Si nos pidieran aparcar mentalmente la enorme desafección política que vivimos y sentimos, y nos preguntaran por la retribución de los políticos que nos representan y nos gobiernan, probablemente contestaríamos que debería ser digna, suficiente, y proporcional a las capacidades, méritos, funciones y responsabilidades. Más allá, claro está, de haber sido incluido en una determinada lista electoral.
Lo que no parece razonable es que el político ostente una serie de prebendas y privilegios, que perviven indefinidamente (o casi) en el tiempo. Ni que tenga que tener garantizado, de por vida, vivir a cuerpo de rey. Nada que objetar a los que son funcionarios públicos; que han ganado su plaza opositando, y que se reincorporan a su puesto.
También tenemos el extremo opuesto. Como el método Cospedal (presidenta de Castilla-La Mancha): diputados autonómicos a tiempo parcial. Este sistema favorece que se dediquen a la política y nos gobiernen personas de elevada capacidad económica (como la propia presidenta, y secretaria general del PP). Y no garantiza (más bien todo lo contrario) evitar la confusión entre la esfera profesional privada y la pública de representación política. Ahora entro en el bufete y me pongo el sombrero de abogado, economista, asesor; después me lo quito, me voy al Parlamento, y me pongo el de diputado.
Es un insultante error el justificar los privilegios y hacer la vista gorda cuando se utiliza la política para los negocios privados, apelando el evitar un cuerpo de políticos mediocres. La mediocridad no sólo está relacionada con los emolumentos, sino también con el sistema y organización de los partidos políticos, el sistema electoral, la ética y los valores, el clientelismo, el enchufismo, la cultura y la formación y la educación, el poder. No es excusa el ampararse en la legalidad, cuando así sea; y, si es legal, entonces habrá que revisar y cambiar la legislación. Todo se tuerce cuando la gran democracia en la que dicen que vivimos realmente es un sucedáneo de "gobierno del pueblo".
Rodrigo de Rato y Figaredo fue ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente del Gobierno en la era Aznar (1996-2004). Los gloriosos años económicos de cebar al puerco del cemento y el ladrillo y las finanzas; y de privatizar a grandes empresas públicas, como Telefónica.
En 2004 De Rato se encaprichó de un puesto, poderoso y muy bien retribuido: la dirección gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Movilizó a su Partido Popular y al Gobierno socialista de Zapatero; poniendo a su servicio a la diplomacia española y europea, y consiguiendo tan suculento y apetecible cargo. Pero la añoranza de España le hace abandonar el organismo antes de tiempo (2007), dejando a todos con un palmo de narices. No hizo grandes amigos, y su gran gestión incluye el no haberse enterado de la crisis económica y financiera; como reconoce la propia Oficina de Evaluación Independiente del FMI.
Sin solución de continuidad don Rodrigo se incorpora a la división internacional del Banco de inversión Lazard (2007), y como consejero del Banco de Santander (2008). No vamos a ser mal pensados, y estamos seguros de que el exministro de Economía y Hacienda no favoreció en nada a estas dos entidades bancarias, en su etapa ministerial.
Y hete aquí que el Sr. De Rato aterriza primero en la presidencia de Caja Madrid y después en la del BFA-Bankia (2010). Hasta que en 2012 le cayeron encima todos los ladrillos de su antecesor Blesa. Según nos cuenta el propio interesado, y los colegas de partido, el pobrecito no tuvo ninguna responsabilidad en el hundimiento definitivo de Caja Madrid/Bankia. Toda la culpa fue de la auditora, del Banco de España, y de la mala suerte. ¡Ah!, y también de su desagradecido pupilo De Guindos y sus colegas de Bruselas.
Como premio a su impresionante trayectoria y gestión económica y financiera, el imputado —caso Bankia— Rodrigo de Rato ha sido nombrado consejero asesor de Telefónica —recuerdan, una de las grandes compañías públicas que privatizó—, para Latinoamérica y Europa. Una de las grandes empresas que hacen de aparcamiento dorado de ex altos cargos, exministros y expresidentes de Gobierno.
Es lo que tienen las puertas giratorias ("revolving door" para los anglosajones), altos cargos políticos/empresas privadas, que confunden y mezclan la parcela del servicio público, con la de los negocios privados y el poder económico y financiero. Sería conveniente y sano buscar la manera de que dejen de girar.
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