimitadamente en forma de capital. ¿Lo aceptarán? Es muy fácil hablar y mentir sobre los privilegios de las clases populares oprimidas, cuando se pertenece a una casta privilegiada dominante.

lunes, 19 de agosto de 2013

Consejo Empresarial para la Competitividad, el otro Consejo de Ministros de España

​L​os hemos visto reunirse en varias ocasiones. Se trata de los encuentros (oficiales) del presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, con el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), presidido por César Alierta (presidente ejecutivo de Telefónica SA). Empezando por la denominación del consejo; la mezcla de "empresarial" y de "competitividad" es ya para ponerse a temblar. Intuimos que estas reuniones son una escenificación pública (periódica), y que ​los poderosos miembros del CEC tienen línea directa (diaria) con los gobernantes y cargos públicos y políticos. Como con otros atropellos y burlas cotidianas a la ciudadanía, vemos absolutamente normal estos gestos de demostración obscena de poder.

Se percibe desde el minuto uno la comodidad y complacencia del presidente del Gobierno. Relajado entre tantos grandes empresarios y patronos y altos ejecutivos; con la complicidad de los gestos que van algo más allá del apretón de manos, y llegan hasta las palmaditas en la espalda y la agarrada de hombro. Su rostro destila una alegría ausente en los rictus constreñidos de sus encuentros con los líderes sindicales; o en las ruedas de prensa tras el plasma televisivo; o en las comparecencias en el Parlamento para dar explicaciones por el "caso Bárcenas".

En la última reunión celebrada en julio en el Palacio de la Moncloa (formato almuerzo), Rajoy ya anticipó a los grandes empresarios que "va a seguir, que no va a ceder 'al chantaje'". Actitud jaleada por los consejeros que, por supuesto, le brindaron su "apoyo unánime".

Sin poner mucha imaginación podemos intentar aproximarnos al contenido (secreto) de sus conversaciones.
—CEC: Sí, Mariano, es verdad que la reforma laboral fue "extremadamente agresiva". Pero es que los sindicalistas son unos 'tocapelotas', y los jueces no nos dan la razón siempre.
—Mariano: Tiempo al tiempo. No vamos a borrar a los sindicatos de la Constitución, donde también estáis vosotros. Fátima (Báñez) ya tiene preparado otro real decreto ley, para el próximo mes, con el que se impedirá que os anulen los ERE estos aguafiestas del poder judicial.
—Vale, no podemos acelerar hasta velocidad supersónica. Sabemos que cumples puntualmente las indicaciones de nuestra sucursal patronal (CEOE). Pero considera que la velocidad lenta no nos gusta; ni a nosotros ni al FMI, ni al BCE, ni a la Comisión Europea, ni a Merkel, ni a "los mercados", ni a los capitales... No nos agrada encontrarnos con trabas para imponer nuestro modelo de relaciones laborales; nuestra (santa) voluntad.
—Tranquilos; ya sabéis que siempre soy muy solícito con vosotros. Tomo nota y le transmito vuestros deseos (que son órdenes) a Fátima. Como conocéis, la ministra tiene mucha fe en la Vírgen del Rocío, en el BOE y en los reales decretos ley.

​Deben ser cosas mías, fruto de mi gran imaginación. Quizá influyan las altas temperaturas veraniegas, que me provoquen fiebre. Si no fuera porque las leyes dicen que vivimos en un Estado social de Derecho; porque existe la separación de poderes; porque nos gobiernan los políticos y las instituciones que emanan de la voluntad popular; si no fuera por todo ello, quiero decir, me atrevería a pensar y a escribir que el CEC es un Consejo de Ministros postizo. Pero no, debo ser yo, que veo gobiernos en la sombra donde no los hay, y ministros donde hay consejeros.​ Confieso que, en estos monstruos oníricos de la razón, me dan tanto miedo o más las deliberaciones del Consejo de Ministros de la competitividad empresarial como las del Consejo de Ministros oficial.

lunes, 12 de agosto de 2013

La CEOE propone, el Gobierno impone

Aguardábamos impacientes un comunicado de la CEOE, que nos aclarara la decisión tomada respecto a la continuidad de su director de relaciones laborales, José de la Cavada. Recuerden que a De La Cavada, allá por el mes de junio, le molestaba sobremanera la desproporcionada duración del permiso por fallecimiento de parientes (con desplazamiento) de cuatro días naturales. Su presidente, Joan Rosell, llegó a declarar que entraban en un período de reflexión sobre la permanencia de dicho personaje en el cargo. Como el que calla otorga, parece que tras su sesudo y largo análisis, han decidido mantener a su vocero.

En lugar de anunciarnos la destitución —extinción (seguro que generosamente indemnizada) de la relación laboral de su directivo, si lo prefieren—, la gran patronal española nos ha regalado otro de sus catálogos ultraliberales de relaciones laborales. Estudio en el que, sin duda, De La Cavada ha debido de estar muy ocupado, entre análisis y análisis de los permisos retribuidos de los pérfidos trabajadores absentistas.

Primero jugaron al despiste paternalista, rechazando la propuesta de reducción de los salarios un 10%; planteada por el FMI, el comisario europeo de Economía Olli Rehn y la Comisión Europea. (El cariacontecido Rehn, a quien el solícito y servil De Guindos susurró al oído aquello de: "la reforma laboral será extremadamente agresiva".) Ignoramos si en la reducción del 10% han incluido el incremento del 7,6% (2012) en las remuneraciones de los consejeros del Ibex-35 —confiemos que sí, no sea que con el 10% no lleguemos—; en el que la mayoría de sus empresas, por cierto, sufrió pérdidas o caída de beneficios. No se enteran (o se hacen los locos) de que uno de cada cuatro asalariados españoles tiene la nómina congelada; y les importa una mierda el aumentar el sufrimiento de los ciudadanos y hundir más y más el país. Les trae al pairo porque ellos defienden y forman parte de esa casta poderosa del 1% de la población mundial que acapara el 99% de la riqueza.

Después nos lanzan su propuesta estrella: imposición empresarial de la conversión de los contratos de jornada completa a tiempo parcial. En esta frase se encuentra la clave de lo que anhelan los grandes patronos: "imponer". Es muy largo y tedioso el negociar con la representación legal de los trabajadores; siempre velando por los, cada vez más escasos, derechos de sus representados. Es mucho más rápido hacer de juez y parte; máxime teniendo la fuerza del capital (mucho más importante que la del trabajo), del miedo y la disciplina, y de la parte dominante del contrato de trabajo: la empresarial.

Los miembros de la patronal CEOE saben perfectamente que su gran propuesta, para evitar despidos, se ejecuta a diario en cientos de casos. Modificaciones sustanciales del contrato de trabajo, vía individual o colectiva (ERE), que pasan por la reducción del tiempo de trabajo y la correspondiente disminución proporcional del salario; mantenimiento o aumento de la jornada por el mismo salario (congelado); o misma o mayor jornada por menor salario.

Muchos trabajadores y muchos empresarios conocen los métodos utilizados para la reducción de jornada y/o salarios; con frecuencia en infracción de ley. "Tendríamos que abaratar las cargas de la Seguridad Social; ¿reducimos la jornada y te pago la diferencia en "b/negro"?"; o, si no, "siempre te quedará el despido y el desempleo". O se reduce la jornada y el salario, haciendo realmente la jornada completa y laborando el exceso "gratis". ¿Que también hay casos escrupulosamente legales, en forma y en fondo?; de todo hay en la viña del Señor. Que hay empresarios honrados y austeros y reinversores de los beneficios en la empresa, sí; que los hay que presentan un ERE para ajustar costes y a continuación se marchan de vacaciones al Caribe, también. Que hay patronos que se aprietan tanto el cinturón como sus empleados, seguro; que los hay que no se aprietan ni un agujero el cinto y asfixian a su plantilla, evidentemente.

La CEOE lee en voz alta, para "crear ambiente", lo que ya hace tiempo que está en las lecturas de cabecera de la ministra de Empleo, Fátima Báñez. El Gobierno ya obedeció a los grandes empresarios con el real decreto ley de la reforma laboral —que al día siguiente se les había quedado corto—. Y sigue transcribiendo al BOE los textos de la CEOE. Hace pocos días, en otro real decreto ley (cómo no; en 2012 se dictaron: 8 leyes orgánicas y 17 leyes, frente a 29 reales decretos ley), en lo que denominan "ajustes menores" de la reforma laboral; limitando las causas de nulidad de los ERE, y minimizando el control judicial (entre otras medidas).

Los medios de comunicación y persuasión neoliberales con frecuencia nos informan que los grandes sindicatos perciben ayudas públicas, y que sus cúpulas se sientan en poltronas de lo que vienen a ser macro-gestorías. Y conviene recordar que las asociaciones de empresarios (con igual protección constitucional que los sindicatos) también perciben millonarias partidas de fondos públicos, fondos que también pagan con sus impuestos los trabajadores a los que los empresarios tanto les gusta "imponer" su santa voluntad. No obstante hay pequeños matices diferenciadores: el anterior presidente de la CEOE está en la cárcel; y el actual vicepresidente (y presidente de la patronal madrileña) está acusado de pagar sobresueldos en dinero negro. A veces, los matices marcan las grandes diferencias.

jueves, 20 de junio de 2013

La CEOE de Cavada nos conduce a la época de la diligencia

Al responsable de relaciones laborales de la gran patronal española CEOE, José de la Cavada, le parecen excesivos los cuatro días (dos días si el trabajador no necesita realizar un desplazamiento) de permiso retribuido, otorgados por el Estatuto de los Trabajadores (ET) en los casos de fallecimiento de un pariente (de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad). Argumenta tan siniestro y vil personaje su estúpida afirmación de la siguiente manera: "Se hizo pensando que los viajes se hacen en diligencia, pues se dan cuatro días para un permiso por defunción que, evidentemente con los vehículos que hay ahora, se trata de horas de desplazamiento, o a veces de una hora".

De La Cavada es de los que piensan que los trabajadores tienen que ir al trabajo llorados de casa. Es más que suficiente un día para el velatorio, y otro para el entierro de los seres queridos más cercanos. Si el pariente fallecido vive en otro continente, o abandona este mundo en fin de semana —los días no laborables cuentan como permiso—, el trabajador siempre puede fletar un vuelo privado supersónico, que probablemente costeará la empresa. Al directivo de la CEOE le preocupa el peso en el absentismo laboral de los fallecimientos; sospecha que a los asalariados se les mueren los padres más de una vez. Y esto es imperdonable para la necesaria y elástica flexibilidad de las relaciones laborales; máxime cuando a quien se estira continuamente es a la parte social, al empleado: un poco más, que todavía da mucho de sí antes de romperse.

El jefe de Cavada, Joan Rosell, no comparte las afirmaciones de aquél. Y el susodicho ha matizado sus declaraciones con una supuesta disculpa que es más de lo mismo. En cualquier caso, no deben estar en la CEOE muy descontentos con su director de relaciones laborales, cuando lo mantienen en el cargo. Y algo del pensamiento de los grandes patronos deben de contener las palabras de quien, tanto en esta ocasión como en otras anteriores, actúa de "polémico" vocero más o menos oficial. Tienen experiencia con su anterior presidente, encarcelado y condenado, Gerardo Díaz Ferrán: "Hay que trabajar más y ganar menos para salir de la crisis". Y el señor Rosell tampoco se queda atrás en sus declaraciones. Sin olvidarnos, cómo no, del vicepresidente de los patronos españoles (y presidente de los madrileños), denunciado por pagar sueldos en sobres con dinero b; el gran Arturo Fernández.

Estas chulescas y amenazantes salidas de tono también me recuerdan mucho el famoso "se acabó tomar el cafelito" —a los funcionarios— del actual secretario de estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. En su caso no parece que le sirviera de mucho su dedicación exclusiva —con o sin cafeína— como consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, en cuanto a su inexistente eficiencia y nula eficacia en su obligación legal de control de la Caja Madrid presidida por Miguel Blesa.

El fondo del asunto denota la mentalidad de los patronos españoles. Hay que atar corto a los trabajadores. La mejor motivación sería como la de los talleres textiles asiáticos o los (¿clandestinos?) occidentales: un camastro al lado de la mesa de trabajo, en un sótano oscuro. Nada de vacaciones, ni permisos, ni fines de semana; nada de conciliación personal y familiar; nada de limitar la jornada de trabajo y las horas extraordinarias; un contrato de trabajo y un sueldo míseros; y denos las gracias, que así no se morirá de hambre.

Lo he escrito muchas veces. Los grandes patronos españoles son insaciables. Al día siguiente de que el BOE, por gentileza del Partido Popular, publicara "su" retrógrada reforma laboral —una máquina de despidos, desempleo y trabajo precario—, ya se les había quedado corta. Nunca son suficientes los retrocesos en derechos socio-laborales y salariales; en negociación colectiva; en la individualización de las relaciones laborales; en el abaratamiento y facilitación del despido; en el aprovechamiento de la crisis económica para infundir miedo; etc. En esta labor no les faltan aliados, además del Gobierno del PP, como el Fondo Monetario Internacional (FMI); y sus recetas —nunca aplicadas a sus propias élites ejecutivas— de reducir salarios y abaratar despidos (más aún). Recetas mercantiles adecuadas para hundir todavía más la economía y conseguir controlar una sociedad de esclavos.

Cavada, la CEOE y secuaces nos sitúan en la era del automóvil, pero sus planteamientos, deseos y órdenes, decimonónicos, sí que nos acercan a la época de la diligencia; la que justificaría (según su sabio criterio) los cuatro días de permiso por fallecimiento. Que no se preocupen, lo están consiguiendo, por el camino que ellos quieren y con muchos caballos de potencia.