Absentismo y bajas laborales: sin derecho a enfermar

"Ustedes que tienen tiempo, que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo. Eso es así. Yo vengo del futuro, de un país donde el presidente puso incluso en venta el agua".

El país es Argentina. La mujer que pronunció estas palabras se llama Dolores Fonzi, directora y actriz argentina. Lo hizo, este año, al recoger el Premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana por su filme Belén.

Y no solo tenemos advertencias desde el futuro, ya disponemos en el presente de hechos que ponen de manifiesto la hoja de ruta marcada por la derecha y la ultraderecha —¿hay diferencia?—. Hechos que delatan una parte del programa, y de los cuales pueden inferirse otros muchos elementos que afectan a los derechos laborales y sociales.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en un foro empresarial, defiende que los trabajadores de baja cobren menos. En primer lugar, denota una ignorancia supina. Los trabajadores ya cobran menos (o no cobran), a no ser que se complemente mediante convenio colectivo, cuando están de baja. Si no se trata de contingencias profesionales (enfermedad profesional o accidente de trabajo), hay una diferenciación importante durante los tres primeros días de baja. De hecho, no cobran nada en esos primeros tres días (salvo si existe el citado complemento de convenio colectivo), en los casos de contingencias comunes (enfermedad común o accidente no laboral).

La cantidad que cobra el trabajador se calcula en relación a su base reguladora (base de cotización del mes anterior a la baja). Por enfermedad común, se exige el requisito de 180 días cotizados en los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante —si no se cumple, tampoco se cobra—.

Recapitulando, las cuantías del subsidio, por incapacidad temporal, son:

1. Por enfermedad profesional o accidente de trabajo: el 75% de la base reguladora desde el día siguiente al de la baja (100% en las bajas por riesgo en el embarazo o riesgo en la lactancia).
2. Por enfermedad común o accidente no laboral: el 60% de la base reguladora entre el cuarto y el vigésimo día, y el 75% a partir del vigésimo primero.

Y ¿quién paga las bajas?, en los supuestos de enfermedad común o de accidente no laboral:

• a) Entre el día cuarto al decimoquinto de baja en el trabajo, ambos inclusive: el abono corresponde al empresario.
• b) A partir del decimosexto día de baja: al Instituto Nacional de la Seguridad Social o a la Mutua colaboradora con la Seguridad Social.

Todo lo enunciado anteriormente lo es en líneas generales, resumido y simplificado. Tampoco pretendemos saturar de información al jefe de la oposición, y aspirante a la presidencia del gobierno, ni a sus asesores. Que luego pasa lo que pasa; como afirmar que los enfermeros extienden bajas laborales.

Para criminalizar al trabajador, se añaden al totum revolutum las estadísticas de absentismo de los últimos diez años. Pero se manejan los datos con trampas; como no considerar el envejecimiento de la población, o el importante incremento del número de habitantes. También pone en cuestión a los profesionales sanitarios, obviando la falta de recursos con que las comunidades autónomas gobernadas por el PP/VOX castigan a la sanidad pública. Y se olvidan de los instrumentos de control de las bajas laborales, como la Inspección Médica.

Debería saber el señor Feijóo que no todos los trabajadores, y no en todos los casos, cobran cuando están de baja médica. Y si cobran, no lo hacen por la totalidad de la nómina ordinaria. También debería saber que el absentismo no justificado, según dicta el Estatuto de los Trabajadores —y el apartado disciplinario de los convenios colectivos—, constituye un incumplimiento grave y culpable del contrato de trabajo. Y faculta a la empresa a realizar un despido disciplinario, que no conlleva derecho a indemnización para el trabajador —salvo acuerdo administrativo o judicial, o sentencia judicial, que reconozca la improcedencia del despido—.

Estaría bien que Feijóo también hablase, por ejemplo, de los paupérrimos salarios; de los millones de horas extraordinarias no pagadas (ni cotizadas). Y que aclarase si lo que desea es convertir a los trabajadores en esclavos, sin derecho a ponerse enfermos.

El PP, que se autodenomina de centro derecha, se alía con VOX, un partido de extrema derecha; loándolo, y ensalzando los numerosos puntos en común que los unen. En las tribunas y foros presumen de las leyes que van a derogar, empezando por la Ley de Memoria Democrática, "en el primer consejo de ministros que presida Feijóo". Continuando por la última reforma laboral, y una larga lista.

En cualquier caso, que los trabajadores, pensionistas, desempleados; el pueblo perteneciente a la clase trabajadora, a la clase no pudiente, tomen buena nota de lo que se avecina con la ultra/derecha. ¿Lo harán? Confiemos en que ese hipotético y fatídico primer consejo de ministros PP/VOX tarde mucho tiempo en celebrarse, o no lo haga nunca.

El teletrabajo como instrumento de explotación laboral

De un día para otro, y a causa del coronavirus, descubrimos el teletrabajo ("trabajo a distancia", como recoge el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores). El trabajo a distancia no solo es el efectuado en el domicilio, aunque, debido al confinamiento decretado, es el lugar preponderante donde se realiza la prestación laboral. Se calcula que solo un 7,9% de las personas ocupadas trabajó en 'remoto' (aunque fuera ocasionalmente) en el cuarto trimestre de 2019.

Los medios de comunicación, además de enunciar las innumerables ventajas de trabajar desde casa -entre las que incluyen el poder trabajar en pijama-, nos recordaron la 'brecha' en teletrabajo que nos separa de otros países de Europa. Como es habitual, se olvidaron de informar sobre las diferencias que nos alejan en otros parámetros sociolaborales, como: contratos desechables; salarios paupérrimos; jornadas y horarios desbocados; libertad sindical vigilada.

El foco, como siempre, se dirige a reducir la distancia en un punto concreto; obviando el resto de elementos laborales y del contrato de trabajo, que puedan redundar en una mejora significativa de los derechos y condiciones de trabajo de los asalariados.

Es obvio que ante la disyuntiva entre perder ingresos o el puesto de trabajo y teletrabajar, ésta última será la opción mayoritaria. En el caso del coronavirus covid-19 -y bajo motivos de salud pública-, hay interpretaciones jurídicas que apuntan a que el teletrabajo, cuando sea posible, no es una opción sino una obligación.

Y nos encontramos a los (tele)trabajadores y (tele)trabajadoras montando la oficina en casa. En el salón, en la cocina, en la habitación -los metros cuadrados de una vivienda modesta no dan para más-. En el mejor de los casos, se produce un traslado de los costes de producción empresariales al propio asalariado: ocupación de espacio físico doméstico; consumo de electricidad, iluminación, conexión a internet (fagocitada de la contratada para el hogar). En no pocas ocasiones será el empleado el que aporte sus propios recursos: su ordenador, su teléfono móvil.

Cuando terminen las semanas o meses de teletrabajo por coronavirus, sería interesante conocer la opinión de los fervientes admiradores y admiradoras del trabajo a distancia. Si continúan con el mismo punto de vista inicial, o han visto modificada su postura. Y en esta hipotética encuesta, no estaría de más preguntar también por su espalda, cervicales, lumbares, ojos, muñecas; su estado psicofísico -a la dureza del confinamiento hay que sumar el confinamiento laboral-.

La norma (ET) dispone que "los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud". Las condiciones ambientales domiciliarias, difícilmente van a reunir los requisitos ergonómicos mínimos; lumínicos, posturales y físicos, para la prestación laboral en la jornada de trabajo. El puesto de trabajo, en la silla y la mesa del salón, no va a ser evaluado por el servicio de prevención. Con lo que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de aplicación también en el trabajo a distancia, será un papel mojado más.

"Los trabajadores a distancia podrán ejercer los derechos de representación colectiva conforme a lo previsto en esta ley [ET]". Otra bonita declaración de intenciones. Si a la pérdida de la conciencia de clase trabajadora sumamos la acción de los sindicatos burócratas, pactistas y posibilistas: ¿qué derechos se van a ejercer desde casa, cuando ni siquiera se ejercen en el centro de trabajo?; ¿qué actuaciones va a acometer al respecto la Inspección de Trabajo y Seguridad Social?, ¿cómo va a controlar el fraude de los teletrabajadores incluidos en ertes o eres?

Las herramientas de trabajo estarán cerca y disponibles las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. Un maquinismo tecnológico que facilitará la prolongación de la jornada de trabajo -frecuentemente sin retribuir ni compensar-. Se incumplirán los horarios y los descansos (diarios y semanales). Ante estas situaciones, el sistema de fichaje y control de presencia tendrá poco efecto paliativo: sabemos que es alterable y manipulable.

El teletrabajo desplaza al trabajador o trabajadora de la interrelación en el centro de trabajo al aislamiento teleasistido. Acentúa la individualización de la fuerza de trabajo, en detrimento de la fuerza colectiva de los trabajadores. La falta de modulación, control y limitación del trabajo a distancia, aliena y puede derivar en explotación laboral. Y en la continuación de la (constante) pérdida de derechos laborales, acentuada por el impacto de la pandemia. Formará parte de esa inquietante "nueva normalidad" que el sistema quiere imponernos.

Más justicia social y tributaria, menos mercadotecnia de covid-19

Abundan en los ​medios de comunicación​ las noticias relacionadas con gestos, en forma de acciones, donaciones y ayudas, por parte de grandes empresas y corporaciones, motivadas por el coronavirus SARS-CoV-2. Una reacción habitual es la de pensar que "a caballo regalado no le mires el diente".

Cabría hacerse, al respecto y en relación a estas empresas y empresarios, varias preguntas. 

En primer lugar, cómo son sus medios de producción y venta; su impacto en el planeta; las condiciones laborales que los proveedores aplican (o imponen) a su mano de obra. 

En segundo lugar, cómo son las condiciones laborales de sus trabajador​e​s: salario, horario, tiempo de trabajo y descanso, conciliación, igualdad, salud laboral, convenio colectivo (si lo hubiere). 

En tercer lugar, cuál es su nivel de contribución fiscal a la sociedad: ​qué​ impuestos​ presentan​ y cuánto pagan; si aplican o no ingeniería tributaria para la elusión fiscal; si operan, de forma directa o indirecta, a través de paraísos fiscales. 

En cuarto lugar, cómo se comportan con su personal, tanto en el Estado de Alarma por el coronavirus, como antes (y después): han presentado eres o ertes; han despedido; modifican sustancialmente las condiciones de trabajo; respetan o por el contrario presionan para evitar el ejercicio del derecho de huelga; facilitan o entorpecen la libre sindicación y la acción sindical; pagan puntualmente el salario real y legal, y sus cotizaciones; pagan o compensan las horas extraordinarias; cumplen en el trabajo con las condiciones adecuadas y preceptivas de prevención de riesgos laborales. 

No nos olvidemos de las eléctricas y gasísticas. Son muy activas en 'solidaridad', pero, que sepamos, no han bajado el precio desproporcionado que nos facturan a los consumidores. Y la prohibición de cortar los suministros de energía​ a los hogares​, durante el confinamiento, se debe a un decreto gubernamental, no a su iniciativa. 

Antes de aceptar regalos envenenados (y con importantes deducciones fiscales incluidas), exíjase, primero, el pago realmente proporcional de impuestos; un trato justo a los trabajadores y a los recursos naturales del planeta; y respeto por el resto de seres vivos. Después, toda la ayuda y donaciones que quieran. Esto sí sería una buena mercadotecnia; aunque la mejor, por inexistente, es la de quienes donan y ayudan de forma anónima.

También sería un detalle, de los contribuyentes altruistas -incluidos los particulares y personajes más o menos famosos-, que excusaran escenificaciones próximas a la caridad y beneficiencia, evitaran el postureo en redes sociales, y se acercaran más a la dignidad de la persona.

El final de la COVID-19 lo dictará la economía

El final de la versión dura del confinamiento no lo va a marcar la salud de los ciudadanos: lo dictará la economía. Realmente lo viene marcando desde el principio, aunque no forme oficialmente parte del Comité Técnico-Policial-Militar de la COVID-19, que vemos aparecer cada día en las ruedas de prensa.

Una muestra significativa de quién marca el paso es el final del "período de hibernación", después de la Semana Santa. La vuelta al 'tajo' en actividades "no esenciales", según los criterios gubernamentales. 

Falta que a las cifras de contagios, fallecimientos y altas hospitalarias, y las de detenciones y sanciones por 'escapar' del confinamiento/encarcelamiento, se añada el correspondiente decrecimiento diario del PIB.

Ana Botín se lo ha dicho claramente al Gobierno: "Los jóvenes e inmunizados deben volver cuanto antes al trabajo" -amén-. Le ha faltado añadir: los que conserven su puesto de trabajo, o consigan que les contraten. Y, ¿a qué sistema económico y de relaciones laborales se van a reincorporar? Exactamente al mismo que había antes de la pandemia por coronavirus. 

El mismo sistema capitalista neoliberal. Pero con las arcas públicas vacías; la desigualdad socioeconómica y la pobreza multiplicadas al mismo ritmo que la expansión de la infección vírica. Vuelta a las mismas reglas del juego financiero, pero en un país devastado.

Las consecuencias del caos normativo dictado bajo la etiqueta de rescate social, y los instrumentos para "que nadie se quede atrás", poco -o nada- van a aliviar el sufrimiento y las necesidades de las clases desfavorecidas. Sin mencionar la escasa colaboración de los organismos administrativos implicados: Seguridad Social, SEPE, y autoridades laborales autonómicas. En lugar de adaptarse a las necesidades de los afectados, son éstos -y sus asesores legales, quien pueda permitírselo- los que tienen que adaptarse a los requisitos burocráticos; con un continuo cambio de criterios, descoordinación entre áreas y organismos, y problemas telemáticos e informáticos.

Millones de trabajadores están afectados por ertes de fuerza mayor por la covid-19, a pagar con fondos públicos. De la exoneración de la cotización a la Seguridad Social (100% en las empresas de menos de 50 trabajadores) se van a beneficiar las grandes empresas y corporaciones, teniendo que abonar solo un 25% de las cuotas.

No hablemos del "prohibido despedir por el coronavirus", de los mismos autores del prohibido despedir "por estar enfermo". En ambos casos se puede seguir despidiendo, pero pagando una indemnización de 33 días por año -en lugar de 20 días por año-; suponiendo que el trabajador o trabajadora impugne el despido y se sentencie como improcedente.

Con la caja pública en números rojos, y la reducción de ingresos fiscales y de cotizaciones sociales, 'su' economía no va a necesitar un 'rebote', sino más bien un cohete propulsado a la velocidad de la luz.

Y no olvidemos que nos encontramos en Estado de Alarma, por segunda vez en 'democracia' (o "régimen del 78", que diría la furibunda portavoz del PP en el Congreso) -aunque al presidente Sánchez se le olvidó el Estado de Alarma decretado por la huelga de los controladores aéreos, en el año 2010-. Una cuasidictadura constitucional, con plenos poderes del ejecutivo, en la que se ha asumido con total normalidad la pérdida de libertades y la generosa presencia coercitiva, junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las fuerzas armadas en las calles desalojadas. Esta concentración por decreto de poderes institucionales queda a un corto paso de sistemas totalitarios.

Nos consolaremos con la certeza de que las derechas y ultraderechas terminarían de rematar el más mínimo vestigio de lo público. Y, si nos descuidamos, los militares no volverían a los cuarteles.

COVID-19: Los despidos en la pandemia del coronavirus

Tras la expectación creada por el anuncio de​l viernes​, por parte de la ministra de trabajo, de la prohibición de despedir, v​ino​ el texto del BOE, publicado ​al día siguiente​.

Es oportuno comenzar indicando que contiene elementos positivos para los trabajadores. Pero vayamos al asunto de la prohibición de despedir. 

Tal y como se anunció, la interpretación jurídico-laboral lógica es que los despidos "por coronavirus" serían considerados nulos. Es decir, la empresa tendría que readmitir obligatoriamente al trabajador. Y, si no lo hiciera, o readmitiera irregularmente, el asalariado seguiría cobrando su sueldo y cotizando a la Seguridad Social -todo ello tras instar, judicialmente, lo que se denomina 'incidente de no readmisión'-.

Pero los despidos de la pandemia no van a ser nulos. Serán improcedentes, con su correspondiente indemnización. Y ello, contando con que el/la trabajador/a lo impugne ante la jurisdicción social, claro. 

Significa que los patronos no podrán aplicar despidos objetivos, de indemnización sensiblemente más baja. 

Lo anterior nos lleva a recordar que el despido, en España, es libre, indemnizado y barato -con las últimas reformas laborales, mucho más barato-. 

Haciendo un poco de historia, y a propósito de la reciente conmemoración de los cuarenta años de la aprobación del Estatuto de los Trabajadores (1980). El ET instauró la piedra filosofal de la legislación laboral española; claramente flexible y favorable a los empresarios -cuyo anhelo es un despido libre y gratuito-. Desde la aprobación de la norma, y en lo que respecta a los despidos sentenciados como improcedentes, la opción entre la readmisión o la indemnización le corresponde a la empresa, no al trabajador. 

No sabemos si habrá un primero de mayo sin confinamiento. A lo mejor sería una oportunidad para que los trabajadores recobraran la conciencia de clase. Y recapacitaran de a dónde les han conducido los gestores burócratas de los grandes sindicatos. Nunca es tarde si la reacción es buena. 

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"El Gobierno impedirá el despido justificado por causas relacionadas con el Covid - 19"

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3759

COVID-19: El Estado debe intervenir y ocupar los establecimientos sanitarios privados

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Vivimos tiempos de desinformación. El COVID-19 ha agravado, en una proporción considerable, el oscurantismo e intoxicación habituales provenientes de los grandes medios de comunicación. Otro peligroso virus, informativo.

Los platós de televisión siguen contando con las mismas caras y voces. Han debido de estudiar un curso acelerado por correspondencia, para reconvertirse en científicos, virólogos, epidemiólogos, neumólogos...

No hemos visto, oído o leído, ninguna información que indique la intervención y ocupación de camas hospitalarias privadas. Tal y como autoriza el artículo 13.b) del decreto (lamentablemente "Real" decreto) 463/2020, por el que se declara el estado de alarma. (*)

Norma que también autoriza la intervención de los establecimientos del sector farmacéutico. Nos gustaría saber la justificación de esta inacción, en las circunstancias de alerta sanitaria actual, y con el déficit de camas y recursos sanitarios públicos -humanos y materiales-.

Al fin y al cabo sería una reversión, temporal, que no haría justicia al saqueo neoliberal ejercido en la sanidad pública en las últimas décadas. Es indignante escuchar a las extremas derechas en sus exigencias de dotar de medios a la misma sanidad que ellos han ninguneado y desmantelado. Tan indignante como sus genuflexiones lacayas ante los corruptos reyes borbones.

En la bonanza económica todas estas legiones de bucaneros capitalistas neoliberales preconizan el libre mercado, la libre empresa, y el enriquecimiento sin fin. La fuerza del capital a costa de la fuerza del trabajo -la espalda de la clase trabajadora- y el sufrimiento de la pobreza. En tiempos de crisis, tocan a la puerta del papá Estado, para que les ayuden; y dejan en la cuneta, como siempre, a las clases populares. ¿Dónde están -recuerden- los 60.000 millones de euros del rescate bancario? ¿Cuántos, de los 200.000 millones de euros de "rescate del coronavirus", van a llegar a la población realmente necesitada?

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(*) Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(...)
Artículo 13. Medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública.
El Ministro de Sanidad podrá:
(...)
b) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el sector farmacéutico.
(...)

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692

Ahora van a por los estibadores portuarios

Parece ser que, en España, todavía quedan trabajadores privilegiados. Esta especie en extinción se distingue por unas determinadas características, a cual más escandalosa e intolerable.

Su contrato es indefinido ("fijo"), y a jornada completa. Tienen por costumbre recibir el abono de sus nóminas, íntegro, una vez al mes. Su salario, sin llegar a alcanzar para muchos dispendios, puede calificarse como digno.

No realizan horas extraordinarias ilegales. Se respeta su horario, descanso entre jornadas y descanso semanal. Disfrutan íntegramente de sus vacaciones y permisos reglamentarios.

Estos trabajadores insolidarios alimentan uno de los cánceres del mercado de trabajo: la dualidad laboral. Gozan de ventajas de las que están excluidos el resto de trabajadores; convertidos, por imperativo legal, en parias.

Con el actual marco jurídico de relaciones laborales, adecuado convenientemente para fulminar derechos, solo queda identificar, estigmatizar y neutralizar a los colectivos privilegiados.

Y, en esta lucha sin cuartel, las fuerzas dominantes han encontrado un nuevo objetivo: los estibadores portuarios. "Los estibadores no pueden tener estos privilegios en el siglo XXI", dice la patronal. Se atreven a defender sus derechos, trabajados y sudados durante muchos años. Osan movilizarse, protestar, convocar una huelga y, además, provocando incomodidades y problemas de abastecimiento de mercancías. ¡Habrase visto!

La Unión Europea ordena liberalizar el sector de la estiba y desestiba de buques. Tenemos experiencia de lo bien que nos va con otros sectores estratégicos liberalizados: energía (electricidad y gas), comunicaciones, transporte. Teórica competencia, oligopolios de facto; con los que unos pocos privilegiados se hacen millonarios, en detrimento de los servicios públicos.

Los representantes de los trabajadores de la estiba denuncian que el decreto del Gobierno de Madrid va más allá del mandato de Bruselas. El colectivo de insolentes proletarios estibadores, con su afiliación sindical voluntaria, no tiene tanto poder como otros colectivos corporativistas, de colegiación obligatoria. Para estos colegiados la liberalización no ha ido tan lejos; pese a afectar, igualmente, a la libre competencia y a los consumidores y usuarios.

Toca, pues, la estiba. Un trabajo duro, penoso y peligroso. Un colectivo de trabajadores con conciencia de clase obrera y, para más inri, con un sindicato dispuesto a defender sus derechos.

Uno de los problemas es la dualidad laboral. La solución que nos dan es eliminarla. ¿Cómo?: pasando todos al colectivo mayoritario de parias laborales. Y manteniendo la dualidad social: una élite privilegiada, cada vez más rica; frente a una inmensa mayoría de pobres, con trabajo o sin él.

Vamos. Llegó la hora de los estibadores.

¿Vivimos en un Estado de Derecho?: 'Ciutat Morta'

Hace años que descarté la existencia del Estado Social. Tras el visionado del documental "Ciutat Morta" ('Ciudad Muerta'), dirigido por Xavier Artigas y Xapo Ortega​, ​tengo serias dudas de vivir en un Estado de Derecho. ​

Duro, impactante y de calidad​​; un revulsivo para las conciencias. ​Trata sobre el conocido como "caso 4-F" (Barcelona, 2006), ​sobre​ el desalojo de un edificio ocupado, que desembocó en la agresión a un agente municipal, por la cual quedó en coma vegetativo. Y en la venganza policial, con la detención irregular y torturas de varios jóvenes; dos de los cuales, Patricia Heras y su amigo, ni siquiera estaban en el lugar de los hechos. Su injusta condena. Y la decisión tomada por Patricia, tras el calvario sufrido, de quitarse la vida. Relato docudramático, de unos hechos brutales, que te revuelven interiormente.

El trabajo es de 2014, y ha obtenido varios reconocimientos. Se ha popularizado a raíz de su emisión (tras múltiples trabas), en enero de este año, en la televisión pública catalana. Eso sí, con los cinco minutos censurados (por orden judicial, y que pueden visionarse en la versión íntegra de Internet) de la comparecencia ante el juez de Víctor Gibanel, ex​ jefe de información de la Guardia Urbana de Barcelona.

Además del componente humano, y los impactantes testimonios de los protagonistas, es significativo el relato de los hechos por parte de los abogados; las irregularidades de la instrucción –indignante el comportamiento de la tristemente conocida jueza–, y el falso testimonio y torturas policiales. Muy ilustrativamente nos recuerdan que hay jueces en el Tribunal Supremo que juraron las franquistas ​Leyes​ Fundamentales del Movimiento. Se afirma, acertadamente, que si bien la (no tan modélica) Transición fue fallida, en el poder judicial ​ni siquiera se ha efectuado –no olvidemos que un juez​, Baltasar Garzón,​ fue apartado de la carrera judicial por intentar instruir la causa de los crímenes franquistas–. Y que la ideología mayoritariamente conservadora de la judicatura se refleja en las sentencias​: es de ilusos pensar que la ideología de los jueces (conservadora o progresista) queda fuera de la redacción de las sentencias.​

La Fiscalía se niega a reabrir el caso. El Tribunal Supremo, ¡incrementó las penas de los condenados! El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se limita a criticar las "descalificaciones gratuitas" del documental. Sólo queda la esperanza de​ un posible recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y/o la inculpación del verdadero autor material de la agresión.

El documental contribuye a mantener vivo el recuerdo de Patricia Heras y, en cierta forma, a otorgarle la justicia que le fue negada por los tribunales. Patri, In Memoriam.

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¿Vivimos en un Estado de Derecho?: "Ciutat Morta" ('Ciudad Muerta'), documental completo (subtitulado en castellano): http://youtu.be/BF28b04mhck

Caja Madrid / Bankia: negros estómagos agradecidos a Blesa y Rato

Miguel Blesa y Rodrigo Rato.

​Frecuentemente se utiliza la expresión "meter la mano en la caja", para referirse a quien se ha apropiado del dinero ajeno. En la empresa privada es un claro, comprensible y legalmente procedente motivo de despido (disciplinario). La jurisdicción social dictaminará si la causa defendida y pruebas aportadas por la parte patronal son merecedoras del máximo castigo; o bien sentenciará la improcedencia del despido y la consiguiente indemnización del trabajador. En cualquier caso, salvo retorno al puesto de trabajo por causas de nulidad u opción de readmisión, el trabajador o trabajadora ya llevarán tiempo en la calle.

En la banca dicha máxima adquiere dimensión de mandamiento. Se supone que quienes se dedican a comprar y vender dinero (y especular con él) deben de cuidar al máximo el dinero físico y virtual de sus cajas fuertes. En las extintas cajas de ahorro (actuales bancos "nacionalizados"), podríamos decir que existía (o debería haber existido) un peldaño más de exigencia y ética; al tratarse de entidades dotadas de obra social y un estatus especial carente de acciones bursátiles.

Recuerdo los discursos de la dirección de relaciones laborales de Caja Madrid/Bankia, cuando trabajaba en la Caja (lo hice durante casi treinta años), y actuaba en calidad de representante unitario de los trabajadores y representante sindical​.​ ​E​xpresa​ba​ su pesar, ​cuando tenía que sancionar y despedir a padres de familia. Ya saben, "por meter la mano en la caja". Lástima que no pudieran experimentar tales sensaciones con los ladrones y saqueadores que gobernaban la centenaria institución.

Mucho se ha hablado del asunto de las tarjetas negras/'blacks'/opacas. Como ya se ha dicho, su existencia en sí misma y su opacidad fiscal son reprobables y repugnantes "per se". Pero el origen no resta importancia a la aplicación y uso.

Mientras a los trabajadores de Caja Madrid, en sus desplazamientos profesionales y de formación, se les daba el clásico 'ticket restaurant' para comer un menú, y tenían que liquidar y documentar (como debe ser) cualquier kilómetro gastado en gasolina, metro, autobús, o taxi; sus directivos, ejecutivos y consejeros, se pegaban la vida padre. Ya conocen los millones de euros públicos empleados en comilonas y viajes de placer con la familia (o sin ella), clubs de alterne, discotecas, safaris, joyas, arte sacro, etc., etc.

Al tiempo que en las mesas de negociación se regateaba (y negaba) cada euro de mejora retributiva y social de los empleados, tanto en la Entidad como en el sector de Ahorro; sus mandamases se fijaban retribuciones millonarias. Emolumentos que debían parecerles escasos, al "complementarse" con tarjetas de empresa. Ni Miguel Blesa ni Rodrigo Rato se enteraban de lo que llevaban en la cartera. Ildefonso Sánchez Barcoj (otro de los grandes agraciados de las tarjetas)​ –que sólo era el director financiero–​, ha dicho que las tarjetas de empresa dependían de la secretaría de Presidencia.

Y qué decir de Auditoría (la interna de Caja Madrid, sin olvidamos de la ausente del Banco de España). La misma auditoría que escrutaba informáticamente hasta el último euro de movimiento en las tarjetas y cuentas de los empleados​ –y, si presumía cualquier movimiento "anómalo", daba parte a Relaciones Laborales, que podía incoar expediente disciplinario–​, resulta que no se enteró de los millones anotados en cuentas contables de fraudes de tarjetas y gastos de representación.

Tampoco pasan desapercibidos los regalos por la asistencia a las asambleas generales (habitualmente se celebraban varias al año). De estos "presentes" no se libra nadie: políticos, empresarios, sindicalistas, prohombres... Teléfonos móviles, agendas electrónicas, ultraportátiles ('netbooks'), etc. Muchas decenas de miles de euros por cumplir con la obligación de asistir a las asambleas​. Así se contentaba, como a los niños, a los consejeros que no estaban dentro del círculo 'vip' de las 'black'.​

El sindicato al que pertenecía (federado a la anarcosindicalista CGT) consiguió un representante en la Asamblea General​.​ ​E​l cual aceptaba también (generalmente en silencio) los obsequios de asistencia. Este mismo representante (sin tarjeta de empresa​; no pertenecíamos al grupo de sindicatos "oficiales" e "institucionales"​) ingresaba a la sección sindical los emolumentos por la asistencia a las asambleas​.​ ​E​so sí, a su manera: restaba a la cantidad percibida el tipo máximo de retención del IRPF. No hubo forma de hacerle entrar en la cabeza que, anualmente y coincidiendo con la declaración de la renta, tenía que ajustar cuentas y ver el impacto real en su declaración (bien a favor, bien en contra).

La alegría, por el hito de que un sindicato alternativo ("minoritario", utilizando la terminología oficial) consiguiera un representante en la Asamblea, pronto se olvidó. Es cierto que éramos la única organización sindical que hacía un discurso crítico y de denuncia; que votaba en contra (o se abstenía) ante el obscurantismo en la gestión (incluidas las cuentas anuales). Pero no es menos cierto que sudaba tinta cada vez que había que consensuar, en el secretariado permanente y la sección sindical, y con "nuestro" consejero general, las intervenciones y el sentido del voto. Hay que recordar que estos puestos de representación (en este caso por la parte social) son personales e intransferibles; y que no puede evitarse que los consejeros hagan lo que ​les plazca.

No hablamos del clásico Lazarillo de Tormes, que distrae alimentos a su amo ciego, para no morir de hambre. Se trata de ​"​si al de al lado se lo dan, yo no voy a ser menos​"​. El puesto está a mi servicio, yo no estoy al servicio del puesto. La poltrona es mía y, si nadie me lo impide, por el mayor número posible de años; y, si el tiempo apremia, a aprovechar intensamente mientras dure. La avaricia y falta de escrúpulos explican el viaje desde el menudeo de los trajes regalados, ​de las comidas y bebidas espirituosas, ​hasta el dinero público dilapidado en faraónicas e inútiles obras. De la financiación ilegal de partidos, obras de reforma en ​sus ​sedes y campañas electorales (PP), a las cuentas multimillonarias en Suiza​;​ con dinero negro a raudales. La corrupción existe porque hay corruptores y corruptos dispuestos a corromperse.

Estaría bien que los que defienden la extinción de las cajas de ahorro, entidades politizadas donde las haya, y también, alaban el sistema bancario español y europeo, nos explicaran varias cosas. Por qué nos gastamos decenas de millones de euros públicos en nacionalizar entidades para privatizarlas después, sin recuperar los millones utilizados en el rescate –una mentira más del Gobierno–. Por qué no consideran rescate a la banca "sociedad anónima", los millones que recibieron del BCE, con los cuales especulaban impúdica e impunemente. Si las cajas de ahorro (y sus obras sociales) eran tan ineficientes y despilfarradoras, cómo es posible que Kutxabank (fusión "fría" de las tres cajas vascas: BBK, Kutxa y Caja Vital, y la andaluza CajaSur), según las pruebas de "estrés" del Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea, es el más solvente del sistema financiero español.

No es de extrañar que Blesa aguantara tres lustros haciendo lo que le daba la real gana. Llegó con un pacto político-sindical, PP​ ​-​ ​CC OO. Arruinó Caja Madrid, y estafó a miles de preferentistas. Y Rato firmó la sentencia de muerte de la tricentenaria Caja, y expulsó a cientos de empleados, en forma de Bankia. Los estómagos agradecidos que les pusieron, apoyaron y mantuvieron​ (a ellos y a toda su tropa)​, deben de estar tan negros como las famosas tarjetas.

Abdicación de Juan Carlos I y proclamación de Felipe VI: el nudo franquista

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"Todo va a seguir igual". Así contestó la reina consorte Sofía de Grecia, en su reciente visita a la ONU, al ser preguntada por la abdicación de su cónyuge, el rey Juan Carlos I.

Una corta y significativa frase, digna heredera de la conocida "Todo está atado y bien atado"​, atribuida al sanguinario dictador Francisco Franco. Todo va a seguir igual, a la velocidad del rayo. Si en un fin de semana reformaron la Constitución, para introducir un techo de déficit público. Si en pocos días se cargaron la justicia universal, para contentar a norteamericanos y chinos –y dejar en la impunidad a asesinos, genocidas, torturadores, piratas, tratantes de blancas, narcotraficantes–. En dos semanas van a dejar ventilado el asunto de la sucesión dinástica borbónica. Si pusieran el mismo ahínco y rapidez en medidas contra el gran fraude fiscal, sociales, y redistributivas del trabajo y la riqueza, seríamos la envidia de Europa.

Los españoles seguimos siendo inmaduros para decidir el modelo de jefatura del Estado. Los poderes fácticos se encuentran muy cómodos con una monarquía títere que les ampara. Es un riesgo inútil preguntar al pueblo; no vaya a ser que opte por la república. Una presidencia de la república a elegir cada varios años; ¡qué lío! Mejor el mismo –en masculino, gracias a la Ley Sálica (establecida en España por Felipe V)–, durante varias décadas.

Resulta curioso y sospechoso el cambio de criterio de Su Majestad el Rey. De no quererse ir ni a tiros (de cazería de elefantes), ni a hija e hijo político imputados, pasa, en pocos meses, a abdicar del trono. Su mensaje de abdicación tardó horas en ser grabado; dicen que por las lágrimas de emoción. Podrían ser lágrimas de rabia, por verse obligado a dejar el "cargo" vitalicio y hereditario. Por abdicar, a regañadientes, de la Corona. Le ha ganado la partida Isabel II del Reino Unido –quizá por la ayuda de la ginebra, como en el caso de la Reina madre–.

Desde luego el momento ha sido estratégico. Aprovechando la actual mayoría absoluta (y absolutista) parlamentaria, PP-PSOE. Después del batacazo electoral en las Elecciones Europeas; con la sorpresa de Podemos y el repunte del voto de izquierdas. No debían tener muy claro que los resultados electorales del próximo año les permitieran colocar y colarnos, por segunda vez tras el franquismo, a un Borbón.

Le tienen más miedo a las próximas elecciones que al desempleo, la pobreza y la desigualdad. No se olvidan de las Elecciones Municipales de 1931, cuyo resultado supuso la proclamación de la II República Española. Es una cuestión ética y estética, no genética. Es la sincronía de la elección popular, frente a la anacronía de la perpetuidad dinástica.

Todo el aparato mediático estaba dispuesto para la campaña de márquetin monárquico. Publirreportajes y monográficos en la prensa escrita; programas de radio y televisión. Juan Carlos I, el libertador y padre de la patria, héroe del golpe de Estado de 1981 (?), valedor de la democracia. Felipe VI, el discreto y muy bien formado, heredero de la mejor genética de cada uno de sus regios progenitores. La progresía periodística, de la mano del "TDT party". Escenarios cómodos, como actos con empresarios y plazas de toros, para asegurarse los aplausos.

Si pudieran utilizarían el método Ludovico ("La Naranja Mecánica", novela y película) forzándonos, mediante drogas y ojos permanentemente abiertos, a contemplar el descarado y estomagante lavado de cerebro promonárquico. Si no pueden condicionar a los jóvenes, o a las cientos de miles de personas que salieron a las calles reivindicando un referéndum, siempre les quedarán los niños –y el ministro Wert–. Total, estos cientos de miles de ciudadanos republicanos, son a sumar al millón docientos mil frikis que votaron a Podemos. Afortunadamente cada vez les cuesta más narcotizarnos. Nos quedan varias semanas/meses por delante: primero la abdicación; después la proclamación (coronación, entronización); luego el mundial de fútbol; a continuación más Felipe VI y reina consorte Letizia...

Del anciano Rey cazador campechano, pasamos al joven Rey superpreparado. Tan formado como tantos miles de jóvenes españoles. De los que tienen que abandonar el país en búsqueda de empleo. De los que podrían optar a ser presidente o presidenta de la república; sin importar la nobleza de su cuna y de su sangre, ni su sexo. Felipe de Borbón siempre podría presentarse como candidato a la presidencia de la república; pero en igualdad de condiciones respecto al resto de sus conciudadanos –que no súbditos–. Su padre, ahora que perderá por unos meses su irresponsabilidad penal, ¿responderá de dónde proviene su multimillonario patrimonio? Máxime cuando, según parece, llegó al trono con una mano delante y otra atrás. No se llegará a tal situación, ya lo están apañando: lo incluirán en la enorme lista de los 10.000 aforados españoles; de los cuales 2.300 son políticos –Alemania, Reino Unido, Estados Unidos: ninguno; Portugal e Italia: sus presidentes–.

El nudo del franquismo es muy fuerte. No permiten que el pueblo lo desate, pacíficamente y con la fuerza de las urnas. Pero un nudo puede deshacerse de dos formas. Como manifestó Alejandro Magno, tras conquistar Frigia y cortar el nudo gordiano: "Tanto monta cortar como desatar". La tercera está más cerca. Ya nada sigue igual. Nada será igual.