Un método poco novedoso utilizado por el poder neoliberal, político, económico y mediático, consiste en desprestigiar, aunque sea levantando falsos testimonios, a todo lo relacionado con lo público. Una mentira repetida mil veces se transforma en verdad.
Se trata de asegurar que los servicios públicos funcionan mal; están peor gestionados; y son mucho más caros y de inferior calidad que los servicios privados. Hay que echar la mayor cantidad posible de porquería encima, y alejar todo lo que se pueda el agua y el jabón.
La siguiente fase consiste en asfixiar económicamente a dichos servicios públicos, y así aproximarlos a las mentiras iniciales. Por último, se privatizan, vendiendo el bien común a precio de saldo al capital privado. Y si algo va mal, ahí estará de nuevo el dinero público para socializar las pérdidas privadas.
En estos días hemos asistido a una estrategia similar. Difama que algo queda. El objetivo han sido los vagos y ociosos (que no maleantes) desempleados que cobran el (último) subsidio de 400 euros mensuales.
Son responsables de no buscar activamente alguno de los inexistentes millones de puestos de trabajo que iba a crear el Gobierno. A estos desempleados no se les da el tiempo que, sin embargo, hay que otorgar a la salvadora reforma laboral (campeona de despidos y de litigios en el orden jurisdiccional social).
En el coro de voceros del Partido Popular destaca, cómo no, su vicesecretario general de Organización, Carlos Floriano, quejándose de que los 400 euros son para parados que "la mayoría vive en la casa paterna".
Y también habló el president del Govern de les Illes Balears, y presidente del Partido Popular de Balears, José Ramón Bauzá. Toma las palabras de su subordinada directora del SOIB (servicios de empleo del Govern) asegurando, sin sonrojarse, que los parados se apuntan sólo para cobrar los famosos 400 euros.
Quizá el Molt Honorable President de les Illes Balears está sobreactuando en la acumulación de méritos. Tanto es así, que hasta sus jefes de Madrid le han tirado de las orejas por la normativa urbanística aprobada en mayo. Hay varios artículos que el Gobierno central ve con indicios de inconstitucionalidad. A Bauzá se le ha ido la mano liberalizando el urbanismo.
El Gobierno ha contradicho a estos autorizados y consentidos bocazas. A falta de saber toda la letra pequeña, mantiene la ayuda de los 400 euros; alcanzando los 450 euros para los mayores de 45 años con al menos dos familiares a su cargo.
¿Les tenemos que dar las gracias por cumplir con una obligación social de mínimo de supervivencia? ¿Pueden vivir dignamente tres o más personas (aun en casa de sus padres y abuelos) con 450 euros al mes?
Se lo podemos preguntar a Bauzá que, según parece, se hace un lío con las incompatibilidades de su cargo público con sus negocios privados.
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