sábado, 11 de abril de 2020

El final de la COVID-19 lo dictará la economía


El final de la versión dura del confinamiento no lo va a marcar la salud de los ciudadanos: lo dictará la economía. Realmente lo viene marcando desde el principio, aunque no forme oficialmente parte del Comité Técnico-Policial-Militar de la COVID-19, que vemos aparecer cada día en las ruedas de prensa.

Una muestra significativa de quién marca el paso es el final del "período de hibernación", después de la Semana Santa. La vuelta al 'tajo' en actividades "no esenciales", según los criterios gubernamentales. 

Falta que a las cifras de contagios, fallecimientos y altas hospitalarias, y las de detenciones y sanciones por 'escapar' del confinamiento/encarcelamiento, se añada el correspondiente decrecimiento diario del PIB.

Ana Botín se lo ha dicho claramente al Gobierno: "Los jóvenes e inmunizados deben volver cuanto antes al trabajo" -amén-. Le ha faltado añadir: los que conserven su puesto de trabajo, o consigan que les contraten. Y, ¿a qué sistema económico y de relaciones laborales se van a reincorporar? Exactamente al mismo que había antes de la pandemia por coronavirus. 

El mismo sistema capitalista neoliberal. Pero con las arcas públicas vacías; la desigualdad socioeconómica y la pobreza multiplicadas al mismo ritmo que la expansión de la infección vírica. Vuelta a las mismas reglas del juego financiero, pero en un país devastado.

Las consecuencias del caos normativo dictado bajo la etiqueta de rescate social, y los instrumentos para "que nadie se quede atrás", poco -o nada- van a aliviar el sufrimiento y las necesidades de las clases desfavorecidas. Sin mencionar la escasa colaboración de los organismos administrativos implicados: Seguridad Social, SEPE, y autoridades laborales autonómicas. En lugar de adaptarse a las necesidades de los afectados, son éstos -y sus asesores legales, quien pueda permitírselo- los que tienen que adaptarse a los requisitos burocráticos; con un continuo cambio de criterios, descoordinación entre áreas y organismos, y problemas telemáticos e informáticos.

Millones de trabajadores están afectados por ertes de fuerza mayor por la covid-19, a pagar con fondos públicos. De la exoneración de la cotización a la Seguridad Social (100% en las empresas de menos de 50 trabajadores) se van a beneficiar las grandes empresas y corporaciones, teniendo que abonar solo un 25% de las cuotas.

No hablemos del "prohibido despedir por el coronavirus", de los mismos autores del prohibido despedir "por estar enfermo". En ambos casos se puede seguir despidiendo, pero pagando una indemnización de 33 días por año -en lugar de 20 días por año-; suponiendo que el trabajador o trabajadora impugne el despido y se sentencie como improcedente.

Con la caja pública en números rojos, y la reducción de ingresos fiscales y de cotizaciones sociales, 'su' economía no va a necesitar un 'rebote', sino más bien un cohete propulsado a la velocidad de la luz.

Y no olvidemos que nos encontramos en Estado de Alarma, por segunda vez en 'democracia' (o "régimen del 78", que diría la furibunda portavoz del PP en el Congreso) -aunque al presidente Sánchez se le olvidó el Estado de Alarma decretado por la huelga de los controladores aéreos, en el año 2010-. Una cuasidictadura constitucional, con plenos poderes del ejecutivo, en la que se ha asumido con total normalidad la pérdida de libertades y la generosa presencia coercitiva, junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las fuerzas armadas en las calles desalojadas. Esta concentración por decreto de poderes institucionales queda a un corto paso de sistemas totalitarios.

Nos consolaremos con la certeza de que las derechas y ultraderechas terminarían de rematar el más mínimo vestigio de lo público. Y, si nos descuidamos, los militares no volverían a los cuarteles.

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