Petrificar la Constitución Española

El día 6 de diciembre se conmemoró el trigésimo cuarto aniversario de la Constitución Española (CE, 1978). Carta Magna por cuyo regalo debemos estar eternamente agradecidos a sus padres político-jurídicos. Próceres coetáneos responsables de la Sacrosanta Transición española.

Vimos, como cada año, a los grandes estadistas que nos gobiernan; orgullosos de la (casi) intocable Ley de leyes. Encantados y seguros de tratarse de la herramienta justa, necesaria e inmutable para marcar la convivencia pública y jurídico-administrativa presente y futura. En sus corrillos con los periodistas. Con sus discursos, de pobre oratoria; barrocos y huecos, cada vez más alejados de la realidad y las necesidades y deseos del pueblo.

Como no había otra posibilidad, debemos de besarles los pies por decidir en nuestro nombre y habernos colado una monarquía (parlamentaria y democrática); con un campechano Rey cazador, y una amplia Familia Real. Aunque se trate de un régimen de jefatura del Estado sanguínea y decimonónica no tenemos derecho a quejarnos, pues hay otras monarquías en otros países de nuestro entorno. El hecho de que no se deshiciera el nudo que el sanguinario dictador Franco dejó tan bien atado es una cuestión nimia, son daños colaterales de una "paz duradera".

Pero la inmutabilidad de la Constitución es relativa. En diez minutos del año 2011 el PSOE y el PP acuerdan una reforma "exprés" para introducir (en el título VII, Economía y Hacienda, artículo 135) un límite de déficit público. La primera reforma en treinta años; por vía de urgencia y sin referéndum –ya saben, no somos lo suficientemente maduros como para decidir democráticamente este tipo de cuestiones–, que esto de consultar al pueblo es un lío inútil.

Como no tienen arrestos para consultar a la ciudadanía sobre la instauración (más bien restauración) de una República –por el miedo al sí–, ni siquiera tienen la decencia de reformar el artículo 57, que otorga preferencia (en el mismo grado) al varón sobre la mujer. Herencia de la Ley Sálica (Lex Salica), "Ley de Sucesión Fundamental" de Felipe V (1713). Norma por la cual las mujeres pueden heredar el trono caso de no existir herederos varones. Gran modernidad, del siglo XVIII. De la "Una, Grande, Libre", a un actualizado "Dios, Patria, Rey".

Tampoco nos debe extrañar mucho, dada la facilidad que nos caracteriza para petrificar leyes; especialmente las que protegen a los poderosos. Así, tenemos una legislación hipotecaria (del año 1909) que desampara al deudor desahuciado y privilegia al banco de la hipoteca. No es que lo diga yo; lo dice la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Recientemente el Gobierno, según él "sensibilizado" por el drama de las familias echadas a la calle y las desgracias de los suicidios que "alarman" a la opinión pública, ha parcheado la aberrante normativa con una muy limitada e insuficiente moratoria de dos años, que no soluciona el problema –lo aplaza y agrava– y que, por supuesto, no se atreve con la gran banca: sigue sin instaurar la dación en pago obligatoria en la ley hipotecaria. Es por nuestro bien, por el sagrado principio (de mercado) de "seguridad jurídica" (de los bancos rescatados y/o financiados con dinero público).

También tenemos una legislación de indultos que data de la segunda mitad del siglo XIX: la vigente Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto. Una ley por la que se indultan a delincuentes de "guante blanco": banqueros, ejecutivos, políticos; a policías torturadores. Y se ingresa en prisión, por ejemplo, a extoxicómanos rehabilitados y reinsertados hace años.

Desde el año 2000, ejerciendo esta potestad discrecional, han sido indultados (total o parcialmente) 226 reos por delitos contra la Administración Pública: prevaricadores; malversadores; cohechadores. El 55% de las penas de inhabilitación para empleo o cargo público son indultadas (total o parcialmente).

Pero volvamos a la Constitución. En estos tiempos de recortes (ideológicos) despiadados, económicos y sociales, qué nos pueden decir nuestros gobernantes sobre algunos de los derechos que, sobre el papel, contiene.

Derecho a la educación (artículo 27). Recortes al sistema educativo. Menos docentes; menos medios; menos aulas; muchos más alumnos por aula; menos apoyo a los alumnos con necesidades de refuerzo. Subida espectacular de tasas; disminución de becas. Enseñanza para las élites; más sesgada; más católica; menos plurilingüe.

Derecho al trabajo (artículo 35). 900.000 parados más en el último año. Reforma laboral que facilita y abarata el despido; otorgando al patrono un poder casi absoluto y una flexibilidad amplísima.

Derecho a la protección de la salud (artículo 43). Menos hospitales y centros de salud; menos camas hospitalarias; menos facultativos; privatización de los centros y mercantilización de la salud.

Acceso a la cultura (artículo 44). Cultura más cara: cine, música, teatro, literatura, ...; al tiempo que se mantienen los privilegios de determinados espectáculos deportivos, como el fútbol; o de tortura animal, como las corridas de toros.

Derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (artículo 47). Miles de familias desahuciadas, echadas a la calle. Por los mismos bancos que reciben y/o se financian con decenas de miles de millones de euros públicos. La banca sí que es ayudada y/o rescatada; los ciudadanos todo lo contrario, son continuamente pateados.

Atención a los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales (artículo 49). Disminución importante de las ayudas a los dependientes y de sus cuidadores (muchos de los cuales dejaron sus puestos de trabajo para atender a familiares). Asfixia por el retraso en el abono de las ayudas y de los fondos a los centros, muchos de los cuales se ven abocados a cerrar y/o dejar de prestar sus servicios.

Leyendo estos artículos del Título I de la CE, "De los derechos y deberes fundamentales", de esta Constitución Española (casi) inmutable, los ciudadanos podemos concluir que los políticos y gobernantes nos toman el pelo. Con más valentía que ellos y sin poderosos que proteger, decimos que primero se debe cumplir y hacer cumplir y, después, reformarla (que falta hace).