Seguro que a nadie le ha gustado la imagen de una empleada de supermercado llorando. Ni la del manotazo que recibió la misma empleada cuando intentaba evitar que sacaran uno de los carros de la compra hurtados por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).
Portavoces del propio SAT aseguran que se han disculpado por ese hecho y las circunstancias de tensión que se produjeron. Dicho lo cual, sería apropiado valorar el fondo de la cuestión.
El sindicato ha manifestado que se trata de una acción simbólica de denuncia. Pese a que las grandes superficies donan toneladas de comida a los bancos de alimentos y comedores sociales, más de un 80% de los alimentos caducados se siguen tirando al cubo de la basura.
En la España del siglo XXI, pese a las organizaciones sociales y los comedores sociales (y gracias a la dejadez y omisión del propio Estado), hay miles de personas que no comen tres veces al día.
Y el hurto de los carros de la compra, valorados en unos cuantos cientos de euros, para su reparto a necesitados, ha tenido una respuesta sin precedentes por parte de los poderes del Estado, mediáticos y políticos.
En el moderno y democrático Estado español, donde hay más policías por ciudadano que sanitarios, profesores o trabajadores de servicios sociales; se emplea con virulencia la maquinaria policial y administrativa para perseguir y detener a los sindicalistas del SAT.
Es una lástima que la policía, el ministro de Interior, y el Fiscal General del Estado no actúen con la misma celeridad y eficacia persiguiendo y deteniendo a los grandes delincuentes económicos y a los grandes defraudadores de impuestos. A los grandes y usureros banqueros. A los bancos que compran el dinero público a un 0,50 ó 1% y lo venden a los Estados a un 6,5 ó 7%, todo ello con un clic de ordenador. A los de los carros de la compra valorados en billones de euros.
La rapidez sí que la visualizamos cuando, en las escasas condenas judiciales firmes, leemos el BOE del Consejo de Ministros de turno, donde se indulta a los banqueros, ejecutivos, o políticos condenados.
El establishment está muy nervioso por el "riesgo de contagio". Igual de nervioso ante ejemplos de que es posible otro modelo económico y social, como lo es la localidad sevillana de Marinaleda; regida por el alcalde y miembro del SAT Juan Manuel Sánchez Gordillo. Localidad donde todos sus habitantes tienen techo y trabajo.
¿Quién persigue y detiene a los que nos roban a los ciudadanos? A los que incrementan su fortuna a cambio del sufrimiento del pueblo. A los que, a cada nuevo recorte social, económico y laboral, especulan más y con más violencia.
¿Quién persigue y detiene a los que nos roban nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios sociales, nuestra función pública, nuestra comida; y se lo llevan en sus carros de oro a los trasteros de sus mansiones y a las alcantarillas de sus paraísos fiscales?
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