El teletrabajo como instrumento de explotación laboral

De un día para otro, y a causa del coronavirus, descubrimos el teletrabajo ("trabajo a distancia", como recoge el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores). El trabajo a distancia no solo es el efectuado en el domicilio, aunque, debido al confinamiento decretado, es el lugar preponderante donde se realiza la prestación laboral. Se calcula que solo un 7,9% de las personas ocupadas trabajó en 'remoto' (aunque fuera ocasionalmente) en el cuarto trimestre de 2019.

Los medios de comunicación, además de enunciar las innumerables ventajas de trabajar desde casa -entre las que incluyen el poder trabajar en pijama-, nos recordaron la 'brecha' en teletrabajo que nos separa de otros países de Europa. Como es habitual, se olvidaron de informar sobre las diferencias que nos alejan en otros parámetros sociolaborales, como: contratos desechables; salarios paupérrimos; jornadas y horarios desbocados; libertad sindical vigilada.

El foco, como siempre, se dirige a reducir la distancia en un punto concreto; obviando el resto de elementos laborales y del contrato de trabajo, que puedan redundar en una mejora significativa de los derechos y condiciones de trabajo de los asalariados.

Es obvio que ante la disyuntiva entre perder ingresos o el puesto de trabajo y teletrabajar, ésta última será la opción mayoritaria. En el caso del coronavirus covid-19 -y bajo motivos de salud pública-, hay interpretaciones jurídicas que apuntan a que el teletrabajo, cuando sea posible, no es una opción sino una obligación.

Y nos encontramos a los (tele)trabajadores y (tele)trabajadoras montando la oficina en casa. En el salón, en la cocina, en la habitación -los metros cuadrados de una vivienda modesta no dan para más-. En el mejor de los casos, se produce un traslado de los costes de producción empresariales al propio asalariado: ocupación de espacio físico doméstico; consumo de electricidad, iluminación, conexión a internet (fagocitada de la contratada para el hogar). En no pocas ocasiones será el empleado el que aporte sus propios recursos: su ordenador, su teléfono móvil.

Cuando terminen las semanas o meses de teletrabajo por coronavirus, sería interesante conocer la opinión de los fervientes admiradores y admiradoras del trabajo a distancia. Si continúan con el mismo punto de vista inicial, o han visto modificada su postura. Y en esta hipotética encuesta, no estaría de más preguntar también por su espalda, cervicales, lumbares, ojos, muñecas; su estado psicofísico -a la dureza del confinamiento hay que sumar el confinamiento laboral-.

La norma (ET) dispone que "los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud". Las condiciones ambientales domiciliarias, difícilmente van a reunir los requisitos ergonómicos mínimos; lumínicos, posturales y físicos, para la prestación laboral en la jornada de trabajo. El puesto de trabajo, en la silla y la mesa del salón, no va a ser evaluado por el servicio de prevención. Con lo que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de aplicación también en el trabajo a distancia, será un papel mojado más.

"Los trabajadores a distancia podrán ejercer los derechos de representación colectiva conforme a lo previsto en esta ley [ET]". Otra bonita declaración de intenciones. Si a la pérdida de la conciencia de clase trabajadora sumamos la acción de los sindicatos burócratas, pactistas y posibilistas: ¿qué derechos se van a ejercer desde casa, cuando ni siquiera se ejercen en el centro de trabajo?; ¿qué actuaciones va a acometer al respecto la Inspección de Trabajo y Seguridad Social?, ¿cómo va a controlar el fraude de los teletrabajadores incluidos en ertes o eres?

Las herramientas de trabajo estarán cerca y disponibles las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. Un maquinismo tecnológico que facilitará la prolongación de la jornada de trabajo -frecuentemente sin retribuir ni compensar-. Se incumplirán los horarios y los descansos (diarios y semanales). Ante estas situaciones, el sistema de fichaje y control de presencia tendrá poco efecto paliativo: sabemos que es alterable y manipulable.

El teletrabajo desplaza al trabajador o trabajadora de la interrelación en el centro de trabajo al aislamiento teleasistido. Acentúa la individualización de la fuerza de trabajo, en detrimento de la fuerza colectiva de los trabajadores. La falta de modulación, control y limitación del trabajo a distancia, aliena y puede derivar en explotación laboral. Y en la continuación de la (constante) pérdida de derechos laborales, acentuada por el impacto de la pandemia. Formará parte de esa inquietante "nueva normalidad" que el sistema quiere imponernos.

Más justicia social y tributaria, menos mercadotecnia de covid-19

Abundan en los ​medios de comunicación​ las noticias relacionadas con gestos, en forma de acciones, donaciones y ayudas, por parte de grandes empresas y corporaciones, motivadas por el coronavirus SARS-CoV-2. Una reacción habitual es la de pensar que "a caballo regalado no le mires el diente".

Cabría hacerse, al respecto y en relación a estas empresas y empresarios, varias preguntas. 

En primer lugar, cómo son sus medios de producción y venta; su impacto en el planeta; las condiciones laborales que los proveedores aplican (o imponen) a su mano de obra. 

En segundo lugar, cómo son las condiciones laborales de sus trabajador​e​s: salario, horario, tiempo de trabajo y descanso, conciliación, igualdad, salud laboral, convenio colectivo (si lo hubiere). 

En tercer lugar, cuál es su nivel de contribución fiscal a la sociedad: ​qué​ impuestos​ presentan​ y cuánto pagan; si aplican o no ingeniería tributaria para la elusión fiscal; si operan, de forma directa o indirecta, a través de paraísos fiscales. 

En cuarto lugar, cómo se comportan con su personal, tanto en el Estado de Alarma por el coronavirus, como antes (y después): han presentado eres o ertes; han despedido; modifican sustancialmente las condiciones de trabajo; respetan o por el contrario presionan para evitar el ejercicio del derecho de huelga; facilitan o entorpecen la libre sindicación y la acción sindical; pagan puntualmente el salario real y legal, y sus cotizaciones; pagan o compensan las horas extraordinarias; cumplen en el trabajo con las condiciones adecuadas y preceptivas de prevención de riesgos laborales. 

No nos olvidemos de las eléctricas y gasísticas. Son muy activas en 'solidaridad', pero, que sepamos, no han bajado el precio desproporcionado que nos facturan a los consumidores. Y la prohibición de cortar los suministros de energía​ a los hogares​, durante el confinamiento, se debe a un decreto gubernamental, no a su iniciativa. 

Antes de aceptar regalos envenenados (y con importantes deducciones fiscales incluidas), exíjase, primero, el pago realmente proporcional de impuestos; un trato justo a los trabajadores y a los recursos naturales del planeta; y respeto por el resto de seres vivos. Después, toda la ayuda y donaciones que quieran. Esto sí sería una buena mercadotecnia; aunque la mejor, por inexistente, es la de quienes donan y ayudan de forma anónima.

También sería un detalle, de los contribuyentes altruistas -incluidos los particulares y personajes más o menos famosos-, que excusaran escenificaciones próximas a la caridad y beneficiencia, evitaran el postureo en redes sociales, y se acercaran más a la dignidad de la persona.

El final de la COVID-19 lo dictará la economía

El final de la versión dura del confinamiento no lo va a marcar la salud de los ciudadanos: lo dictará la economía. Realmente lo viene marcando desde el principio, aunque no forme oficialmente parte del Comité Técnico-Policial-Militar de la COVID-19, que vemos aparecer cada día en las ruedas de prensa.

Una muestra significativa de quién marca el paso es el final del "período de hibernación", después de la Semana Santa. La vuelta al 'tajo' en actividades "no esenciales", según los criterios gubernamentales. 

Falta que a las cifras de contagios, fallecimientos y altas hospitalarias, y las de detenciones y sanciones por 'escapar' del confinamiento/encarcelamiento, se añada el correspondiente decrecimiento diario del PIB.

Ana Botín se lo ha dicho claramente al Gobierno: "Los jóvenes e inmunizados deben volver cuanto antes al trabajo" -amén-. Le ha faltado añadir: los que conserven su puesto de trabajo, o consigan que les contraten. Y, ¿a qué sistema económico y de relaciones laborales se van a reincorporar? Exactamente al mismo que había antes de la pandemia por coronavirus. 

El mismo sistema capitalista neoliberal. Pero con las arcas públicas vacías; la desigualdad socioeconómica y la pobreza multiplicadas al mismo ritmo que la expansión de la infección vírica. Vuelta a las mismas reglas del juego financiero, pero en un país devastado.

Las consecuencias del caos normativo dictado bajo la etiqueta de rescate social, y los instrumentos para "que nadie se quede atrás", poco -o nada- van a aliviar el sufrimiento y las necesidades de las clases desfavorecidas. Sin mencionar la escasa colaboración de los organismos administrativos implicados: Seguridad Social, SEPE, y autoridades laborales autonómicas. En lugar de adaptarse a las necesidades de los afectados, son éstos -y sus asesores legales, quien pueda permitírselo- los que tienen que adaptarse a los requisitos burocráticos; con un continuo cambio de criterios, descoordinación entre áreas y organismos, y problemas telemáticos e informáticos.

Millones de trabajadores están afectados por ertes de fuerza mayor por la covid-19, a pagar con fondos públicos. De la exoneración de la cotización a la Seguridad Social (100% en las empresas de menos de 50 trabajadores) se van a beneficiar las grandes empresas y corporaciones, teniendo que abonar solo un 25% de las cuotas.

No hablemos del "prohibido despedir por el coronavirus", de los mismos autores del prohibido despedir "por estar enfermo". En ambos casos se puede seguir despidiendo, pero pagando una indemnización de 33 días por año -en lugar de 20 días por año-; suponiendo que el trabajador o trabajadora impugne el despido y se sentencie como improcedente.

Con la caja pública en números rojos, y la reducción de ingresos fiscales y de cotizaciones sociales, 'su' economía no va a necesitar un 'rebote', sino más bien un cohete propulsado a la velocidad de la luz.

Y no olvidemos que nos encontramos en Estado de Alarma, por segunda vez en 'democracia' (o "régimen del 78", que diría la furibunda portavoz del PP en el Congreso) -aunque al presidente Sánchez se le olvidó el Estado de Alarma decretado por la huelga de los controladores aéreos, en el año 2010-. Una cuasidictadura constitucional, con plenos poderes del ejecutivo, en la que se ha asumido con total normalidad la pérdida de libertades y la generosa presencia coercitiva, junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las fuerzas armadas en las calles desalojadas. Esta concentración por decreto de poderes institucionales queda a un corto paso de sistemas totalitarios.

Nos consolaremos con la certeza de que las derechas y ultraderechas terminarían de rematar el más mínimo vestigio de lo público. Y, si nos descuidamos, los militares no volverían a los cuarteles.

COVID-19: Los despidos en la pandemia del coronavirus

Tras la expectación creada por el anuncio de​l viernes​, por parte de la ministra de trabajo, de la prohibición de despedir, v​ino​ el texto del BOE, publicado ​al día siguiente​.

Es oportuno comenzar indicando que contiene elementos positivos para los trabajadores. Pero vayamos al asunto de la prohibición de despedir. 

Tal y como se anunció, la interpretación jurídico-laboral lógica es que los despidos "por coronavirus" serían considerados nulos. Es decir, la empresa tendría que readmitir obligatoriamente al trabajador. Y, si no lo hiciera, o readmitiera irregularmente, el asalariado seguiría cobrando su sueldo y cotizando a la Seguridad Social -todo ello tras instar, judicialmente, lo que se denomina 'incidente de no readmisión'-.

Pero los despidos de la pandemia no van a ser nulos. Serán improcedentes, con su correspondiente indemnización. Y ello, contando con que el/la trabajador/a lo impugne ante la jurisdicción social, claro. 

Significa que los patronos no podrán aplicar despidos objetivos, de indemnización sensiblemente más baja. 

Lo anterior nos lleva a recordar que el despido, en España, es libre, indemnizado y barato -con las últimas reformas laborales, mucho más barato-. 

Haciendo un poco de historia, y a propósito de la reciente conmemoración de los cuarenta años de la aprobación del Estatuto de los Trabajadores (1980). El ET instauró la piedra filosofal de la legislación laboral española; claramente flexible y favorable a los empresarios -cuyo anhelo es un despido libre y gratuito-. Desde la aprobación de la norma, y en lo que respecta a los despidos sentenciados como improcedentes, la opción entre la readmisión o la indemnización le corresponde a la empresa, no al trabajador. 

No sabemos si habrá un primero de mayo sin confinamiento. A lo mejor sería una oportunidad para que los trabajadores recobraran la conciencia de clase. Y recapacitaran de a dónde les han conducido los gestores burócratas de los grandes sindicatos. Nunca es tarde si la reacción es buena. 

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"El Gobierno impedirá el despido justificado por causas relacionadas con el Covid - 19"

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3759

COVID-19: El Estado debe intervenir y ocupar los establecimientos sanitarios privados

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Vivimos tiempos de desinformación. El COVID-19 ha agravado, en una proporción considerable, el oscurantismo e intoxicación habituales provenientes de los grandes medios de comunicación. Otro peligroso virus, informativo.

Los platós de televisión siguen contando con las mismas caras y voces. Han debido de estudiar un curso acelerado por correspondencia, para reconvertirse en científicos, virólogos, epidemiólogos, neumólogos...

No hemos visto, oído o leído, ninguna información que indique la intervención y ocupación de camas hospitalarias privadas. Tal y como autoriza el artículo 13.b) del decreto (lamentablemente "Real" decreto) 463/2020, por el que se declara el estado de alarma. (*)

Norma que también autoriza la intervención de los establecimientos del sector farmacéutico. Nos gustaría saber la justificación de esta inacción, en las circunstancias de alerta sanitaria actual, y con el déficit de camas y recursos sanitarios públicos -humanos y materiales-.

Al fin y al cabo sería una reversión, temporal, que no haría justicia al saqueo neoliberal ejercido en la sanidad pública en las últimas décadas. Es indignante escuchar a las extremas derechas en sus exigencias de dotar de medios a la misma sanidad que ellos han ninguneado y desmantelado. Tan indignante como sus genuflexiones lacayas ante los corruptos reyes borbones.

En la bonanza económica todas estas legiones de bucaneros capitalistas neoliberales preconizan el libre mercado, la libre empresa, y el enriquecimiento sin fin. La fuerza del capital a costa de la fuerza del trabajo -la espalda de la clase trabajadora- y el sufrimiento de la pobreza. En tiempos de crisis, tocan a la puerta del papá Estado, para que les ayuden; y dejan en la cuneta, como siempre, a las clases populares. ¿Dónde están -recuerden- los 60.000 millones de euros del rescate bancario? ¿Cuántos, de los 200.000 millones de euros de "rescate del coronavirus", van a llegar a la población realmente necesitada?

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(*) Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(...)
Artículo 13. Medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública.
El Ministro de Sanidad podrá:
(...)
b) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el sector farmacéutico.
(...)

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692

Del falso documental de 'Operación Palace', al falso debate del estado de la nación

​El veintitrés de febrero de 1981, por la tarde, estaba en clases de bachillerato, en el instituto público ("nacional", por aquella época) de mi barrio madrileño; donde cursaba BUP. Tenía quince años. Seguramente los recuerdos de aquella tarde/noche se mezclan con las informaciones –generalmente en los aniversarios– de los medios de comunicación, retumbando con los gritos de la (cientos de veces repetida) frase del uniformado de tricornio, Tejero, a los diputados: "¡Quieto todo el mundo!".

Iba a las clases del último turno, de las cuales salíamos sobre las diez y media de la noche. Recuerdo, o creo recordar, cuando llegué a casa, el sonido de la música militar en la radio. No consigo acordarme del ambiente del instituto, entre los profesores y alumnos; teniendo en cuenta que el Congreso ya había sido asaltado por un teniente coronel de la Guardia Civil, de pistola fácil, el ya citado Antonio Tejero. Ni siquiera acierto a recordar si las clases se impartieron con normalidad, o si salimos antes de la hora prevista.

Recuerdo, o creo recordar, que por aquella época no tenía inquietudes político-sociales. Mi retina almacenaba todavía, habiendo pasado varios años –lo caprichosa que es la memoria–, las imágenes de dos pósteres, colgados en los centros públicos y oficiales, las tiendas y comercios, con el texto y los retratos de los protagonistas: "Último mensaje de Francisco Franco", y "Primer mensaje del Rey". Los veía –o, al menos, mi memoria los ve como un vívido recuerdo– cada vez que compraba en la panadería de enfrente de casa, la del enjuto y mayor don Emiliano; pegados con papel celo en los baldosines. Pero no sentía nada especial por estar viviendo los primeros años de la Santa Transición. Todavía no era consciente de lo atado y bien atado que el anterior jefe de Estado, el generalísimo Franco, había dejado el tinglado sucesorio. En forma de una monarquía hereditaria (democrática y parlamentaria, por supuesto). Recuerdo, o creo recordar, que mi mayor preocupación era estudiar y sacar buenas notas. Y, también, los mensajes de mi madre, para que tuviera presente que ya tenía que pensar en empezar a trabajar –como así fue al año siguiente; motivo por el cual iba a nocturno–.

Soy seguidor del periodista Jordi Évole desde sus inicios de "Follonero", de la primera etapa de Salvados. Desde el principio hasta el final del visionado del falso documental (o 'mockumentary'; 'mock': burla, simulación) sobre el golpe de Estado, Operación Palace, enfrenté y comparé lo que la emisión me presentaba, con el ensayo de Javier Cercas Anatomía de un instante (Mondadori, 2009). No me cuadraba con los datos históricos y periodísticos contrastados por Cercas. Y, finalmente, me quedé con las mismas dudas y las mismas sospechas, sobre quién fue el "Elefante Blanco" del 23-F; o, como dirían los defensores de las teorías "conspiranoicas" de los atentados terroristas de Madrid, del 11 de marzo de 2004, el "autor intelectual".

Me han parecido excesivamente desproporcionadas y virulentas, las reacciones de determinados periodistas, en este caso puristas y ortodoxos. Entiendo (pero no comparto su opinión) a los que creen que Operación Palace resta prestigio profesional a Évole. Respeto a los que dicen que ya no volverán a seguirlo periodísticamente. Puedo comprender a los que se han sentido engañados.

Pero me resulta paradójico y contradictorio que muchos de esos prestigiosos periodistas no se escandalicen, ni se rasguen de la misma forma las vestiduras, ante las mentiras diarias del Gobierno de España. Mentiras que se pronuncian también, en vivo y en directo y en diferido, en sede parlamentaria. Cuando Rajoy dice que los ciudadanos ya notan que salimos de la crisis económica. Cuando Montoro dice que los salarios no se reducen, sino que crecen moderadamente. Cuando Gallardón dice que el anteproyecto de ley del aborto protege los derechos de las mujeres, y que no ha indultado a ningún político corrupto. Cuando Mato dice que la asistencia sanitaria es universal. Cuando Wert dice que la religión no está en las aulas públicas, y las becas aumentan. Cuando Báñez dice que "el mercado laboral ya se ha dado la vuelta". Cuando Fernández nos habla de las bondades de las cuchillas pasivas y las pelotas de goma salvavidas, en la valla y aguas de la frontera hispano-africana. Etcétera. Y cuando, tanto el presidente del Gobierno como todos estos ministros y subordinados, siguen conservando sus diferentes carteras y cargos.

Continuaré siguiendo los trabajos de Jordi Évole. No me sentí engañado, tras las pertinentes explicaciones posteriores, por Operación Palace. Me siento irritado por el hecho de que no conoceremos los detalles del sumario judicial del 23-F hasta dentro de varias décadas. Me cabrea el ejercicio y la justificación continua de la corrupción. Por el contrario, sí que me sentí engañado en el último debate del estado de la nación. Auténtico falso documental, en un falso debate, de una falsa realidad, por un Gobierno falsario.

El juez Castro no tiene traje de los domingos

​A cualquiera de nosotros, mortales ciudadanos, nos podrían imputar en un folio, incluso en unas cuantas líneas; sin una gran argumentación jurídica. No se alarmen; ya sé que no han cometido ningún delito, ni siquiera presuntamente. En todo caso, son víctimas del poder mercantil, económico y financiero, que nos gobierna. Y no podemos acudir a la fiscalía, al juzgado o a la comisaría, a denunciar a un tal "poder económico y financiero" —so pena de arriesgarnos a que se cachondeen de nosotros—. Aunque sí que tenemos en mente los nombres de unos cuantos gobernantes postizos y políticos, inútiles e ineptos.

En el segundo auto de (doble) imputación de S. A. R. la infanta Cristina de Borbón, el juez José Castro ha necesitado escribir 227 páginas, con detallados argumentos y razonamientos jurídicos. Transcurrida una hora, desde el conocimiento del auto, el prócer letrado y padre de la patria, Miquel Roca i Junyent (a quien el Rey encomendó el auxilio de su hija); parece ser que dotado de la habilidad de lectura ultrarrápida, hace unas declaraciones cuestionando el auto y descalificando la nueva imputación. Y su colega, el prestigioso penalista José Silva, abogado de la infanta Cristina, hace gala de una gran prepotencia, mala educación y chulería, afirmando que se estaban planteando ir a declarar, si con ello "el juez se va a realizar como persona".

Finalmente el equipo jurídico ha convencido al padre Rey y a la hija Infanta (¿y al resto de la familia real?), de no recurrir el auto de imputación. Dicen sus abogados, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que Cristina de Borbón se sentará delante del juez, y del retrato de su padre, "voluntariamente". Muy oportunamente el juez instructor ha manifestado, a través de una providencia, que la infanta de España no acude voluntariamente, sino porque su señoría la ha llamado a declarar en calidad de imputada. La voluntariedad fue ejercida por S. A. R. cuando recurrió el primer auto de imputación (con el beneplácito de La Zarzuela). Y también fue ejercida, anteriormente, no personándose (voluntariamente) a declarar, previamente a la primera imputación.

Por fin entendemos el silencio del "independiente" fiscal Pedro Horrach —hasta anunciar que no va a recurrir—. Después de la prisa que se dio, oponiéndose a esta nueva imputación antes de que se produjera; llevaba días reflexionando sobre el recurso, y regalando algún que otro elogio al auto del juez —"donde las dan, las toman", dijo—. Volvió de Madrid "con plena libertad" otorgada por su superior jerárquico. Evidentemente tanto él como otro de los múltiples defensores de la Infanta, la abogacía del Estado, ya conocían la nueva estrategia de defensa. Estrategia que contiene, además, la exculpación de la imputada basada en que fue una socia y presidenta de Aizoon, cegada de amor por su embaucador marido y socio Iñaki Urdangarin.

Pero las alabanzas del fiscal Anticorrupción Horrach se han demostrado forzadas y cínicas. Cumpliendo las órdenes de no presentar recurso, ha optado por la revancha personal. En un escrito de doce páginas, pretende hacer frente a un auto de doscientas veintisiete. Apoyándose en descalificaciones gratuitas, de inconsistencia jurídica. Alega que el juez Castro avala la imputación de la Infanta con una "teoría conspiratoria", para "justificar la existencia de indicios delictivos". Una vez más se demuestra el ejercicio del ministerio público: ni fiscal, ni anticorrupción; abogado defensor. Además de un gran colaborador de la campaña de desprestigio contra el juez Castro. Y la connivencia tácita del vergonzoso silencio ejercido por el Consejo General del Poder Judicial.

Es posible que el catedrático de Derecho Penal, Silva, convenza a un tribunal, alegando la inocencia de su defendida por el inmenso amor de una fiel (¿y lela?) esposa. Más difícil es que nos convenza al resto de los ciudadanos. Tan difícil como que la Agencia Tributaria nos permita desgravarnos suntuosos gastos particulares y familiares, tales como viajes de placer, cruceros, etcétera.

Posteriormente se ha desatado la habitual caza del juez, especialmente virulenta cuando el magistrado instruye causas contra personajes poderosos. Airean y fotografían al juez si se toma un café (o refresco, o gin-tonic) con una abogada de la acusación popular. No dicen nada si lo hace con un abogado de la Infanta, que le pide un adelanto en la comparecencia de su defendida —accediendo el juez a realizarla un mes antes—. Por sacar punta, se conjeturaba con el día de la primera fecha prevista: 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Como muestra de la saña y la altura de las argumentaciones periodísticas y jurídicas, utilizadas por los medios de comunicación de la derecha más rancia, analicemos los razonamientos expuestos por la pluma del director de "La Razón" (Grupo Planeta), Francisco Marhuenda (Paco para los amigos). (Sin querer con ello menospreciar a otros medios afines, como el hermano "ABC"; o los primos hermanos del "TDT party".) Bajo el título “El juez vuelve a imputar a la Infanta sólo con suposiciones”, y el original antetítulo “El auto del castrismo”; escribe este insigne periodista y jurista frases como: “El Iltmo. Sr. Don José Castro puede aprovechar las rebajas para comprar un traje de domingo con el que recibir a la imputada Doña Cristina Federica. Es el primer consejo que le daría. Tiene que jubilar esa chaqueta espantosa, porque hasta el prevaricador exjuez Garzón tenía mejor gusto. Creo que el ministro Gallardón tiene que introducir una reforma legal para que un juez no pueda bajar tanto el listón”. O "Castro quiere ser un juez estrella, pero es fugaz e injusto en su peculiar cruzada contra una mujer inocente”.

Tras estas sentencias del abogado defensor y juez Marhuenda, en un impecable ejercicio de libertad de expresión y alto intelecto; permítame don Francisco hacerle unas observaciones relacionadas, en su misma línea editorial, con el mundo de la imagen, el estilismo y la moda.

Puede que el salario de honrado funcionario público no dé para tener asesores de imagen, o para comprar un traje para cada día de la semana. A lo mejor los emolumentos de un afamado director de periódico, de prestigio internacional, y comprado y leído por media España; contertulio pluriempleado en programas televisivos (Atresmedia, Grupo Planeta); dan para comprarse un traje para cada día del mes. Incluso otros diferentes y discretos, para ir a misa los domingos; impecablemente vestido, limpio y aseado. No deben de alcanzar —o bien le preocupa menos cuando se trata de su propia persona—, en el caso de tan hábil y afilada pluma periodística, para acudir con frecuencia a la peluquería, y al gimnasio. Convendría que también le propusiera a su amigo y ministro Gallardón, que considerara la inclusión de un plus de estilismo, obligado y de marca, en la cerrera judicial.

En los próximos días, de aquí al sábado 8 de febrero, asistiremos a importantes y trascendentales debates sobre la seguridad nacional; como la duda de si la Infanta hará "el paseíllo" (los doscientos metros de la famosa rampa de acceso a los juzgados de Palma). Hecho que contrariaría sobremanera a la corte y a los cortesanos. Nada que no pueda resolver un dispositivo similar al empleado en las dos comparecencias efectuadas por el duque consorte de Palma de Mallorca: 200 policías (uno por metro).

Al principio, carcajada; después, náusea; finalmente, vómito.

A pesar de todo... Feliz 2012 !

Una vez al año no hace daño

A PESAR DE TODO... FELIZ 2012 ! (Carlos Azagra)

http://www.facebook.com/cazagra/posts/140686536042401

A PESAR DE TODO... FELIZ 2012 !

Felicitación 2012

Felices Fiestas / Molts d'Anys / Bones Festes / Boas Festas / Zorionak — 2011 / 2012

«El problema no es la economía. El problema es que en los países avanzados el valor supremo es el dinero. Antes se respetaban valores como la justicia, la libertad, la solidaridad, la dignidad, el respeto a la naturaleza... Eso, hoy, a veces se menciona pero no se cumple. (...) se han ido abandonando valores que datan de 2.000 años y que han ido construyendo el Derecho Internacional. Y hemos sustituido los valores por los intereses económicos.»

José Luis Sampedro (Barcelona, 1917), escritor y economista.

Laprovincia.es, Diario de Las Palmas (11/12/2011)
http://ocio.laprovincia.es/agenda/noticias/nws-40467-el-valor-supremo-dinero-ese-problema-actual.html

"Marionetas del statu quo" (Borja Vilaseca) - El País

Marionetas del statu quo

—"Nada cambia hasta que deviene insoportable", José Antonio Marina—

Pese al control de la élite económica sobre el individuo, somos libres para cambiar

http://www.elpais.com/articulo/carreras/capital/humano/Marionetas/statu/quo/elpepueconeg/20111127elpnegser_2/Tes

Borja Vilaseca - El País - 27/11/2011

El rey traidor

Alfonso XIII pone una medalla a Franco

Por Bartomeu Mestre i Sureda.

Entre las historias poco conocidas que he divulgado, esta es de las más vergonzantes y escondidas. El 26 de noviembre de 1931, las Cortes republicanas firmaron una ley que declaraba a Alfonso XIII culpable de alta traición y le despojaba, a él y a sus descendientes, de todos los títulos. Esa ley fue abolida ilegalmente por Franco, en 1938, en pleno levantamiento fascista militar. Los que tramaban la mal llamada "transición" (una restauración borbónica más) hicieron la vista gorda. ¿El resultado? Una democracia condicionada y en libertad condicional.

***
¿Y qué, si las madres lloraban
con el mayor desconsuelo?
¿Y qué, si en España
los piratas gobernaban?
Si a él no le faltaban
a docenas las queridas,
jovencitas y garridas,
¡le molestaba muy poco
que luchando en Marruecos
se perdieran tantas vidas!

Los versos, de Pere Capellà, popularizados por Biel Majoral, son extraídos del CD Canciones Republicanas. El protagonista es Alfonso XIII y la canción menciona la mortandad que hubo en Marruecos. La primera derrota, el 27 de julio de 1909 (hace poco más de 100 años) fue en el Barranco del Lobo. Murieron muchos reservistas catalanes embarcados sólo una semana antes en Barcelona, ​​en medio de una protesta ciudadana que desencadenó la Semana Trágica. La segunda gran derrota, el desastre de Annual, fue el 22 de julio de 1921. Murieron más de 23.500 hombres (20.000 del ejército colonial español). En aquellos 12 años, murieron más de 50.000 soldados. El fracaso se debía imputar a los generales Franco, Millán Astray, Dámaso y Silvestre. Sólo el último asumió responsabilidades y se suicidó. No obstante, la presión popular exigió abrir una investigación que sería conocida como "el expediente Picasso", por el linaje del general instructor, Juan Picasso, que decidió algo tan insólito como llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga y sin exclusiones.

El expediente ponía en evidencia las irregularidades y la corrupción del ejército español en África y la implicación del rey de España. La información era de tal magnitud que, en agosto de 1921, Alfonso XIII encargó al anticatalanista Antonio Maura la formación de un nuevo gobierno. Era el pez que se mordía la cola. Toda una ironía, porque Maura había caído en 1909, a raíz del descrédito internacional por la represión de la Semana Trágica, especialmente el fusilamiento de Ferrer Guàrdia. En todo caso, la investigación continuó y en abril de 1922 Picasso entregaba 2.433 hojas en el Congreso. Las filtraciones a la prensa demostraban que el instructor no se había dejado intimidar por las orientaciones del general Berenguer de limitarse a los hechos bélicos y evitar referirse a las órdenes superiores.

La comisión del Congreso debía emitir el dictamen el 1 de octubre de 1923, pero tres semanas antes Miguel Primo de Rivera, con el apoyo y estímulo de Alfonso XIII, instauró la dictadura militar y ordenó destruir el expediente. Por suerte, Mateo Sagasta esconde una copia en la Escuela de Ingenieros Agrónomos que dirigía y en abril de 1931, a raíz de la proclamación de la República, lo devolvió al Congreso. Esto permitió reanudar los trámites interrumpidos y acusó formalmente al ex rey de actuar por encima de sus facultades, de ser responsable de instaurar una dictadura militar, de perjuro, de suprimir los derechos, garantías y libertades de los ciudadanos, de violar la Constitución en vigor, de alta traición, de actuar contra el pueblo, de fomentar un ejército para fortalecer su poder absolutista, de estimular las matanzas de África, de actuar contra la voluntad del pueblo y del delito de lesa majestad.

Tras los debates correspondientes, el día 26 de noviembre de 1931, las Cortes españolas publicaron la Ley que condenaba in absentia al acusado: Las Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición, como fórmula jurídica que resume todos los delitos del acta acusatoria, al que fue rey de España, quien, ejercitando los poderes de su magistratura contra la Constitución del Estado, ha cometido la más criminal violación del orden jurídico del país, y, en su consecuencia, el Tribunal soberano de la nación declara solemnemente fuera de la ley a don Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena. Privado de la paz jurídica, cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si penetrase en territorio nacional. Don Alfonso de Borbón será degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos, de los cuales el pueblo español, por boca de sus representantes, le declara decaído, sin que pueda reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores. Sí, ¡lo habéis leído bien!

En 1938, en plena rebelión militar e ilícitamente, Franco derogó la ley y, en 1969, designó sucesor al nieto del condenado. Ordenó destruir el expediente (no en vano, Franco era uno de los mayores responsables de los crímenes contra los marroquíes), pero fue inútil, porque la documentación se publicó en Buenos Aires. Entre otros, aparece el teniente coronel Ricardo Fernández Tamarit, años después juez instructor del expediente contra el alcalde Emili Darder [alcalde republicano de Palma (Mallorca)] a quien condenaron a muerte y fusilaron.

De todo esto, no se habla nada en absoluto. Por el contrario, se ha echado tierra ["sal", sic autor] a la memoria. De esta manera, se ha enterrado otra historia que nos han ocultado los grandes cómplices del silencio: los autores de los infectos programas escolares de un postfranquismo inscrito en la vigente restauración borbónica.

26-09-2011
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En BALUTXO DIXIT
Bartomeu Mestre i Sureda
http://blocs.mesvilaweb.cat/balutxo

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Bartomeu Mestre i Sureda es escritor. El rei traïdor. Traducción libre catalán/castellano de Juan Carlos Rubio. Autorización expresa del autor a su publicación en Criticus.net

"El rei traïdor" (Bartomeu Mestre i Sureda) - Balutxo dixit

Entre les històries poc conegudes que he divulgat, aquesta és de les més vergonyants i amagades. El 26 de novembre de 1931, les Corts republicanes signaren una llei que declarava Alfons XIII culpable d'alta traïció i el desposseïa, a ell i als seus descendents, de tots els títols. Aquella llei va ser abolida il·legalment per Franco, l'any 1938, en ple aixecament feixista militar. Els qui tramaren la mal anomenada "transició" (una restauració borbònica més) feren els ulls grossos. El resultat? Una democràcia condicionada i en llibertat condicional.



Alfons XIII posa una medalla a Franco

***

I què, si les mares ploraven
amb el més gran desconsol?
I què, si a l’estat espanyol
els pirates governaven?
Si a ell no li faltaven
a dotzenes les querides,
jovenetes i garrides,
el molestava molt poc
que lluitant en el Marroc
s’hi perdessin tantes vides!

Els versos, de Pere Capellà, popularitzats per Biel Majoral, són extrets del CD Cançons Republicanes. El protagonista és Alfons XIII i la cançó esmenta la mortaldat que hi va haver al Marroc. La primera derrota, el 27 de juliol de 1909 (fa poc més de 100 anys) va ser en el Barranco del Lobo. Hi moriren molts de reservistes catalans embarcats només una setmana abans a Barcelona, enmig d’una protesta ciutadana que desencadenà la Setmana Tràgica. La segona gran derrota, el desastre d’Annual, va ser el 22 de juliol de 1921. Hi moriren més de 23.500 homes (20.000 de l’exèrcit colonial espanyol). En aquells 12 anys, moriren més de 50.000 soldats. El fracàs s’havia d’imputar als generals Franco, Millán Astray, Dámaso i Silvestre. Només el darrer assumí responsabilitats i es va suïcidar. Això no obstant, la pressió popular exigí obrir una investigació que seria coneguda com "l’expedient Picasso”, amb el llinatge del general instructor, Juan Picasso, el qual va decidir una cosa tan insòlita com arribar fins a les darreres conseqüències, caiga quien caiga y sin exclusiones.

L’expedient posava en evidència les irregularitats i la corrupció de l’exèrcit espanyol a Àfrica i la implicació del rei d'Espanya. La informació era de tal magnitud que, l’agost de 1921, Alfons XIII encarregà a l’anticatalanista Antoni Maura la formació d’un nou govern. Era el peix que es mossegava la cua. Tota una ironia, perquè Maura havia caigut l’any 1909, arran del descrèdit internacional per la repressió de la Setmana Tràgica, especialment l’afusellament de Ferrer Guàrdia. En tot cas, la investigació va continuar i l’abril de 1922 Picasso lliurava 2.433 fulls al Congrés dels Diputats. Les filtracions a la premsa demostraven que l’instructor no s’havia deixat intimidar per les orientacions del general Berenguer de limitar-se als fets bèl·lics i evitar referir-se a les ordres superiors.

La comissió del Congrés havia d’emetre el dictamen dia 1 d’octubre de 1923, però tres setmanes abans Miguel Primo de Rivera, amb el suport i estímul d’Alfons XIII, instaurà la dictadura militar i ordenà destruir l’expedient. Per sort, Mateo Sagasta n’amagà una còpia a la Escuela de Ingenieros Agrónomos que dirigia i l'abril de 1931, arran de la proclamació de la República, el va tornar al Congrés. Això va permetre reprendre els tràmits interromputs i acusar formalment l’exrei d’actuar per damunt de les seves facultats, de ser responsable d’instaurar una dictadura militar, de perjur, de suprimir els drets, garanties i llibertats dels ciutadans, de violar la Constitució en vigor, d’alta traïció, d’actuar contra el poble, de fomentar un exèrcit per enfortir el seu poder absolutista, d’estimular les matances d’Àfrica, d’actuar contra la voluntat del poble i del delicte de lesa majestat.

Després dels debats corresponents, dia 26 de novembre de 1931, les Corts espanyoles publicaren la Llei que condemnava in absentia l’acusat: Las Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición, como fórmula jurídica que resume todos los delitos del acta acusatoria, al que fue rey de España, quien, ejercitando los poderes de su magistratura contra la Constitución del Estado, ha cometido la más criminal violación del orden jurídico del país, y, en su consecuencia, el Tribunal soberano de la nación declara solemnemente fuera de la ley a don Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena. Privado de la paz jurídica, cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si penetrase en territorio nacional. Don Alfonso de Borbón será degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos, de los cuales el pueblo español, por boca de sus representantes, le declara decaído, sin que pueda reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores. Sí, ho heu llegit bé!

El 1938, en plena rebel·lió militar i il·lícitament, Franco derogà la llei i, el 1969, designà successor el nét del condemnat. Ordenà destruir l’expedient (no debades, Franco era un dels majors responsables dels crims contra els marroquins), però va ser inútil, perquè la documentació es publicà a Buenos Aires. Entre d’altres, hi apareix el tinent coronel Ricardo Fernández Tamarit, anys després jutge instructor de l'expedient contra el batle Emili Darder a qui condemnaren a mort i afusellaren.

De tot això, no se'n parla ni poc ni gens. Al contrari, s'ha tirat sal a les totes contra la memòria. D'aquesta manera, s'ha enterrat una altra història que ens han amagat els grans còmplices del silenci: els autors dels infectes programes escolars d'un postfranquisme inscrit en la vigent restauració borbònica.

balutxo | HISTÒRIES AMAGADES | dilluns, 26 de setembre de 2011

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"Tortura y muerte de ‘Afligido’" (Félix Población) - Público

Tortura y muerte de ‘Afligido’

http://blogs.publico.es/dominiopublico/3993/tortura-y-muerte-de-afligido/

Félix Población - Público - 13/09/2011