Más justicia social y tributaria, menos mercadotecnia de covid-19

Abundan en los ​medios de comunicación​ las noticias relacionadas con gestos, en forma de acciones, donaciones y ayudas, por parte de grandes empresas y corporaciones, motivadas por el coronavirus SARS-CoV-2. Una reacción habitual es la de pensar que "a caballo regalado no le mires el diente".

Cabría hacerse, al respecto y en relación a estas empresas y empresarios, varias preguntas. 

En primer lugar, cómo son sus medios de producción y venta; su impacto en el planeta; las condiciones laborales que los proveedores aplican (o imponen) a su mano de obra. 

En segundo lugar, cómo son las condiciones laborales de sus trabajador​e​s: salario, horario, tiempo de trabajo y descanso, conciliación, igualdad, salud laboral, convenio colectivo (si lo hubiere). 

En tercer lugar, cuál es su nivel de contribución fiscal a la sociedad: ​qué​ impuestos​ presentan​ y cuánto pagan; si aplican o no ingeniería tributaria para la elusión fiscal; si operan, de forma directa o indirecta, a través de paraísos fiscales. 

En cuarto lugar, cómo se comportan con su personal, tanto en el Estado de Alarma por el coronavirus, como antes (y después): han presentado eres o ertes; han despedido; modifican sustancialmente las condiciones de trabajo; respetan o por el contrario presionan para evitar el ejercicio del derecho de huelga; facilitan o entorpecen la libre sindicación y la acción sindical; pagan puntualmente el salario real y legal, y sus cotizaciones; pagan o compensan las horas extraordinarias; cumplen en el trabajo con las condiciones adecuadas y preceptivas de prevención de riesgos laborales. 

No nos olvidemos de las eléctricas y gasísticas. Son muy activas en 'solidaridad', pero, que sepamos, no han bajado el precio desproporcionado que nos facturan a los consumidores. Y la prohibición de cortar los suministros de energía​ a los hogares​, durante el confinamiento, se debe a un decreto gubernamental, no a su iniciativa. 

Antes de aceptar regalos envenenados (y con importantes deducciones fiscales incluidas), exíjase, primero, el pago realmente proporcional de impuestos; un trato justo a los trabajadores y a los recursos naturales del planeta; y respeto por el resto de seres vivos. Después, toda la ayuda y donaciones que quieran. Esto sí sería una buena mercadotecnia; aunque la mejor, por inexistente, es la de quienes donan y ayudan de forma anónima.

También sería un detalle, de los contribuyentes altruistas -incluidos los particulares y personajes más o menos famosos-, que excusaran escenificaciones próximas a la caridad y beneficiencia, evitaran el postureo en redes sociales, y se acercaran más a la dignidad de la persona.

El final de la COVID-19 lo dictará la economía

El final de la versión dura del confinamiento no lo va a marcar la salud de los ciudadanos: lo dictará la economía. Realmente lo viene marcando desde el principio, aunque no forme oficialmente parte del Comité Técnico-Policial-Militar de la COVID-19, que vemos aparecer cada día en las ruedas de prensa.

Una muestra significativa de quién marca el paso es el final del "período de hibernación", después de la Semana Santa. La vuelta al 'tajo' en actividades "no esenciales", según los criterios gubernamentales. 

Falta que a las cifras de contagios, fallecimientos y altas hospitalarias, y las de detenciones y sanciones por 'escapar' del confinamiento/encarcelamiento, se añada el correspondiente decrecimiento diario del PIB.

Ana Botín se lo ha dicho claramente al Gobierno: "Los jóvenes e inmunizados deben volver cuanto antes al trabajo" -amén-. Le ha faltado añadir: los que conserven su puesto de trabajo, o consigan que les contraten. Y, ¿a qué sistema económico y de relaciones laborales se van a reincorporar? Exactamente al mismo que había antes de la pandemia por coronavirus. 

El mismo sistema capitalista neoliberal. Pero con las arcas públicas vacías; la desigualdad socioeconómica y la pobreza multiplicadas al mismo ritmo que la expansión de la infección vírica. Vuelta a las mismas reglas del juego financiero, pero en un país devastado.

Las consecuencias del caos normativo dictado bajo la etiqueta de rescate social, y los instrumentos para "que nadie se quede atrás", poco -o nada- van a aliviar el sufrimiento y las necesidades de las clases desfavorecidas. Sin mencionar la escasa colaboración de los organismos administrativos implicados: Seguridad Social, SEPE, y autoridades laborales autonómicas. En lugar de adaptarse a las necesidades de los afectados, son éstos -y sus asesores legales, quien pueda permitírselo- los que tienen que adaptarse a los requisitos burocráticos; con un continuo cambio de criterios, descoordinación entre áreas y organismos, y problemas telemáticos e informáticos.

Millones de trabajadores están afectados por ertes de fuerza mayor por la covid-19, a pagar con fondos públicos. De la exoneración de la cotización a la Seguridad Social (100% en las empresas de menos de 50 trabajadores) se van a beneficiar las grandes empresas y corporaciones, teniendo que abonar solo un 25% de las cuotas.

No hablemos del "prohibido despedir por el coronavirus", de los mismos autores del prohibido despedir "por estar enfermo". En ambos casos se puede seguir despidiendo, pero pagando una indemnización de 33 días por año -en lugar de 20 días por año-; suponiendo que el trabajador o trabajadora impugne el despido y se sentencie como improcedente.

Con la caja pública en números rojos, y la reducción de ingresos fiscales y de cotizaciones sociales, 'su' economía no va a necesitar un 'rebote', sino más bien un cohete propulsado a la velocidad de la luz.

Y no olvidemos que nos encontramos en Estado de Alarma, por segunda vez en 'democracia' (o "régimen del 78", que diría la furibunda portavoz del PP en el Congreso) -aunque al presidente Sánchez se le olvidó el Estado de Alarma decretado por la huelga de los controladores aéreos, en el año 2010-. Una cuasidictadura constitucional, con plenos poderes del ejecutivo, en la que se ha asumido con total normalidad la pérdida de libertades y la generosa presencia coercitiva, junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las fuerzas armadas en las calles desalojadas. Esta concentración por decreto de poderes institucionales queda a un corto paso de sistemas totalitarios.

Nos consolaremos con la certeza de que las derechas y ultraderechas terminarían de rematar el más mínimo vestigio de lo público. Y, si nos descuidamos, los militares no volverían a los cuarteles.

COVID-19: Los despidos en la pandemia del coronavirus

Tras la expectación creada por el anuncio de​l viernes​, por parte de la ministra de trabajo, de la prohibición de despedir, v​ino​ el texto del BOE, publicado ​al día siguiente​.

Es oportuno comenzar indicando que contiene elementos positivos para los trabajadores. Pero vayamos al asunto de la prohibición de despedir. 

Tal y como se anunció, la interpretación jurídico-laboral lógica es que los despidos "por coronavirus" serían considerados nulos. Es decir, la empresa tendría que readmitir obligatoriamente al trabajador. Y, si no lo hiciera, o readmitiera irregularmente, el asalariado seguiría cobrando su sueldo y cotizando a la Seguridad Social -todo ello tras instar, judicialmente, lo que se denomina 'incidente de no readmisión'-.

Pero los despidos de la pandemia no van a ser nulos. Serán improcedentes, con su correspondiente indemnización. Y ello, contando con que el/la trabajador/a lo impugne ante la jurisdicción social, claro. 

Significa que los patronos no podrán aplicar despidos objetivos, de indemnización sensiblemente más baja. 

Lo anterior nos lleva a recordar que el despido, en España, es libre, indemnizado y barato -con las últimas reformas laborales, mucho más barato-. 

Haciendo un poco de historia, y a propósito de la reciente conmemoración de los cuarenta años de la aprobación del Estatuto de los Trabajadores (1980). El ET instauró la piedra filosofal de la legislación laboral española; claramente flexible y favorable a los empresarios -cuyo anhelo es un despido libre y gratuito-. Desde la aprobación de la norma, y en lo que respecta a los despidos sentenciados como improcedentes, la opción entre la readmisión o la indemnización le corresponde a la empresa, no al trabajador. 

No sabemos si habrá un primero de mayo sin confinamiento. A lo mejor sería una oportunidad para que los trabajadores recobraran la conciencia de clase. Y recapacitaran de a dónde les han conducido los gestores burócratas de los grandes sindicatos. Nunca es tarde si la reacción es buena. 

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"El Gobierno impedirá el despido justificado por causas relacionadas con el Covid - 19"

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3759

Salarios míseros y cotizaciones sociales

A escondidas, con premeditación navideña y alevosía, el Partido Popular nos ha vuelto a colar otra reforma laboral (Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores). Para conocer todas las tropelías a las que nos somete la mayoría absoluta y absolutista gubernamental, hay que leerse diariamente, con la ayuda de una lupa de gran aumento, el Boletín Oficial del Estado. No se fíen del rimbombante nombre del decreto ley, continuista del lenguaje perverso a que nos tiene acostumbrados el Gobierno: acciones y efectos antagónicos al enunciado.

Ha levantado mucha polémica la eliminación, casi absoluta, de la exención de cotización en las retribuciones en especie (con efectos en diciembre). Pagos en especie, como los vales/cheques de comida (antes exentos de cotizar hasta los 9 euros por día); la previsión social complementaria (como los planes de pensiones), salvo la incapacidad temporal; beneficios sociales, como las ayudas de guardería; 'stock options' (retribución en acciones), antes exenta hasta 12.000 euros anuales; compensación por transporte y distancia, como el plus de transporte (antes no integrado en la base de cotización si no superaba el 20% del IPREM, cifrado para 2014 en 532,51 euros/mes). Y no nos olvidemos de los coches de empresa, habitualmente empleados para uso particular y no (o no sólo) profesional.

Lo primero que cabe decir al respecto, es que ya era hora de cotizar por unas retribuciones que, habitualmente, constituyen realmente un salario encubierto. Lo segundo, que el relativo impacto negativo en los bolsillos de los trabajadores (menor salario neto, cuantificado en un tipo de cotización mensual general del 6,35%, sobre la base de cotización incrementada) se transvasa a futuro; mejorando la base de cotización (para quien no la tenga topada, la inmensa mayoría) de cara a prestaciones sociales por incapacidad, desempleo y pensiones.

Pero no se piensen que esta es una medida "revolucionaria" del "Partido (Popular) de los Trabajadores" —como autodenominaba al PP su secretaria general, María Dolores de Cospedal—. Un 4% de los 16,3 millones de asalariados ya están cotizando por el máximo (tienen su base de cotización topada). Base de cotización máxima que este año se sitúa en los 3.597 euros mensuales (bastante más de un sueldo "mileurista"). Quiere decirse que esta disposición se centra en el 96% restante de los trabajadores, incluidos aquellos con salarios míseros o de subsistencia.

La gran patronal CEOE, como era de esperar, ha puesto el grito en el cielo. La cotización empresarial general es de un 29,90%. Evidentemente el impacto no será éste, ya que estamos hablando de una parte de las retribuciones. Pero han tomado esta "provocación" como casus belli. Una excusa más para amenazar con despidos, debido al incremento de los costes laborales, y con menores contrataciones. Despidos, por otra parte, muy baratos y fáciles de ejecutar para los empresarios, gracias a las potentes herramientas legales que les ha regalado el Gobierno "rojo" del PP.

A los patronos no les basta con tener un despido fácil, rápido y barato. También necesitan unas cotizaciones sociales de saldo, o nulas. Hay que pagarles (bonificaciones y subvenciones) por crear empleo, aunque sean puestos de trabajo de usar y tirar, y en fraude de ley; con tiempo de trabajo sin retribuir (horas extraordinarias, contratos a tiempo parcial con jornadas reales a tiempo completo), o pagado en dinero "b". Se acompañan de algunas voces, expertas económicas, que piden cotización "cero" a cambio de crear empleo. La menor recaudación social dicen que se compensaría con el ahorro en prestaciones por desempleo —prestaciones que, por cierto, también cotizan—.

El resultado de la ecuación no está tan claro. Por cada empleo estable —privilegiado lo llaman— destruido, se generan varios precarios: eliminando un empleo indefinido a tiempo completo, a cambio de crear dos temporales a tiempo parcial, estadísticamente se ha creado un puesto de trabajo. Ergo, en este ejemplo, tendríamos un perceptor de la prestación de desempleo, a cambio de dos contratos que no cotizan a la seguridad social —en términos netos no hemos reducido en dos personas las listas del paro y de perceptores de desempleo, sino en una—. El asunto se puede complicar aún más, ya que el contrato a tiempo parcial es compatible con una prestación parcial de desempleo. Y luego, para continuar con la rueda del miedo, nos vendrán otra vez con las amenazas de quiebra de la Seguridad Social y el sistema de pensiones, para justificar mayores recortes.

Esta nueva regulación casi "comunista" de las cotización de la retribución en especie, ha venido compensada por otra medida, menos roja y más azul. Otro regalo a las grandes empresas y corporaciones. Y en el mismo real decreto ley. Modifican la Ley 27/2011 (que contenía la denominada "enmienda Telefónica", que compensaba el coste público del macro-ERE de esta compañía), introduciendo la siguiente previsión: las multinacionales que empleen a 100 o más trabajadores en España y planteen un ERE o prejubilen trabajadores, invocando pérdidas en nuestro país aunque hayan obtenido beneficios a nivel global, ya no estarán obligadas a realizar la aportación equivalente a la prestación por desempleo de los trabajadores mayores de 50 años afectados por dichas medidas.

Desde el 23 de diciembre, fecha en la que entró en vigor, las multinacionales con filiales en España tienen mucho más barato despedir objetivamente y prejubilar a un colectivo abocado a quedar fuera del mercado de trabajo. Nos vienen a la cabeza varias de estas multinacionales que, además de declarar pérdidas o pagar cantidades irrisorias a la hacienda pública española (con beneficios globales de cientos o miles de millones de dólares), también podrán despedir mucho más barato en nuestro país. Y que, en este caso, no nos vengan con el cuento de la complejidad de atacar y atajar la ingeniería fiscal internacional: es evidente que se trata de voluntad política, nula en ambos casos.

Estas son las políticas del partido que vela por los trabajadores, por los autónomos y las microempresas y pymes. Del Gobierno que renuncia a recaudar más de quien más tiene. Que amnistía a los grandes defraudadores. Que, con una mano, tolera la ingeniería fiscal de las grandes empresas, de los banqueros y financieros, de los poderosos y miembros de la familia real. Y, con la otra, golpea fuertemente al pequeño contribuyente. De un Gobierno-decreto-ley al que nunca le urge corregir que la tributación efectiva por sociedades (IS) pueda ser hasta cuatro veces inferior que la de las personas físicas (IRPF). ¿Cómo nos va a extrañar que la economía sumergida, según Gestha, alcance el 24,6% del PIB (2012), con toneladas de billetes de 500 euros en forma de ladrillo; hasta alcanzar los 253.000 millones de euros? ¿Cómo pretenden que el ciudadano de a pie, ante tanta corrupción y latrocinio de guante blanco, deje de preguntar "con IVA o sin IVA"?

El despido gratis total de la CEOE y el tinglado del poder

Hace poco, en una entrevista televisiva sobre el nuevo repago de las medicinas hospitalarias, una enfermera relataba cuánto le impresionó una paciente que le confesó la base alimentaria en su hogar: caldo de huesos de pollo. A la ministra de Sanidad no le debe de preocupar esto lo más mínimo. Para quien se gasta miles de euros en globos para fiestas de cumpleaños, qué son unos míseros euros de copago en medicinas; "para garantizar la incorporación de fármacos innovadores", como argumenta desde su ministerio. Quien no tiene para comer no puede pagar fármacos, innovadores o no.

Esto pasa en la España del banquero Emilio Botín, "a la que está llegando dinero por todas partes"; en la España del presidente del Gobierno Mariano Rajoy, en la que "hoy se habla de cuán grande será la recuperación".

​A los grandes patronos españoles no les es suficiente con que los desempleados subsistan con caldo de huesos de pollo; ni que los afortunados trabajadores se alimenten con pan y agua. Como Santo Tomás necesitan ver para creer, tienen que tocar las carnes famélicas y palpar el esqueleto, asegurándose que no comemos chocolatinas a escondidas.

La reforma laboral que corredactaron, junto al Partido Popular y su FAES, con alguna ayuda —como la del ilustre exafiliado del partido y actual presidente del Tribunal Constitucional, doctor y catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Francisco Pérez de los Cobos—, les resultaba insuficiente desde el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Necesitaban más armas con las que administrar disciplina y miedo.

La legislación laboral, para las huestes de la CEOE, nunca es lo suficientemente "flexible". ¿Y cuál es para ellos la flexibilidad óptima?: el hacer lo que les dé la real gana; con el contrato de trabajo, con los salarios, con la jornada y el horario, con los trabajadores. Tan solo así los Joan Rosell, Arturo Fernández y compañía (incluido su siniestro directivo José Luis Feito), continuadores de la labor de su encarcelado anterior presidente, Gerardo Díaz Ferrán, saciarían sus deseos por algún tiempo. Ejercen, con precisión subvencionada con dinero público, su papel de satélite del poder económico y financiero. Esa flexibilidad tiene una traducción muy sencilla en las relaciones laborales: más individualización, precarización, miedo e indefensión; menos autonomía colectiva, sindicación y protección.

De esa flexibilidad forma parte, por ejemplo, la eliminación de la ultraactividad (prórroga automática) de los convenios colectivos. Las teorías doctrinales científicas más favorables a los asalariados, apuntan a que el cuerpo normativo del convenio colectivo caducado (en más de un año) forma parte del contrato de trabajo. O que el convenio colectivo mantiene su vigencia hasta la aprobación del siguiente, siempre y cuando así lo hayan pactado ambas partes (patronal y social); tesis recogida en la sentencia de la Audiencia Nacional 128/2013, de 19 de junio, (recurrible en casación), en el conflicto colectivo interpuesto por el sindicato SEPLA contra Air Nostrum. Tendremos que esperar, pacientemente, a que el Tribunal Supremo sentencie. Hasta entonces: cientos de convenios colectivos y cientos de miles de trabajadores afectados, que perderán los beneficios sociolaborales de sus convenios, quedando bajo los mínimos del Estatuto de los Trabajadores (ET) y el Salario Mínimo Interprofesional.

También es muy flexible el contrato de trabajo "indefinido de apoyo a los emprendedores" (para empresas de menos de cincuenta trabajadores). Contrato por el cual pueden darle la patada en el trasero al trabajador (léase despedirlo) durante el primer año de vigencia del contrato, que coincide con el período de prueba. Pero ya sabemos que esto de los autónomos, microempresas y pymes no va con la gran patronal española. Quieren más, siempre más.

Quieren este despido libre y totalmente gratuito durante el primer año para todas las empresas —libre, pero no gratuito, ya lo tenemos desde la entrada en vigor del ET en 1980—. Qué es eso de que las grandes corporaciones y multinacionales, la banca y entidades financieras, las aseguradoras, no puedan patear (más) a gusto y también gratis a su plantilla. Es más práctico tener la ley de su parte que incumplirla, sabiendo que muchos de los trabajadores explotados y engañados no te van a denunciar. Aunque también es mucho más barato y lucrativo (para determinadas pequeñas empresas) conseguir la connivencia de la plantilla —metiendo miedo—, plantear un ERE fraudulento de reducción de jornada (con abono de prestaciones por desempleo parcial), y pagar parte del sueldo en dinero negro. Y con la tranquilidad que da saber que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cada vez tiene menos medios, humanos y técnicos, y más órdenes políticas interesadas.

Es muy ingenuo pensar que estos recortes en derechos jurídico-laborales y jurídico-sindicales no forman parte de una estrategia de poder, de un plan vasto e integral. Se incardinan en el conjunto de recortes, perfectamente diseñados y ejecutados, entre los que se encuentran los sanitarios, farmacéuticos, asistenciales, educativos, culturales, científicos; de dependencia, de desempleo, de pensiones y de Seguridad Social. Nos quieren alienados y devaluados, monetaria, salarial y normativamente. Y lo están consiguiendo, con una precisión casi de cirujano. Un diario balear publicaba hace pocos días: "El miedo a la reforma de la jubilación dispara en Mallorca las ventas de planes de pensión", donde la demanda crece un 15% de media. Estos son los beneficios privados, para la banca y las aseguradoras, de décadas de infundir miedo (interesadamente) con la quiebra del sistema público de pensiones y de la Seguridad Social.

Asistimos a una desnaturalización del contrato de trabajo, y del Derecho del Trabajo español. A un retroceso (prediseñado y premeditado) de derechos conseguidos durante décadas de dura lucha y sacrificios. El juez de lo Social Antonio Seoane lo definió muy concisa, clara y precisamente en una cadena de televisión: "Previamente al Derecho del Trabajo había servidumbre y esclavitud". Nos resignamos a convertirnos en siervos y esclavos.

Rosell y la cúpula de la CEOE no renuncian a sus privilegios

La CEOE está aprovechando las vacaciones de verano —ese privilegio laboral caduco y desproporcionado, que diría su director de relaciones laborales, De La Cavada— ​para continuar, con toda virulencia, sus ya clásicos ataques a los derechos de la clase trabajadora. Ahora le ha tocado el turno a su presidente, y ministro de Empleo adjunto, Joan Rosell —con el eco posterior del vicepresidente, Arturo Fernández—; que renombra esos derechos laborales como "privilegios".

​Puede ser el sofocante calor. Puede ser el morbo de ver cuánta gente les escucha (además del obediente Gobierno ​de Rajoy). Quizá ambas cosas. El caso es que los lenguaraces superpatronos españoles no se callan, ni con la boca seca y llena de mentiras.

Dice Rosell que hay que combatir la dualidad del mercado laboral "retirando a los contratos indefinidos algunos de sus privilegios e incrementándolos para los temporales". No sabemos con qué graduación de gafas logra ver el patrón de patronos esos privilegios. Si los traduce en términos económicos, y habla de retribución, compensación y beneficios sociales; de vacaciones, descansos y permisos retribuidos; de jornadas y horarios; de indemnizaciones por despido; denota que no se ha enterado de las dos últimas reformas laborales sufridas por los trabajadores (y por los desempleados) españoles. Una con el PSOE, en el 2010; otra con el PP, en el 2012 —esta última aplaudida y corredactada por su organización—.

A los trabajadores que no han bajado el salario los han reducido la jornada laboral, o ambas cosas. El despido —libre pero indemnizado, desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980— se ha abaratado sustancialmente con la reforma laboral de 2012, para los contratos "fetén". Y esta misma reforma ha liquidado —a la espera de la interpretación jurisprudencial— la ultraactividad de los convenios colectivos, dejando a miles de trabajadores casi "a pelo" —bajo el Estatuto de los Trabajadores—, perjudicando la negociación y representación colectiva, y limitando las tutelas administrativas y judiciales; lo cual hunde todos y cada uno de los términos enunciados en el párrafo anterior. Son medidas que cada vez dejan más desnuda a la parte débil del contrato laboral, la trabajadora.

Toda esta dialéctica retórica denota lo que añoran los grandes patronos: el famoso "contrato único". Un contrato-baratija, en todos los sentidos. En costes salariales y de Seguridad Social. En costes de despido. En condiciones socio-laborales. El 'minijob' alemán tan amado por Rosell, pero con el rancio aroma autóctono. Les sabe a poco el contrato "indefinido para emprendedores", con el despido absolutamente libre y gratuito durante el primer año (duración aberrante del período de prueba).

Como siempre que se producen declaraciones de la cúpula de la CEOE tenemos la guinda, algo de postre. Rosell apostilla que los desempleados deben recibir "la ayuda mínima y necesaria" para seguir sobreviviendo. Hay varias preguntas obligadas al respecto. ¿Qué es para don Joan lo "mínimo necesario"?; ¿lo justo para no alcanzar la desnutrición?; ¿lo necesario para no dormir debajo de un puente?

Esto lo dice el presidente de una organización patronal que recibe anualmente más de seis millones de euros de los contribuyentes españoles. Que maneja un presupuesto de 19,6 millones de euros. De la que no conocemos los sueldos de sus dirigentes, información que se niega a facilitar.

Ya que es complicado, en términos de hecho y de derecho, el experimento que propone Rosell: que los trabajadores fijos cedan sus privilegios a los nuevos contratos temporales —se supone que para aumentar los contratos indefinidos, no se líen—; vamos a proponerle otro experimento, menos "Alicia en el país de las maravillas". Le proponemos que él y todos los dirigentes de su organización, CEOE, renuncien a sus privilegios. Empezando por el salario; que cobren el salario mínimo interprofesional. Continuando por las indemnizaciones y los seguros de pensión millonarios. Que reinviertan los beneficios de sus empresas en la creación de empleo. Que repartan el trabajo y la riqueza, y no la acumulen ilimitadamente en forma de capital. ¿Lo aceptarán? Es muy fácil hablar y mentir sobre los privilegios de las clases populares oprimidas, cuando se pertenece a una casta privilegiada dominante.

La CEOE propone, el Gobierno impone

Aguardábamos impacientes un comunicado de la CEOE, que nos aclarara la decisión tomada respecto a la continuidad de su director de relaciones laborales, José de la Cavada. Recuerden que a De La Cavada, allá por el mes de junio, le molestaba sobremanera la desproporcionada duración del permiso por fallecimiento de parientes (con desplazamiento) de cuatro días naturales. Su presidente, Joan Rosell, llegó a declarar que entraban en un período de reflexión sobre la permanencia de dicho personaje en el cargo. Como el que calla otorga, parece que tras su sesudo y largo análisis, han decidido mantener a su vocero.

En lugar de anunciarnos la destitución —extinción (seguro que generosamente indemnizada) de la relación laboral de su directivo, si lo prefieren—, la gran patronal española nos ha regalado otro de sus catálogos ultraliberales de relaciones laborales. Estudio en el que, sin duda, De La Cavada ha debido de estar muy ocupado, entre análisis y análisis de los permisos retribuidos de los pérfidos trabajadores absentistas.

Primero jugaron al despiste paternalista, rechazando la propuesta de reducción de los salarios un 10%; planteada por el FMI, el comisario europeo de Economía Olli Rehn y la Comisión Europea. (El cariacontecido Rehn, a quien el solícito y servil De Guindos susurró al oído aquello de: "la reforma laboral será extremadamente agresiva".) Ignoramos si en la reducción del 10% han incluido el incremento del 7,6% (2012) en las remuneraciones de los consejeros del Ibex-35 —confiemos que sí, no sea que con el 10% no lleguemos—; en el que la mayoría de sus empresas, por cierto, sufrió pérdidas o caída de beneficios. No se enteran (o se hacen los locos) de que uno de cada cuatro asalariados españoles tiene la nómina congelada; y les importa una mierda el aumentar el sufrimiento de los ciudadanos y hundir más y más el país. Les trae al pairo porque ellos defienden y forman parte de esa casta poderosa del 1% de la población mundial que acapara el 99% de la riqueza.

Después nos lanzan su propuesta estrella: imposición empresarial de la conversión de los contratos de jornada completa a tiempo parcial. En esta frase se encuentra la clave de lo que anhelan los grandes patronos: "imponer". Es muy largo y tedioso el negociar con la representación legal de los trabajadores; siempre velando por los, cada vez más escasos, derechos de sus representados. Es mucho más rápido hacer de juez y parte; máxime teniendo la fuerza del capital (mucho más importante que la del trabajo), del miedo y la disciplina, y de la parte dominante del contrato de trabajo: la empresarial.

Los miembros de la patronal CEOE saben perfectamente que su gran propuesta, para evitar despidos, se ejecuta a diario en cientos de casos. Modificaciones sustanciales del contrato de trabajo, vía individual o colectiva (ERE), que pasan por la reducción del tiempo de trabajo y la correspondiente disminución proporcional del salario; mantenimiento o aumento de la jornada por el mismo salario (congelado); o misma o mayor jornada por menor salario.

Muchos trabajadores y muchos empresarios conocen los métodos utilizados para la reducción de jornada y/o salarios; con frecuencia en infracción de ley. "Tendríamos que abaratar las cargas de la Seguridad Social; ¿reducimos la jornada y te pago la diferencia en "b/negro"?"; o, si no, "siempre te quedará el despido y el desempleo". O se reduce la jornada y el salario, haciendo realmente la jornada completa y laborando el exceso "gratis". ¿Que también hay casos escrupulosamente legales, en forma y en fondo?; de todo hay en la viña del Señor. Que hay empresarios honrados y austeros y reinversores de los beneficios en la empresa, sí; que los hay que presentan un ERE para ajustar costes y a continuación se marchan de vacaciones al Caribe, también. Que hay patronos que se aprietan tanto el cinturón como sus empleados, seguro; que los hay que no se aprietan ni un agujero el cinto y asfixian a su plantilla, evidentemente.

La CEOE lee en voz alta, para "crear ambiente", lo que ya hace tiempo que está en las lecturas de cabecera de la ministra de Empleo, Fátima Báñez. El Gobierno ya obedeció a los grandes empresarios con el real decreto ley de la reforma laboral —que al día siguiente se les había quedado corto—. Y sigue transcribiendo al BOE los textos de la CEOE. Hace pocos días, en otro real decreto ley (cómo no; en 2012 se dictaron: 8 leyes orgánicas y 17 leyes, frente a 29 reales decretos ley), en lo que denominan "ajustes menores" de la reforma laboral; limitando las causas de nulidad de los ERE, y minimizando el control judicial (entre otras medidas).

Los medios de comunicación y persuasión neoliberales con frecuencia nos informan que los grandes sindicatos perciben ayudas públicas, y que sus cúpulas se sientan en poltronas de lo que vienen a ser macro-gestorías. Y conviene recordar que las asociaciones de empresarios (con igual protección constitucional que los sindicatos) también perciben millonarias partidas de fondos públicos, fondos que también pagan con sus impuestos los trabajadores a los que los empresarios tanto les gusta "imponer" su santa voluntad. No obstante hay pequeños matices diferenciadores: el anterior presidente de la CEOE está en la cárcel; y el actual vicepresidente (y presidente de la patronal madrileña) está acusado de pagar sobresueldos en dinero negro. A veces, los matices marcan las grandes diferencias.

Muérase antes de cobrar la pensión

El ministro japonés de finanzas (y viceprimer ministro), llamado Taro Aso, ha pedido a sus compatriotas ancianos que se den prisa en morir. Él mismo debería haberse hecho el haraquiri inmediatamente después, pues el mozuelo cuenta con setenta y dos años a sus espaldas. Protector de las cuentas del Estado, Aso ha encontrado un sistema rápido y efectivo para ahorrar dinero en la atención médica a mayores.

En España somos más sutiles y celosos de la legalidad, por lo que los ahorros y recortes los sufrimos en sádicas dosis, no siempre en silencio; siendo torturados con inyecciones intravenosas de reales decretos leyes, con efectos secundarios nocivos a corto y a muy largo plazo. Modificaciones legislativas en los últimos meses que se aproximan a la treintena, en las áreas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La ministra de Empleo Fátima Báñez, se encomienda a la Vírgen del Rocío y propone, el Gobierno de Rajoy dispone; los ciudadanos pagamos.

Supongamos un trabajador que quiera jubilarse el 1 de enero de 2027, con la pensión contributiva íntegra (régimen general de la Seguridad Social), a la edad de 67 años. No alcanza los 38 años y seis meses de cotización. Debe haber cotizado, ininterrumpidamente, a partir de los 29 años de edad, desde 1989.

Supongamos otra cotizante que comenzó a trabajar a los 16 años de edad —hoy en día casi ciencia ficción—, edad mínima establecida en el Estatuto de los Trabajadores (con autorización de los padres o tutores). Se jubila, con la pensión íntegra, a los 65 años. Habrá cotizado 49 años. Un servidor, que empezó a trabajar a los 17 años de edad (allá por 1982); suponiendo una cotización igualmente continuada (que es mucho suponer, tal y como están las cosas); me jubilaría en el año 2030, con 65 años, después de haber cotizado 48 años a la Seguridad Social.

El mensaje engañoso que nos transmiten es que es inviable mantener un sistema de pensiones públicas con menos de dos cotizantes activos por cada pasivo. Hace décadas que nos anuncian la quiebra de la Seguridad Social. Décadas de incentivar los sistemas privados de capitalización de pensiones, y de tirar por tierra el sistema público y solidario de reparto. El negocio bancario y parabancario manda. Y qué mejor momento que éste de crisis económica, para pisar el acelerador y alejarse lo más posible de un sistema público de pensiones dignas.

También nos recuerdan que cada vez vivimos más tiempo. Ya hemos importado el invento alemán del "envejecimiento activo". Concepto que esconde las miserias de ancianos que se ven obligados a seguir trabajando (frecuentemente en dinero negro) para complementar su paupérrima pensión. Morir trabajando; porque lo que no cuentan es que vivir más años no significa llegar al final de nuestros días en óptimas condiciones psicofísicas; es más, en las cuatro últimas décadas las estadísticas dicen que la esperanza de vida se concentra en las rentas más altas.

Este mensaje "ortodoxo" es apoyado por los economistas neo/ultra/liberales y sus correspondientes medios de comunicación y persuasión. Algunos de ellos con relaciones de interés con centros educativos y de negocios de la misma ideología económica; o instituciones respaldadas por intereses bancarios y financieros.

No nos cuentan el efecto compensatorio futuro del gasto sobre el Producto Interior Bruto (PIB), generado por el incremento de la productividad —algunos de los citados sujetos lo minimizan y relativizan—. Ni la falta de acciones para reforzar la participación de la mujer en el mercado laboral; participación que depende y está relacionada con otro pilar importante: el incremento de la función pública y de los servicios públicos y sociales —se hace todo lo contrario, recortar y reducir—. Parámetros en los que estamos muy por debajo de los países de la UE-15, y cuya mejora aumentaría de forma considerable la recaudación de la caja social. Sin olvidar la necesaria corrección de las desigualdades de financiación del sistema y de esperanza de vida entre las rentas superiores y las inferiores. —Entre otros, léase el artículo del profesor Vicenç Navarro "Las pensiones no están en peligro", en www.vnavarro.org—.

La receta de la "troika" nos la meten con aceite de ricino. Menos prestaciones sociales; de menor cantidad; más caras; más difíciles de conseguir y, de acceder a ellas, mucho más tarde. Si su esperanza de vida se lo permite, hágale un favor al Estado: muérase antes de cobrar la pensión. Gracias.